12 sept 2015

BUITRES FINANCIEROS


La parábola de S&P

 Por David Cufré

El mercado financiero internacional, del que la Argentina dejó de participar como tomador de deuda crónico en 2001, no ha cambiado en esencia sus reglas de funcionamiento en todos estos años. Sigue operando bajo los principios de la ortodoxia económica, los mismos que llevaron al país a la catástrofe de entonces. Si el próximo gobierno quiere volver a entrar a ese juego deberá asumir el paquete completo, sin beneficio de inventario, como dice la Presidenta. Los Estados que emiten títulos de deuda para acceder al financiamiento de los mercados no imponen las condiciones a los prestamistas (o inversores) sino que deben someterse a la estructura institucional que ellos han armado para marcarles la cancha. Esto es así en especial para los países emergentes o no desarrollados.
Los argentinos se hicieron expertos en la materia en los 90 y 2000, cuando incorporaron, por ejemplo, el tema del riesgo país a sus conversaciones cotidianas. Si el riesgo país subía, las placas rojas y los “urgentes” de los canales de noticias se encendían en la televisión. Alfredo Zaiat explica el dispositivo del miedo en la economía en su último libro, Amenazados. Ese recurso es aplicado de manera sistemática por los actores dominantes del mundo financiero a quienes van a pedirles dinero. Mientras más débil sea la posición del país tomador de crédito, más amenazados estarán.
Brasil lo padece estos días. Era el espejo en el que los economistas del establishment nacional recomendaban mirarse, aunque parezcan no recordarlo. En especial en 2008, cuando las calificadoras de riesgo internacionales consagraron al país vecino con el rutilante título de investment grade. Alcanzar ese nivel le permite al Estado (o empresa) bendecido por los evaluadores acceder al mercado de deuda de los grandes fondos de inversión globales, quienes no están autorizados a invertir en activos que tengan calificaciones inferiores a esa. Y supuestamente los emisores podrán lanzar sus bonos a una menor tasa de interés, dado que aquella nota garantiza que el riesgo de invertir en ellos es bajo, y por lo tanto la retribución para los inversores también deberá ser menor. Así de seductor suena alcanzar el investment grade de básicamente tres empresas mundiales: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch.
Standard & Poor’s (S&P) elevó la nota de Brasil a investment grade (grado de inversión) en abril de 2008. El portal de un centro de estudios chileno publicó una crónica que merece ser recordada:
“El pasado 29 de abril, Brasil recibió una gran noticia: la agencia internacional Standard & Poor’s elevó por primera vez el grado de su deuda de largo plazo en moneda internacional a la categoría de ‘Investment Grade’, desde un BB+ a BBB, entrando de esta forma al grado más bajo dentro de la categoría de inversión segura. El anuncio causó un efecto positivo inmediato sobre la bolsa de Brasil, que alcanzó el mejor desempeño en el año, ubicándose entre los veinte primeros mercados bursátiles del mundo”, decía el primer párrafo. Luego ponderaba “el último gesto del Banco Central, de subir la tasa de política monetaria Selic antes de la nueva clasificación de riesgo soberano, que fue simbólica del compromiso con la estabilidad monetaria”.
El artículo pertenece al centro de estudios chileno Libertad y Desarrollo. En su página web se autodefine como “independiente de todo grupo político, religioso, empresarial y gubernamental”, y enuncia como sus valores fundamentales “defender la libertad individual, el libre funcionamiento de los mercados, el derecho de propiedad y el progreso e igualdad de oportunidades de sus habitantes a través del desarrollo económico”. La euforia no era menor en Brasil y entre los economistas argentinos con más apariciones en los medios dominantes.
La celebración de la Bolsa de San Pablo que destaca la crónica echa luz sobre quien tenía motivos para festejar. Y que la última prueba de amor haya sido una suba de la tasa de interés del Banco Central directamente los cautivó. Como se mencionó en este espacio el 22 de agosto pasado, Brasil tuvo ministros de Hacienda (Economía en Argentina) y del Banco Central durante los gobiernos de Lula y Dilma de ese perfil, más moderados como Guido Mantega o directamente del núcleo neoliberal como el actual Joaquim Levi o el ex BC Antonio Palocci. La conducción política de los presidentes resguardó de los criterios ortodoxos de sus funcionarios importantes acciones de redistribución del ingreso, ya desde el primer mandato de Lula. Eso activó aún más una economía que, como la de Argentina y las del resto de la región, se benefició de precios record de las materias primas que constituyen la base de su comercio exterior. Esa combinación hacía a Brasil merecedor del investment grade.
La nota, como se ve, es exhibida por parte del establishment como algo a conquistar, una meta en si misma de política económica. Si la variable que marca el camino es esa, las restantes pasan a ser de menor importancia. Lo central es alinearlas con el objetivo prioritario, que es convencer al evaluador, S&P y compañía, de la consistencia del modelo. El problema radica ahí, en que la entidad convalidada para juzgar es representante de la arquitectura financiera internacional que sostienen los acreedores. No se puede emitir deuda sin una calificación de riesgo. Es regla. Y los criterios de los evaluadores son los de la ortodoxia más dura: contención fiscal, contracción monetaria, desregulación de capitales, apertura comercial, reducción de aportes patronales a la seguridad social, eliminación de retenciones agropecuarias, “autonomía” del Banco Central. El menú completo.
Brasil lo hizo y por eso S&P y las otras calificadoras lo distinguieron con el investment grade. Esa política económica empezó por enfriar una economía supuestamente “recalentada”, según la interpretación de esas empresas. y terminó por hundirla en una recesión dolorosa, con una caída del PIB este año que ya se estima en 2,5 por ciento. El golpe de gracia lo dio Levy desde que asumió en Hacienda al inicio del segundo mandato de Dilma, en enero pasado, profundizando el ajuste fiscal en medio de un estancamiento económico prolongado. Por eso se dice que Brasil se autoinfrigió la crisis. El empecinamiento de seguir atado al esquema de “hacer todo lo necesario” para mantener el investment grade lo arrastró a ello.
Y como si fuera poco, la misma S&P que le exigió bajar el gasto público, subir las tasas y el resto de las políticas mencionadas más arriba, el último miércoles degradó a Brasil de BBB otra vez a BB+. Es decir, ya no es investment grade. El veredicto de S&P fue lapidario, según la descripción de medios de la derecha. Gustavo Segre, por ejemplo, le dijo al portal iProfesional que “la razón por la cual Brasil perdió el grado de inversión se explica por algo muy simple: tiene las cuentas en desorden”. En tono de reproche, agregó: “El presupuesto que enviaron al Congreso consignaba un fuerte déficit fiscal. En otras palabras, estaban pidiendo a gritos que le bajaran la nota”. La culpa no es de S&P de haber forzado la aplicación de políticas que llevaron al país a la crisis, lo dejaron endeudado y con déficit, es del Gobierno por no haber hecho el ajuste fiscal con la severidad requerida. A esta altura, los recuerdos de la Argentina de hace dos décadas permite identificar un proceso muy similar.
El próximo gobierno nacional asumirá con el país desendeudado, una tentación para los vendedores de ilusiones financieras, ansiosos de hacer negocios. La parábola de S&P desaconseja repetir la experiencia. El apoyo de 135 países en Naciones Unidas a los principios que impulsó el Gobierno para limitar a los fondos buitre evidencia que el camino de la defensa del interés y la soberanía nacional no lo dejaba aislado del mundo.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-281506-2015-09-12.html

