El primer asesinado del terrorismo de Estado -el Caso Batalla- y las inesperadas declaraciones judiciales de un coronel retirado.
Algo está cambiando: los militares involucrados en delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura siguen teniendo, frente a los magistrados que los interrogan, memoria débil y cinismo robusto. Por eso no es usual encontrar en los expedientes judiciales declaraciones como las que formuló el coronel retirado Arquímedes Maciel en la causa por el asesinato del albañil Luis Batalla: “Si yo hubiera dicho (ante el juez militar) lo que digo acá, hubiera explotado todo; nada que ver con la posibilidad que se me brinda acá de precisar todo”.
Precisamente, las garantías que ofrece el sistema judicial permiten que, aun ante un cúmulo de evidencias, los indagados militares mientan descaradamente y se burlen de la justicia que los ampara. Son las reglas de juego, pero además operaba –y sigue operando– un pacto de silencio que se impone aun cuando su observancia perjudique al indagado.
En las declaraciones del coronel Maciel ese pacto se ha quebrado y habrá que indagar qué cosa está jugando, qué nuevos elementos están operando, en qué medida el poder de unos pocos, desde una cárcel, va perdiendo su influencia con el paso del tiempo.
Luis Batalla fue el primer prisionero muerto bajo torturas por el terrorismo de Estado, antes del golpe de Estado. Su asesinato ocurrió el 25 de mayo de 1972 en el cuartel de Infantería 10 en Treinta y Tres, cuatro días después de ser detenido. Albañil, de 32 años, con dos hijas, Batalla era militante del Partido Demócrata Cristiano, un frenteamplista que no participaba en ningún aparato militar clandestino; no se sabe por qué, el capitán Héctor Rombis, jefe del servicio de inteligencia del batallón, decidió apresarlo cuando la represión se orientaba al desmantelamiento, en la ciudad y en los montes del Olimar, de una columna del Mln. El cuerpo de Batalla fue entregado a los familiares con orden expresa de no abrir el féretro, y su padre, un subcomisario policial, fue informado de que su hijo había fallecido de un ataque al corazón.
Luis Batalla fue el primer prisionero muerto bajo torturas por el terrorismo de Estado, antes del golpe de Estado. Su asesinato ocurrió el 25 de mayo de 1972 en el cuartel de Infantería 10 en Treinta y Tres, cuatro días después de ser detenido. Albañil, de 32 años, con dos hijas, Batalla era militante del Partido Demócrata Cristiano, un frenteamplista que no participaba en ningún aparato militar clandestino; no se sabe por qué, el capitán Héctor Rombis, jefe del servicio de inteligencia del batallón, decidió apresarlo cuando la represión se orientaba al desmantelamiento, en la ciudad y en los montes del Olimar, de una columna del Mln. El cuerpo de Batalla fue entregado a los familiares con orden expresa de no abrir el féretro, y su padre, un subcomisario policial, fue informado de que su hijo había fallecido de un ataque al corazón.
La decidida actitud del edil democratacristiano Francisco Laxalte y del diputado Daniel Sosa Díaz permitió conocer las circunstancias de la muerte. Trasladado a Treinta y Tres, Sosa Díaz gestionó la actuación de dos médicos de Melo, que documentaron las señales de tortura que exhibía el cuerpo de Batalla. Formuló una denuncia en el juzgado departamental y un médico forense policial comprobó que el hígado de Batalla había estallado debido a un golpe descomunal, que le había provocado la muerte. El diputado interpeló al ministro de Defensa, general Enrique Magnani. La interpelación desembocó en la renuncia del ministro, que tuvo que admitir las pruebas presentadas por Sosa Díaz.
El caso, emblemático, quedó archivado durante toda la dictadura y cuando fue posible reclamar la acción judicial, después de 1985, el presidente Julio María Sanguinetti decidió otorgarle, ilegalmente, el beneficio de la ley de caducidad.
DESARCHIVADO. El expediente IUE 94-10114/1986 fue reactivado en 2011. Y fueron las revelaciones del coronel Arquímedes Maciel las que permitieron saber qué ocurrió en el cuartel de Treinta y Tres el 25 de mayo de 1972. En su segunda declaración, cuenta Maciel que él estaba en funciones en el Comando de la División de Ejército 4, como oficial de enlace del general Julio César Vadora, misión que lo obligaba a visitar las unidades militares. A fines de mayo de 1972, en Infantería 10 había unos 50 prisioneros del Mln. Allá fue el entonces mayor Maciel, como ojos y oídos de Vadora. A la jueza Blanca Riero Fernández, de Penal 9°, le explicó que los detenidos permanecían encapuchados, de plantón, en la plaza de armas, y que él no vio nunca sesiones de tortura, aunque le constaba que “lo hacían”; reiteró que él no torturó, “porque yo tenía mis reparos sobre los apremios”.
