Religión y represión: dos ejes del golpismo en Bolivia
Finalizó la Semana Santa. El gobierno golpista también aprovechó esa oportunidad para potenciar las representaciones que pretende imponer sobre la sociedad. En la ciudad de Santa Cruz el arzobispo local inició las actividades litúrgicas de ese período con una acción peculiar. Vestido con los ornamentos propios del culto y portando sobre la boca un barbijo, conjunto que le confería una extraña apariencia de villano hollywoodense, recorrió varias calles subido a un vehículo militar. Lo escoltaban soldados en uniforme de combate, y era seguido por una caravana de móviles del ejército, lo que ofrecía a la vista una escena fellinesca.
Como es natural, esa liturgia de bendición de ramos pudo haberse llevado a cabo con la escenografía tradicional. No es por lo tanto casual que se haya elegido esa singular puesta en escena, que claramente busca reeditar y hacer público y visible el arquetipo de dominación de la cruz y la espada.
De esa forma, en el marco de un golpe de estado que se prolonga indefinidamente, se incrusta a la fuerza sobre el imaginario social el viejo proyecto de cristiandad, en el que la iglesia asume el rol de tutoría moral de la sociedad, despreciando a la Constitución boliviana que define al Estado como “independiente de toda religión”, mientras que las fuerzas armadas abandonan sus funciones específicas, abocándose a un tipo de represión letal contra toda aquella persona o grupo nacional que se oponga a este proyecto.
El montaje fue el preámbulo de la actual militarización total de la ciudad de Santa Cruz, con la excusa de un mejor control sanitario, pero que evidentemente esconde el ensayo de un proceso que apunta a la presencia permanente de tropas vigilando a la sociedad civil, fenómeno que está en crecimiento en la región y es ampliamente alentado por las políticas de Washington.
En otras dos ciudades se realizaron performaces religiosas similares, pero con la utilización de helicópteros militares y clérigos bendiciendo desde las alturas. Tampoco es casual que este recurso a la religión y la represión emerja con nuevos ímpetus en medio de una pandemia que el gobierno no sabe ni tiene capacidad de controlar.
Su pésima gestión es fácil de comprobar en las numerosísimas contradicciones entre diferentes autoridades sanitarias, el desmantelamiento de las estructuras de atención primaria en salud (que son precisamente las que deben hacer la tarea pedagógica de prevención anterior a la atención hospitalaria), la falta de capacitación y dotación de insumos básicos al personal de la salud, y la ausencia de estrategias de formación e información sobre el Covid-19, que son suplidas por amenazas y prohibiciones.
A lo anterior se agrega lo que ya es un clásico en las políticas gubernamentales; esto es, la criminalización de grupos poblacionales que se considera afines o simpatizantes del MAS. Son los que la Doble Autoproclamada Añez o sus ministros han calificado en varias oportunidades como “salvajes”, y que medios de prensa cómplices ubican en barrios, localidades y colectivos humanos señalados como responsables del desastre sanitario.
Para completar el siniestro panorama debemos mencionar los altos montos de ayuda que han llegado al gobierno en forma de donaciones desde el extranjero e incluso préstamos de entidades financieras locales, y de los que no se conocen cifras exactas, mucho menos dónde y cómo se van a invertir, aunque una pista la proporcionó el ministro de la presidencia cuando indicó que algunos de esos dineros son de “libre disponibilidad”, lo que en buen romance significa que no habrá control alguno.
Si todo lo anterior fuera poco, hay que tomar en cuenta que una norma gubernamental que se profundiza a medida que transcurren los días es la de cuarentenas cada vez más rígidas y extendidas, sin considerar que un porcentaje muy significativo de la población económicamente activa es cuentapropista: se estima que cerca del 60% de la población ocupada en Bolivia trabaja en el sector informal (transporte, comercio, pequeñas industrias, servicios, etc.) y que subsiste con lo que obtiene cada día en labores que implican desplazamientos.
También frente a esta realidad la respuesta oficial ha sido errática, ofreciendo bonos con sumas irrisorias, lo que va aumentando la disconformidad de las mayorías, que experimentan el abandono, la desidia, la ausencia de respuestas prácticas, la inexistencia de políticas macroeconómicas sensatas, y la selectividad del gobierno a la hora de proporcionar ayudas.