DESCLASIFICAN DOCUMENTOS MILITARES SECRETOS DE LA EPOCA DE MALVINAS

ARGENTINA

Las pruebas del ocultamiento

Los documentos fueron desclasificados por orden de la presidenta Cristina Kirchner. Ratifican las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por los soldados durante la guerra y los mecanismos de la dictadura para ocultarlas.

Documentos militares secretos desclasificados por orden de la presidenta Cristina Kirchner ratifican las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por los soldados por órdenes de sus jefes durante la guerra de Malvinas y revelan los mecanismos aplicados por la dictadura para ocultar los delitos tras el retorno de las tropas al continente. Más allá de su valor histórico, el material “es una prueba muy importante para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en tanto aporta una constatación precisa de lo que implica el cierre de la vía judicial para los soldados víctimas”, destacó el abogado Pablo Vassel, autor de la primera investigación sistemática sobre torturas, vejámenes y abusos en Malvinas. El mes próximo la CIDH podría declarar la admisibilidad de la denuncia presentada por el Centro de ex Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim) de La Plata luego de que la Corte Suprema de Justicia considerara que los delitos cometidos en 1982 estaban prescriptos.
El decreto 503/15, que ordenó “revelar el secreto y la confidencialidad de la información y documentación” sobre la guerra, fue la respuesta del Poder Ejecutivo al fallo de la Corte que clausuró la investigación sobre graves delitos –como estaqueamientos hasta la muerte– por los que había 80 militares imputados. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, entregó esta semana un primer informe a la Comisión Nacional de Ex Combatientes. “En este primer relevamiento de los casos más emblemáticos, hicimos entrega de unas 700 actas, donde los testimonios acreditan los maltratos contados por las propias víctimas o por sus compañeros”, explicó Stella Segado, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.
Entre la documentación se encuentran las “actas de recepción” que debieron completar los soldados al volver al continente, donde se dejaba constancia del estado de salud y las condiciones con las que habían sido tratados. Los archivos fueron analizados por un grupo de investigación dependiente de la Dirección de Derechos Humanos, luego fue digitalizada, y su inventario puede ser consultado en www.archivosabiertos.com. La mayoría de esos testimonios relatan que sufrieron “pie de trinchera” (congelamiento de los pies por la humedad y el frío), desnutrición, estaqueamientos, enterramiento en fosas y otros tipos de castigos físicos por haber dejado sus puestos para salir en busca de comida.
Una de las actas da cuenta del testimonio de un teniente primero que relata que un oficial “lo ató de pies y manos a la espalda, colocándolo de cara al suelo, en la arena mojada de la playa, desde las 9 hasta las 17 horas”. En otro un sargento dice haber recibido una “patada en los testículos” por lo cual “debe ser operado”. Un documento firmado por el jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, en diciembre de 1982, revela el plan de la dictadura para ocultar esos delitos. En el texto, rotulado como “secreto”, Nicolaides dejó asentado que a la hora de impulsar investigaciones internas los vejámenes debían considerarse simples “faltas disciplinarias” y en los casos en que fuera imposible por la gravedad del hecho se le debía informar en persona para resolver el problema. “En los casos en que se acreditare alguna infracción las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura, guardando la adecuada reserva”, escribió Nicolaides, preocupado por evitar las filtraciones que acrecentaran el descrédito de la dictadura.
“Estos documentos corren el velo de hechos que fueron ocultados durante años por las Fuerzas Armadas y serán un gran aporte para la justicia”, manifestó Ernesto Alonso, titular de la Comisión de ex Combatientes y miembro del Cecim platense, que motorizó en 2007 la denuncia judicial. “Esta documentación demuestra que hubo una planificación de Inteligencia para evitar que los relatos de los soldados trascendieran cuando volvieran al continente”, agregó Alonso, y anticipó que el material será enviado a la CIDH. La información desclasificada será remitida además a la Justicia Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, donde tramita la causa, y también a la Procuración General de la Nación para el seguimiento del expediente.
“La documentación tiene un valor trascendente porque implica el reconocimiento del Estado sobre los crímenes cometidos contra sus propios soldados y en las peores condiciones posibles. Al hambre, al frío, a la guerra y la improvisación, tuvieron que sumarle la perversidad de muchos de sus jefes, que reprodujeron en los soldados, en pleno escenario bélico frente al enemigo inglés, las prácticas que traían de los campos de concentración de la dictadura”, destacó Vassel. “Estos archivos vuelven a poner de relieve la trascendencia de que haya una solución jurídica que acompañe al proceso de conocimiento de la verdad. No sirve de nada tener esta documentación que prueba los crímenes si el Poder Judicial no investiga a fondo. No puede haber un solo caso de impunidad ante delitos de esta magnitud en la Argentina de la memoria, la verdad y la justicia”, destacó. El abogado recordó que los tratados de derechos humanos suscriptos por el Estado lo obligan a investigar y castigar las graves violaciones a los derechos humanos y remarcó que “negarles el acceso a la justicia a quienes la sociedad argentina considera héroes de Malvinas habla muy mal del Poder Judicial”.
Facsímil de dos de los documentos secretos desclasificados.
Imagen: Télam.

