“Los resultados se acatan, se respetan y se defienden”

Las presidenciales de Uruguay marcan un hito de juego limpio

El candidato derrotado Luis Lacalle Pou felicitó a Tabaré Vázquez y declaró: “Los resultados se acatan, se respetan y se defienden”

• FRANCISCO PEREGIL Montevideo 

El presidente electo de Uruguay, Tabare Vazquez, celebra su victoria. / REUTERS

En Brasil aún arden los escándalos de corrupción que marcaron la campaña de las presidenciales; en Argentina  la oposición lleva más de dos años pidiendo la dimisión del vicepresidente, Amado Boudou, imputado en un caso de corrupción, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, acusa de golpista al juez que investiga las cuentas de un hotel propiedad de la presidenta. En medio de ese contexto, Uruguay acaba de dar con las elecciones presidenciales de este domingo una nueva muestra de madurez republicana.

El candidato izquierdista del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, de 74 años, compareció ante sus seguidores la noche del domingo y dijo: “Festejen, uruguayos, festejen. Festejemos el clima de paz, respeto y sentimiento republicano de esta jornada. Es un modo de ser de nuestra nación y un logro de todos los uruguayos”. Venció  en segunda vuelta con el el 53,6% de los votos frente al 41,1% de su rival. Logró la victoria más amplia en una segunda vuelta desde que se instauró el actual sistema electoral en 1996 y se convirtió en el presidente más votado de los últimos 70 años. Pero más allá de  las cifras, Uruguay profundizó el domingo los valores que caracterizan a esta democracia desde que se instauró en 1986, gobierne quien gobierne: el respeto a las instituciones de la república y a las reglas del juego democrático.

El candidato derrotado, el dirigente del Partido Nacional, de centro derecha, Luis Lacalle Pou, de 41 años, tardó apenas una hora tras el cierre de urnas en felicitar a Vázquez. Y en seguida declaró ante los medios: “Los resultados se acatan, se respetan y defienden. Nosotros no somos partidarios de que las mayorías se equivocan, las mayorías dirigen”.

En la calle, los militantes de partidos rivales compartían bromas y agua durante la campaña

Ese fue el broche de una campaña donde, salvo algunas excepciones, primó el respeto y el juego limpio. Es cierto que Tabaré Vázquez, el claro favorito desde el principio, no se dignó a debatir con sus rivales. Es cierto también que en el último mes, cuando más favorables se presentaban las encuestas, Vázquez no concedió ni una entrevista a medios nacionales o extranjeros. Pero mantuvo siempre el mismo tono educado del que ha hecho gala desde que comenzó su carrera política como alcalde de Montevideo en 1990 y como presidente del país en 2004. Y tras conocer su victoria, convocó formalmente a la oposición. "Desde ya", dijo ante las cámaras, "están convocados todos a un diálogo que queremos que sea sin prejuicios pero con lealtad".

El presidente José Mujica abandonará el 1 de marzo la presidencia y comenzará su nueva vida como senador tras darse a conocer en todo el mundo por su sencillez y austeridad. Pero tan destacable como eso es el hecho de que en diez años son contados los casos de corrupción entre dirigentes del Gobierno. La corrupción no ha sido un tema destacable en la campaña.

Los candidatos presidenciales dieron ejemplo de juego limpio. En la calle, los militantes de partidos rivales compartían bromas y agua durante la campaña. Ahora, Vázquez y el Frente Amplio cuentan con mayoría absoluta. Pero el Frente es en sí mismo un universo donde no se va a ningún lado sin diálogo y negociación. Ese diálogo no es fácil en una formación con 27 partidos de los cuales hay unos siete de mucho peso. Muchas veces, ese juego de tiras y aflojas, de pesos y contrapesos, se vuelven perniciosos y entorpecen la gestión. Ahora llegará el turno de negociar la composición del Gobierno y cada formación querrá situar a uno de los suyos. Pero así funciona el Frente desde hace 43 años y así es como ha logrado repetir por tercera vez consecutiva mayoría absoluta en el Congreso.

Delante del ayuntamiento o municipalidad de Montevideo hay desde 1958 una réplica a tamaño del David de Miguel Ángel Buonarotti. La estatua fue colocada allí como homenaje simbólico al origen italiano de los municipios uruguayos. Pero bien podría servir como homenaje de los uruguayos a sí mismos. Un país diminuto de 3,3 millones de habitantes, encajonado entre los 40 de Argentina y los 200 de Brasil, que se las arregla día a día para que el mundo y la región siga mirando hacia ellos.

Del cuello blanco a la guerra económica

Delitos de los ricos en Venezuela

Por Luis Salas Rodríguez

2 diciembre, 2014   Columnistas de NODAL

En septiembre de 2011, durante un acto de presentación de aspirantes a ingresar a la UNES, el presidente Chávez se puso a reflexionar sobre varios aspectos relacionados a la inseguridad y la delincuencia. Y entre las muchas cosas que dijo, dijo lo siguiente:

“Hoy en día difícilmente hay un niño que no pueda estudiar en nuestro país, que no pueda acceder a la educación pública o superior o no goce de una buena nutrición. Y yo les aseguro que más nunca volveremos a eso, nunca más habrá generaciones partidas que tengan que acudir al vandalismo… Por eso es la delincuencia, es para sobrevivir, es un impacto terrible que se siente en el mundo, por eso insisto en la prevención: la educación y la cultura”.

Al siguiente día, los periódicos y medios de comunicación de todo el país y no pocos internacionales titularon así: Chávez justifica la delincuencia.

No fue la primera ni la última vez que algo parecido ocurrió. Una vez incluso pasó cuando el presidente Chávez comentó una conocida canción de Rubén Blades Pablo Pueblo. Invariablemente, los titulares, análisis de expertos y de políticos oposicionistas dieron cuenta del “peligroso mensaje que el presidente de la República mandaba a la sociedad justificando el delito”. Según ellos, daba carta blanca a los delincuentes haciéndoles ver que robar no solo estaba bien, sino que era justo.

Sin embargo, años antes, luego del allanamiento a una quinta propiedad del empresario Guillermo Zuloaga, la reacción frente a su desde entonces célebre frase: “puede ser que especulemos, pero damos empleos”, fue por lejos muy distinta. Recuérdese a este respecto, que se trataba de un caso donde en la mencionada vivienda se encontró un lote de vehículos acaparados para ser vendidos con sobreprecio en los concesionarios propiedad de Zuloaga, todo lo cual calificaba como delito en la entonces Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios.

Sobre Zuloaga no solo no cayeron los mismos señalamientos que se hicieron contra el presidente Chávez, sino que de hecho, ocurrió exactamente lo contrario: los medios de comunicación privados, su batería de expertos habituales y los políticos oposicionistas, salieron en su defensa. Baste decir que en octubre de 2012, la Cámara de Comercio de Caracas le otorgó el premio Empresario del Año.