El día que murió Batalla, el mayor Maciel jugaba un partido de pelota vasca. Cuando regresaba a los dormitorios de los oficiales, a eso de las cinco de la tarde, cruzando la plaza de armas vio un tumulto en el casino de tropa. Había unos 12 oficiales –“toda la cúpula, vi al jefe y al segundo jefe entre la multitud”– rodeando el cuerpo de alguien tirado en el piso. Aunque él nunca había visto a la víctima, y se enteró después de su apellido, se cuidó de decirle a la jueza que “ya estaba muerto, remuerto”. Aunque todo estaba conmocionado, el mayor subió a su habitación, se duchó y luego se dirigió al despacho del comando, donde el coronel Molina y el mayor Cruz discutían “qué vamos a hacer”. Para entonces ya comenzaba a circular la primera mentira: en los interrogatorios, Batalla admitió la existencia de un plan para matar al capitán Rombis, que integraba el equipo de interrogadores. Maciel informó al general Vadora, quien se desplazó inmediatamente de Minas a Treinta y Tres. Vadora, según Maciel, dijo que “el asunto era un disparate mayúsculo, que no había con qué taparlo, pero había que afrontar las circunstancias. Se tomó la línea de que Batalla no iba a ser un desaparecido”.
Las “circunstancias” se afrontaron una semana después en una asamblea de todos los oficiales del batallón, que presidió el jefe del regimiento de Minas. “Ahí hace uso de la palabra el coronel y le dice al auditorio que él asegura que Batalla murió pues al sacarlo del casino de tropa se dio contra el cordón del árbol que había en la plaza de armas, y así se rompió el hígado”. Nadie osó contradecir al coronel del batallón, incluido Maciel, quien después, en sus declaraciones al juez militar, suscribió la versión oficial (el declarante no identificó en su declaración a ese superior).
El coronel retirado Maciel adhiere al subterfugio de “¿Yo, señor? No, señor” para colocarse con la mejor luz en el escenario. Reitera varias veces, en su declaración, que él no torturó ni interrogó, aunque según el testimonio de uno de los prisioneros encapuchados, de plantón en el cuartel, Ricardo Dante Mello Ramos, el mayor Maciel y el capitán Farías lo interrogaron para saber si Batalla integraba el Mln. “Me hablaban con naturalidad, fundamentándome la guerra sucia y los escuadrones de la muerte, y que a Batalla ya lo iban a hacer cantar.”
En su declaración Maciel no se incriminó pero no tuvo reparos en identificar a sus colegas. Ante preguntas de la jueza, el coronel aportó los nombres que recordaba de los oficiales del Batallón –“uno era el teniente coronel Galarza, otro era Sosa, otro era Sánchez, otro era Maynard, otro Busconi, Farías, Carlos Rodríguez, Milton García, Moreno, Forselledo, Andino, Laureiro, y no recuerdo más”– y específicamente mencionó a los dos oficiales y los dos policías que viajaron desde Montevideo, miembros del Servicio de Información de Defensa (Sid), encargados de los interrogatorios –“tenían la costumbre de interrogar de noche”–, junto con el jefe del S2 de la unidad, el capitán Rombis. “Eran todo lo opuesto a mí. Uno de los que yo conocía era Washington Perdomo y el otro era Pedro Mato; los policías se manejaban con apodos, Manga y Murmullo.” Cuando la jueza le pregunta si Perdomo y Mato interrogaban, contestó: “Sí, era su función. Yo no supe, ni quise saber, quiénes lo mataron (a Batalla), porque no presencié los interrogatorios. Pero en el momento final todos metieron la mano. Me refiero a quienes estaban, por así decirlo, autorizados a interrogarlo”.
Nunca hasta ahora se tenía un testimonio tan explícito de un oficial. Habrá que averiguar las razones de su actitud.
Los implicados
Arquímedes Maciel declaró que, después de la Región 4, asumió como segundo jefe del Batallón Florida. “Cuando se dio el golpe renuncié pues no estaba de acuerdo, como no estaba de acuerdo con los apremios físicos.” Tuvo mala suerte: así como en Treinta y Tres se vio involucrado en la muerte por tortura de Batalla, en el Florida, siendo segundo jefe, murieron como consecuencia de las torturas, en agosto de 1973, Walter Arteche y Gerardo Alter. Sus discrepancias con los métodos no impidieron que fuera destinado, en 1974, como director de la cárcel de Libertad para implementar el sistema de destrucción psicológica de los detenidos políticos, y más adelante, en 1979, fue designado como jefe del Batallón de Infantería 4 de Colonia.
Washington Perdomo exhibe méritos similares. En 1972 interrogaba a Luis Batalla en Treinta y Tres; en 1974 interrogaba a Aldo Perrini en Colonia. Ambos murieron por tortura. En 1975 aparece en Viña del Mar como uno de los representantes de la inteligencia uruguaya que participaron en la creación del Cóndor, el esquema trasnacional del terrorismo de Estado.
Ese esquema de represión trasnacional permite ubicar a Pedro Mato, “el Burro,” en Argentina en 1976. En una crisis depresiva, Mato le confió a su pareja, y a una enfermera amiga de ésta, que él había asesinado a Zelmar Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz. La investigación parlamentaria fracasó gracias a una maniobra de filtraciones a la prensa de los testimonios secretos, lo que habilitó la suspensión de las actuaciones. Desde entonces Mato no se privó de los placeres en los balnearios del este hasta que, citado a declarar por el asesinato de Batalla, prefirió defender su inocencia fugándose a Brasil. Interpol ha sido incapaz de ubicarlo
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