Con algunos incidentes, comenzaron los actos por los 42 años del golpe

Incidentes aislados marcaron la jornada previa a la conmemoración del 11 de septiembre, en los que un carabinero resultó lesionado tras recibir un impacto de bala en San Bernardo.

golpechile





Diversas barricadas se registraron en sectores de San Bernardo y en las cercanías de la Universidad de Santiago, las que no tuvieron mayores repercusiones.
Mientras tanto, en Villa Francia ocurrieron incidentes menores, los que obligaron a modificar las rutas de diversos recorridos del Transantiago.
Incidentes menores se registraron también en La Florida, donde un vehículo fue incendiado, mientras que en Valparaíso y Rancagua se registraron cortes de tránsito, cortes de luz y barricadas.
En otras comunas como Pedro Aguirre Cerda, Renca y Estación Central la normalidad fue la tónica.
Carabinero herido
Un carabinero resultó herido leve tras recibir un impacto de bala, que de acuerdo a informaciones preliminares lo impactó en un tobillo.
Las heridas no fueron mayores debido a los implementos de seguridad usados por el uniformado.
El funcionario, cuya identidad se desconoce, solamente terminó con un hematoma producto del roce del proyectil.

Autorizan recorrido de marcha del domingo que pasará por La Moneda

La Intendencia Metropolitana y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos acordaron el recorrido de la marcha que se realizará el domingo 13 de septiembre por las calles de Santiago.
A la reunión realizada en dependencias del gobierno regional, asistieron el Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orregpo, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, además el Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue y representantes de Carabineros.
La movilización comenzará a partir de las 10 horas desde Plaza los Héroes para continuar por la Alameda, pasando frente al Palacio de la Moneda y doblará por calle San Antonio en dirección a la comuna de Recoleta para terminar en el Cementerio General.
Junto con hacer un llamado a que la marcha sea pacífica, Orrego pidió que el 11 de septiembre sea “un día de reflexión, un día de recuerdo de las personas que partieron y en caso alguno un día en que algunos se aprovechen para hacer actos, no solamente violentos, sino que en muchos casos abiertamente delictuales”.
En tanto que Pizarro destacó el acuerdo, el que calificó de “muy importante que por la autoridad se haya entendido que el derecho a marchar y rendir homenaje en La Moneda es fundamental, porque tiene que ver con que es el símbolo del quiebre institucional”.
Para el viernes 11, se han autorizado 12 actos conmemorativos, entre los cuales se encuentran romerías al monumeto del ex Presidente Salvador Allende, un acto en Cerro Chena en la comuna de San Bernardo, una velatón en el Estadio Nacional y un acto convocado por la agrupación en el Caupolicán.
Medidas para el 11 de septiembre
Un plan preventivo en coordinación con el Ministerio de Transportes, Transantiago, Carabineros y 13 municipios, es lo que está llevando a cabo la Intendencia Metropolitana para la jornada del 11 en la capital.
138 cuadrillas estarán dispuestas en caso de cortes de electricidad durante la noche y madrugada. A ello se suma la labor de las policías y fiscalías en la incautación de armas y la solución de órdenes pendientes.
Además, por primera vez se realizó un listado con 180 menores de edad que recurrentemente son detenidos realizando disturbios durante esta fecha.

Gobierno conmemora 11 de septiembre con retraso en proyecto clave de DD.HH.

Durante toda la tarde de ayer, en el patio de Los Cañones en La Moneda se alistaron los últimos detalles para la ceremonia interreligiosa que se realizará hoy en Palacio como parte de la conmemoración del 11 de septiembre de 1973.
La actividad se iniciará a las 11.00 y tendrá como objetivo central rendir un homenaje al ex Presidente Salvador Allende, donde están invitadas 500 personas. Pese a que todos los ex Presidentes fueron convocados a esta cita, sólo Patricio Aylwin y Sebastián Piñera no asistirán a la ceremonia.
Durante el discurso pronunciado el 11 de septiembre pasado, la Presidenta Michelle Bachelet destacó la decisión del gobierno de crear la Subsecretaría de Derechos Humanos como parte esencial de la agenda de su administración en esta materia, proyecto que en ese momento se encontraba en tramitación.
Un año después, la intención del Ejecutivo de destacar en el acto de hoy la aprobación de esta iniciativa se vio truncada: el miércoles el proyecto sufrió un revés en la comisión de Hacienda del Senado, luego que parlamentarios de la Alianza rechazaran cuatro puntos del texto, forzando ir a una comisión mixta. Esta se constituirá entre lunes y martes de la próxima semana.
Tras esto, el proyecto deberá ser revisado nuevamente por las salas de la Cámara y el Senado, lo que podría dilataría aún más su aprobación final. “La subsecretaría de DD.HH., lo más probable es que podamos despacharla, sino la próxima semana, de todas maneras durante el mes de septiembre”, aseguró ayer la ministra Javiera Blanco de Justicia, a cargo de sacar adelante esta iniciativa.
Dentro de los proyectos que aún se mantienen en tramitación en el Parlamento en materia de derechos humanos también se encuentra el proyecto que tipifica el delito de tortura, el que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad y el reglamento que busca prohibir la entrega de beneficios carcelarios a condenados en causas de DD.HH.
Punta Peuco
La conmemoración del 42° aniversario del Golpe de 1973 en La Moneda también se da en medio de una serie de presiones por parte de organizaciones de derechos humanos y parlamentarios de la Nueva Mayoría para que Bachelet decida el cierre el penal de Punta Peuco, donde actualmente hay 101 reos cumpliendo condenas por crímenes de lesa humanidad.
La Mandataria, sin embargo, aún no ha manifestado una postura oficial al respecto.
Y ayer, tras una actividad en Palacio, la ministra Blanco dijo respecto de Punta Peuco que “hoy no hay una decisión en ese sentido”. Junto a esto, la secretaria de Estado agregó: “Lo que es un hecho cierto es que la capacidad de ese recinto está a su límite y por lo tanto lo que corresponde, como cualquier otro recinto, es poder identificar y habilitar otro para los futuros ingresos”.
Frente a este escenario, ayer la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, lamentó la poca relevancia que le ha entregado al gobierno a esta materia. “Sería un error que a casi dos años del gobierno de la Nueva Mayoría, de Michelle Bachelet, no haya señal alguna respecto de que se materialicen políticas que permitan terminar con la impunidad”.
Pese a que Pizarro, junto a otros dirigentes, está convocada al acto de hoy, ayer puso en duda su participación: “No hemos resuelto como organización si vamos a asistir o no”.