Desde luego, una buena explicación para este tratamiento diferencial es la llamada polarización política nacional, esa que hace que cualquier tema, desde un concurso de belleza hasta los precios del petróleo, esté mediado por posiciones maniqueas. Por lo demás, no se trataba de un empresario cualquiera, sino del dueño del canal de noticias más importante y oposicionista del país: Globovisión. finalmente, Zuloaga -como su socio Nelson Mezerhane, responsable de la quiebra fraudulenta del Banco Federal en 2010- saldría del país alegando persecución política y goza en la actualidad del estatus de refugiado político de hecho del gobierno norteamericano.

Pero a mi modo de ver, y este es el quid de este breve texto, una mirada más atenta nos permite captar que razones más profundas se encuentran detrás de semejante tratamiento diferenciado. Y tal vez nos oriente un poco para dar cuenta de dichas razones, la defensa que la entonces Magistrada del TSJ Rosa Mármol de León hizo de su voto salvado a la solicitud de extradición de Zuloaga:

“Basta observar las ofertas en diversos medios de comunicación impresos y por diversas páginas Web, para darse cuenta de los efectos de la inflación en diversos bienes y servicios dentro del mercado económico y financiero, ello constituye parte de las actividades necesarias en la economía nacional, que se encuentra sujeta a reglas, pero que en modo alguno pueden ser sancionadas penalmente si el supuesto no se encuentra perfectamente adecuado a la norma sustantiva penal en todos sus elementos.”

Sutilezas legales aparte, lo particular de la exposición de la exmagistrada es que de manera insólita coloca por encima de las leyes de la República a una “ley” que no solo no goza de ningún estatuto legal – la de oferta y la demanda- sino que al hacerlo da de hecho carta blanca para que en cualquier situación donde el supuesto no se encuentre perfectamente adecuado a la norma, esta pueda romperse sin que amerite sanción. Y sin embargo, la ex magistrada fue precisamente una de las que en su momento acusó al presidente Chávez de ser un promotor del delito al querer –según ella- justificarlo por la pobreza. Así las cosas, al parecer hay casos en los cuales la no adecuación del supuesto a la norma excusa su no acatamiento, pero hay otros en los cuales rotundamente no. La pregunta del millón es entonces: ¿qué hace la diferencia?

Valga agregar que las palabras del presidente Chávez en ningún momento buscaron justificar el delito. Tan solo recurría a la misma explicación que miles de expertos avalan a nivel mundial en el sentido de que la pobreza y la carencia se convierten en caldo de cultivo para la proliferación de ciertas prácticas delictivas, pero nunca llegó a decir que una persona en esa situación no debía ser sancionada. Caso contrario al de Zuloaga, donde tanto él como una magistrada del TSJ y la opinión pública mediatizada, decían abiertamente que el delito no era delito o en todo caso no podía ser sancionado porque, o bien habían buenas razones para cometerlo, o bien no habían buenas razones para no hacerlo.

De delincuentes de cuello blanco y banksters.

En los años treinta norteamericanos, a un sociólogo de la Universidad de Chicago le pareció que en su país, y más específicamente en su ciudad, ocurrían cosas similares. Ese sociólogo se llamó Edwin Sutherland y resultado de las investigaciones que desarrolló en función de dicha preocupación, publicó en 1936 un libro convertido en clásico: Delitos de Cuello Blanco.

No es un dato secundario recordar que la Chicago de Sutherland era la Chicago de Al Capone, Dillinger y John Torrio, la misma que serviría de inspiración a los grandes novelistas negros como Hamment y Raymond Chandler, así como a Bob Kane y Bill Finger, creadores de Batman y su corrupta Ciudad Gótica. O para decirlo como lo decían los diarios de la época: la Chicago de los años treinta era la capital mundial del crimen, una urbe agitada y caótica donde todas las variaciones posibles de éste estaban presentes.

Pero esa caracterización era cierta solo parcialmente. Pues no era Chicago una isla de caos y crimen en medio de un país o mundo honesto y calmo. En cualquier caso, era tan solo un epicentro del caos social, económico y de corrupción en que se veía envuelto el mundo tras el colapso de la bolsa de Nueva York en 1929, caos que la historia registrará como los años de la Gran Depresión.

Para decirlo rápido y mal, el crack de la bolsa de Nueva York en octubre de 1929, como es ampliamente sabido, detonó por las acciones especulativas dentro de los entonces novedosos mercados de futuro por parte de la banca y fondos de riesgo. Entre otras consecuencias, para los Estados Unidos supuso un desempleo por encima del 33% y una caída de la actividad económica del 60%, todo lo cual disparó el crimen y potenció el desarrollo de toda una economía de la ilegalidad. Ahora bien, lo notable de esto último, y como lo recogen múltiples testimonios y estudios de la época, es que esta actividad delictiva no parecía guardar muchas diferencias con las actividades “lícitas” que habían, entre otras cosas, provocado el crack bursátil. En realidad, las únicas diferencias realmente notables eran de dimensiones: los costos sociales y económicos causados, así como las fortunas involucradas, eran mucho mayores en los casos de las actividades lícitas que en las ilícitas.

Otro personaje –además de Sutherland- que se dio inmediatamente cuenta de ello fue el presidente Franklin D. Roosevelt, quien tomaría el cargo en 1932 hasta su muerte en 1945. Roosevelt, de hecho, basaría su campaña sobre tres tópicos: resolver los desmanes sociales de la crisis, particularmente el desempleo, y dar una lucha para sancionar a los responsables de la misma así como evitar su repetición. Rápidamente entendió que lo primero –harto difícil- resultaba sin embargo mucho más sencillo que lo segundo y lo tercero. Según cuenta la historiadora Doris K. Goodwin, Roosevelt, en la primavera de 1933, encabezando una de primeras “charlas junto al fuego” que desde entonces son una tradición de los inquilinos de la Casa Blanca, blandió la siguiente frase, en referencia a los banksters que le hacía la guerra: “Consideran al Gobierno un mero apéndice de sus propios negocios. Ahora sabemos que el Gobierno del dinero organizado es tan peligroso como el Gobierno del crimen organizado. Son unánimes en su odio hacia mí y les agradezco su rencor”

Fue Ferdinand Pecora quien acuñó el término banksters. Pecora, fue el fiscal encargado de llevar a juicio y determinar las responsabilidades de los banqueros causantes de la quiebra de la bolsa. A medida que avanzaba en dichas investigaciones, a Pecora -oriundo de Manhattan y quien de hecho venía de trabajar en Wall Street- no se le hizo muy difícil la comparación entre el comportamiento de los gánster de la mafia y el de los barones de la banca, animados ambos por la misma ambición de dinero, los mismos métodos despiadados para alcanzarlo y la misma indolencia ante los efectos que sobre la vida de millones de personas tenían sus actos. Las diferencias eran de estilo, pero sobre todo que, mientras a efectos de la opinión pública los primeros eran claramente criminales, los segundos, en cambio, gozaban de respetabilidad y eran inclusive considerados lo “mejor” de la sociedad, los forjadores de la misma. Pecora lo entendió rápidamente: levantar este velo ideológico era el prerrequisito necesario para hacer justicia y recobrar la confianza de la gente. Había que mostrar a sujetos como J. P. Morgan tal y como realmente eran: no los emprendedores que los medios comprados por ellos y sus oficinas de RRPP se encargaban de hacer ver, si no la versión financiera de Al Capone, banqueros-gansters: banksters.