Las cifras totales de personas infectadas por el Covid-19 en Bolivia pueden no parecer alarmantes. Sin embargo, lo son a la luz del panorama que describimos más arriba, pero también si se toma en cuenta el detalle: la tasa de recuperación es del 0.61% (la más baja de Sudamérica) mientras que la tasa de mortalidad es del 8.18% (una de las más altas de la región).
La llegada de la pandemia a Bolivia, que en un comienzo significó una oportunidad de oro para los golpistas, que postergaron las elecciones y suspendieron una campaña en la que los candidatos del MAS se mantenían encabezando las encuestas, se tornó en pocas semanas en una realidad pantanosa, de la que cada vez parece más difícil salir.
* Articulista de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI)Martín Suso
Bolivia, del golpe de Estado al desgobierno de facto
Por Martín Suso
NODAL, 21 abril, 2020
NODAL, 21 abril, 2020
Finalizó la Semana Santa. El gobierno golpista también aprovechó esa oportunidad para potenciar las representaciones que pretende imponer sobre la sociedad. En la ciudad de Santa Cruz el arzobispo local inició las actividades litúrgicas de ese período con una acción peculiar. Vestido con los ornamentos propios del culto y portando sobre la boca un barbijo, conjunto que le confería una extraña apariencia de villano hollywoodense, recorrió varias calles subido a un vehículo militar. Lo escoltaban soldados en uniforme de combate, y era seguido por una caravana de móviles del ejército, lo que ofrecía a la vista una escena fellinesca.
Como es natural, esa liturgia de bendición de ramos pudo haberse llevado a cabo con la escenografía tradicional. No es por lo tanto casual que se haya elegido esa singular puesta en escena, que claramente busca reeditar y hacer público y visible el arquetipo de dominación de la cruz y la espada.
De esa forma, en el marco de un golpe de estado que se prolonga indefinidamente, se incrusta a la fuerza sobre el imaginario social el viejo proyecto de cristiandad, en el que la iglesia asume el rol de tutoría moral de la sociedad, despreciando a la Constitución boliviana que define al Estado como “independiente de toda religión”, mientras que las fuerzas armadas abandonan sus funciones específicas, abocándose a un tipo de represión letal contra toda aquella persona o grupo nacional que se oponga a este proyecto.
El montaje fue el preámbulo de la actual militarización total de la ciudad de Santa Cruz, con la excusa de un mejor control sanitario, pero que evidentemente esconde el ensayo de un proceso que apunta a la presencia permanente de tropas vigilando a la sociedad civil, fenómeno que está en crecimiento en la región y es ampliamente alentado por las políticas de Washington.
En otras dos ciudades se realizaron performaces religiosas similares, pero con la utilización de helicópteros militares y clérigos bendiciendo desde las alturas. Tampoco es casual que este recurso a la religión y la represión emerja con nuevos ímpetus en medio de una pandemia que el gobierno no sabe ni tiene capacidad de controlar.
Su pésima gestión es fácil de comprobar en las numerosísimas contradicciones entre diferentes autoridades sanitarias, el desmantelamiento de las estructuras de atención primaria en salud (que son precisamente las que deben hacer la tarea pedagógica de prevención anterior a la atención hospitalaria), la falta de capacitación y dotación de insumos básicos al personal de la salud, y la ausencia de estrategias de formación e información sobre el Covid-19, que son suplidas por amenazas y prohibiciones.
A lo anterior se agrega lo que ya es un clásico en las políticas gubernamentales; esto es, la criminalización de grupos poblacionales que se considera afines o simpatizantes del MAS. Son los que la Doble Autoproclamada Añez o sus ministros han calificado en varias oportunidades como “salvajes”, y que medios de prensa cómplices ubican en barrios, localidades y colectivos humanos señalados como responsables del desastre sanitario.
Para completar el siniestro panorama debemos mencionar los altos montos de ayuda que han llegado al gobierno en forma de donaciones desde el extranjero e incluso préstamos de entidades financieras locales, y de los que no se conocen cifras exactas, mucho menos dónde y cómo se van a invertir, aunque una pista la proporcionó el ministro de la presidencia cuando indicó que algunos de esos dineros son de “libre disponibilidad”, lo que en buen romance significa que no habrá control alguno.
Si todo lo anterior fuera poco, hay que tomar en cuenta que una norma gubernamental que se profundiza a medida que transcurren los días es la de cuarentenas cada vez más rígidas y extendidas, sin considerar que un porcentaje muy significativo de la población económicamente activa es cuentapropista: se estima que cerca del 60% de la población ocupada en Bolivia trabaja en el sector informal (transporte, comercio, pequeñas industrias, servicios, etc.) y que subsiste con lo que obtiene cada día en labores que implican desplazamientos.
