¿Dónde está la ética?

Sorprendentes revelaciones sobre personajes comprometidos con la gran política en Estados Unidos evidencian el estado de descomposición moral de la misma

Autor: Elson Concepción Pérez | internet@granma.cu

14 de noviembre de 2014 

John McCain se reunió con el estado mayor del Ejército Sirio Libre. Durante el encuentro conversó con el autoproclamado califa Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi, del EI. Foto: Réseau Voltaire

En la vida de un periodista —profesionalmente por larga que sea— hay veces que nos resulta muy difícil creer lo que leemos sobre un tema del que vamos a escribir, lo que nos obliga a consultar varias fuentes y, aún así, “hacerlo potable” al lector requiere de no pocos borradores.

En esta batalla diaria me encontré con documentos que comprometen al expresidente norteamericano George W. Bush, con el líder de la organización terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden; y más recientemente al senador y excandidato a la presidencia de Estados Unidos, John McCain, con el grupo terrorista Estado Islámico (EI) que actualmente ocupa extensos territorios de Irak y Siria.

Para adentrarme en el tema, acudo a las agencias de noticias y a reconocidos analistas internacionales.

Las revelaciones aparecidas en las fotografías publicadas que muestran la reunión que sostuvo McCain con jefes del EI en Siria, país al que el funcionario norteamericano entró ilegalmente, constituyen, además de un hecho bochornoso, un medidor de la poca estatura moral de algunos dirigentes y funcionarios de Estados Unidos.

El investigador francés, Thierry Meyssan, director de Réseau Voltaire, reveló que el “senador John McCain es el verdadero califa del Estado Islámico (EI) que asola el Medio Oriente, además de ser el controlador del autoproclamado califa Ibrahim Abu Bakar al-Baghdadi”.

Pero hay más: el también activista político y periodista francés, devela que tuvo acceso hace más de tres años a un informe de inteligencia en el que se indicaba que “el 4 de febrero del 2011, la OTAN organizó en El Cairo una reunión presidida por McCain para iniciar la primavera árabe en Libia y Siria”, entre quienes se encontraba en forma oficiosa el “filósofo” sionista Bernard-Henri Lévy, por parte de Francia.

Thierry Meyssan expone un documento oficial de la embajada de Qatar en Trípoli que “confirma el envío de 1 800 extremistas islámicos mercenarios entrenados en Libia para combatir en Siria”, penetrando por la frontera turca, según reportó el portal Russia Today.
Las imágenes aparecidas en varios medios muestran a McCain reunido en territorio sirio con connotados terroristas buscados por Estados Unidos, entre ellos Abu Bakr al- Baghdadi, así como con Salim Idriss, miembro del llamado Ejército Libre Sirio.

Sin embargo, Abu Bakr figuraba desde el 4 de octubre del 2011 en la lista de los cinco terroristas más buscados por la justicia estadounidense (Rewards for Justice), con una recompensa de hasta diez millones de dólares para quien contribuyese a su captura; y había sido descrito por la revista Time y el rotativo galo Le Monde como el “hombre más peligroso del mundo”, o el “nuevo Osama bin Laden”.

Por su parte, el periódico Gulf Daily News, de Bahrein, en el golfo Pérsico, asevera que fue entrenado por el Mossad israelí.

“Las reuniones que presidió John McCain marcaron claramente el inicio de un plan que Washington había trazado hacía mucho tiempo y que preveía que el Reino Unido y Francia atacaran simultáneamente a Libia y Siria”, recalca Meyssan.

“En el terreno no había ninguna diferencia entre el Ejército Libre Sirio, el Frente al Nusra o el Estado Islámico. Todas esas organizaciones se componen de los mismos individuos y estos cambian constantemente de bandera”, asegura el periodista francés.

Otra evidencia revelada por la agencia británica Reuters es que en enero del 2014, el Congreso de Estados Unidos celebró una sesión secreta en la que aprobó el financiamiento —hasta septiembre del 2014— para el Frente al-Nusra (miembro de al-Qaeda) y para el entonces llamado Estado Islámico en Irak y el Levante (EIIL), hoy EI.

LAZOS FINANCIEROS BUSH Y BIN LADEN

Gobernaba George W. Bush en la Casa Blanca cuando el 11 de septiembre del 2001 se produjeron los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos.

De aquel fatídico día se desprendió la “cruzada antiterrorista” que el mandatario nor­teamericano emprendió contra el mundo.

Mucho se ha publicado sobre la autoría del crimen que apuntaba a Osama bin Laden, un ex colaborador al servicio de Washington al que, una vez usado, se le persiguió y asesinó.

Pero poco o nada se había publicado entonces sobre los vínculos financieros entre el presidente Bush y el terrorista Bin Laden, hasta que el tiempo hizo desaparecer algunas barreras y aparecieron escalofriantes investigaciones que no dejan duda alguna de la fuerte alianza entre uno y otro.