La magnitud de lo expuesto por la investigación Pecora despertó tal indignación pública que el término banksters se hizo de uso corriente. Su investigación sobre los abusos financieros detrás de la crisis de 1929 condujo a la aprobación de la Ley de Valores, la Ley del Mercado de Valores y la Ley Glass-Steagall las cuales regulaban la actividad financiera y procuraban proteger al público y al país de las prácticas especulativas de los banqueros y de más poderosos del mundo del comercio. De todas, la última fue sin duda la más importante, en la medida en que contempló la total separación entre la banca de depósito y la banca de inversión, así como sancionaba el monopolio e impedía la participación de los banqueros en los consejos de administración de las empresas industriales, comerciales y de servicios, a fin de que no pudieran especular con el dinero que la gente había depositado en los bancos. Esta ley estuvo vigente hasta noviembre de 1999 cuando fue derogada, permitiendo de nuevo la fusión de la banca de depósito y la de inversiones, la conformación de grandes monopolios y la entrada directa de los banqueros en los directorios de empresas de la llamada “economía real”. Menos de diez años después, en septiembre de 2008, un nuevo crack de la bolsa de Nueva York traería la otra Gran Depresión dentro de la cual nos encontramos.

Levantar ese velo ideológico fue también el plan de Edwin Sutherland. Y para ello sabía que lo primero que había que hacer era una revolución teórica. Parafraseando a su contemporáneo Keynes, quien hizo lo propio para la economía en la misma década, Sutherland sabía que cualquier enfoque nuevo debía ajustar cuentas con los viejos, que eran los dominantes tanto dentro de la academia como en el sentido común mediatizado.

En aquella época, el paradigma dominante en las ciencias sociales era el biologisismo de Lombroso y la Nuova Scuola del positivismo criminológico, así como los enfoques psiquiátricos y frenológicos. Según estos, la delincuencia tenía fundamentalmente una raíz de tipo biológico, bien dada por una degeneración de la especie o por la existencia de un estado atávico en determinados individuos que los hacían susceptibles a determinadas conductas criminales. La institucionalización de los perfiles delictivos, así como la asimilación de pobreza y delincuencia fueron los resultados lógicos de este enfoque. Así, se procedió a la generalización de la vieja etiqueta “clases peligrosas” para dar cuenta de aquellos sujetos y grupos cuya composición social, racial y biológica los hacía potencialmente proclives a delinquir, motivo por el cual los organismos de seguridad, los expertos y la ciudadanía en general debían prestarles mayor atención.

Pero este etiquetamiento fue tan solo el complemento de otro etiquetamiento que, de signo totalmente contrario, era dominante en la academia norteamericana, en las instancias de control social y en la opinión pública: el de las clase privilegiadas como resultado más logrado de la evolución de la especie. La selección natural de los opulentos, como irónicamente la llamó Galbraith, se había convertido en el paradigma dominante desde los tiempos en que las ideas del inventor del darwinismo social –el inglés Herbert Spencer- había cruzado el Atlántico. William Graham Sumner fue el principal propagandista en los Estados Unidos de tales ideas, personaje a quien se le deben reflexiones como la siguiente:

“Los millonarios son un producto de la selección natural… Es a causa de esa selección que la riqueza, tanto la propia como la que se les confía, aumenta entre sus manos. Justamente pueden ser considerados como los agentes de la sociedad naturalmente seleccionados para cumplir cierto trabajo. Reciben salarios altos y viven en el lujo, pero este negocio es benéfico para la sociedad”

Es por este motivo que, contrario a lo que suele afirmarse, hay que aclarar que Sutherland no introdujo el análisis de clases en los estudios sobre la criminalidad. Su genio fue demostrar que dicho enfoque era de hecho el imperante dentro de la criminología, sólo que asumido desde el punto de vista de una de ellas: la clase dominante burguesa. En tal sentido, lo que hace en realidad es darle la vuelta al asunto y plantear que lo delictual no era un atributo intrínseco a determinada condición social -en este caso, a la baja extracción- sino que una conducta socialmente transversal. De tal suerte, todas las clases sociales podían delinquir y de hecho lo hacían, sólo que los modos y tipos de delito divergen de unas a otras. El problema es que esta divergencia no es percibida por la criminología, dándose el caso que su concentración de los estudiosos (y por tanto de las autoridades) en los delitos de las clases socioeconómicas bajas no sólo tiene como grave la estigmatización de éstas últimas, sino que dejan impune a los que cometen las clases altas.

No podemos por razones de tiempo dar cuenta en detalle del aporte de Sutherland (para lo cual los remitimos nuestro trabajo publicado por la UNES), sin embargo, hay un punto que nos gustaría resaltar para ya ir cerrando y es lo concerniente a los rituales de la impunidad derivados del tratamiento diferenciado de los delitos de cuello blanco.

Nos dice Sutherland, que los delitos de cuello blanco suelen reunir 3 características: en primer lugar, son de proceder experto y sus efectos difusos, es decir, contrario a un atraco o asesinato, sus comisión solo puede ser apreciada por ojos expertos pero adicionalmente sus efectos no son apreciados de inmediato y muchas veces ni siquiera se notan. En segundo lugar, los medios de comunicación no expresan repudio inmediato en parte porque por su propia complejidad les resta sensacionalismo, pero sobre todo, por la solidaridad de clase que los dueños de esos mismos medios mantienen por los que los cometen. Y tercero, que las reglas o leyes llamados a controlarlos por lo general van detrás de los delitos pues burlarlas es parte de su especialidad. De estas tres condiciones, Sutherland otorga a las dos primeras la mayor importancia, de allí su aguda sentencia que resume lo fundamental de aporte: la opinión pública contraria con respecto a los delitos comunes, no estaría tan bien organizada si la mayor parte de la información sobre tales delitos nos llegase directamente de quienes los cometen.

