El pasado viernes 14 se produjo la detención simultánea de los principales empresarios brasileños del sector de la construcción. La justicia los acusa de sobornar a políticos del gobierno del PT y sus aliados, para obtener la concesión de obras vinculadas a la mayor empresa de Brasil, Petrobras.
Lo ocurrido el 14 de noviembre fue una “operación histórica”, enfatizaron representantes de la Policía Federal de Brasil tras la detención o la orden de búsqueda y captura de altos ejecutivos de las 11 mayores empresas constructoras y de ingeniería del país, en el marco de la operación Lava Jato (expresión que hace alusión a la “limpieza exprés” de autos). Esta operación, que investiga desde marzo un complejo esquema de lavado de dinero, llevó a cabo su séptima fase concretando la detención de 23 ejecutivos así como la de Renato Duque, ex director de Servicios de Petrobras. Unos 300 policías actuaron en los estados de Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, San Pablo y Brasilia para detener a 85 personas, entre ellos los grandes empresarios hasta entonces “intocables”, como remarcó la profesora de historia contemporánea Maria Parecida de Aquino en el programa Revista, de la emisora Cbn (Grupo Globo).
“La mayor garantía de la continuidad de todo tipo de criminalidad, incluyendo la corrupción, es la certeza de la impunidad. Estamos viendo que la justicia llega tanto a personas que ocupan grandes cargos políticos como a elevadísimos empresarios que jamás habrían imaginado ser tocados por la justicia ni correr el riesgo de ser condenados y cumplir condena en una prisión común”, indicó De Aquino.
EL CLUB DE CORRUPTORES.
Parte de las más poderosas empresas de Brasil fueron blanco de esta fase de Lava Jato: Ode-brecht, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, Iesa, Utc Engenharia, Andrade Gutierrez, Oas, Engevix y Galvão Engenharia. Todas ellas, según el Ministerio Público Federal, formaban parte de un “exclusivo club de corruptores” y se repartían los millonarios contratos otorgados por Petrobras. Según publicó Folha de São Paulo, esas compañías tienen contratos que suman 26.600 millones de dólares con Petrobras entre 2003 y 2014.
Esta etapa de la operación Lava Jato se produjo luego de la “delación premiada” por la cual Paulo Roberto Costa, ex director de abastecimiento de la petrolera y preso desde marzo, obtuvo el permiso para cumplir arresto domiciliario. A cambio, Costa dio a conocer los nombres de políticos que habrían recibido generosas propinas de parte de las empresas constructoras beneficiarias también delatadas. Otro hombre clave es Alberto Youssef, un cambista experto en lavado de dinero que ejercía de mediador entre las constructoras y políticos o ejecutivos de Petrobras.
Entre 2004 y 2012, miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y su base aliada gobernante integrada por el Partido del Movimiento por la Democracia de Brasil (Pmdb) y el conservador Partido Progresista (PP), obtenían entre el 1 y el 3 por ciento de los contratos ejecutados por las empresas. Integrantes del opositor Partido Social Demócrata de Brasil (Psdb) y el Partido Socialista habrían recibido también una parte, aunque todos niegan las versiones de Costa. Por lo pronto, tanto fiscales como la policía indican que Renato Duque, ahora detenido, fue el gran articulador del pt en los desvíos de Petrobras. El juez federal Sergio Moro, que se encuentra al frente del caso, expresó que los daños sufridos “suman millones y hasta billones de reales”.
RÉDITO POLÍTICO.
Después de las detenciones del viernes 14, el ministro de Justicia, Eduardo Cardozo, compareció en una rueda de prensa en la que señaló que el gobierno no cambiará su conducta y exigirá que se investigue “duela a quien le duela, sea quien sea”. “Digo esto para repudiar con vehemencia los intentos de construir, a partir de esta investigación, un tercer turno electoral”. Enseguida, preguntado si se refería en particular al senador y ex candidato presidencial por el Psdb, Aécio Neves, el ministro precisó que sus dichos se dirigían a “cualquier persona” que intentara sacar rédito político de este caso.
Neves había declarado el mismo viernes que Petrobras se estaba volviendo una “marca perversa” en función de las “gravísimas” denuncias y la acción del actual gobierno sobre la estatal. Por su parte, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso dijo sentir vergüenza por lo que está ocurriendo. La presidenta Dilma Rousseff, que se encontraba en Australia en la cumbre del G 20, fue informada por el ministro de Justicia, y reiteró su voluntad de que se llegue al fondo con las investigaciones.