La historia podría comenzar en los años 80, cuando Bush dirigía la Harken Energy Company, una pequeña sociedad petrolera texana, donde hizo fortuna llevándose el contrato de la concesión petrolera del emirato de Bahreïn. Este arreglo y falsa transacción era nada menos que la retribución de una comisión sobre las ventas realizadas por el presidente Bush padre en Kuwait. La operación implicaba diversos intermediarios de Arabia Saudita, en la cual se encontraba Salem Bin Laden, hermano mayor de Osama Bin Laden y accionario de la Harken Energy.

Las informaciones de la Réseau Voltaire revelan las redes financieras desarrolladas mancomunadamente desde hace veinte años por las familias Bush y Bin Laden. Un mundo oculto de comerciantes, traficantes de armas y drogas. Un mundo donde coinciden el banquero nazi Francois Genoud, antiguos directores de la CIA y de los servicios secretos de Arabia Saudita.

La información describe a Bin Laden como graduado en administración y en economía de King Abdul Aziz University, y un hombre de negocios muy listo. En 1979 fue captado para dirigir y administrar financieramente las operaciones secretas de la CIA en Afganistán.

En pocos años, la CIA invirtió dos mil millones de dólares en Afganistán para hacer fracasar la invasión de la URSS, hecho que constituye la operación secreta más costosa y nunca antes realizada por esa Agencia.

Según la revista Forbes, la hermana del multimillonario Khaled Ben Mahfouz con una fortuna, evaluada en 1,9 billones de dólares, fue esposa de Bin Laden.

Khaled Ben Mahfouz tenía una residencia en Houston (Texas) y con el apoyo de la familia Bush, compró una parte del aeropuerto de la ciudad para su utilización personal.

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Las confesiones de un coronel

El primer asesinado del terrorismo de Estado -el Caso Batalla- y las inesperadas declaraciones judiciales de un coronel retirado.

Algo está cambiando: los militares involucrados en delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura siguen teniendo, frente a los magistrados que los interrogan, memoria débil y cinismo robusto. Por eso no es usual encontrar en los expedientes judiciales declaraciones como las que formuló el coronel retirado Arquímedes Maciel en la causa por el asesinato del albañil Luis Batalla: “Si yo hubiera dicho (ante el juez militar) lo que digo acá, hubiera explotado todo; nada que ver con la posibilidad que se me brinda acá de precisar todo”.

Precisamente, las garantías que ofrece el sistema judicial permiten que, aun ante un cúmulo de evidencias, los indagados militares mientan descaradamente y se burlen de la justicia que los ampara. Son las reglas de juego, pero además operaba –y sigue operando– un pacto de silencio que se impone aun cuando su observancia perjudique al indagado.

En las declaraciones del coronel Maciel ese pacto se ha quebrado y habrá que indagar qué cosa está jugando, qué nuevos elementos están operando, en qué medida el poder de unos pocos, desde una cárcel, va perdiendo su influencia con el paso del tiempo.
Luis Batalla fue el primer prisionero muerto bajo torturas por el terrorismo de Estado, antes del golpe de Estado. Su asesinato ocurrió el 25 de mayo de 1972 en el cuartel de Infantería 10 en Treinta y Tres, cuatro días después de ser detenido. Albañil, de 32 años, con dos hijas, Batalla era militante del Partido Demócrata Cristiano, un frenteamplista que no participaba en ningún aparato militar clandestino; no se sabe por qué, el capitán Héctor Rombis, jefe del servicio de inteligencia del batallón, decidió apresarlo cuando la represión se orientaba al desmantelamiento, en la ciudad y en los montes del Olimar, de una columna del Mln. El cuerpo de Batalla fue entregado a los familiares con orden expresa de no abrir el féretro, y su padre, un subcomisario policial, fue informado de que su hijo había fallecido de un ataque al corazón.

La decidida actitud del edil democratacristiano Francisco Laxalte y del diputado Daniel Sosa Díaz permitió conocer las circunstancias de la muerte. Trasladado a Treinta y Tres, Sosa Díaz gestionó la actuación de dos médicos de Melo, que documentaron las señales de tortura que exhibía el cuerpo de Batalla. Formuló una denuncia en el juzgado departamental y un médico forense policial comprobó que el hígado de Batalla había estallado debido a un golpe descomunal, que le había provocado la muerte. El diputado interpeló al ministro de Defensa, general Enrique Magnani. La interpelación desembocó en la renuncia del ministro, que tuvo que admitir las pruebas presentadas por Sosa Díaz.

El caso, emblemático, quedó archivado durante toda la dictadura y cuando fue posible reclamar la acción judicial, después de 1985, el presidente Julio María Sanguinetti decidió otorgarle, ilegalmente, el beneficio de la ley de caducidad.