11 sept 2015

Los deberes de Europa

América Latina sí estuvo a la altura ante los refugiados centroamericanos


Las respuestas en el mundo frente a la ola de refugiados huyendo de Siria y otros países no solo son “insuficientes” sino que son contrarias a la historia y a las obligaciones internacionales. Crisis parecidas de flujos masivos de refugiados se han vivido en varios momentos en diferentes lugares pero, pese a que siempre las respuestas quedaron rebasadas por la realidad, hoy la brecha parecería ser mayor.

En el manejo de la crisis actual hay varias responsabilidades pero una especial de Europa que es insoslayable. Hay al menos tres factores que sería bueno que los demócratas en Europa y del resto del planeta tuvieran en cuenta para tomar mejores decisiones de protección y enfrentar, a la vez, a las corrientes xenófobas y racistas que emergen con fuerzas en varios países.


Lo primero es que olas de refugiados huyendo de guerras o de gobiernos totalitarios no son algo nuevo. 

En varias de esas ocasiones los países concernidos sí estuvieron a la altura de las circunstancias. América Latina, por ejemplo. Desde condiciones económicas abrumadoramente menos ventajosas que las de la actual Europa de bienestar, durante la década de los ochenta del siglo pasado cientos de miles de refugiados centroamericanos fueron acogidos en México, Honduras, Costa Rica y Guatemala cuando escapaban de los conflictos internos en sus países. Ahora mismo, más de 60.000 refugiados colombianos están asentados en Ecuador y el país no ha colapsado ni amenaza volverse fascistoide o xenófobo.

También se impulsaron desde Latinoamérica reglas internacionales más protectoras de los refugiados. En 1984 se dio en Cartagena de Indias un paso fundamental para aggiornar la definición de refugiado, antes centrada en el individuo que huía de persecución para pasar a criterios más amplios que permitieran proteger a masas de personas “amenazadas por la violencia generalizada” o “los conflictos internos”. Esos conceptos hoy amparan jurídicamente a los millones que huyen de Siria o Afganistán.

Lo segundo es que hay obligaciones internacionales que cumplir.

Europa, continente en el que se gestó la Convención sobre refugiados en 1951, no sólo tiene la obligación de acoger a quienes huyen por el “temor fundado” —como dice la Convención— de las guerras, sino porque ha sufrido directamente la tragedia. Fue precisamente en Europa en donde se vivió el drama más grande de refugiados y desplazados del siglo XX. Nadie debería sorprenderse que hoy haya millones que, desde otro punto de la geografía, sufren un calvario semejante y huyen buscando protección.

Pero no se está avanzando bien. Con las cuotas asignadas en estos días, no sólo la carga reposa básicamente en tres países, en una Europa de 28 socios, sino que la cifra total protegida es ínfima. Europa está institucional y económicamente en condiciones de acoger a los solicitantes de refugio y no lo está haciendo. Cierto que las 310.000 personas que el ACNUR calcula optimistamente que llegarían este año (serán más), es mucha gente, pero distribuidas entre 28 países europeos sería más que manejable. Menos de un asilado potencial para cada 1.900 europeos.

De este drama humanitario se están encargando desproporcionadamente, mientras tanto, países con muchísimo menos recursos
En el Líbano hay más de un millón de sirios, Turquía ha acogido más de 1.700.000 y Tanzania a cientos de miles de Burundi y del Congo. En el otro lado de la balanza, los ricos Estados del Golfo y Arabia Saudita, que tienen las manos metidas en la guerra en Siria, que se sepa no han acogido a ningún refugiado. Los EE UU y Canadá, por su parte, parecería que se han quedado muy cortos recibiendo poco más de 1.000 sirios cada uno. Mientras, varios países latinoamericanos han recibido ya a sirios y otros anuncian que lo harán próximamente.

El mundo debe reaccionar. Hacerlo más temprano que tarde significará para millones la diferencia brutal entre la vida y la muerte.

“Europa ha privatizado la política”

Lula Da Silva en Argentina

El expresidente defiende el modelo latinoamericano frente al ajuste europeo en un momento donde la izquierda del continente vive momentos de dificultad