También frente a esta realidad la respuesta oficial ha sido errática, ofreciendo bonos con sumas irrisorias, lo que va aumentando la disconformidad de las mayorías, que experimentan el abandono, la desidia, la ausencia de respuestas prácticas, la inexistencia de políticas macroeconómicas sensatas, y la selectividad del gobierno a la hora de proporcionar ayudas.
Las cifras totales de personas infectadas por el Covid-19 en Bolivia pueden no parecer alarmantes. Sin embargo, lo son a la luz del panorama que describimos más arriba, pero también si se toma en cuenta el detalle: la tasa de recuperación es del 0.61% (la más baja de Sudamérica) mientras que la tasa de mortalidad es del 8.18% (una de las más altas de la región).
La llegada de la pandemia a Bolivia, que en un comienzo significó una oportunidad de oro para los golpistas, que postergaron las elecciones y suspendieron una campaña en la que los candidatos del MAS se mantenían encabezando las encuestas, se tornó en pocas semanas en una realidad pantanosa, de la que cada vez parece más difícil salir.
* Articulista de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI)Martín Suso
Bolivia, del golpe de Estado al desgobierno de facto
Por Eduardo Paz Rada
La ausencia de una clara política de sanidad frente a la pandemia letal y, más aún, la ausencia de gobierno y capacidad de decisión y convencimiento a la población, acompañada de la falta de legitimidad de las actuales autoridades en Bolivia, a cinco meses del golpe de estado de noviembre de 2019, está mostrando las limitaciones e improvisaciones de los grupos de poder de las oligarquías empresariales y políticas y del mismo imperialismo norteamericano que ha abandonado a su suerte a país frente al coronavirus.
El entusiasmo y el triunfalismo de los primeros meses, acompañados de la violencia física (masacres de Sacaba y Senkata) y verbal (declaraciones de ministros y autoridades) contra las representaciones sociales y políticas populares y regionales vinculadas al gobierno anterior, se han convertido en una nerviosa e ineficiente gestión de salud para hacer frente a la pandemia, prueba de ello son la renuncia del Ministro de Salud, Anibal Cruz, y la decisión de las gobernaciones, especialmente las de Santa Cruz, Oruro y La Paz de realizar sus propias acciones al margen de coordinadores que estableció el poder central.
El ministro Iván Arias de Obras Públicas amenaza, sin ninguna atribución legal, con castigar y sancionar a los infractores de la cuarentena dispuesta por el gobierno con la tarea de ir a cuidar a los enfermos contagiados del virus -misión profesional y muy importante en este momento- y otros ministros con el uso de la violencia como lo hacen los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando Lopez.
Desafíos frente a la pandemia
Ante la crisis no existe capacidad de establecer y ejecutar decisiones claves sobre el tema de la expansión del virus y no se tiene otro recurso que la amenaza de castigo y violencia utilizando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, introduciendo temor en la población, la misma que enfrenta, además de la posibilidad de infectarse con el virus, una situación de hambre e incertidumbre. Casi el 70% de los trabajadores en el país son informales, comerciantes y cuentapropistas que viven del trabajo y emprendimiento diario que con la cuarentena y encierro se encuentran en situación de alta precariedad.
Esto ha provocado que se produzcan acciones de protesta ante la falta de atención de las autoridades, como los casos de los barrios de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y El Alto, principalmente. A esto se ha sumado la acción discriminatoria frente a bolivianos que buscan retornar al país: en unos casos se dieron facilidades para volver en vuelos contratados y, en otros, se les ha impedido su ingreso en la frontera con Chile, donde se encuentran más de setecientas personas en situación sumamente difícil por el frío y las condiciones extremas y enfrentando el rechazo de las autoridades de migración.
Esta situación obligó al Alcalde Colchane, Chile, Javier Garcia, a solicitar la presencia del comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para trasladarse desde Santiago de Chile a la frontera con el objetivo de apoyar a los “refugiados”, en tanto que la Defensoría del Pueblo en Bolivia ha conseguido que la justicia ampare a los bolivianos concentrados en los pasos fronterizos chileno-bolivianos.
Políticas y recursos
Jeanine Añez, que en las primeras semanas de su gestión mostraba ímpetu y seguridad, ahora solamente se limita a leer esporádicamente mensajes, algunos contradictorios, respecto a las medidas contra la pandemia y recurre al perdón de Dios para superar la situación.