DESARCHIVADO. El expediente IUE 94-10114/1986 fue reactivado en 2011. Y fueron las revelaciones del coronel Arquímedes Maciel las que permitieron saber qué ocurrió en el cuartel de Treinta y Tres el 25 de mayo de 1972. En su segunda declaración, cuenta Maciel que él estaba en funciones en el Comando de la División de Ejército 4, como oficial de enlace del general Julio César Vadora, misión que lo obligaba a visitar las unidades militares. A fines de mayo de 1972, en Infantería 10 había unos 50 prisioneros del Mln. Allá fue el entonces mayor Maciel, como ojos y oídos de Vadora. A la jueza Blanca Riero Fernández, de Penal 9°, le explicó que los detenidos permanecían encapuchados, de plantón, en la plaza de armas, y que él no vio nunca sesiones de tortura, aunque le constaba que “lo hacían”; reiteró que él no torturó, “porque yo tenía mis reparos sobre los apremios”.

El día que murió Batalla, el mayor Maciel jugaba un partido de pelota vasca. Cuando regresaba a los dormitorios de los oficiales, a eso de las cinco de la tarde, cruzando la plaza de armas vio un tumulto en el casino de tropa. Había unos 12 oficiales –“toda la cúpula, vi al jefe y al segundo jefe entre la multitud”– rodeando el cuerpo de alguien tirado en el piso. Aunque él nunca había visto a la víctima, y se enteró después de su apellido, se cuidó de decirle a la jueza que “ya estaba muerto, remuerto”. Aunque todo estaba conmocionado, el mayor subió a su habitación, se duchó y luego se dirigió al despacho del comando, donde el coronel Molina y el mayor Cruz discutían “qué vamos a hacer”. Para entonces ya comenzaba a circular la primera mentira: en los interrogatorios, Batalla admitió la existencia de un plan para matar al capitán Rombis, que integraba el equipo de interrogadores. Maciel informó al general Vadora, quien se desplazó inmediatamente de Minas a Treinta y Tres. Vadora, según Maciel, dijo que “el asunto era un disparate mayúsculo, que no había con qué taparlo, pero había que afrontar las circunstancias. Se tomó la línea de que Batalla no iba a ser un desaparecido”.

Las “circunstancias” se afrontaron una semana después en una asamblea de todos los oficiales del batallón, que presidió el jefe del regimiento de Minas. “Ahí hace uso de la palabra el coronel y le dice al auditorio que él asegura que Batalla murió pues al sacarlo del casino de tropa se dio contra el cordón del árbol que había en la plaza de armas, y así se rompió el hígado”. Nadie osó contradecir al coronel del batallón, incluido Maciel, quien después, en sus declaraciones al juez militar, suscribió la versión oficial (el declarante no identificó en su declaración a ese superior).

El coronel retirado Maciel adhiere al subterfugio de “¿Yo, señor? No, señor” para colocarse con la mejor luz en el escenario. Reitera varias veces, en su declaración, que él no torturó ni interrogó, aunque según el testimonio de uno de los prisioneros encapuchados, de plantón en el cuartel, Ricardo Dante Mello Ramos, el mayor Maciel y el capitán Farías lo interrogaron para saber si Batalla integraba el Mln. “Me hablaban con naturalidad, fundamentándome la guerra sucia y los escuadrones de la muerte, y que a Batalla ya lo iban a hacer cantar.”

En su declaración Maciel no se incriminó pero no tuvo reparos en identificar a sus colegas. Ante preguntas de la jueza, el coronel aportó los nombres que recordaba de los oficiales del Batallón –“uno era el teniente coronel Galarza, otro era Sosa, otro era Sánchez, otro era Maynard, otro Busconi, Farías, Carlos Rodríguez,  Milton García,  Moreno, Forselledo,  Andino, Laureiro, y no recuerdo más”– y específicamente mencionó a los dos oficiales y los dos policías que viajaron desde Montevideo, miembros del Servicio de Información de Defensa (Sid), encargados de los interrogatorios –“tenían la costumbre de interrogar de noche”–, junto con el jefe del S2 de la unidad, el capitán Rombis. “Eran todo lo opuesto a mí. Uno de los que yo conocía era Washington Perdomo y el otro era Pedro Mato; los policías se manejaban con apodos, Manga y Murmullo.” Cuando la jueza le pregunta si Perdomo y Mato interrogaban, contestó: “Sí, era su función. Yo no supe, ni quise saber, quiénes lo mataron (a Batalla), porque no presencié los interrogatorios. Pero en el momento final todos metieron la mano. Me refiero a quienes estaban, por así decirlo, autorizados a interrogarlo”.

Nunca hasta ahora se tenía un testimonio tan explícito de un oficial. Habrá que averiguar las razones de su actitud.

Los implicados

Arquímedes Maciel declaró que, después de la Región 4, asumió como segundo jefe del Batallón Florida. “Cuando se dio el golpe renuncié pues no estaba de acuerdo, como no estaba de acuerdo con los apremios físicos.” Tuvo mala suerte: así como en Treinta y Tres se vio involucrado en la muerte por tortura de Batalla, en el Florida, siendo segundo jefe, murieron como consecuencia de las torturas, en agosto de 1973, Walter Arteche y Gerardo Alter. Sus discrepancias con los métodos no impidieron que fuera destinado, en 1974, como director de la cárcel de Libertad para implementar el sistema de destrucción psicológica de los detenidos políticos, y más adelante, en 1979, fue designado como jefe del Batallón de Infantería 4 de Colonia.

