Planes sociales en la mira.
La presidenta de Brasil aseguró que el país dispone de los medios necesarios para hacer frente a la crisis financiera que amenaza a los países emergentes. Y pidió a los parlamentarios especial empeño en el control fiscal.
Por Eric Nepomuceno
Desde Río de Janeiro
Dilma Rousseff empieza el último año de su mandato presidencial enfrentando fuertes resistencias en el mercado financiero local, y una mezcla de temor y desconfianza en los inversores extranjeros.
No es un fenómeno único: buena parte del escenario internacional se muestra poco propicio a los países emergentes. Las incertidumbres del mundo no eligen blancos aislados: afectan a todos de manera general, y a algunos de manera particular. Brasil no quiere estar en esta última categoría, y el gobierno viene tratando de buscar una estrategia eficaz para lograrlo, tanto en el campo interno como en el externo.
Además, la situación de la economía tiene peso específico en las elecciones generales de octubre. La persistente presión inflacionaria (2013 cerró con una tasa de inflación de 5,91 por ciento) es buena munición para los adversarios, y afecta directamente, gracias a los segmentos de alimentación, vestimenta, transporte y servicios, a las clases más bajas, donde se concentra el grueso del electorado.
Por todo eso, el mensaje presidencial enviado al Congreso el pasado lunes, cuando fue la reapertura de los trabajos legislativos luego del receso de fin de año, tuvo como objetivo disparar gestos en varias direcciones, del electorado al mercado financiero y, por extensión, al exterior.
Una vez más, Dilma aseguró que Brasil dispone de los medios necesarios para hacer frente a la crisis financiera que amenaza a los países emergentes. Y pidió a los parlamentarios especial empeño en el control fiscal, manera indirecta pero bastante clara de pedirles que no inventen, con el ojo centrado en sus respectivos corrales electorales, proyectos que luego impacten de manera dura las cuentas públicas.
Al asegurar que en 2014 el gobierno mantendrá una gestión compatible con “la continuidad de la política de profundo compromiso con la responsabilidad fiscal”, Dilma Rousseff comentó que, para tanto, cuenta con el pacto firmado entre el Poder Ejecutivo y los principales líderes del Congreso. La tónica del mensaje presidencial a los parlamentarios ha sido clara: de parte del Poder Ejecutivo hay plena disposición de hacer que 2014 sea un año mejor que 2013.
El principal problema de Dilma es que, por más que asuma compromisos y difunda datos que deberían tranquilizar a los inversionistas, todavía no ha logrado convencer a los analistas, consultores e inversores de que el cuadro es mucho menos feo de lo que pintan. Argumentos concretos, como la manutención del nivel de empleo y la reducción de las desigualdades sociales, además de la estabilidad y del crecimiento económico, no parecen suficientemente convincentes, o seductores, para los dueños del dinero.
También existen vientos preocupantes en el escenario externo, que hacen que la volatilidad de la Bolsa y las oscilaciones del cambio afecten aún más algunos sectores de la economía ya bastante debilitados, en especial la industria.
En lo que va del año, la Bolsa cayó 10 por ciento en Brasil y el dólar se valorizó otro tanto frente al real. A eso se suman las presiones para que aumente aún más la tasa básica anual de interés, la Selic, y también eso preocupa al gobierno. Cuando analistas y consultores proyectan, en el mercado futuro, nuevas alzas de la Selic (hoy, 10,5 por ciento al año), ese movimiento hace que la banca ya se prepare para más intereses a la hora de firmar contratos de crédito y financiación. A fin de mes habrá nueva reunión del Comité de Política Monetaria, el Copom, y se especula que la Selic podrá ir a 11 por ciento anual. Algunos bancos y financieras proyectan un aumento de 0,75, lo que elevaría la Selic a 11,25 por ciento.
Técnicos del Banco Central y emisarios del equipo económico tratan, sin mucho éxito, de convencer a analistas y consultores, en intensas reuniones cerradas, de que esa proyección no tiene ninguna base concreta. Y, a la vez, tratan de demostrar que en enero la inflación se mantuvo bajo control y que los gastos del gobierno siguen el mismo camino.
Sin embargo, hay problemas que no pueden ser ignorados. Las exportaciones tuvieron el peor enero de la historia, con un déficit de cuatro mil millones de dólares. Y se supo que la recaudación fiscal aumentó alrededor de 2 por ciento en 2013, en comparación con el año anterior, mientras los gastos públicos subieron 7 por ciento.
Todo eso sumado lleva al punto central que hace que los grandes fondos globales de inversión miren hacia Brasil con desconfianza creciente.
Por si fuera poco, ahora surgen críticas contundentes vinculadas con algunas medidas adoptadas por Dilma para reducir precios, contener la inflación y estimular el consumo interno, y que ayudaron a corroer el saldo de las cuentas públicas.
Subsidios y renuncias fiscales para abaratar productos y servicios, de la nafta a la energía eléctrica, de los alimentos a los electrodomésticos, pueden haber costado unos 40 mil millones de reales (alrededor de 20 mil millones de dólares al cambio medio) a lo largo de 2013. Son cálculos del mercado financiero, con base en datos oficiales.
Con ese valor, el gobierno podría haber cumplido holgadamente la meta oficial de ahorrar 108 mil millones de reales (unos 50 mil millones de dólares) para disminuir la deuda pública. Lo que se logró fueron 72 mil millones de reales (unos 36 mil millones de dólares), lo que provocó fuerte insatisfacción y nueva desconfianza de los inversores sobre la capacidad del gobierno de cumplir sus propias metas.
Suspender algunos programas, sin embargo, significaría quitar a parte sustancial de la población el acceso a bienes y servicios, y liquidaría de una vez el exitoso “Mi casa, mi vida”, que en tres años entregó, a base de créditos de bajísimo interés, alrededor de tres millones de viviendas populares por todo el país.
El gobierno, por su parte, dice que la economía puede perfectamente soportar ese resultado. Y que no pretende interrumpir ningún programa social
