El Poder Ejecutivo apeló un fallo que obliga al Ministerio de Industria y a la Dinamige (Dirección Nacional de Minería y Geología) a levantar la confidencialidad del proyecto minero de Aratirí.
El Movimiento Uruguay Libre de Megaminería, que presentó el recurso, tiene ahora tres días para apelar.
El lunes 10 de noviembre el juez Alejandro Martínez de las Heras dictaminó a favor del reclamo del grupo contrario al proyecto de exploración y extracción de Valentines (Treinta y Tres), haciendo lugar a su pedido de acceso a la información pública.
El movimiento sostiene que es “absurdo y gravísimo” que a pedido de la empresa el gobierno haya declarado confidencial información clave sobre el proyecto, como por ejemplo el porte de las canteras, la altura de los taludes de estériles y el cronograma de cierre de las minas. Uno de sus dirigentes, Víctor Bacchetta, dijo a El Observador que estos datos no se ocultan “en ninguna parte del mundo”, y según el abogado del grupo, Martín Prats, su reclamo se basa en “derechos humanos, ambientales y el deber de transparencia del Estado”.
En junio, el gobierno declaró reservada toda esta información a pedido de Zamin Ferrous, que –según informa El País- sostiene que invirtió alrededor de US$200 millones en investigación y desarrollo y no puede “alegremente” facilitar datos que hacen a su plan de negocios, como por ejemplo el volumen del mineral o la calidad del mismo.
Ayer el Movimiento Uruguay Libre fue notificado de que el gobierno apeló el fallo, y entonces comenzó a correr el plazo para que presente sus descargos. Luego un Tribunal de Apelaciones dispondrá de otros 4 días para dictar una sentencia definitiva, que ratifique la obligación de levantar el secreto sobre el proyecto, o la revoque.
Aratirí negocia desde hace casi un año con el Gobierno un contrato para extraer de Valentines y alrededores unas 18 millones de toneladas de hierro a lo largo de unos 15-20 años. Piensa cavar unas cinco minas y transportar el mineral a través de un mineroducto para sacarlo por un puerto de Rocha
El lunes 10 de noviembre el juez Alejandro Martínez de las Heras dictaminó a favor del reclamo del grupo contrario al proyecto de exploración y extracción de Valentines (Treinta y Tres), haciendo lugar a su pedido de acceso a la información pública.
El movimiento sostiene que es “absurdo y gravísimo” que a pedido de la empresa el gobierno haya declarado confidencial información clave sobre el proyecto, como por ejemplo el porte de las canteras, la altura de los taludes de estériles y el cronograma de cierre de las minas. Uno de sus dirigentes, Víctor Bacchetta, dijo a El Observador que estos datos no se ocultan “en ninguna parte del mundo”, y según el abogado del grupo, Martín Prats, su reclamo se basa en “derechos humanos, ambientales y el deber de transparencia del Estado”.
En junio, el gobierno declaró reservada toda esta información a pedido de Zamin Ferrous, que –según informa El País- sostiene que invirtió alrededor de US$200 millones en investigación y desarrollo y no puede “alegremente” facilitar datos que hacen a su plan de negocios, como por ejemplo el volumen del mineral o la calidad del mismo.
Ayer el Movimiento Uruguay Libre fue notificado de que el gobierno apeló el fallo, y entonces comenzó a correr el plazo para que presente sus descargos. Luego un Tribunal de Apelaciones dispondrá de otros 4 días para dictar una sentencia definitiva, que ratifique la obligación de levantar el secreto sobre el proyecto, o la revoque.
Aratirí negocia desde hace casi un año con el Gobierno un contrato para extraer de Valentines y alrededores unas 18 millones de toneladas de hierro a lo largo de unos 15-20 años. Piensa cavar unas cinco minas y transportar el mineral a través de un mineroducto para sacarlo por un puerto de Rocha