Washington Perdomo exhibe méritos similares. En 1972 interrogaba a Luis Batalla en Treinta y Tres; en 1974 interrogaba a Aldo Perrini en Colonia. Ambos murieron por tortura. En 1975 aparece en Viña del Mar como uno de los representantes de la inteligencia uruguaya que participaron en la creación del Cóndor, el esquema trasnacional del terrorismo de Estado.

Ese esquema de represión trasnacional permite ubicar a Pedro Mato, “el Burro,” en Argentina en 1976. En una crisis depresiva, Mato le confió a su pareja, y a una enfermera amiga de ésta, que él había asesinado a Zelmar Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz. La investigación parlamentaria fracasó gracias a una maniobra de filtraciones a la prensa de los testimonios secretos, lo que habilitó la suspensión de las actuaciones. Desde entonces Mato no se privó de los placeres en los balnearios del este hasta que, citado a declarar por el asesinato de Batalla, prefirió defender su inocencia fugándose a Brasil. Interpol ha sido incapaz de ubicarlo

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Narcopolítica: “Ya no se puede diferenciar quién trabaja para quién”

La periodista mexicana Marcela Turati lleva varios años reportando los efectos de la narcoviolencia en México, esa guerra interna que en la última década ya lleva 100 mil muertos y más de 27 mil desaparecidos. Desde uno de los cortes de carretera en el estado de Guerrero este miércoles, habló con Brecha.

Foto: AFP, Yuri Cortez

Turati piensa que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala significa un “punto de quiebre”, porque ha dejado en evidencia como nunca antes “el rostro más descarnado de la narcopolítica”. Pero lo más importante, dice, es que se le hizo una grieta a la impunidad y ahora el gobierno tendrá que enfrentar, bajo la lupa internacional, las denuncias de otras desapariciones “la efervescencia de otros papás, que ahora rompieron el silencio y salen a denunciar que a sus hijos nunca nadie los buscó”.

—El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala ha despertado la indignación en un México acostumbrado a la violencia extrema. Hubo manifestaciones en 29 ciudades, marchas de decenas de miles de personas, protestas internacionales… ¿Qué tiene este caso de diferente al resto de las matanzas y desapariciones que se han denunciado en estos años?

—Llevamos desde el año 2006 viendo cómo se deteriora el país y cómo se vuelve más violento. Ya era violento en algunas zonas, pero se generaliza la violencia a partir de la declaratoria de “guerra contra las drogas” del ex presidente Felipe Calderón, que ha tenido un costo humano muy alto. Se calculan 100 mil personas asesinadas y más de 27 mil desa­parecidas. Ya habíamos visto hechos que nos habían impactado. En 2010 la masacre de unos estudiantes en Ciudad Juárez a manos de unos sicarios que los confundieron, luego la de los 72 migrantes de Tamaulipas; en 2011 en la misma zona se encontraron fosas con casi 200 cadáveres. El hallazgo de fosas comunes ha sido constante y es algo que incluso perdió notoriedad en la prensa, porque se normalizó. Pero en este caso sentimos que ha habido un punto de quiebre. Por muchas razones. El gobierno siempre dice: “Son narcotraficantes, se matan entre ellos”. Pero estos son estudiantes, son 43, es muy alto el número de víctimas. Hubo además otros tres asesinados. Iguala es de los lugares más pobres del país. Estudiaban en escuela normal rural de Guerrero. Estas escuelas defienden la educación pública contra las privatizaciones, son de ascendencia más socialista y sus alumnos son siempre los que están en las manifestaciones oponiéndose a las políticas privatizadoras. Fue a la vista de todos: los policías municipales los detienen, los torturan y se los entregan a los narcotraficantes. Había periodistas presentes. Fueron cuatro horas de balacera donde murieron seis personas, tres de ellos estudiantes. Al otro día apareció otro estudiante del grupo desollado y tirado en la calle. Estamos viendo el rostro más descarnado de la narcopolítica, vemos por primera vez en directo lo que ya sabíamos: hay muchas autoridades que trabajan al lado del narcotráfico o para el narco, o son lo mismo. Ya no se puede diferenciar quién trabaja para quién y quién infiltró a quién. En este caso la orden la dio un presidente municipal, del partido de izquierda. Y lo vimos casi en vivo.

Agrava lo que veníamos viviendo en el país, una fuerte crisis de los derechos humanos, sobre todo con las desapariciones de personas. Se ha intentado mostrar al mundo un México moderno y ocultar bajo el tapete a las víctimas. Con este caso, que es una desaparición forzada (porque actuaron funcionarios públicos y es masiva), se destapó el tema de las desapariciones. Ya lo sabíamos, pero ahora lo vimos casi en vivo.