Con esto volvemos a nuestra pregunta inicial. Y es que tal y como hemos visto, lo principal en la comisión de delitos de cuello blanco es que quienes los llevan a cabo –contrario a los delincuentes comunes- gozan de una especie de inocencia a priori, lo que es desde luego es algo muy distinto a la presunción de inocencia procesal. Así las cosas, no es tan solo antichavismo indolente lo causa del manejo maniqueo del tema de la delincuencia por parte del oposicionismo venezolano, sus medios y sus expertos cuando de delincuentes de cuello blanco se trata. Fuera de ese factor, desde luego muy influyente, los delitos de cuello blanco cuesta exponerlos como delitos inclusive cuando legalmente está establecido que lo son aquí y en cualquier otro lugar del mundo. En este sentido, si la tristemente célebre proclama de Zuloaga y el razonamiento de la magistrada Mármol de León, se convirtieron en la de de los sectores económicos del país, los medios de comunicación privados y sus expertos, para explicar, justificar e inclusive alentar a la comisión de toda la serie de delitos que están en juego en la actual guerra económica, es porque existe un caldo de cultivo cultural, ideológico, “teórico” y hasta procedimental, una suerte de sentido común o inconsciente colectivo que lo permite. Sentido común o inconsciente colectivo a partir del cual, por ejemplo, el contrabando o el acaparamiento no son delitos, sino actitudes defensivas de los comerciantes ante la “incertidumbre del país” o válidos mecanismos de respuesta ante los “desequilibrios económicos”, sea lo que sea lo que esto último signifique. Incluso cuando se trata de casos tan graves como el contrabando y el acaparamiento de medicamentos el razonamiento implícito y explícito es el mismo. Con la especulación cambiaria pasa otro tanto. El mercado ilegal que se utiliza para inflar artificialmente la moneda nacional y de allí los precios de bienes y productos incluyendo aquellos no importados, no es tal sino paralelo o hasta “fantasma”. Se trata de una gran operación de blanqueo comunicacional que busca legitimar y naturalizar el delito de los ricos, creando condiciones sociales de aceptabilidad.

Desactivar este blanqueamiento ideológico comunicacional de la delincuencia de cuello es tan importante como acabar con la comisión misma de los delitos que se cometen bajo esta modalidad. Y esto no es solo importante hoy día en nuestro país, donde los padecemos bajo la forma de la guerra económica, sino en la región y el mundo todo cuando atravesamos una era de caos económico y expoliación especulativa similar a la de los tiempos de Sutherland y Pecora, entre otras cosas, porque los banksters de hoy son los descendientes de aquellos de lo años 30. Lo mismo que pasa con los fondos buitres, así como con los principales especuladores y contrabandistas de nuestro país, que son los descendientes de los traficantes de concesiones petroleras y mercachifles que se hicieron la clase dominante bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez. En fin, se trata ciertamente de recuperar el enfoque de clase en materia de delitos, pero no porque dicho enfoque no exista, sino porque el que existe esta diseñado para ocultar esta realidad.

*Venezolano, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela. Mgs. en Sociología del Desarrollo UARCIS (Chile). Profesor de Estructura
Socioeconómica de Venezuela y Director del Centro de Estudio de Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). Investigador Clacso-UAR

ALGO UTIL Y NECESARIO...

Bancada del Frente Amplio define esta semana texto final de la ley de medios

2 diciembre, 2014   Uruguay

El 16 de diciembre, la Cámara de Senadores tratará el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Los grandes lineamientos están definidos, pero aún quedan detalles por ajustar entre el Poder Ejecutivo y la bancada del Frente Amplio (FA).

Si bien el texto aprobado en Diputados sufrió modificaciones en la comisión de Industria de la cámara alta, el Poder Ejecutivo propuso nuevas variantes. El cambio más trascendente es el referido a los artículos que regulan la asignación de publicidad electoral gratuita. En lugar de distribuirla proporcionalmente a la votación que recibieron los partidos en la última elección nacional, se forma una base de 20% del total de los minutos gratuitos, que se repartirá equitativamente entre todos los partidos, y el restante 80% se reparte proporcionalmente a esos resultados.

El senador socialista Daniel Martínez, presidente de la comisión de Industria del Senado, explicó que también se pretende cambiar el artículo que obliga a los operadores de cable a incluir las señales de televisión abierta en sus programaciones. La modificación consiste en agregar a esas señales otros tres canales ya existentes, a partir de un llamado. Estos canales también deberán ser incorporados a las grillas de programación de las señales de televisión para abonados y tendrán que cumplir con varios requisitos, entre ellos determinadas cuotas de programación nacional. Además, el senador señaló que el período de aplicación total de la LSCA se extendería a 
cuatro años.

Otro senador del FA, Ernesto Agazzi (Espacio 609), fue más reticente a incluir demasiados cambios, ya que podrían dilatar la aprobación de la norma. De todas formas, dijo que algunas modificaciones van a ser realizadas durante la votación en el Senado, pero sin “reabrir la discusión”. Agazzi recordó que meses atrás, la bancada del FA resolvió tratar la ley después de las elecciones, con la condición de que fuera aprobada a la brevedad.

Lo público

La comisión del Senado también acordó volver a los organismos reguladores fijados en el proyecto original. Se aprobará una LSCA en la que las principales competencias regulatorias quedan en manos del Consejo de Comunicación Audiovisual, excepto las sanciones más graves, que quedarán en manos del Poder Ejecutivo, aunque estará obligado a pedir opinión al consejo.

Además, se creará el Sistema Público de Radio y Televisión Nacional (SPRTN), que funcionará como servicio descentralizado. Será gestionado por un directorio y se vinculará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). En diálogo con la diaria, el secretario general de esa cartera, Pablo Álvarez, explicó que el MEC está próximo a conformar una estructura similar a la prevista en la ley, que nucleará en una misma unidad ejecutora a las radios del SODRE, Televisión Nacional de Uruguay (TNU) y el Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU). De forma similar a lo que ocurrirá con el directorio del sistema de medios públicos creado en la LSCA, la unidad ejecutora será gestionada por un consejo que estará conformado por los directores de Radiodifusión Nacional, TNU y el ICAU.

Álvarez explicó que el MEC espera que el Ministerio de Economía y Finanzas avale el decreto de creación para comenzar a gestionar los recursos. Cuando se apruebe la estructura prevista en la LSCA, la unidad ejecutora se acompasará al nuevo escenario.

Además de administrar y dirigir los servicios públicos de radiodifusión bajo principios de no discriminación e imparcialidad, los cometidos del SPRTN incluirán la posibilidad de proponer normativa y desarrollar “elementos técnicos y tecnológicos” para llegar a todo el territorio nacional.

La Diaria

OTRO QUE DEBE IRSE

Marchas en 15 estados mexicanos piden la renuncia de Peña Nieto al cumplir dos años de gobierno

2 diciembre, 2014   México

Miles de personas salieron a las calles en al menos 15 estados del país con un mismo reclamo: “¡Fuera Peña!”

De esa manera, la sociedad le pasó la factura al presidente Enrique Peña Nieto, en el inicio de su tercer año de gobierno, por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Guerrero, cuna del movimiento que ha puesto en jaque al gobierno actual, fue nuevamente escenario de las manifestaciones más violentas. Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) irrumpieron en la Procuraduría General de Justicia del estado, prendieron fuego a cuatro unidades y provocaron daños a nueve vehículos más.

Una de las unidades afectadas es una camioneta blindada que utiliza el encargado de la Fiscalía guerrerense, Víctor Jorge León Maldonado, y las que ardieron estaban cerca del depósito de armas de la Policía Ministerial, lo que provocó que algunos cartuchos útiles detonaran.

Alrededor de las 14:50 horas arribó al lugar el vicefiscal Jorge León Maldonado para hacer una verificación de los daños, mientras elementos de Protección Civil y Bomberos sofocaban las llamas.

Al mismo tiempo otro grupo de maestros de la CETEG y miembros de organizaciones sociales tomaron la caseta de peaje de la autopista Siglo XXI, el bulevar al aeropuerto internacional de Zihuatanejo y la caseta de cobro de la autopista Del Sol en La Venta.

