"Bancarización”: o el cinismo como cultura política.

PUBLICADO POR GERARDO BLEIER

"Bancarización”: o el cinismo como cultura política.


Los desafíos de la izquierda de América del Sur en el Siglo XXI (Micropolítica I)

Lo que el proyecto de ley de “bancarización” que el Poder Ejecutivo de Uruguay remitió en octubre de 2013 al Poder Legislativo pone en juego es mucho y muy hondo. Es por esa razón que el análisis del mismo es incluido en estos apuntes titulados “Los Desafíos de la izquierda de América del Sur en el Siglo XXI”, “El Uruguay como modelo”, en el contexto de la serie MICROPOLÍTICA, dedicada a analizar aspectos contingentes del complejo arte de gobernar.
No obstante, se advierte al lector que algunos de los comentarios de esta sección responden a las urgencias de un debate político – cultural que serán depurados para su versión definitiva en libro.


Capítulo I

“Bancarización”: o el cinismo como cultura política.

El Poder Ejecutivo de Uruguay remitió recientemente al parlamento un proyecto de ley así titulado: DISPOSICIONES PARA FOMENTAR LA INCLUSIÓN FINANCIERA Y EL USO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRONICOS.

En sucesivas notas se analizarán aquí aspectos vinculados a la iniciativa y reflexiones de carácter político – cultural que la misma estimula a abordar.

No obstante, para ser claros desde el principio conviene señalar que el proyecto también denominado de “bancarización” está concebido para favorecer a dos o tres bancos privados de capitales internacionales de plaza, en particular, por su posición en el mercado del crédito al consumo al Scotiabank, (Nuevo Banco Comercial), propietario de Pronto, la empresa de intermediación financiera que más denuncias recibe en Defensa del Consumidor.

Para justificar el proyecto se esgrime una dosis muy ingeniosa de lugares comunes entre las cuales que contribuirá a reducir las tasas de interés.

El nivel de competencia entre instituciones del sistema financiero uruguayo es extremadamente alto. El proyecto de “bancarización” que el Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento, por ello, no será relevante en cuanto a la reducción de los intereses que se cobran en el país por el otorgamiento de créditos al consumo.
Mucho menos relevante, posiblemente nulo, será el efecto que tendrá el proyecto sobre los intereses de mora que cobran algunas instituciones de intermediación financiera que funcionan en lógica “prestamista” o directamente los prestamistas, y es todavía improbable que reduzca el número de personas que recurren a esas formas de financiación por no tener acceso a otras modalidades.

Ocurriría como hasta el presente, que una vez agotadas las formas de acceso al crédito en instituciones formales controladas recurran a esas modalidades donde ciertamente suelen ser esquilmados. No será está ley la que resuelva ese drama.

Las tasas de interés y los intereses de mora entonces, ambos seguirán moviéndose dentro de los parámetros que fija el Banco Central de Uruguay para las instituciones más controladas y estirarán el margen de maniobra legal aquellas que no están sometidas a controles tan rigurosos.

Las tasas de interés en Uruguay, como en cualquier otro país con mercados no superiores a decenas de millones de personas se establecen más por razones externas que como resultado de la oferta y la demanda, lo que no quiere decir que ésta no influya en un porcentaje de esas tasas de interés.

Aunque la iniciativa es extremadamente rica en contradicciones se comienza por aquí el análisis del proyecto puesto que de modo engañoso es lo que se presenta (así se hizo en el Consejo de Ministros) como su principal objetivo.
Lo que el proyecto denominado de bancarización según sus promotores del Ministerio de Economía se propone es extender el uso de sistemas de pago y débito electrónicos a toda la población económicamente activa, reducir el uso de dinero contado por parte de la población e impulsar la reducción de la evasión con estímulos tales como la baja del IVA para quienes pagan lo que consumen con tarjetas de crédito o debito asociadas directamente a las cuentas personales donde se depositarán obligatoriamente los salarios y pasividades.

Una vez que los ciudadanos accedan al sistema bancario, que éste comience a conocer sus hábitos y capacidad de consumo las instituciones estarán en condiciones de orientarlos en la utilización más intensa de sus servicios y estimularlos al consumo en tal o cual dirección así como a la utilización de otros productos.

La aprobación del proyecto no fomentará el ahorro, pese a que de modo más bien cínico la exposición de motivos le adjudica también esa intención.

Todo lo contrario, la aprobación del proyecto tal y como fue redactado empujará el endeudamiento por encima de sus posibilidades de los sectores más vulnerables de la población.

Según el discurso oficial el proyecto de bancarización pretende fomentar “la inclusión financiera” y el uso de medios de pago electrónicos.

“Un sistema financiero inclusivo permite alcanzar un mayor volumen de operaciones, generando así ganancias de eficiencia derivadas de las economías de escala que se producen” dice la exposición de motivos del proyecto ahora a consideración de la voluntad popular expresada en el Parlamento de la República.

Y ello es correcto. Es precisamente por esa razón que NO es necesario que el proyecto beneficie especialmente a dos o tres bancos privados de capitales internacionales además concediéndoles una prerrogativa que el Uruguay le había dado únicamente a las cooperativas de ahorro y crédito, al BROU, el Banco Hipotecario e instituciones similares como ANDA, precisamente para favorecer su desarrollo de modo de facilitarles la competencia con multinacionales que por escala y disponibilidad de recursos se encuentran en condiciones de crear un oligopolio en el mercado del crédito al consumo y otros servicios financieros.