—En esa lógica de la narcopolítica ¿qué interés puede tener el narco en asesinar o hacer desaparecer estudiantes que se manifiestan en una protesta? El trasfondo parece netamente político, ¿cómo se articulan?

—Muchas veces los narcotraficantes se alquilan, están al servicio del gobierno, de civiles o de empresas. Se alquilan para lo que se los necesite. Muchas veces están en la nómina de la policía, o por lo menos pueden usar sus uniformes y tienen permitido todo.

—¿Se podría decir que es el brazo criminal de la política?

—Sí, por un lado, y por otro intervienen de distinta manera en las campañas políticas. Llega un grupo de narcotraficantes y pone su candidato, porque los partidos están tan corrompidos que ofrecen las candidaturas a quien pueda pagarles la campaña. Otras veces pagan la campaña y piden a cambio el manejo de las policías municipales. O nomás llegan a algún municipio y les dicen que los van a dejar trabajar si les dejan controlar a la policía. En este caso quedaron claras muchas cosas. El presidente municipal tenía vínculos con esta pareja vinculada al narcotráfico, la señora tiene tres hermanos narcotraficantes. Dos de ellos fueron asesinados y uno de ellos era el jefe del cártel de Guerreros Unidos. Ella tenía contactos estrechísimos con ese cártel.

—Y esa práctica sucede también en otros estados…

—En algunas partes a los policías no les dicen policías, les dicen “polizetas”: porque están al servicio del cártel de Los Zetas. Estamos tratando de entender quién corrompe a quién. Ya no nos cabe que los pobres políticos sean víctimas de estos grupos. Más bien está pareciendo que los políticos son los que mandan y protegen. Vemos indicios cada vez más frecuentes de eso.

—¿Qué papel jugó el gobernador (renunciante) de Guerrero, Aguirre Rivero, del Prd, un partido de izquierda llamado a ser la alternativa al Pri?

—Era amigo y cómplice de esta pareja. Los dejó escapar y tenían negocios entre ellos.

—Los padres de las víctimas no creen en las versiones oficiales, de hecho este miércoles el grupo argentino de forenses que estudiaba los restos hallados en una fosa común descartó que fueran de los estudiantes desaparecidos. Muchos manifestantes aseguran que “fue el Estado” el responsable.

—El gobierno mexicano exhibe su incapacidad de responder. Se están sumando día a día exigencias de organismos internaciones pidiéndole que resuelva este conflicto. Las marchas en las calles no ceden, en todo México. Hay mucho enojo también por cómo se ha manejado este caso. No es nomás que no hicieron nada. Es el manejo político que se le ha dado, hubo declaraciones muy irresponsables, se ven algunas perversiones. Un día declaran que hay una fosa y que podrían ser, un día dicen que la fosa no tenía cuerpos y luego que sí, un día avisan a los medios que los quemaron… y los papás están pasando por emociones muy fuertes.

—¿Y qué está pasando hoy en Guerrero? ¿Estás ahí en este momento?

—Sí, estoy aquí en Guerrero. Hay unos 20 municipios ocupados por pobladores, apoyados por maestros y policías comunitarios. No hay ayuntamientos funcionando hasta que no aparezcan los jóvenes. Hay tomas de rutas, quemas de oficinas del gobierno y de sedes de partidos políticos. Recién venimos de una toma de casetas (peajes), que dejan pasar a los automovilistas gratis, la Autopista del Sol –la que conecta México con Acapulco– está cortada, hay manifestaciones en el aeropuerto internacional… Está muy movido…, y esto seguirá subiendo de tono. Los enfrentamientos son cada vez más constantes y violentos.

—Quedó en evidencia que existe una fuerte crisis institucional, ¿hasta dónde está en juego el cargo del presidente Peña Nieto?

—Creo que estamos lejos de eso, aunque todo puede pasar. Son 45 días y las manifestaciones no bajan. Todos esperamos que se detenga esta violencia. Se está manifestando gente de todas las clases, gente que no es la que sale siempre a manifestar, ha salido gente distinta que se siente muy indignada o que está descubriendo la violencia, que ya es inocultable. Ya lo sabíamos, pero ahora fue evidente. Llevamos años diciendo: “esto pasa, esto pasa”. Era muy efectiva la campaña de simulación del gobierno, de decir que aquí no pasaba nada. Pero ahora se destapó. Human Rights Watch declaró que México había tenido un retroceso de 30 años, que desde hace 30 años no se tenía una noticia como esta en Latinoamérica. El Pri es experto en simulación, vendiendo una imagen de que en México ya no había violencia, que estaba todo bajo control, que se trataba de casos aislados. Ahora eso cayó.

—Hace 30 años en Latinoamérica se daban este tipo de episodios, pero eran prácticas de las dictaduras, que pasaban por arriba de todas las garantías institucionales, pero el mexicano es un gobierno formalmente democrático.