Su Secretario Privado, Erick Foronda, casi veinte años funcionario de la Embajada de EEUU en La Paz y denunciado como agente de la Central de Inteligencia Estadounidense (CIA) por varios medios de comunicación como Sol de Pando, se ha convertido en la voz autorizada y en el redactor de la narrativa oficial de las autoridades.
Para enfrentar las deficiencias y limitaciones inmediatas del coronavirus se ha recurrido a utilizar mil millones de dólares de las Reservas Internacionales del Banco Central, acumuladas durante el gobierno de Evo Morales, con la finalidad de realizar adquisiciones de equipos, materiales, reactivos e insumos médicos imprescindibles ahora y para distribuir bonos económicos a los sectores sociales sin ingresos fijos.
La ayuda con profesionales médicos ofrecida por el gobierno de Cuba fue rechazada, en tanto que las donaciones médicas y sanitarias de China han sido muy importantes en este momento, a pesar de los discursos anti-chinos de algunos sectores políticos.
En un acto en el Palacio de Gobierno los empresarios bolivianos hicieron una donación de tres millones de dólares, luego de varios años de haber conseguido millonarias ganancias y solamente la banca consiguió utilidades de trescientos veintinueve millones de dólares el año pasado. Además hay que tomar en cuenta que los bancos serán los administradores de mil quinientos millones de dólares para gestionar bonos, préstamos y otras operaciones emergentes de la situación de crisis.
Alternativas a la crisis
La crisis mundial desatada por la pandemia ha dejado pendientes las orientaciones más radicalmente neoliberales de algunas autoridades del gobierno de facto que ya comenzaron a liberalizar las exportaciones agroindustriales de soya y orientar hacia las transnacionales los recursos del gas, el litio y otros minerales estratégicos, mientras se consideraba la privatización de las empresas de telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, banca y aerolíneas.
Los efectos de la crisis económica y sanitaria en Bolivia podrán ser enfrentados fortaleciendo el Estado Nacional y el mercado interno, como lo hizo la gestión nacional-popular de Evo Morales, y confiando, apoyando y respaldando con créditos y medios e infraestructura a los productores campesinos, a los productores industriales, manufactureros y artesanos, a las empresas comunitarias y de autogestión y a las cooperativas de producción y de servicios para garantizar la autosuficiencia de alimento, vestido y vivienda, como modelo endógeno y patriótico de desarrollo, con un gobierno soberano de liberación nacional.
Que la pascua sea de esperanza para el pueblo que enfrenta la pandemia, el hambre y la violencia en la perspectiva planteada por el Papa Francisco, quien sostiene que “defender al pobre no es ser comunista, es el centro del evangelio”, y que “los cristianos serán juzgados por la forma en que han defendido a los más necesitados, quienes son víctimas de las políticas financieras y económicas”.
* Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.
La ausencia de una clara política de sanidad frente a la pandemia letal y, más aún, la ausencia de gobierno y capacidad de decisión y convencimiento a la población, acompañada de la falta de legitimidad de las actuales autoridades en Bolivia, a cinco meses del golpe de estado de noviembre de 2019, está mostrando las limitaciones e improvisaciones de los grupos de poder de las oligarquías empresariales y políticas y del mismo imperialismo norteamericano que ha abandonado a su suerte a país frente al coronavirus.
El entusiasmo y el triunfalismo de los primeros meses, acompañados de la violencia física (masacres de Sacaba y Senkata) y verbal (declaraciones de ministros y autoridades) contra las representaciones sociales y políticas populares y regionales vinculadas al gobierno anterior, se han convertido en una nerviosa e ineficiente gestión de salud para hacer frente a la pandemia, prueba de ello son la renuncia del Ministro de Salud, Anibal Cruz, y la decisión de las gobernaciones, especialmente las de Santa Cruz, Oruro y La Paz de realizar sus propias acciones al margen de coordinadores que estableció el poder central.
El ministro Iván Arias de Obras Públicas amenaza, sin ninguna atribución legal, con castigar y sancionar a los infractores de la cuarentena dispuesta por el gobierno con la tarea de ir a cuidar a los enfermos contagiados del virus -misión profesional y muy importante en este momento- y otros ministros con el uso de la violencia como lo hacen los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando Lopez.
