26 ene 2021
El exdiputado opositor venezolano Juan Guaidó.Yves Herman / Reuters
El gobierno paraguayo solicitó al exdiputado opositor que se le condonara la deuda que Petropar mantiene con la petrolera venezolana PDVSA.
La Asamblea Nacional de Venezuela pidió el sábado a los parlamentos de Argentina y Paraguay investigar al exdiputado Juan Guaidó, por haber realizado una negociación ilegal con el Gobierno paraguayo para la condonación de una millonaria deuda petrolera que mantiene Asunción con Caracas.
El presidente del Legislativo venezolano, Jorge Rodríguez, le solicitó "la mayor colaboración" al Parlamento argentino y al paraguayo "para que se investiguen los hechos delictuales que se pueden haber perpetrado en sus territorios".
Durante una rueda de prensa, Rodríguez también pidió que se investigara "el destino de recursos mal habidos en actos de corrupción" de algunos opositores venezolanos, y repudió la "nauseabunda complicidad" de varios Gobiernos con "estas barbaridades".
El Jefe parlamentario se refirió de forma puntual a un acuerdo, que ya había sido develado a principios de enero en una publicación de The Washington Post, entre el Gobierno de Paraguay, presidido por Abdo Benítez; el delegado de Guaidó, Javier Troconis; y el abogado argentino Sebastián Vidal.
El gobierno paraguayo solicitó al exdiputado opositor que se le condonara la deuda que Petropar mantiene con la petrolera venezolana PDVSA.
La Asamblea Nacional de Venezuela pidió el sábado a los parlamentos de Argentina y Paraguay investigar al exdiputado Juan Guaidó, por haber realizado una negociación ilegal con el Gobierno paraguayo para la condonación de una millonaria deuda petrolera que mantiene Asunción con Caracas.
El presidente del Legislativo venezolano, Jorge Rodríguez, le solicitó "la mayor colaboración" al Parlamento argentino y al paraguayo "para que se investiguen los hechos delictuales que se pueden haber perpetrado en sus territorios".
Durante una rueda de prensa, Rodríguez también pidió que se investigara "el destino de recursos mal habidos en actos de corrupción" de algunos opositores venezolanos, y repudió la "nauseabunda complicidad" de varios Gobiernos con "estas barbaridades".
El Jefe parlamentario se refirió de forma puntual a un acuerdo, que ya había sido develado a principios de enero en una publicación de The Washington Post, entre el Gobierno de Paraguay, presidido por Abdo Benítez; el delegado de Guaidó, Javier Troconis; y el abogado argentino Sebastián Vidal.
¿Cuál fue la negociación?
Rodríguez detalló que la petrolera paraguaya Petropar le debe a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) unos 360 millones de dólares, y que la Administración de Abdo, mediante una negociación ilegal con Guaidó, buscaba que el monto se redujera a solo 100 millones. La maniobra se sustentó en el reconocimiento de Asunción al exdiputado opositor como supuesto "presidente interino" del país caribeño.
El Jefe del Parlamento afirmó que al condonar esta parte de la deuda, los negociadores obtendrían una comisión de hasta 26 millones de dólares. "Vamos a enviar una carta al Parlamento de Paraguay, a solicitarle que investigue a profundidad las relaciones entre Guaidó y Abdo para el cobro de esa comisión", prometió Rodríguez.
Para sustentar su denuncia, Rodríguez mostró un vídeo donde el jefe del Despacho de la presidencia paraguaya, Juan Ernesto Villamayor, reconoce que su país planteó la liberación de 50 % de la deuda y del total de los intereses. "Esa propuesta fue aceptada por la administración del presidente Guaidó. Tengo la carta del 11 de noviembre [de 2018 ] firmada por Troconis", dijo el alto funcionario.
Estas negociaciones se realizaron en Buenos Aires, de la mano del abogado argentino Sebastián Vidal, quien habría sido contratado por Troconis.
Estación de servicio de Petropar, en Paraguay.wikipedia.org / Fabrizzio Rojas248 / CC BY-SA 4.0
¿Quién es Javier Troconis?
Troconis es un exejecutivo petrolero que ha tenido varios "cargos" asignados por Guaidó, incluyendo la presidencia de una supuesta 'comisión presidencial para la gestión y recuperación de activos', que en la práctica se ha encargado de apropiarse de los bienes del Estado venezolano en el exterior.