En las garitas de cobro de la autopista Siglo XXI colocaron cartulinas y figuras de papel con la imagen de Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera.

En Oaxaca maestros, universitarios e integrantes del Frente Único de Lucha por la reconstrucción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (FUL-APPO) y del Frente Popular Revolucionario realizaron tres marchas, realizaron ataques a la sede estatal del PRI, a centro comerciales y cerraron durante cuatro horas el aeropuerto de la ciudad.

Estudiantes tomaron las instalaciones de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y realizaron una marcha rumbo al zócalo. A su paso, realizaron pintas sobre la infraestructura pública, monumentos y en negocios.

Mientras, en el norte de la ciudad, se realizó otra marcha encabezada por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) y alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS 26).

La tercera marcha, fue encabezada por integrantes del FUL-APPO después de tomar durante cuatro horas las instalaciones del aeropuerto internacional de la capital donde realizaron pintas con mensajes como “Oaxaca en pie de lucha”, “Abajo el represor Peña Nieto”, “Fuera Peña Nieto”, “Nos faltan 43”, entre otros.

La Administración del Aeropuerto reconoció que alrededor de las 08:00 horas fueron cerrados los accesos del aeropuerto, por unas horas, lo que retrasó el horario de dos vuelos, mismos que fueron restablecidos. Y dio a conocer que a las 14:00 horas se reanudó el servicio de vuelos.

Tras el cierre del aeropuerto los integrantes del FUL-APPO retuvieron seis autobuses para trasladarse a Santa Rosa donde iniciaron su marcha hacia la explanada del Templo de Santo Domingo. A su paso, atacaron la sede estatal del PRI donde realizaron pintas y, posteriormente, rompieron cristales y causaron daños a la tienda comercial Chedraui.

También realizaron pintas en el monumento a los Niños Héroes que se encuentra en la calzada Madero con la leyenda “Faltan 43”. Por estos hechos, varios negocios optaron por cerrar sus cortinas para evitar saqueos o agresiones.

Al arribar la marcha a Santo Domingo, se inició un mitin con la quema de un muñeco con la figura de Enrique Peña Nieto.

En Salina Cruz maestros tomaron las instalaciones de Petróleos Mexicanos e impidieron la entrada de los trabajadores y de las pipas al área de producción y abastecimiento.

A su vez, maestros de Valles Centrales tomaron al menos ocho plazas comerciales para bloquear tiendas departamentales en Plaza del Valle, Plaza Bella, Santa Rosa, Símbolos Patrios, en la colonia Reforma, Plaza Oaxaca, Plaza Cristal, entre otras, mientras maestros de la región de la Costa bloquearon las carreteras que comunican a Oaxaca con Guerrero y la de Tuxtepec, que une a la entidad con Veracruz.

Además en la región de la mixteca, los maestros tomaron las casetas de peaje de Huizto y Coixtlahuaca en la carretera Oaxaca-México.

Mohamed Otaqui Toledo, vocero de la Sección 22, dijo que las acciones son para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, pedir la renuncia de Peña Nieto y poner un alto al terrorismo de Estado y a su política represora.

El mismo reclamo se hizo presente en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara. A pesar de que el lugar fue blindado por decenas de elementos antimotines de la Policía Estatal, una veintena de personas logró meter algunas mantas y se reunieron en el pabellón de Argentina, el país invitado.

Frente a la fotografía de la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y su nieto, manifestaron su solidaridad con los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Desplegaron una manta y contaron hasta 43 para después gritar “¡Justicia!”, luego se dispersaron por los pasillos de la feria.

A las 18:00 horas se realizó una marcha que partió de dos puntos: de la FIL, que se realiza en Expo Guadalajara y del Parque Rojo, mismas que confluyeron en la Glorieta de los Niños Héroes.

En San Luis Potosí, decenas de estudiantes y sociedad civil protestaron contra el presidente en las instalaciones es del Comité estatal del PRI.

Durante la protesta bloquearon la avenida Himno Nacional y exigieron localizar con vida a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de dos meses. Ahí soltaron 43 globos blancos.

Pancartas y mantas en mano, con leyendas como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “Ayotzinapa, la lucha“, bloquearon la avenida Luis Donaldo Colosio y corearon una canción en la que dicen al presidente que “ya se está armando la revolución”.

En la fachada de la sede del PRI corearon “asesinos” y quemaron una piñata con la imagen de Peña Nieto. También pintaron mensajes en la puerta de vidrio del edificio.

En Durango, alrededor de dos mil maestros de las secciones 12 y 44 de la CNTE, así como estudiantes, organizaciones civiles y sindicales, se manifestaron por las principales calles de esa ciudad para exigir la aparición de los 43 normalistas.

En la manifestación participaron estudiantes de la UNAM, IPN, Universidad de Durango, bachilleratos, normales rurales y tecnológicos, así como miembros de organizaciones sindicales, entre ellas Telmex.

En Sonora integrantes de la Asamblea Estudiantil de la Universidad del estado y activistas de otras organizaciones, se manifestaron en el mercado municipal y después tomaron por unos minutos las instalaciones del PRI estatal donde demandaron que el gobierno se dedique a buscar a los estudiantes desaparecidos, en lugar de perseguir a los que protestan.

Por su parte, decenas de miembros de la CNTE, encabezados por José Guadalupe Valenzuela, tomaron las instalaciones del SNTE Sección 28, en demanda al reconocimiento de sus derechos y prestaciones laborales, así como en apoyo a los padres que buscan a sus hijos desaparecidos en Iguala.

En tanto, en Sinaloa, decenas de maestros de la CNTE se manifestaron en la explanada de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, bloquearon el bulevar Pedro Infante, frente a las oficinas educativas y se manifestaron frente a la catedral.

Afuera del templo católico colocaron cartulinas y lonas con leyendas: “Vivos los llevaron, vivos los queremos”, “Ayotzinapa pide tu apoyo”, “Faltan 43, fue el Estado”.

En Chihuahua, las normalistas de Saucillo encabezaron la marcha para exigir la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y reprobar a los gobiernos federal y estatal.

Se reunieron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), en donde se sumaron estudiantes de otras escuelas, así como ciudadanos de diferentes sectores que se solidarizaron con los reclamos.

Al frente llevaban dos piñatas, una que representaba al gobernador César Horacio Duarte Jáquez y otra al presidente Peña Nieto.

El contingente creció y llegó al Palacio de Gobierno con unas 500 personas, posteriormente se dirigió a la Plaza de Armas, donde quemaron las dos piñatas al ritmo de “¡el que no brinque es Duarte!”.

En Nuevo León, unas 2 mil personas marcharon hoy por el centro de Monterrey para demandar la renuncia de Peña Nieto y exigir al gobierno federal que investigue las desapariciones en el país.

En esta que es la tercera marcha en la entidad en un mes, en demanda de justicia por los hechos violentos registrados en septiembre en Ayotzinapa, los manifestantes lanzaron proclamas contra el mandatario mexicano y el gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz, mientras eran acompañados en el recorrido por una sobrevigilancia de 200 policías estatales y de vialidad municipal.