Ahora bien, ¿por qué tanto el ministro como la presidenta insisten en que no se interceda en las acciones de la Policía Federal o el Ministerio Público, cuando ambos son independientes del Ejecutivo? Si así lo indica la Constitución, ¿por qué habría el Ejecutivo de interferir? El periodista económico Aloysio Biondi da varias pistas en su libro El Brasil privatizado: un balance del desmonte del Estado, demostrando cómo durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) las irregularidades cometidas en las privatizaciones de la mayoría de las empresas estatales nunca fueron investigadas.
Biondi no estuvo solo, porque Fernando Rodrigues, de Folha de São Paulo, llegó a recoger pruebas suficientes para demostrar la compra de votos por parte de Cardoso para enmendar la Constitución y ser reelecto. Cardoso se cubrió por entonces las espaldas nombrando como procurador general de la República a Geraldo Brindeiro, cuando son los propios procuradores del Ministerio Público quienes eligen a la persona que ocupará ese cargo. Brindeiro pasó a la historia como “engavetador general”, algo así como “encajonador general”, por haber atendido sólo 60 de las más de 600 denuncias de delitos de toda índole hechas en los gobiernos de Cardoso.
CONTROLAR AL GIGANTE.
La presidenta de Petrobras, Graça Foster, anunció el lunes 17 que se creará una dirección de gobernanza para aumentar los controles internos de la petrolera y que se estudian medidas jurídicas para el resarcimiento de recursos desviados, eventuales sobreprecios y daños causados a la imagen de la compañía. Foster manifestó que Petrobras ha contratado a dos estudios de abogados para investigar las denuncias surgidas a partir de la operación Lava Jato, pero habrá que esperar porque aún resta por conocerse detalles de las revelaciones de Costa y Youssef. Petrobras tomará 60 medidas, la mayoría destinadas a la prevención de delitos como los investigados este año por la operación Lava Jato.
Cabe recordar que, hace casi un mes, la presidenta Rousseff negó rotundamente las acusaciones publicadas en la portada de la revista Veja dos días antes del balotaje del 26 de octubre. Bajo el título “Lo sabían todo” Veja denunciaba que tanto Rousseff como el ex presidente Luiz Lula da Silva habrían tenido conocimiento del entramado de corrupción revelado por Youssef y Costa. Pero en su interior, Veja no presentaba pruebas. Para Rousseff, Petrobras fue objeto de una permanente campaña de descrédito que la hubiese conducido a la privatización. “No podemos permitir que se utilicen acciones individuales y concretas, graves eso sí, para intentar destruir a nuestra empresa madre”, expresó la presidenta en Pernambuco poco después de conocerse el desvío de dinero y sobre-facturación en la compra de una refinería en Pasadena, Texas.
LA REFORMA POLÍTICA.
Así llegamos al meollo de la cuestión: la financiación privada de los partidos políticos y sus consecuencias. El sociólogo y politólogo Paulo Baia dijo a Brecha que la financiación privada de los partidos y sus campañas electorales “es una cuestión que está parada en el Tribunal Supremo Federal porque uno de los ministros, Gilmar Mendes, pidió la vista del proceso de inconstitucionalidad”. Y agregó: “Se pide el fin de la financiación por parte de personas jurídicas (empresas), y no de personas físicas. Otra cuestión que está en el Supremo Federal es el financiamiento público de las campañas, lo cual acabaría con las donaciones privadas, también de personas privadas”. Desde su punto de vista, esta última sería una vía para comenzar a evitar las millonarias transacciones ilegales que se han expandido como parásitos entre políticos y empresarios. Y para que eso se concrete es preciso llevar adelante una reforma política que poco o nada gusta a los parlamentarios brasileños.
En ese sentido, Rousseff ha reiterado que necesitará el respaldo de la sociedad civil porque el recién electo Congreso brasileño, el más conservador de los últimos gobiernos, difícilmente votará a favor de un plebiscito que juegue en contra de sus propios intereses. Para la profesora De Aquino, la operación Lava Jato puede contribuir a crear una nueva cultura política, pero –aclara– es más fácil cambiar de gobernantes que cambiar su mentalidad.