Lula, Cristina Fernández y Daniel Scioli
Lula escoltado por Cristina Fernández y Daniel Scioli / EFE
Los líderes de la izquierda latinoamericana viven un momento de dificultades, con una crisis económica que avanza sobre varios países, pero reivindican su modelo de inclusión y gasto público frente al ajuste instalado en Europa. El expresidente brasileño Lula Da Silva ha ejercido en Buenos Aires como líder moral de ese grupo y ha logrado un entusiasta aplauso cuando ha criticado el modelo que se impone en los países europeos. “Europa ha tercerizado la política” para dejarla en manos de los bancos, del sistema financiero, explicó. “El problema es que ayudan a Grecia solo para resolver el problema de los bancos alemanes y franceses. Todos aquellos que tenían siempre listas las soluciones para nuestras crisis, en 2008 no supieron resolver su propia crisis. Todos los países que hicieron ajustes incrementaron su deuda pública. Así fue en Grecia, Portugal, España...y no han logrado resolver la crisis”.
Esto podría ser entendido como una crítica indirecta al propio Gobierno de Brasil, del partido de Lula, que ha iniciado una política de ajuste severo. En su país algunas informaciones apuntan a la posibilidad de que el líder histórico del Partido de los Trabajadores vuelva en algún momento a la presidencia. “Con los primeros síntomas de una crisis empiezan a hablar de recortes, de rebajar salarios. Todas las medidas llevadas a cabo en los 90 llevaron a los países al empobrecimiento. Pensaba que esas cosas se hacían en Brasil, Argentina, Bolivia, pero no en el primer mundo”, insistió durante su participación en un congreso mundial de responsabilidad social que se desarrolla en Buenos Aires.
El expresidente brasileño defendió el modelo latinoamericano frente al europeo. “Logramos un pequeño milagro con la políticas de tranferencia de rentas que para algunos eran asistencialismo o populismo. Logramos que millones de personas por primera vez pudieran comprar el alimento necesario para sus hijos. Lo primero que hice fue llevar a todos los ministros a barrios pobres para que vieran cómo vivía la gente. Sabía que si mejoraba la vida de los más humildes todos ganarían, también las empresas”.
Lula prefería hablar de Europa antes que hurgar en las políticas de ajuste de su propio país, y se limitó a quejarse de la bajada de rating de Brasil que acaban de decidir las agencias de calificación. Él sobre todo quería apuntar a los responsables de la crisis. “Han gastado más 10 trillones de dólares para intentar resolver el problema del sistema financiero y no lo han logrado. Esta vez no fueron los países latinoamericanos, fueron los países ricos los que nos metieron en esta crisis. Empezaron a ganar dinero vendiendo papeles en vez de vender productos, pagaban bonus altísimos a los directivos sin producir nada. Y claro, la economía quebró”.
El expresidente brasileño reivindicó en todo momento la gestión de los grandes líderes de la izquierda latinoamericana y rechazó con dureza el modelo de los países avanzados. “En abril de 2009 en Londres, en un G-20, tomamos la decisión de restaurar el crecimiento, el empleo, reformar el sistema financiero y rechazar el proteccionismo. Ningún país cumplió esas promesas. Los países ricos adoptaron el proteccionismo para evitar que los países pobres de América latina y otros pudiéramos competir. Solo creen en el libre comercio cuando se trata de vender, cuando tienen que comprar nuestros productos ya no creen tanto”.
Lula, que ha acudido a Buenos Aires para apoyar la campaña de Daniel Scioli, el candidato del peronismo para suceder a Cristina Fernández de Kirchner, también reclamó que Suramérica sea capaz de tomar ejemplo de las cosas buenas que tiene la Unión Europea, como la capacidad de resolver los problemas entre países. El brasileño pidió que “mis amigos el presidente Maduro y el presidente Santos busquen la mejor solución para Colombia y Venezuela. Son dos países muy importantes y en tiempo de crisis económica la paz es fundamental porque es mucho más barata. También pidió que crisis como la de la salida al mar de Bolivia no tengan que resolverse en La Haya sino se puedan cerrar dentro de Unasur. Y se mostró especialmente indignado con el juez Griesa, que con sus decisiones sobre las reclamaciones de los fondos buitre mantiene bloqueado parte del acceso a la financiación de Argentina. “Cuando veo que un juez americano decide el destino de millones de argentinos con los fondos buitre digo ¿en qué mundo vivimos? Lo que hizo Argentina fue un acto de soberanía”, remató el expresidente.
Lula, que reivindica el kirchnerismo porque “cambió la historia de Argentina”, estará casi toda la semana en Buenos Aires apoyando la candidatura de Scioli, que también recibirá en unos días el respaldo del boliviano Evo Morales. Anoche también le llegó otro empujón del expresidente uruguayo José Mujica. Dijo que él prefiere que Argentina la gobierne el peronismo porque cuando llega uno de otro partido, como sucedió con Raúl Alfonsín o Fernando de la Rúa, “la pasa muy mal”. Por eso Mujica apoya a Scioli para evitar una “fogata” en Argentina.

El gobierno advierte que rebaja de la calificación de la deuda de Brasil tendrá impactos negativos en Uruguay

IMPACTO

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, reconoció que la rebaja de la nota crediticia de Brasil, hecho por el cual el país norteño perdería su grado inversor, tendrá un impacto negativo en Uruguay, por lo que se deberá estrechar el trabajo entre el gobierno y el sector privado.

10 de septiembre de 2015


La agencia de calificación de riesgo Standard & Poor’s rebajó el miércoles la nota crediticia de Brasil desde “BBB-”, a “BB+”, con lo cual el país norteño pierde su grado inversor.

De todos modos, se trata de la primera de las principales calificadoras de riesgo que le quita el certificado de buen pagador a Brasil, la mayor economía latinoamericana, que había logrado la distinción en 2008.

Este jueves, el presiente Vázquez se refirió a la situación por la que atraviesa el país vecino y a eventuales repercusiones en Uruguay.

“La baja de la calificación de la deuda de Brasil tendrá impacto. Es un fuerte comprador de nuestros productos. También hay que ver qué pasa en China. De todo esto hablamos con la gente de Asociación Rural”, expresó Vázquez.

Asimismo, el jerarca de gobierno remarcó que ante la situación, Uruguay debe “estrechar el trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado”.

Situación compleja

Por su parte, el presidente de la Asociación Rural (ARU), Ricardo Reilly, dijo a radio Carve que en la reunión con el máximo mandatario, con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, se analizó la situación de Brasil.

“Es muy compleja y tarde o temprano nos va a afectar. El gobierno lo está siguiendo de cerca porque tarde o temprano nos va a afectar”, insistió Reilly.

Asimismo, la ARU planteó a Vázquez sus reparos sobre eliminar la exoneración del impuesto a la contribución inmobiliaria rural.

Ante ello, el jefe de Estado respondió que “fue un pedido de los intendentes”, con el cual no estuvo de acuerdo y que ahora “está en manos del Parlamento que tiene toda la libertad de eliminar el artículo”.

“Esta fue una reivindicación del Congreso de Intendentes, para que el dinero sea destinado, si se aprueba, a la caminería rural, donde el gobierno no recibe ningún beneficio de esta restauración. No es creación de un impuesto, es sacar una exoneración que había”, explicó Vázquez.

Agregó que la solicitud original de los intendentes fue gravar la producción agrícola un 1%, a lo que se opuso, porque no está de acuerdo con nuevos impuestos.

"Fuerza autorizada"

ESTADOS UNIDOS

Policías matan de 17 balazos a mexicano que les arrojó piedras y la Justicia los libera: “Fue sin malicia”
Los tres policías del Estado de Washington que en febrero pasado mataron de 17 balazos a un inmigrante mexicano que salió corriendo después de haberles arrojado piedras, no enfrentarán cargos penales. “No hay evidencia de que hayan actuado con malicia. Fue sin malicia. Los policías emplearon fuerza autorizada”, dijo la fiscalía.