En la plaza cívica Colegio Civil, en el centro de Monterrey, a donde llegó el contingente después de una hora de marcha, una decena de oradores tomó la palabra y el clamor general fue el de justicia por los secuestros y homicidios que ocurren en el país.

La agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) emplazó a Medina para que el lunes 15 revele datos relacionados con el hallazgo de fosas clandestinas de inhumación desde el 2009 y la cantidad de restos humanos hallados y si las autoridades ya han identificado a alguno de ellos.

Si no reciben la información, comenzarán ellos a buscar a sus desaparecidos en todo el estado, anunciaron.

“Juvenicidio y feminicidio”

En Guanajuato, estudiantes de la universidad estatal encabezaron nuevamente un contingente de unas 300 personas que recorrió las calles desde el edificio central de la institución, para terminar frente al palacio de gobierno.

El estado de Chihuahua hizo acto de presencia a través de la abogada y activista Lucha Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua (CEDHEM).

“Juvenicidio y feminicidio son crimen de Estado. Chihuahua presente”, fue la pancarta que portó la activista, quien fue abogada de Marisela Escobedo, asesinada hace cuatro años frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

A la marcha en repudio del gobierno de Peña Nieto y por la localización de los jóvenes normalistas desaparecidos en Guerrero se unió también un grupo de mineros fundadores de la Sociedad Cooperativa Santa Fe de Guanajuato, quienes desde hace años reclaman derechos sobre la empresa por una supuesta compra fraudulenta por parte de la minera canadiense Great Panther Silver.

Los cooperativistas llevaban varias mantas con mensajes de solidaridad con los normalistas, pero también “con las familias mineras en Guerrero”.

También representantes de Amnistía se integraron a la marcha, así como maestros del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación, quienes repartieron volantes recordando que este 1 de diciembre se cumplieron 66 días de los hechos sangrientos en Iguala, que culminaron en el asesinato de tres normalistas y tres civiles, así como la desaparición de otros 43 estudiantes que aún son buscados por sus familias.

Protesta en Campeche

Eclipsados por eventos oficiales que ocuparon los espacios tradicionalmente utilizados para protestas populares, miembros del recién integrado Consejo del Poder Popular se manifestaron esta noche para exigir la renuncia de Peña Nieto y la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

Los manifestantes se reunieron esta noche en la Alameda donde arrancaron su protesta con un mitin, para posteriormente marchar por el Circuito Baluartes con rumbo al primer cuadro de la ciudad y, aunque originalmente se dirigían el parque principal, se dispersaron en la Plaza de la República luego de un conato de represión.

En ese sitio, parapetados entre decenas de líderes de colonias y miembros del Frente Juvenil Revolucionario del PRI, el gobernador Fernando Ortega, acompañado por los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Edgar Hernández Hernández y Margarita Alfaro Waring, respectivamente, encabezaron la ceremonia del XV aniversario de la Declaración de Campeche como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Al pasar por ahí, los manifestantes, poco más de un centenar, que en su derrotero hicieron una parada también frente a la sede estatal del PRI, irrumpieron en el evento oficial con consignas contra Peña Nieto. Intentaron llegar hasta el presídium por el frente, pero les fue impedido por los priistas que escudaban a las autoridades.

No obstante, otro grupo de manifestantes logró el objetivo y tomó por atrás el presídium, aunque el grupo se dispersó cuando los escoltas del mandatario se aprestaban para reprimir.

Mientras tanto, en Mérida, la capital yucateca, cientos de personas encabezadas por miembros de la Asamblea Interuniversitaria de Yucatán salieron a las calles para sumarse también a la protesta nacional con una marcha que concluyó esta noche con un plantón en el centro de la ciudad, frente al palacio de gobierno.

Los manifestantes partieron del parque de San Juan hasta la Plaza Grande.

En Cancún, Quintana Roo, un grupo de “anarquistas” vio frustrado su intento de quemar una figura de cartón que representaba a Peña Nieto frente a la Plaza de la Reforma del palacio municipal.

Como suele ocurrir en las manifestaciones convocadas en esta ciudad, a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, elementos de la Policía Preventiva y de Bomberos custodiaron el palacio municipal, que estaba además cercado con una valla de metal.

El grupo de unos 20 jóvenes con los rostros cubiertos llegó frente al cerco de metal y prendió fuego a una figura de un metro y medio de cartón con la leyenda “¡Renuncia Peña Nieto!”.

Sin embargo, elementos de bomberos se acercaron a la efigie del presidente y apagaron el fuego con extintores.

El grupo de presuntos anarquistas también lanzó piedras contra el palacio municipal y se retiraron del lugar, sin que hubiera detenidos.

Un total de 500 jóvenes participaron en la marcha, que inició en la zona conocida como El Crucero, en el antiguo centro de la ciudad, y concluyó en el palacio municipal. Y como parte de esta manifestación, estudiantes realizaron su primera asamblea universitaria.

En esta movilización no sólo participaron estudiantes de universidades públicas, sino también de colegios privados. No obstante, los universitarios se deslindaron de los “actos de violencia” del grupo de anarquistas.

Los inconformes concluyeron la marcha con un mitin en el parque de Las Palapas, ubicado a unos 100 metros de la plaza de la Reforma.

En Tabasco estudiantes normalistas y universitarios de diversas instituciones, así como del movimiento #YoSoy132, también realizaron una movilización para exigir la aparición de los normalistas.

Los estudiantes salieron de la Fuente de los Niños Traviesos hacia la sede del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, misma que encontraron cerrada y resguardada por una decena de agentes antimotines.

Los alumnos manifestaron su repudio a los políticos del país y luego continuaron su marcha hacia la Plaza de Armas, donde concluyeron su jornada con un mitin.

En Colima, alrededor de un millar de personas, en su mayoría estudiantes, marcharon por las principales calles de ciudad, también en demanda de la presentación con vida de los normalistas desaparecidos y para exigir la renuncia de Peña Nieto.

Los estudiantes salieron a las calles a pesar de que en días previos el director del Tecnológico de Colima, Saturnino Castro Reyes, y el rector de la universidad del estado, José Eduardo Hernández Nava se pronunciaron públicamente contra las manifestaciones en la vía pública.

También participaron representantes de organizaciones civiles y del Consejo Indígena de Zacualpan.

Uno de los momentos más tensos de la marcha fue cuando el contingente pasó por la sede estatal del PRI donde se realizó un pequeño mitin con consignas y gritos de “¡asesinos!”, mientras que de adentro con las puertas cerradas eran videograbados por jóvenes priistas.

Después del recorrido se realizó un mitin afuera del Palacio de gobierno donde los manifestantes guardaron un minuto de silencio y quemaron muñecos con las figuras de Peña Nieto y el gobernador y Mario Anguiano Moreno.

Al final, en el Jardín Libertad los manifestantes lanzaron al aire globos de Cantoya.