—Eso es lo que decimos, esto no es una dictadura, pero esto pasa en la democracia mexicana, en el país moderno, y se trató de ocultar. Y un hecho importante que está sucediendo ahora es que luego de la desaparición de los estudiantes, muchos papás, que también tienen hijos desaparecidos, han salido por primera vez a las calles. Ayer mismo, gente que no se había atrevido a decir que era víctima de desaparición, rompió el silencio. Hubo una reunión de 70 familiares que llegaron a una iglesia a denunciar que ellos también son víctimas. En todo el país está la efervescencia de los familiares que salen a denunciar y dicen que a sus hijos nunca nadie los buscó. Y a pesar de que el gobierno ahora dice que tiene toda la fuerza del Estado buscando a los normalistas, es ridículo. Porque si esta es toda la fuerza del Estado ¿entonces qué Estado tenemos? Con toda la presión que hay ahora y con la lupa internacional encima, igual no han podido dar resultados. Es que nunca les importó el tema de las desapariciones de personas, llevamos años denunciándolas, cada vez más masivas y más frecuentes. Eran horrorosas las investigaciones, descubrir cómo las queman, cómo las torturan, cómo las echan en ácido… y cómo políticos, policías y militares están metidos en eso. Ahora se abrió esa grieta y quedó todo en evidencia.

Guerra sucia en Guerrero

“Guerrero es el Estado más afectado por las desapariciones de la guerra sucia de los setenta. Aquí es una zona guerrillera, aquí surgieron varias guerrillas (algunas todavía activas), es una zona movida popularmente, es la zona más pobre del país, con mucha movida social y manifestaciones. En los setenta nunca se investigaron las desapariciones, siempre hubo impunidad. Entonces cada vez que escarban buscando a estos estudiantes, hallan restos de otros años. Hay quien dice que ya no se quiere seguir buscando porque quién sabe todo lo que va a salir. Es un territorio muy golpeado desde los setenta por las desapariciones. No es casual que sea aquí, en esta zona tan dolida, que hayan desaparecido a los 43 estudiantes.”

Ficha

En sus crónicas y en su libro Fuego cruzado, Turati ha narrado la historia de las víctimas del narcotráfico en México. Buscando dar voz a aquellos que no tienen poder y acceso a los medios, ha sido colaboradora de periódicos y revistas de Perú, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador y Estados Unidos. Ha sido premiada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y por la Fundación Nieman, de la Universidad de Harvard; este año recibió el Reconocimiento a la Excelencia Periodística que otorga la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo (Fnpi).

En 2007, junto a otros periodistas mexicanos, Turati creó la organización Periodistas de a Pie, grupo que se encarga de capacitar a profesionales mexicanos de la información en técnicas de seguridad digital y física, así como de darles herramientas de periodismo investigativo para cubrir temas de violencia.

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La partera de la historia

El marqués de Olinda había zarpado rumbo a Corumbá en las primeras horas de la mañana. La orden de López debía llegar rápido. Así comenzaba la guerra que después se llamaría de la Triple Alianza, la guerra que cumple 150 años.

Detalle de la pintura de Cándido López “Asalto de la primera columna brasileña a Curupaytí”

Hace siglo y medio la vía más segura para llegar desde Rio de Janeiro hasta la capital de la provincia de Mato Grosso era larga y acuática: había que bajar por el ­Atlántico hasta el Río de la Plata, después subir por el Paraná hasta el Paraguay y seguir su curso hasta desembarcar en Corumbá. Esa ruta venía haciendo el marqués de Olinda durante la primavera de 1864.

El navío era un vapor de casco de madera, de esos que tenían dos grandes ruedas a los costados. A bordo venía el coronel Federico Carneiro de Campos, nombrado presidente de aquella provincia. Dicen que traía 200 mosquetes, dinero del gobierno y un ingeniero, y que en las primeras horas del 11 de noviembre recaló en el puerto de Asunción donde el barco se detuvo hasta el otro día, se abasteció de carbón y descargó la correspondencia que traía.

Dicen también que una de esas cartas, escrita por un oriental, viajó hasta el campamento de Cerro León, donde Francisco Solano López, dictador de Paraguay, asistía al entrenamiento de 26 mil reclutas (“Muchos de los hombres no tienen más de 14 años de edad, y hablando en general, son extremadamente ignorantes, tanto en instrucción militar como en toda otra clase de instrucción”, escribía al Foreign Office el ministro británico en Buenos Aires Edward Thornton).

El motivo de las líneas que López recibió era anunciarle que finalmente los brasileños habían invadido el territorio oriental. El 12 de octubre habían tomado la villa de Melo y, desde el 26, la flota comandada por el barón de Tamandaré había bloqueado los puertos de Salto y Paysandú. Paraguay consideraría “cualquier ocupación del territorio oriental por fuerzas imperiales (…) como un atentado contra el equilibrio de los estados del Plata”, había advertido dos meses antes el canciller paraguayo, José Bergés, al embajador brasileño.

