Avanzamos, a pesar de los intentos de colocar palos en la rueda
Artículo publicado por: Carlos Heller
La
afrenta a Evo Morales y a toda América Latina es un tema que no se puede dejar
de tratar, por las importantes implicaciones que tiene. La decisión de negar el
tránsito aéreo al presidente de otro país no es una determinación tomada a la
ligera. Sin embargo, cuatro países europeos decidieron tomar esa medida al
canto, actitud que parece el reflejo hacia una “mano invisible” decidida a
violar incluso las normas básicas del derecho internacional. Semejante
capacidad de respuesta, aplicada a un gobernante”que se parece a su pueblo”
explicita la existencia de un poder que va más allá del Estado Nación.
En una lúcida definición, la Unasur expresó en Cochabamba
que la “inaceptable restricción a la libertad del presidente en materia de derecho
internacional convirtiéndolo en un rehén constituye una violación de derechos
no sólo al pueblo boliviano sino a todos los de Latinoamérica y sienta un
precedente peligroso”.
Lo ocurrido constituye un precedente esencial para evaluar
el Acuerdo de Asociación Birregional Mercosur-Unión Europea, sobre el cual el
bloque del norte viene presionando para lograr una especie de ALCA
transatlántico. Pero también tiene que llevar a revalorizar la importancia de
los acuerdos de integración desarrollados durante estos años en nuestra región:
la Unasur, la CELAC, único organismo americano sin miembros del G7, el Banco
del Sur, o la iniciativa sobre el Gasoducto del Sur sobre la que hay que
avanzar, todos pasos para consolidar estructuras propias de la región, que reduzcan
la relación de dependencia económica y política con los países desarrollados.
También lleva a prestar atención sobre cómo la política
europea y las agencias de calificación, que siguen el mismo discurso
neoliberal, presionan a los países latinoamericanos para que sigan esas
recetas.
Un ejemplo de esta actitud, entre muchísimas otras, es la
“advertencia” de Standard & Poors (S&P), en un contexto de fuerte
protesta social en Brasil, de bajar su nota si el gobierno acepta
aumentar el gasto social para dar respuesta a las demandas populares. El
comunicado es posterior a una reciente decisión de S&P de pasar la
calificación de perspectiva estable a negativa porque “hemos visto señales de
una potencial utilización de la política fiscal en una forma que no es
consistente con la actual calificación”. Esa inconsistencia la justifican en la
mayor intervención del sector público, y en una mayor actividad de crédito por
parte de los bancos públicos. La advertencia formal de S&P toma cariz de
“amenaza” pues Brasil es muy dependiente de los flujos de capitales externos de
corto plazo, que ya están comenzando a huir e intensificarían esa conducta de
darse una baja de la calificación, que dejaría al vecino país fuera de la
categoría de Investment Grade, es decir, elegible para las inversiones
externas.
Nuestro país también sufre el embate de estos centros de
presión; la agencia de noticias de información económica Bloomberg tituló:
“Argentina: cambien sus dólares auténticos por nuestros dólares falsos”. La
agencia comenta que Cristina Fernández está tratando de conseguir una parte de
los dólares en poder de los argentinos que están debajo del colchón o en
cuentas bancarias en el extranjero, pero en ningún momento menciona que gran
parte de esa cuentas en el extranjero están en paraísos fiscales, verdaderas
células cancerígenas para el sistema financiero internacional, que Cristina ha
denunciado en varias oportunidades, y que los líderes de las naciones
centrales, que poseen en sus territorios varios de estos paraísos, no terminan
de decidirse a regular y mucho menos a erradicar.
Esta es una más de las acciones que he denominado de
“sabotaje” a la ley de exteriorización de divisas no declaradas, a la que se
suman las palabras del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien señaló
que la Ciudad “estudia” hacer un seguimiento fiscal de los contribuyentes
porteños que se sumen a esa operatoria del gobierno nacional. También consideró
que los Cedin son una “moneda paralela sin sustento”, coincidiendo,
lógicamente, con la opinión de Bloomberg, y sin tener en cuenta que el dólar
que avala cada Cedin estará depositado en el BCRA. Al alcalde los tecnicismos
no le interesan, pero sí es muy seguro en cuanto a sus convicciones: poner la
mayor cantidad de palos en la rueda al gobierno nacional, sea en temas
importantes como el Cedin o en cuestiones accesorias como la ubicación del
monumento a Colón. Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe siguen los pasos de
Macri, prometiendo similar control fiscal y cobro de impuestos a quienes exterioricen.