Además, la anterior Asamblea Nacional incluyó a Troconis en la junta directiva de Citgo Petroleum Corporation, filial de PDVSA en EE.UU, el 13 de febrero del 2019. El nombramiento fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que acusó a los designados de formar parte de una "organización criminal transnacional" para desfalcar a la nación.
Meses después, en septiembre de 2019, el contralor general de Venezuela, Elvis Amoroso, denunció que el exejecutivo utilizaba la empresa T&C Services, propiedad de la familia Troconis Calderón, para "desfalcar al país", en presunta complicidad con el exministro de Petroleo Rafael Ramírez, quien actualmente está prófugo de la justicia.
Troconis también fue nombrado por Guaidó como "comisionado enfocado en Miami, Bogotá y Washington".
Troconis es un exejecutivo petrolero que ha tenido varios "cargos" asignados por Guaidó, incluyendo la presidencia de una supuesta 'comisión presidencial para la gestión y recuperación de activos', que en la práctica se ha encargado de apropiarse de los bienes del Estado venezolano en el exterior.
Además, la anterior Asamblea Nacional incluyó a Troconis en la junta directiva de Citgo Petroleum Corporation, filial de PDVSA en EE.UU, el 13 de febrero del 2019. El nombramiento fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que acusó a los designados de formar parte de una "organización criminal transnacional" para desfalcar a la nación.
Meses después, en septiembre de 2019, el contralor general de Venezuela, Elvis Amoroso, denunció que el exejecutivo utilizaba la empresa T&C Services, propiedad de la familia Troconis Calderón, para "desfalcar al país", en presunta complicidad con el exministro de Petroleo Rafael Ramírez, quien actualmente está prófugo de la justicia.
Troconis también fue nombrado por Guaidó como "comisionado enfocado en Miami, Bogotá y Washington".
Acusaciones mutuas
Tras el pronunciamiento de Rodríguez, Troconis afirmó que los señalamientos en su contra formaban parte de un "ataque", ya que él "estaba autorizado para negociar". Sin embargo, el "exprocurador" de Guaidó, José Ignacio Hernández, aseguró que los pactos con Paraguay fueron a espaldas del "equipo petrolero" del líder opositor.
Troconis, por otra parte, dice que Paraguay propuso las condiciones de la negociación, mientras que Villamayor asevera que el acuerdo fue presentado por el abogado argentino y el representante de Guaidó.
Presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en Luque, Paraguay, el 28 de agosto de 2019.Jorge Adorno / Reuters
De igual forma, Troconis dice que puso fin a las negociaciones en enero de 2020 y Villamayor sostiene que, en marzo de ese mismo año, Guaidó le pidió al Gobierno de Abdo que le enviaran la propuesta para revisarla. Al parecer, el trato no se cerró.
De igual forma, Troconis dice que puso fin a las negociaciones en enero de 2020 y Villamayor sostiene que, en marzo de ese mismo año, Guaidó le pidió al Gobierno de Abdo que le enviaran la propuesta para revisarla. Al parecer, el trato no se cerró.
Reacciones
Frente a estas denuncias de corrupción, el "canciller" de Guaidó, Julio Borges, quien es prófugo de la justicia venezolana, pidió "esclarecer de manera correcta" las acusaciones.
"Lo correcto es mostrar transparencia en la gestión", agregó. No obstante, Borges matizó su llamado asegurando que el revuelo por el caso formaba parte de "una andanada de guerra sucia y acusaciones falsas" del nuevo Parlamento contra el anterior.
La izquierda paraguaya pide juicio político contra el presidente Abdo Benítez por sus contactos con Guaidó para reducir la deuda con PDVSA
El impacto de estas denuncias también se ha sentido en Paraguay. A principios de enero, el Frente Guasu, la coalición más importante de partidos de izquierda de ese país, pidió someter a juicio político a Abdo, entre otras cosas, por la "negociación secreta con personeros del entorno del venezolano Guaidó".
Paraguay forma parte del Grupo de Lima, cónclave de países conformado en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), que no reconocen como la legitimidad del mandatario Nicolás Maduro y han respaldado a Guaidó desde su autoproclamación como "presidente encargado", en enero de 2019.
Nathali Gómez