Hacía más tiempo todavía que los orientales intentaban convencer a los paraguayos de que ese riesgo existía y que sería conveniente sellar una alianza entre los dos países para frenar las ambiciones del imperio (y también de Argentina).

Montevideo tenía por qué temer. Los brasileños residentes en Uruguay eran muchos pero además poseían casi la tercera parte de las tierras del país. Los tratados de 1851, con los que terminó la Guerra Grande, les permitían llevarse el ganado a los saladeros de Río Grande del Sur sin pagar impuestos. Además traían esclavos a trabajar en sus estancias, lo que no sólo era aberrante e ilegal sino una forma desleal de competir con los hacendados uruguayos que no conseguían quien les trabajase por sueldos menores a diez pesos (cifra que equivalía al valor de un novillo).

Para eludir la disposición de 1851, el presidente Bernardo Berro había resuelto cobrar impuestos al traslado de ganado entre departamentos, con lo que sólo los que poseían sus estancias en la frontera disfrutarían de la exoneración dispuesta en los tratados. Para combatir la esclavitud ordenó a los jefes políticos de los departamentos (algo así como los intendentes) que para admitir el trabajo de “colonos de color introducidos del Brasil” exigieran que éstos se presentasen personalmente, exhibieran su carta de libertad, y les hicieran saber “que en la República no hay esclavos y que ellos como los demás habitantes son completamente libres sin otra obligación para con su patrón que las que se imponen por el contrato”, pacto que además no podría exceder los seis años.

El peligro se agravó cuando el 19 de abril de 1863 el caudillo colorado Venancio Flores, mentando muertos ajenos (los conservadores fusilados en Quinteros) e invocando al crucificado (pues Berro había estatizado los cementerios que hasta entonces estaban en manos de la Iglesia), inició su  “cruzada libertadora”. Flores tenía muchos amigos entre los hacendados del sur de Brasil y disfrutaba también “de la cálida simpatía del partido gobernante argentino” (para usar los términos de Thornton) porque había peleado de su lado contra los federales.

Pero terminó el gobierno de Berro sin que el dictador paraguayo se decidiese a nada. Atanasio Aguirre, blanco de la fracción Amapola (que había bloqueado los intentos de Berro por entenderse con Flores), fue el sucesor, y a pesar de haber sido informado por Thornton de que Brasil y Argentina venían planeando una intervención conjunta en Uruguay, no pudo o no quiso llegar a la paz con Flores, ni derrotarlo tampoco.

Argentina y Brasil tenían pendientes varias discusiones fronterizas con Asunción. Buenos Aires siempre había visto en ese país un probable aliado de los federales, y Rio necesitaba asegurarse la libre navegación del Paraguay para acceder a su provincia de Mato Grosso. A los dos les convenía también tener un gobierno encabezado por Flores en la orilla norte del Plata.

Y en Cerro León, el 12 de noviembre de 1864, López parecía sentirse  preparado para liberar la poderosa máquina militar en que había invertido tantos recursos (incluidos los necesarios para traerse unos 200 técnicos ingleses). Parece que el paraguayo admiraba a Napoleón III y –enterado de la invasión brasileña– decidió cumplir su palabra y seguir su destino.

El marqués de Olinda había zarpado rumbo a Corumbá en las primeras horas de la mañana. La orden de López debía llegar rápido. Asunción dista 57 quilómetros de Cerro León, pero el tren llegaba casi hasta el campamento. Había anochecido cuando el Tacuary, buque insignia de la armada guaraní, alcanzó al marqués de Olinda, intimándolo a rendirse.

Fue la primera acción de la guerra que después se llamaría de la Triple Alianza, la más cruel que haya sucedido en este continente, la nodriza de los ejércitos que destrozarían a Paraguay pero también darían la victoria a Buenos Aires sobre Argentina, a Rio sobre Brasil y a Montevideo sobre esta banda, garantizando las fronteras de unos estados donde –muy pronto– se compondrían leyendas patrias invocando orígenes más remotos.

Ayotzinapa y la nueva insurgencia cívica

Por Luis Hernández Navarro

14 noviembre, 2014   

El fuego devora un vehículo frente al palacio de gobierno de Chil­pancingo. En el chasis de otro derribado, sobre uno de sus costados, manos rabiosas pintaron: Justicia. Guerrero está en llamas. La lumbre que devora edificios públicos y automotores expresa la rabia y la indignación crecientes de cada vez más jóvenes en la entidad.

Es el termómetro de una insurgencia cívica y popular de largo aliento que sacude todo su territorio, y se extiende a más municipios y sectores. Es la evidencia de una ira que cada día que transcurre se radicaliza más y más.

En un primer momento las protestas se centraron a las autoridades locales y el Partido de la Revolución Democrática. Edificios municipales y las oficinas del sol azteca fueron incendiadas. Las flamas de la cólera se extendieron después contra el gobernador con licencia Ángel Aguirre. Hoy han alcanzado al presidente Enrique Peña Nieto. La exigencia de su renuncia es un clamor a lo largo y lo ancho de la entidad y del país.