Estudiado el proyecto es entendible ahora por qué ha habido una sistemática campaña de desprestigio contra el cooperativismo de ahorro y crédito y sus principales líderes, (no contra las empresas de intermediación financiera que utilizan el prestigio del cooperativismo sino contra las cooperativas de ahorro y crédito) utilizando incluso el MEF a través de la Auditoría Interna de la Nación procedimientos irregulares e ilegales que más adelante analizaremos.

Como si lo anterior fuese poco, antes de continuar describiendo los rasgos principales del proyecto me parece pertinente señalar que todo el discurso ideológico con el que se pretende “empaquetar” la iniciativa, nunca mejor usado ese término, me parece un grave retroceso en la cultura política de la izquierda.

Ya veremos por qué. Adelanto no obstante que en mi opinión el sistema financiero y los mercados de acciones y bonos son una parte constitutiva de la economía capitalista y que cuando funcionan bien cumplen un rol importante en el desarrollo de modelos de ahorro, satisfacción de necesidades y estímulo al emprendedurismo de los individuos.

Se expresa esto porque no se seguirá aquí uno de esos discursos especializados en demonizar algo, una institución, una nación, una idea, un conjunto de acontecimientos, frecuentemente para evitarse el esfuerzo de analizar la complejidad de los fenómenos históricos y sus causas profundas.

Esa lógica de la demonización perturba siempre la capacidad de enfrentar los más graves dilemas que para alcanzar el fin de la igualdad entre los hombres se presentan a la izquierda.

Lo que ocurre es que la “mimetización” con discursos propios de las clases privilegiadas de la sociedad derivan también en un retroceso en el proceso de transformación de la sociedad. Y eso es lo que, por decir lo menos, ocurre con este proyecto.

Ahora continuemos.

En su edición del 31 de octubre, el semanario Búsqueda informa que “los trabajadores y pasivos que perciban su remuneración o prestación a través de acreditación en cuenta en una institución de intermediación financiera podrán acordar con esa entidad el otorgamiento de un “crédito de nómina” y autorizar a su empleador, instituto de seguridad social o compañía de seguro a realizar el descuento legal sobre su salario o pasividad de las sumas necesarias para el pago de las cuotas respectivas” de ese denominado crédito de nómina.
Este es el corazón del proyecto.

Sigue explicando el semanario que “el proyecto fija ciertas limitaciones a este tipo de préstamos: que sea otorgado en la moneda en que la persona percibe la remuneración o prestación; que el valor de la cuota o la suma de las mismas (en caso de ser más de una) no supere el 20% de los haberes mensuales y que la tasa de interés implícita del crédito no supere en más de 10% la tasa media del mercado.

La iniciativa habilita a los bancos privados a dar estos créditos de nómina, facultad que hasta el presente tenían únicamente el BROU, las Cooperativas de Ahorro y Crédito (puesto que son las únicas que cuando el mercado atraviesa períodos de crisis o desaceleración económica están ahí para resolver necesidades de sus socios, como la adquisición de un medicamento por citar un caso extremo).

El proyecto, sintetiza también Búsqueda, establece un “mínimo intangible” que no podrá ser pasible de ser utilizado por ninguna institución financiera para cobrarse créditos de cualquier naturaleza. Establece que “ningún individuo podrá recibir por concepto de retribución salarial o pasividad una cantidad en efectivo inferior a 30% del monto nominal, deducidos impuestos y contribuciones especiales a la seguridad social. Ese porcentaje se elevará a 40% desde enero de 2015 y a 50% un año después.

Este es un asunto muy delicado porque el Estado se concede el derecho a disponer hasta cuánto dinero puede un trabajador disponer de su propio salario pero demos por bueno que la intención es loable: pretende evitar que el asalariado o el pasivo se endeude por encima de sus posibilidades de repago por lo menos mediante el uso de estos créditos de nómina. Naturalmente cuando el trabajador o el pasivo no puedan disponer de una parte de su salario o prestación para volver a solicitar un crédito porque han alcanzado un tope, si necesitan un remedio para un nieto van a recurrir a otras formas de obtención de dinero que es lo que el proyecto dice que quiere evitar que ocurra…

En fin, a vuelo de pájaro, para enunciar asuntos que serán tratados en próximos artículos es bueno indicar que el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo si es votado tal y como fue enviado (lo que me cuesta mucho creer) va a hacer un poquitín más ricos a los accionistas del Scotiabank (el de los aviones de PLUNA) y no va a resolver sustancialmente ningún asunto vinculado a la igualdad, ni siquiera en relación al acceso al crédito o la utilización de modernas tecnologías. Eso sí, quizá nos permita debatir asuntos tan delicados como cual es la diferencia entre poderes democráticos, poderes constituidos, poderes fácticos y poderes económicos; entre modernización capitalista y proyecto nacional de desarrollo, entre igualdad y consumismo… etcétera.

(Continuará en los próximos días)

GB
PUBLICADO POR GERARDO BLEIER