10 de septiembre de 2015 

Antonio Zambrano Montes, mexicano de 35 años, fue muerto por los policías de Pasco, una localidad agrícola en el este de Washington, después de que se peleara con un agente, les arrojara piedras a otros y saliera corriendo. Cuando se paró y dio vuelta –para enfrentarlos a mano limpia o para rendirse, ya nunca se sabrá- los uniformados dispararon 17 veces sobre el infortunado.

La sumaria ejecución ocurrió el 10 de febrero, en una intersección sumamente transitada de la localidad, y quienes la presenciaron grabaron el hecho que fue subido a las redes sociales causando conmoción por la actitud desenfrenada de los policías. Zambrano, estaba bajo los efectos de metanfetaminas, que se probó había consumido, y les tiró piedras a los policías cuando intentaban detenerlo. Los uniformados usaron un arma eléctrica para aturdirlo pero no lo consiguieron, por lo que uno de los agentes le pegó un tiro en un brazo. Zambrano corre, los policías lo persiguen y el desenlace se produce. En YouTube hay reiteradas versiones de la muerte.

Gobierno mexicano con “profunda decepción” por justicia americana

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresó su “profunda decepción” por el fallo de la fiscalía de Washington, que desestimó formular cargos penales contra los policías que balearon como una ejecución sumaria a Zambrano Montes.

La decisión de que el tema no llegue ni siquiera a juicio, pese al video que muestra como fueron los hechos y a gran cantidad de testigos en el lugar, “contribuye a aumentar la percepción de impunidad derivada de los actos cometidos por corporaciones policiales locaes en contra de las minorías de sus comunidades”, agrega el texto del gobierno de México.

Los mexicanos aceptan no obstante a nivel oficial que seguirán “contactos a nivel federal con el Departamento de Justicia con el fin de evitar la reincidencia de este tipo de casos”

Desvío de fondos públicos y enriquecimiento ilícito

LA PROCELAC ACUSO A YACOBITTI, GIUSTI Y OTROS

Una denuncia en la UBA

La Procuraduría de Criminalidad Económica imputó al secretario de Hacienda y a ex funcionarios de la UBA por presunto desvío de fondos y enriquecimiento ilícito.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció a funcionarios y ex funcionarios de la Universidad de Buenos Aires por presunto desvío de fondos públicos y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Los principales acusados son el actual secretario de Hacienda de la UBA, Emiliano Yacobitti, titular de la UCR porteña y dirigente de la agrupación universitaria Nuevo Espacio; el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas José Luis Giusti; Sergio Gastón Ricardo, ex secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la misma facultad; y Douglas Leopoldo Bordoli, ex miembro del área de Administración del Hospital de Clínicas.
La denuncia presentada por el fiscal a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, junto al coordinador del Area de Delitos contra la Administración Pública, Milton Khaski, señala la responsabilidad de los imputados en el presunto desvío de fondos hacia un conglomerado de empresas de su propiedad. La mayor parte de las maniobras tuvieron como base el Hospital de Clínicas, desde donde se habrían dirigido millonarios contratos con proveedores de insumos y medicamentos.
Según sospechan los fiscales, mediante sobreprecios y entrega de mercadería en volúmenes inferiores a los facturados, se habría producido un “vaciamiento” del Clínicas y, a la vez, un excedente que, además de enriquecer a los responsables, se habría usado para financiar la campaña electoral de ECO, que postuló a Martín Lousteau en los comicios porteños de este año.
La investigación fue iniciada por la Procelac a partir de un informe periodístico del canal C5N. El área que coordina Khaski concluyó que en la UBA hubo “un conjunto de maniobras ilícitas cometidas por funcionarios públicos que desempeñaron distintos cargos estratégicos en esa casa de estudios, y por personas cercanas a ellos”. Por ejemplo, la pesquisa determinó que Medipack SA, firma constituida por un cuñado del denunciado Ricardo, fue proveedora del hospital al menos desde abril de 2009 hasta marzo de 2014, a través de 69 contrataciones y por un monto total de 11.229.168 de pesos. También están involucradas las sociedades anónimas American Salud, Meycampcord, Inmuideas, American Salud, Grupo Salud y Laboratorio Sur SRL.
El negocio de las contrataciones con el Clínicas no sería el único que involucra a los imputados. También fueron identificados por integrar -a través de un supuesto testaferro- una red de consultoras que le facturarían a la Facultad de Económicas sin prestarle servicios.
La denuncia apunta que los funcionarios estuvieron “lejos de cumplir” con sus deberes en tanto actuaron “en ambos lados del mostrador”: “Eran los funcionarios competentes con poder de decisión en la adjudicación de las contrataciones y, al mismo tiempo, actuaban como proveedores del Estado a través de empresas vinculadas a ellos”. Además, para la Procelac, hay serias incongruencias entre el nivel de vida de los acusados desde que desempeñaron cargos jerárquicos en la UBA y sus ingresos declarados como funcionarios públicos.

Contrato del Gobierno porteño por más de $ 21 millones.

ARGENTINA :Extraña inscripción ante la AFIP

La Usina también puede dar servicios de lustrabotas y astrología


Según consta en la AFIP, La Usina Producciones puede brindar servicios de "astrología y espiritismo, las realizadas con fines sociales como agencias matrimoniales, de investigaciones genealógicas, de contratación de acompañantes, la actividad de lustra botas, acomodadores de autos, etc".





















La empresa La Usina Producciones S.RL., creada por el periodista y candidato a diputado nacional del PRO, Fernando Niembro, no sólo estaba autorizada por la AFIP para brindar servicios de publicidad, como los que contrató el Gobierno porteño por más de $ 21 millones.También está habilitado para realizar actividades de astrología y lustra botas.

La compañía fue creada por Atilio Alberto Meza y Niembro en mayo de 2012. Según denunciaron legisladores kirchneristas solo tuvo de clientes a la administración deMauricio Macri y al Banco Ciudad. 

En un principio trascendió que el objeto de la sociedad integrada con un capital de $ 10.000 era "realizar la explotación por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: negocio de producción de actividades periodísticas y/o publicitarias por medio de la prensa escrita, oral, radio, televisión, carteleras, impresos, películas cinematográficas, Internet o a través de cualquier otro medio creado o a crearse".