Alrededor de 22 de los 81 municipios del estado están tomados. La cuenta crece cada día. Los plantones surgen como hongos en las plazas públicas. La revuelta no sólo obstaculiza el buen funcionamiento de los cabildos. La multitud analiza echar a andar gobiernos paralelos.

Como resultado del alzamiento cívico, la economía local funciona a trompicones. Los hoteles se han vaciado. Los interminables bloqueos carreteros estrangulan el transporte de carga y de pasajeros. El cerco a los grandes centros comerciales frena las transacciones comerciales.

Esta nueva insurgencia cívica y popular recuerda la vivida en la entidad entre 1957 y 1962, en contra del despótico gobernador Raúl Caballero Aburto y en favor de la democratización, a la que el gobierno federal respondió con dos masacres (Chilpancingo, en 1960, e Iguala, en 1962), y que culminó, años después, con la formación de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), conducida por el profesor Genaro Vázquez Rojas.

La revuelta actual tiene en normalistas, maestros, policías comunitarias y organizaciones campesinas su columna vertebral. Su larga tradición de lucha y su experiencia organizativa son el sustrato que sostiene la movilización. Sin embargo, el levantamiento va mucho más allá de ellas. En algunas regiones participan hasta empresarios.mex protesta en el zocalo.

En Guerrero existen desde hace 45 años organizaciones insurgentes. Según un recuento periodístico, desde 1994 se han manifestado públicamente 23 de ellas. Hay evidencias serias de la presencia y actuación de, al menos, cinco. Tienen implantación social en varias regiones, capacidad de fuego y experiencia en la acción. Varias han acordado formas de entendimiento y coordinación.

La expansión de la insurgencia cívico popular guerrerense ha sido acompañada y cobijada por un amplísimo y creciente movimiento nacional de solidaridad. El mundo universitario está en ebullición. Al menos 82 escuelas y centros de educación superior pararon exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas rurales desaparecidos. En las redes sociales son apabullantes las muestras de descontento contra Enrique Peña Nieto.

La estrategia gubernamental para enfrentar la crisis ha sido desastrosa. Error tras error, cada paso que las autoridades dan las acercan irremediablemente al borde del abismo. Incapaces de comprender la naturaleza de la insurgencia cívica que tienen frente a sí, han respondido echando mano de politiquería barata y maniobras burdas. Su apuesta de ganar tiempo y esperar un milagro tiene saldos cada vez más negativos.

Así aconteció con su último ardid. La versión de que los alumnos de Ayotzinapa habrían sido ejecutados, calcinados en un basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas al río, de acuerdo con testimonios de presuntos integrantes del cártel Guerreros unidos, difundida por la Procuraduría General de la República (PGR), ha propiciado que los ánimos se exacerben aún más. Lejos de ofrecer una explicación convincente de los hechos, la conferencia de Jesús Murillo Karam causó más dudas y malestar. La arrogancia de su respuesta a las preguntas de los reporteros generó más indignación.

El gobierno federal pretende establecer un relato oficial de la masacre y una verdad jurídica para evadir su negligencia y responsabilidad en los hechos y librar posibles demandas internacionales en su contra. Busca ocultar que se trató de un crimen de Estado y de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, su explicación está llena de omisiones, inconsistencias y contradicciones. No es creíble.

De frente, Felipe de la Cruz Sandoval, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, dijo al presidente Peña Nieto en el encuentro sostenido en Los Pinos el pasado 29 de octubre: Creo yo que si usted no tiene la capacidad para darnos la respuesta, ya también debe de estar pensando lo mismo que el gobernador de Guerrero.

No es el único que lo piensa. Una y otra vez, en las distintas movilizaciones que se producen en el país, la multitud corea dos consignas que sintetizan no sólo un estado de ánimo pasajero, sino las convicciones profundas de quienes las vocean. Al gritar ¡Fue el Estado!, señalan a quien consideran responsable de la barbarie. Al exigir ¡Fuera Peña! expresan lo que ven como vía de salida del conflicto. La insurgencia cívica y popular ha entrado a una nueva etapa.

Luis Hernández Navarro, escritor y periodista mexicano, coordinador de la sección de Opinión del diario La Jornada. A mediados de los 70 fue organizador de sindicatos independientes. Fue fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y asesor de organizaciones campesinas y cafetaleras. Participó en los Diálogos de San Andrés y fue secretario técnico de la Comisión de Seguimiento y Verificación para los Acuerdos de Paz en Chiapas.Es autor de los libros: Chiapas: la guerra y la paz (1995), Sentido contrario (2007), Siembra de concreto, cosecha de ira, Cero en conducta. Crónicas de la resistencia magisterial,
No habrá recreo. contra-reforma constitucional y desobediencia magisterial.

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