También se registraron movilizaciones en Tamaulipas, Michoacán, Puebla, Morelos, Quintana Roo y Yucatán. (Con información de Pedro Matías, Pedro Zamora, Verónica Espinosa, Patricia Mayorga, Rosa Santana, Sergio Caballero y Luciano Campos).

Proceso

Peña Nieto acepta que no es satisfactorio lo alcanzado por su gobierno en dos años

Arropado en esta entidad que gobierna la coalición que lo llevó a Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto celebró el arranque de su tercer año de gobierno. Esta vez no hubo grandes discursos evocadores de logros gubernamentales, sólo un esbozo de autocrítica de su gestión, aduciendo su insatisfacción con los objetivos alcanzados, hasta que éstos, dijo, comiencen a repercutir en las condiciones socioeconómicas de las familias.

No estamos satisfechos por lo que hemos alcanzado, sí por lo que hemos logrado en el cambio estructural, pero ahora hay que ser perseverantes para asegurar que esos beneficios que sabemos vienen de estas reformas lleguen y beneficien a todas las familias, sostuvo Peña Nieto.

Sin triunfalismos, el Presidente sólo utilizó en una ocasión la palabracelebrar, en alusión al tercer año de gobierno. Sin embargo, dedicó más tiempo a la coyuntura y a reiterar su decálogo como ruta para salir de la situación, que a exaltar sus reformas estructurales, las que, dijo, se posibilitaron por el concurso de otras fuerzas políticas y han permitido –consideró– dar al país una nueva plataforma de crecimiento.

Lo ocurrido en Iguala, Guerrero, conocido por todos los mexicanos y ahí, afuera, en el exterior, es claro que marca un antes y un después, es claro que exhibió las vulnerabilidades que tienen, particularmente, los gobiernos municipales. Es claro que evidenció la debilidad institucional para hacer frente al crimen organizado, hoy en mayor número y sobre todo, con armas y con capacidades de fuerza mayores que hubiese tenido antes.

Peña Nieto informó que por la mañana remitió al Congreso la iniciativa de reforma constitucional con dos objetivos: conformar el mando único de las policías en los estados y la creación de mecanismos para disolver los ayuntamientos cuando existanseñales o sospecha clara y probadade que hay gobiernos municipales que están cooptados por el crimen organizado.

Acompañado de varios secretarios de Estado y el gobernador chiapaneco, Manuel Velasco Coello, Peña Nieto explicó las razones de su presencia en Chiapas el día del inicio de su tercer año de gobierno: confirmar el anuncio realizado el jueves pasado, en el marco de las medidas que se instrumentarán en materia de seguridad, de la integración de una zona económica especial en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Consideró que el impulso a una estrategia especial para el sureste del país era una urgente necesidad para impulsar un desarrollo sostenido y equitativo en todas las regiones del país, toda vez que en los años recientes, el ritmo de crecimiento de estas entidades ha sido desigual, no ha ido al mismo avance que ha tenido el resto del país.

Peña Nieto estimó que esta estrategia permitirá conferir a esas entidades una atención prioritaria a partir de establecer un diagnóstico claro de las debilidades que han tenido para el crecimiento y definir nuevasfortalezasa partir de su conversión en zonas económicas especiales. Esto implicaría facilidades fiscales, créditos blandos e impuestos más bajos.

No podemos atender el problema o este frente, este reto social sólo con políticas de contención social, sólo con programas que deriven de la política social o a través de la contención política. Tenemos que hacer un cambio radical, un cambio explícito que posibilite mayor desarrollo, que venga industria, que haya mayores fuentes de empleos, de oportunidades para los habitantes de estas tres entidades.

En el arranque del segundo tercio de su administración, Peña Nieto aludió brevemente a su política social y a las reformas que ahora, espera, se concreten en las condiciones de vida de la sociedad. Habló de la evolución de Oportunidades a Prospera, del nuevo sesgo en la política social y de las reformas legales orientadas a buscar un cambio estructural en el país.

http://aristeguinoticias.com/0112/mexico/aun-falta-trabajo-por-hacer-senala-pena-nieto-al-iniciar-su-tercer-ano-de-gobierno/

Colombia: renuncia el general Alzate y deja muchas dudas sobre el episodio de su retención

Vestido con su uniforme de gala y con voz entrecortada, el general del Ejército Rubén Darío Alzate anunció a las 7:00 de la noche de este lunes que pedía la baja del servicio. No pasaron dos horas desde su anuncio cuando el presidente Juan Manuel Santos confirmó que aceptaba la baja del general.

2 diciembre, 2014   Colombia

“Salió como un buen militar, con honor militar”, dijo a Caracol Radio el Jefe de Estado, quien respondió con un escueto “sí”, al ser preguntado si aceptaba la baja de Alzate.

Después de varias reuniones con los altos mandos y con el ministro de Defensa, en las que le exigieron explicar por qué decidió moverse sin escolta alguna a una zona de presencia de las Farc, lo que facilitó su secuestro hace dos semanas, Alzate decidió dar por terminados 33 años de vida en las filas militares.

“Agradezco al Hacedor haberme permitido portar el uniforme. Por mi honor militar, como primera virtud del soldado que he respetado sirviendo por más de 33 años de entrega a nuestra patria, y por el amor y respeto a nuestra institución militar, que por este hecho se ha visto afectada, he solicitado al Gobierno Nacional el retiro de mi servicio activo”, dijo el oficial.

“Mi afán de servicio y amor por el pueblo del Chocó me llevaron a no aplicar los procedimientos de seguridad que debía adoptar en mis desplazamientos”, agregó el comandante de la Fuerza de Tarea Titán.

Alzate, secuestrado junto a la abogada Gloria Urrego y el cabo Jorge Rodríguez el pasado 16 de noviembre por las Farc, aseguró que violó los protocolos de seguridad en su afán por acercarse a las comunidades,pues como parte de su misión no solo se preocupó por combatir a la guerrilla, sino también la pobreza estructural del Chocó, dijo.

El general explicó precisamente que el motivo de su viaje a la zona era un proyecto de desarrollo comunitario que estaba gerenciando por Gloria Urrego, su asesora, quien también fue secuestrada con él,  y que esa iniciativa “hoy le permite al Chocó tener visión de desarrollo a largo plazo”.

La explicación de Alzate a la pregunta que se hacía todo el país, y que fue reiterada por el presidente Juan Manuel Santos a lo largo de estas dos semanas, fue una supuesta maniobra de distracción que terminó mal.

Su versión es que en Las Mercedes se está desarrollando un proyecto energético que incluye la instalación de turbinas en el río Atrato y que ese domingo decidió visitar la zona después de haberse reunido con autoridades militares y policiales de la zona. “Lideré un esfuerzo de articulación con las comunidades e instituciones con el ánimo de trazar una hoja de ruta plasmada en la agenda estratégica integral Chocó 2038. El esfuerzo fue gerenciado por la doctora Gloria Urrego, de la dirección de gestión de proyectos del Ejército”, dijo.

¿Por qué iba de civil y no con uniforme?