Pero una simple consulta al sistema de información comercial y crediticia de empresas y personas Nosis reveló algo más. Ya que esa categoría también incluye la posibilidad de dar otros servicios personales. Según consta en el código 960990, Niembro puede facturar contratos por brindar trabajos de "astrología y espiritismo, las realizadas con fines sociales como agencias matrimoniales, de investigaciones genealógicas, de contratación de acompañantes, la actividad de lustra botas, acomodadores de autos, etc".

Expertos en creaciones de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada coinciden que la curiosidad en la inscripción deja en evidencia el desinterés por el objeto real de la actividad y la urgencia necesaria con la cual Niembro y Meza se anotaron en la AFIP para comenzar rápidamente a facturar.

ONU: LOS LINEAMIENTOS PARA ORDENAR FUTURAS REESTRUCTURACIONES DE DEUDAS


Nueve principios, un gran paso

La preservación del derecho soberano de los países a darse su propia política y poder encarar reestructuraciones de deuda sin sacrificar su futuro es la base de la propuesta. Cuáles son sus alcances y cómo se sigue.
 Por Tomás Lukin

Desde Nueva York
Restringir el margen de maniobra para los fondos buitre, legitimar el derecho de los países para encarar reestructuraciones de deuda que les permitan volver a crecer y seguir pagando sus obligaciones y garantizar que los inversores de buena fe no se vean afectados por el accionar carroñero del sistema financiero internacional. Con esos tres ejes, los nueve principios básicos aprobados ayer en las Naciones Unidas fortalecen la línea de defensa de los países y sus acreedores genuinos contra el agujero negro existente en materia de resolución sustentable de las crisis de deuda. El próximo paso no está definido, pero el objetivo final es crear, a partir de los lineamientos aprobados ayer, un marco jurídico global que ofrezca reglas claras para resolver los problemas asociados al endeudamiento excesivo. Como paso intermedio, algunos países podrían incorporar/respaldar los lineamientos en sus legislaciones nacionales.
Los principios impulsados por el equipo diplomático argentino en la ONU y sus pares del G-77 más China no son vinculantes y tampoco retroactivos. Aunque no tendrán consecuencias legales directas sobre el caso argentino, la codificación de los nueve lineamientos básicos existentes en el derecho internacional ofrece un instrumento poderoso que los tribunales no pueden ignorar. Quienes podrán utilizarlo como argumento en una hipotética reestructuración son estados como Grecia, Puerto Rico, España, Ucrania, Portugal o Belice. La resolución se suma a los esfuerzos impulsados desde el sector privado, el FMI y los países dominantes para atacar la problemática a través de modificaciones en las cláusulas de los bonos. Aunque representa un paso hacia adelante, esa respuesta ignora los 900 mil millones de dólares en títulos emitidos con las cláusulas viejas que permitieron los abusos buitres.
Las reestructuraciones de deuda son un procedimiento habitual desde comienzos del siglo XIX. Desde 1950 se registraron más de 600 casos de canjes soberanos alrededor del mundo. Como resultado de la construcción de un vacío legal que acompañó el proceso de desregulación financiera, no existen reglas globales para encontrar soluciones que garanticen la salida de los países de las trampas financieras, volver a crecer y garantizar el cumplimiento de los vencimientos de deuda.
Los nueve principios básicos establecen el derecho soberano de los Estados a reestructurar sus deudas y disponen que las negociaciones en una reestructuración se realicen de buena fe, con transparencia e imparcialidad y garantizando el trato equitativo entre los acreedores. Asimismo, enfatiza el respeto a la inmunidad soberana de los Estados, un punto necesario frente a los embates extorsivos de los buitres en los tribunales permeables a sus reclamos para trabar embargos contra activos argentinos alrededor del mundo.
Para prevenir que la experiencia reciente de Grecia se repita, donde la negociación con los acreedores se tradujo en nuevas medidas de ajuste sin resolver el problema estructural de los pasivos helénicos, los lineamientos aprobados ayer disponen que las reestructuraciones de deuda soberana deben ser “sostenibles”, “de modo tal que permitan el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo del Estado deudor, así como la protección de los derechos del acreedor”, sostiene la resolución.
Con una ley de quiebras internacional como la que disponen las empresas en cualquier país, Argentina habría puesto fin al default en 2005. Al alcanzar una adhesión del 76 por ciento de los acreedores, el primer tramo del canje ya hubiera sido suficiente para extender automáticamente las condiciones financieras negociadas –quita, extensión de plazos, reducción de tasas de interés– a todos los bonistas. La resolución aprobada ayer por 135 votos a favor, 6 negativos y 42 abstenciones incorpora ese concepto. Cuando una reestructuración soberana reciba el visto bueno de una “mayoría calificada”, el acuerdo y los acreedores que ingresaron al mismo no pueden ser afectados “por una minoría no representativa que deberá respetar las decisiones tomadas por la mayoría”.

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA APROBO ABRIR EL PROCEDIMIENTO DE REMOCION DEL JUEZ NESTOR MONTEZANTI

ARGENTINA

“Fue partícipe del accionar de la Triple A”

Por amplia mayoría, los consejeros de la Magistratura votaron suspender e iniciar un jury contra el juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca, ex agente de Inteligencia del Ejército e imputado por su participación en delitos de lesa humanidad.
 Por Diego Martínez

