Por Inés Nercesian
Hace 80 años atrás, el primero de diciembre de 1934, Lázaro Cárdenas (1934-1940) iniciaba su gobierno e implementaba dos medidas centrales para la historia política mexicana: la reforma agraria y la creación de PEMEX. En la actualidad, esas medidas revolucionarias del cardenismo fueron atacadas por el gobierno mexicano, volviendo atrás con conquistas sociales que habían conseguido caminos viables para la igualdad social.
El cardenismo fue el punto de llegada de la Revolución de 1910. Cárdenas llegó al gobierno en una campaña sin igual, donde recorrió miles de kilómetros. Era la primera vez que un político se disponía a hablar con los habitantes de cada rincón del país. Y el resultado electoral fue imponente.
Una de las medidas más importantes que realizó fue la reforma agraria. Mientras su antecesor, Plutarco Elías Calles, había decretado el fin de las reformas (que se habían iniciado a partir de la Ley agraria de 1915), Cárdenas no sólo aceleró la distribución de tierras, sino que la hizo por ejidos, es decir, tierras comunales. Para 1940 se habían repartido 18 millones de hectáreas, y los ejidos pasaron a constituir el 47% del total de la tierra cultivada (en 1930 eran sólo el 15%). Creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal que otorgó créditos agrícolas para el desarrollo económico. La reforma tenía dos objetivos, dar impulso a la producción agrícola con la promoción de la integración nacional y el desarrollo económico, y reparar la situación de desigualdad entre los campesinos.
La otra medida clave de su gobierno fue la nacionalización de las compañías de Petróleo, entonces en manos de capitales británicos y estadounidenses, a partir de la creación de la estatal PEMEX en 1938. Fue un día histórico que los mexicanos definieron como la “segunda independencia”. Esto se produjo no sólo por la propia posición nacionalista y los conflictos laborales de las compañías, también influyó la nacionalización del petróleo en Bolivia, que habían realizado los socialistas militares, con la creación de YPFB. En noviembre de 1940 Cárdenas realizó una reforma al artículo 27 de la Constitución revolucionaria de 1917 donde confirmó la potestad del Estado Nacional sobre los recursos energéticos.
A ochenta años del inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas, las dos medidas más importantes, que constituyeron mojones en la historia social y política están siendo derogadas. Ya desde la década de 1990, el gobierno neoliberal de Salinas de Gortari aprobó en 1992, la reforma del artículo 27 de la constitución de 1917 que significó una ruptura con la lógica de la propiedad social. Se clausuraron las vías de acceso a las tierras y se volvió a promover la consolidación de latifundios a partir de la eliminación del carácter de invendibles, inembargables e imprescriptibles a los ejidos, mercantilizando la estructura de tenencia de la tierra. También se liberalizó el mercado de importaciones, afectando severamente la producción agrícola. Esta política contraria a la propiedad social pretende ser profundizada por el actual presidente Enrique Peña Nieto quien, en enero de 2014, prometió avanzar con una reforma agraria para “modernizar” el campo, una medida orientada a romper la lógica de producción ejidataria y comunitaria heredada del cardenismo.
En el año 2013, el gobierno de Peña Nieto impulsó una reforma energética que modificó los artículos 27 y 28 de la constitución de 1917, atentando contra la política de soberanía de los recursos energéticos del cardenismo. En el 2014 se promulgaron las leyes secundarias que reglamentaron esa modificación y abrieron el camino al capital privado, nacional y extranjero, en materia hidrocaruburífera.
Estas políticas de los últimos años implementadas por el actual gobierno mexicano, parecen no estar directamente relacionadas con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sin embargo, forman parte de una visión integral del gobierno, que ha profundizado el modelo neoliberal, con niveles de violencia inconmensurables.
Inés Nercesian es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (Argentina)