El general Alzate afirmó que a lo largo del año que lleva en el departamento se encontró con la “natural desconfianza” de los pobladores hacia la Fuerza Pública y que por eso decidió no utilizar el uniforme militar ni el dispositivo se seguridad que obligatoriamente deben cumplir los generales.

“Me informé de la situación de inteligencia del área y decidí adoptar medidas como la desinformación de mi ruta y el manejo del bajo perfil”, dijo. Entre esas medidas también incluyó no usar su escolta, vestir de civil “para fortalecer la confianza” y viajar desarmado.

En Las Mercedes, contó, lo abordaron cuatro hombres vestidos de civil que portaban fusiles. Entre ellos, dijo, estaba alias ‘Chaverra’, jefes del frente 34 de las Farc, con presencia en el Chocó.

“Nos secuestraron en total estado de indefensión y eso configura una grave violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, afirmó.

También dijo que en todo este tiempo estuvo esposado o amarrado a un árbol y que fue sometido con sus compañeros de cautiverio a “largas caminatas y amenazas de muerte”.

Indicó además que los “terroristas de las Farc” lo obligaron a participar en lo que llamó un “show mediático”.

“Fui forzado a ser parte de un show mediático que realizaron con fotos y videos en día de nuestra liberación”, dijo.

El plagio de Alzate generó la suspensión por casi 15 días de las negociaciones de paz en La Habana, que ya llevan más de dos años de haberse iniciado formalmente.

El alto oficial asumió el mando en enero, en una ceremonia que se realizó en Quibdó y que estuvo encabezada por el presidente Juan Manuel Santos y el ministro Juan Carlos Pinzón.

El Tiempo

No nos dejaremos imponer fecha de reinicio de diálogos: Farc

Desde Cuba el jefe del equipo negociador de las Farc, Iván Márquez,  respondió a las declaraciones de Humberto De la Calle y expresó que a los militares secuestrados no se les dio un trato indigno y que las Farc no se dejaran imponer una fecha de reinicio de los diálogos de paz.

“Debemos decir que quien impuso la suspensión de las conversaciones no puede regresar con la intención de imponer la fecha de su reinicio como si nada hubiera ocurrido”, indicó Márquez.

Agregó que “se deberán recomponer la reglas que conduzcan la marcha del proceso pues el gobierno la rompió averiando el puente de confianza que habíamos construido”.

Insistió que el proceso de paz se debe blindar con un armisticio para evitar que se deteriore el proceso de paz “coincidimos en la idea de pasar de la discusión a la acción”.

Insistió que el proceso de paz se debe blindar con un armisticio para evitar que se deteriore el proceso de paz.

“Coincidimos con la idea de que llegó el momento de pasar de la discusión a la acción, lo cual implicaría que por lo menos se comiencen a ejecutar las transformaciones de que hablan los acuerdos parciales y se frene el impulso de leyes que van en contravía de los mismos. Y en lo que respecta a los gestos de desescalamiento”, puntualizó el jefe negociador de la Farc.

Sobre la polémica fotografía del General Alzate y Pastro Alape en momentos en que se estaban dando las liberación dijo que “la foto que registra el abrazo del comandante guerrillero Pastor Alape con el general del Ejército, Darío Alzate, es la foto de la paz y la reconciliación que la gran mayoría de los colombianos anhelan, y no la del trato indigno que sugiere el jefe del equipo negociador del Gobierno”.

Márquez replicó a Humberto de la Calle también diciendo que “no existe ninguna cláusula en el Acuerdo Humanitario Especial que prohíba la difusión de hechos de paz, como es el momento de una liberación y la expresión de concordia que los abriga”.

Caracol

Próximas 48 horas son decisivas para que proceso de paz retome impulso

Este martes y miércoles serán días claves para el proceso de paz,en la medida en que los negociadores del Gobierno y de las Farc analicen la forma como deben continuar los diálogos y la manera de darles agilidad, así como la necesidad de concretar medidas para desescalar el conflicto.

Ese análisis, al que estarán dedicadas las partes las próximas 48 horas, lo precipitaron el secuestro del general Rubén Darío Alzatey la suspensión de diálogos que desencadenó esta acción ilegal de la guerrilla.

Este lunes, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que los negociadores viajan a La Habana con la instrucción de revitalizar los diálogos a la luz de los recientes hechos.

Santos explicó que la idea es analizar “dónde está el proceso, para dónde vamos y hacer una evaluación fría y objetiva” de este para ver “cómo podemos continuar”. Esto lo dijo también el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, quien enfatizó en que la guerrilla debe dar muestras reales de que quiere parar la guerra.

De la Calle fue enfático en que un nuevo ritmo debe incluir acciones que permitan concretar el desescalamiento del conflicto, tema que, según confirmó, se viene hablando desde hace varios meses.

Desde la otra orilla, las Farc, a través de un comunicado publicado este lunes en horas de la noche, cuestionaron la forma como el Gobierno quiere reanudar los diálogos: “debemos decir, que quien impuso la suspensión de las conversaciones no puede regresar con la pretensión de imponer también la fecha de su reinicio, como si nada hubiera ocurrido”.

La guerrilla agrega en su comunicado que se “deberán recomponer las reglas” para la marcha del proceso y acusa al Gobierno de haber roto la confianza “que habíamos construido”. Seguido, señalan que están en disposición de continuar y de blindar de manera definitiva las conversaciones “pactando el armisticio”.

Los tiempos del proceso, una preocupación

En algunos sectores del Gobierno existe cierta preocupación por los tiempos del proceso, porque entre más se dilata la firma del fin del conflicto, la percepción ciudadana frente a los diálogos cobra tintes negativos.

Además, en menos de un año son las elecciones regionales, y este puede ser el escenario para medir qué tan viable será la refrendación del proceso.

“No da más espera la concreción de gestos que les demuestren a los colombianos en el terreno que nos aproximamos al fin del conflicto (…) Es la hora de las decisiones”, dijo De la Calle.

Aunque las partes han discutido formas para bajar la intensidad de la guerra, aún no han logrado acordar nada en concreto.

Recientemente, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, advirtió que la guerrilla tenía planeado incrementar sus acciones este fin de año para decretar una tregua navideña, lo cual no ha sido ratificado ni desmentido por las Farc.

La guerrilla insiste en que acordar un cese bilateral del fuego es la mejor manera de desescalar el conflicto, pero el Gobierno mantiene su postura de que ese paso solo se daría al final del proceso.

Para la analista Natalia Springer, todo esto demuestra que “hasta ahora las Farc no han tenido la conciencia de la importancia del tiempo, que parece ser una urgencia del Gobierno pero no de las Farc”.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), dijo que la intensidad de la guerra solo bajará cuando la guerrilla muestre “un compromiso para abandonar” acciones como, por ejemplo, el reclutamiento de niños.

Diciembre será clave para la paz. De un lado se conocerá el informe sobre el origen del conflicto, y de otro debe viajar a Cuba otra delegación de víctimas. Pero, aparte de esto, de la nueva dinámica que tome el proceso dependerá en gran medida que la sociedad le ratifique su respaldo.

El Tiempo