Estas acciones hablan de un exiguo compromiso por las mismas
normas de calidad institucional que le reclaman al gobierno nacional, puesto
que están trabando la aplicación de una ley votada legítimamente en el
Parlamento Nacional. Este desprecio a la calidad institucional es aun más grave
en el caso de los legisladores Ricardo Gil Lavedra (UCR), Alfonso Prat-Gay
(Coalición Cívica) y Federico Pinedo (PRO), entre otros, quienes recordaron el
compromiso de sus fuerzas políticas, explicitado en una declaración conjunta,
de “dejar sin efecto el blanqueo inmediatamente en cuanto obtengan las mayorías
parlamentarias necesarias para ello” (La Prensa 02/07/13). Es una actitud grave
pretender penalizar a quienes exteriorizan, intentando aplicar una futura ley
con carácter retroactivo respecto a una norma votada por un Parlamento que
ellos integran.
Los grandes actores del mercado del trigo han puesto
obstáculos que, mediante conductas oligopólicas, terminaron en un fuerte
aumento del precio de la harina y sus derivados, principalmente los productos
panificados y las pastas, lo que diluye el poder de compra de los sectores de
menores recursos. La oferta de trigo es menor, puesto que en la pasada campaña
se obtuvo una menor producción y están obligados a abastecer al mercado
interno, lo cual reduce los saldos exportables. No obstante, la Federación
Argentina de la Industria Molinera (FAIM) informó que “la molienda destinada al
mercado interno no ha tenido variaciones respecto a igual período del año
anterior con lo cual el consumo interno está abastecido” (Tiempo Argentino
01/07/13), aunque aclararon que se registró una caída del 9% en la molienda
total de las empresas debido a la merma en las exportaciones de harina. Cabe
preguntarse entonces por qué suben los precios internos y si esta acción no
resulta una especulación abusiva hecha sobre seguro con perjuicio de tercero,
conducta definida en el diccionario como agio o agiotaje. Pero detrás de esta
suba de precio está la presión de aquellos que no desean regulaciones de ningún
tipo, y responsabilizan interesadamente a la existencia de cupos para
exportación, cuando la razón de los injustos descuentos practicados a los
productores se encuentra en las maniobras de los sectores molineros
oligopólicos. Hay un volumen de más de 3 millones de toneladas que las
exportadoras compraron y no exportaron, aunque las empresas dicen que sólo
tienen 100 mil toneladas (Página/12, 06.07.13). Ante esta situación, y
enmarcada en la Ley 20.680 de Abastecimiento y Represión del Agio de 1974, el 5
de julio la Secretaría de Comercio Interior emitió la Resolución 67/2013, por
la cual se obliga a quienes tengan en inventario trigo pan o harina para
panificación, “a ejecutar las acciones comerciales tendientes a proveer
adecuadamente al mercado interno”. El efecto fue rápido, “luego de la
aplicación de la ley de abastecimiento, apareció más trigo” y los molinos
compraron más barato (La Nación, 06/07/13).
La resolución 67/2013 es una medida interesante, aunque cada
vez queda más clara la necesidad de avanzar aun más y establecer Juntas de
Granos y precios de referencia para mejorar los ingresos del productor, reducir
las excesivas ganancias de los oligopolios y obtener un menor precio para el
consumidor.
Ante el indudable crecimiento de la economía, la perversa
franqueza del senador Ernesto Sanz al reconocer “a veces pienso que si la
economía mejorara un poco, ¿qué pasaría con las elecciones?”, lleva a muchos a
intentar poner palos en la rueda al proceso económico y a la gobernabilidad,
impulsos que siempre parten de una arraigada ideología conservadora y del deseo
de continuar manteniendo privilegios económicos a costa de las mayorías
populares.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo
7 de julio de 2013.