Desafíos frente a la pandemia
Ante la crisis no existe capacidad de establecer y ejecutar decisiones claves sobre el tema de la expansión del virus y no se tiene otro recurso que la amenaza de castigo y violencia utilizando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, introduciendo temor en la población, la misma que enfrenta, además de la posibilidad de infectarse con el virus, una situación de hambre e incertidumbre. Casi el 70% de los trabajadores en el país son informales, comerciantes y cuentapropistas que viven del trabajo y emprendimiento diario que con la cuarentena y encierro se encuentran en situación de alta precariedad.
Esto ha provocado que se produzcan acciones de protesta ante la falta de atención de las autoridades, como los casos de los barrios de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y El Alto, principalmente. A esto se ha sumado la acción discriminatoria frente a bolivianos que buscan retornar al país: en unos casos se dieron facilidades para volver en vuelos contratados y, en otros, se les ha impedido su ingreso en la frontera con Chile, donde se encuentran más de setecientas personas en situación sumamente difícil por el frío y las condiciones extremas y enfrentando el rechazo de las autoridades de migración.
Esta situación obligó al Alcalde Colchane, Chile, Javier Garcia, a solicitar la presencia del comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para trasladarse desde Santiago de Chile a la frontera con el objetivo de apoyar a los “refugiados”, en tanto que la Defensoría del Pueblo en Bolivia ha conseguido que la justicia ampare a los bolivianos concentrados en los pasos fronterizos chileno-bolivianos.
Políticas y recursos
Jeanine Añez, que en las primeras semanas de su gestión mostraba ímpetu y seguridad, ahora solamente se limita a leer esporádicamente mensajes, algunos contradictorios, respecto a las medidas contra la pandemia y recurre al perdón de Dios para superar la situación.
Su Secretario Privado, Erick Foronda, casi veinte años funcionario de la Embajada de EEUU en La Paz y denunciado como agente de la Central de Inteligencia Estadounidense (CIA) por varios medios de comunicación como Sol de Pando, se ha convertido en la voz autorizada y en el redactor de la narrativa oficial de las autoridades.
Para enfrentar las deficiencias y limitaciones inmediatas del coronavirus se ha recurrido a utilizar mil millones de dólares de las Reservas Internacionales del Banco Central, acumuladas durante el gobierno de Evo Morales, con la finalidad de realizar adquisiciones de equipos, materiales, reactivos e insumos médicos imprescindibles ahora y para distribuir bonos económicos a los sectores sociales sin ingresos fijos.
La ayuda con profesionales médicos ofrecida por el gobierno de Cuba fue rechazada, en tanto que las donaciones médicas y sanitarias de China han sido muy importantes en este momento, a pesar de los discursos anti-chinos de algunos sectores políticos.
En un acto en el Palacio de Gobierno los empresarios bolivianos hicieron una donación de tres millones de dólares, luego de varios años de haber conseguido millonarias ganancias y solamente la banca consiguió utilidades de trescientos veintinueve millones de dólares el año pasado. Además hay que tomar en cuenta que los bancos serán los administradores de mil quinientos millones de dólares para gestionar bonos, préstamos y otras operaciones emergentes de la situación de crisis.
Alternativas a la crisis
La crisis mundial desatada por la pandemia ha dejado pendientes las orientaciones más radicalmente neoliberales de algunas autoridades del gobierno de facto que ya comenzaron a liberalizar las exportaciones agroindustriales de soya y orientar hacia las transnacionales los recursos del gas, el litio y otros minerales estratégicos, mientras se consideraba la privatización de las empresas de telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, banca y aerolíneas.
Los efectos de la crisis económica y sanitaria en Bolivia podrán ser enfrentados fortaleciendo el Estado Nacional y el mercado interno, como lo hizo la gestión nacional-popular de Evo Morales, y confiando, apoyando y respaldando con créditos y medios e infraestructura a los productores campesinos, a los productores industriales, manufactureros y artesanos, a las empresas comunitarias y de autogestión y a las cooperativas de producción y de servicios para garantizar la autosuficiencia de alimento, vestido y vivienda, como modelo endógeno y patriótico de desarrollo, con un gobierno soberano de liberación nacional.
Que la pascua sea de esperanza para el pueblo que enfrenta la pandemia, el hambre y la violencia en la perspectiva planteada por el Papa Francisco, quien sostiene que “defender al pobre no es ser comunista, es el centro del evangelio”, y que “los cristianos serán juzgados por la forma en que han defendido a los más necesitados, quienes son víctimas de las políticas financieras y económicas”.
* Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.