El Consejo de la Magistratura resolvió ayer por amplia mayoría la suspensión y la apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Néstor Luis Montezanti, juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca, agente de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura y de probados vínculos con miembros de la Triple A local. A partir de su actuación durante el terrorismo de Estado pero también de sus “comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos” en democracia, de los que dan fe los empleados de la Cámara y los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, el plenario del Consejo concluyó que las conductas de Montezanti son “incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y que carece de la “idoneidad moral y la vocación democrática” indispensables para ser juez de la Nación.
Montezanti fue imputado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por su participación en 22 homicidios de la Triple A entre 1974 y 1975, por el secuestro y los tormentos de un militante de la Juventud Peronista que lo reconoció durante su interrogatorio en el Cuerpo V de Ejército en 1977 y por su rol como agente del Destacamento de Inteligencia 181. Quien avaló sus “condiciones morales, ideológicas y familiares” y dijo conocerlo “en profundidad” desde 1975 fue el coronel José Osvaldo “Balita” Riveiro, ex miembro de la Triple A, condenado en ausencia en Francia por su actuación en el Plan Cóndor y prófugo de la Justicia. El juez federal Alejo Ramos Padilla ordenó la citación de Montezanti a indagatoria y lo declaró en rebeldía luego de que el imputado faltara tres veces en una semana sin alegar motivos razonables y mintiendo abiertamente.
El vínculo de Montezanti con la Triple A lo denunció en 2002 en una reunión del Consejo Superior de la UNS el ex estudiante Alberto Rodríguez, delegado de la Asociación Argentina de Actores y testigo en abril de 1975 del asesinato a sangre fría de su compañero David Cilleruelo, con quien militaba en la Federación Juvenil Comunista. El asesino –tal como informó Página/12 en 2007– fue el suboficial naval Jorge Oscar Argibay, ícono de la Triple A bahiense y custodio del rector interventor Remus Tetu, a quien Montezanti había asesorado cuando una asamblea de estudiantes promovió su destitución por usar textos filonazis. Detenido a fines de 1975 por un tiroteo en Puerto Quequén, cuando le informaron su derecho a designar un defensor, Argibay nombró al “doctor Néstor Luis Montezanti”.
Asumió como camarista a fines de 2002, ocultando al Senado su pasado en la inteligencia militar. En 2004 se sintió injuriado con efecto retardado y querelló a Rodríguez. Al dictar sentencia, el juez José Luis Ares consideró “convincentes y veraces” las declaraciones de cinco testigos que en 1974 vieron a Montezanti en medio de un grupo de matones de la Triple A que a punta de pistola ocupaban la Universidad Tecnológica Nacional. La patota incluía a Argibay (fallecido), a Juan Carlos Curcio y a Héctor Chisu, ambos imputados este año en la causa Triple A. Chisu además fue en 1976 custodio del general Adel Vilas y agente del mismo Destacamento 181. El otro dato clave del juicio lo aportó el concejal y ex diputado radical Juan Pedro Tunessi: contó que en 1984, de visita en el estudio de Montezanti, vio “un certificado o constancia de la Liga Anticomunista Argentina firmado por el general (Carlos) Suárez Mason”, comandante del Cuerpo V en 1975.
La primera denuncia contra Montezanti en el Consejo la presentó en 2008 la Unión de Empleados Judiciales de Julio Piumato, que remarcó su “clara actitud antisindical” sumada a “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias”, abuso de autoridad, trato despectivo y discriminatorio. En 2010, cuando la presidenta Cristina Kirchner firmó el decreto que permitió conocer la nómina del personal civil de inteligencia de la dictadura, se supo con certeza que había integrado el Destacamento 181 como “asesor universitario”. Entonces fue el profesor de la UNS Dante Patrignani quien denunció ante el Consejo la complicidad de Montezanti con la dictadura y pidió su destitución. Patrignani pidió además el juicio académico en la UNS, que los amigos del acusado en la Facultad de Derecho se encargaron de cajonear y que recién se destrabó tras la citación a indagatoria. El mes pasado el Consejo Superior de la UNS admitió la “falta de ética en el ámbito universitario” del entonces profesor Montezanti y resolvió el inicio del juicio académico.
En ese contexto, a partir de un dictamen del secretario de Justicia, Julián Alvarez, se activó el Consejo de la Magistratura. La semana pasada la Comisión de Acusación y Disciplina aprobó la apertura del proceso de remoción, que ayer avaló el plenario. El dictamen fue aprobado por once de los trece consejeros, dos más de los necesarios para alcanzar los dos tercios requeridos para el jury. “Como jueza lamento que no me acompañen mis colegas”, destacó Gabriela Vázquez en referencia a Leónidas Moldes y Luis María Cabral. “Montezanti tenía conductas propias de personal castrense con los empleados judiciales”, remarcó la jueza. Moldes fundó su negativa en que “cuestiones de procedimiento que están siendo vulneradas”. Cabral acompañó en silencio, con silbidos de fondo de militantes del Sitraju con carteles que reclaman “Una justicia al servicio del pueblo”.
La diputada Anabel Fernández Sagasti recordó que en Mendoza se está juzgando a ex camaristas por acusaciones similares. “Queremos jueces imparciales, con espíritu y valores democráticos”, dijo. “No podemos tapar el sol con la mano, todos conocemos la situación de Bahía Blanca. Estamos trabajando con éxito y responsabilidad para normalizar la situación de esa jurisdicción. Es un día histórico para que la sociedad conozca el entramado de lo que sucedió en Bahía Blanca, donde hubo complicidad civil, judicial y eclesiástica”, recordó. El diputado Héctor Recalde, quien junto al abogado Miguel Piedecasas tendrá la responsabilidad de la acusación en el jury, remarcó que “fueron muchos los trabajadores que sufrieron la persecución en Bahía Blanca y merecemos conocer la verdad y que se haga justicia por ellos”. “Pedimos también que se aceleren los juicios por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca”, reclamó.
Además de faltar a las citaciones de Ramos Padilla, Montezanti prefirió no dar la cara cuando lo citó el Consejo. Su única aparición pública en los últimos meses fue un autorreportaje publicado el martes en La Nueva Provincia, el diario de su amigo Vicente Massot, imputado y con falta de mérito gracias a una maniobra del propio Montezanti, quien ideó un sumario para apartar por “pérdida insalvable de confianza” al juez federal ad hoc Alvaro Coleffi. Paradójicamente, en las dos oportunidades en que se refirió a su pasado en el Destacamento 181 el ahora juez suspendido dio dos versiones distintas. En 2013, en una radio bahiense, explicó que “trabajaba de abogado”. “Los empleados cometen infidelidades, se separan, no pagan deudas” y “todo eso requiere de un enfoque por parte de alguien especializado”. “Iba (al destacamento) a diario, no más de una hora” y “ni siquiera máquina de escribir tenía: pedía una, hacía un informe, se lo dejaba al jefe y me iba”. Esta semana Montezanti refutó a Montezanti: aseguró que “las consultas que evacué” fueron “respecto del diferendo con Chile” y por la guerra de Malvinas. El dictamen del Consejo no deja dudas: “resulta a todas luces evidente que el Dr. Montezanti comulgó con el plan de exterminio sometido con los genocidas y fue partícipe del accionar de la Triple A”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-281425-2015-09-11.html