12 dic 2014

Brasil: ¿Sombras de un golpe a la paraguaya?

FREDERICO FÜLGRAF / 

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FREDERICO FÜLGRAF – Hace un mes, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue reelecta.Eso, los chilenos lo leyeron en los diarios, lo escucharon en las radios y lo vieron en la TV.
Es lo que los periodistas llamamos “noticiario factual”.
¿Que más pudieron leer, escuchar o ver los chilenos sobre Brasil en las últimas semanas?
Los corresponsales de prensa extranjera, en cualquier país, tenemos siempre un ojo en nuestras propias fuentes y otro en los medios locales, sobre los mismos temas que investigamos, pero también sobre lo que dicen de nuestros países de origen.
Sin embargo, como habitante cisandino, me he preguntado si la altura de los picos cordilleranos impide que Chile pueda ver lo que sucede atrás de sus quebradas, porque encontrar una noticia sobre Brasil en los medios nativos es como buscar una aguja en un pajar.
A menos que Jorge Valdivia haya marcado un gol o la prensa boulevard haya descubierto una nueva “brasileña caliente” en Instagram.
El tiempo pasa y más me asalta la percepción de que la Cordillera es la Muralla de Chile – ¿o la muralla será un estado de espíritu de los editores de noticias?
La verdad es que las noticias no son buenas.
Aécio Neves, el hombre y sus sombras
Para comenzar, hasta la fecha, el ex candidato de la oposición derechista, Aécio Neves, no admite su derrota, que fue por una diferencia de 3,5 millones de votos.
¿Pero no había felicitado a la presidenta victoriosa, deseándole un nuevo gobierno exitoso? Si por un lado eso es cierto, ¿quien, por otro lado, nos garantiza que en aquel primer momento el playboy se encontraba sobrio – o al revés?
¿Le suena a difamación? A ver.
Decir, primero, que Neves es un “playboy”, es afirmar lo obvio. Poco más joven que la presidenta, mientras ella vivía en la clandestinidad y combatía a la dictadura con armas en la mano – por lo que después pagó con varios años de cárcel y tortura – Aecinho, nieto del eminente senador y presidente prematuramente fallecido, Tancredo Neves, se entretenía en la farándula de Rio de Janeiro, que le educó los sentidos para notable consumo de tragos y de “la blanquilla”, que parece pero no es azúcar refinado.
Y también a “gastar” mujeres, sobretodo bellas. Cuando Aecinho se tomaba copas demás, algunas veces sobraban unos vapuleos, sobas y golpizas a sus acompañantes humilladas.
Es que el ex candidato al puesto de mandatario del mayor país del Continente sufre de un síndrome que se describe como “minusvalía de lo femenino” – popularmente conocida como surto machista – y cuando lo ataca, distribuye golpes. Así nomás.
Si eso le suena a “pecados juveniles”, entonces le recomiendo la lectura sobre el “Caso Helicoca”.
“Helicoca” es un documental brasileño sobre el helicóptero de la familia Perrella, apresado después de aterrizar en un fundo en el interior de la provincia de Espírito Santo, el 24 de noviembre 2013. El problema: la nave transportaba 445 kilos de pasta-base de cocaína.
Apenas insignificantes cuatro días después, la vinculación de los Perrella con el crimen fue descartada. Según el comisario responsable de la Policía Federal, Leonardo Damasceno, “no existían indicios de participación de los parlamentarios”.
¿Parlamentarios? Sí, el empresario Zezé Perrella, del sector de alimentos, pero gracias sobretodo a su destacada actuación como dirigente del club de fútbol Cruzeiro, de Belo Horizonte (sí, sí, el mismo en que jugaba Claudio Maldonado), fue uno de los diputados más votados en 1998 por el partido derechista DEM.
En 2002, Zezé fue invitado por su amigo Aécio Neves como candidato al Senado por el liberal-derechista PSDB, pero fue derrotado. Sin embargo, en 2006, Zezé fue electo diputado provincial por el PSDB, partido en el que actuó hasta 2009. En 2011 fue denunciado por ocultar en su declaración de bienes una hacienda con valor estimado de mil 410 millones de pesos. Su hijo, Gustavo, también diputado, es el propietario del helicóptero y, como su papá, uno de los protegidos de Aécio Neves.
Esta “protección” fue la clave para que la Policía Federal en Minas Gerais “encajonara” el caso “Helicoca” en menos de 4 días, mientras casos similares demoran meses o años para ser investigados y los reos denunciados.
Aécio Neves se presentó como el “candidato de la ética y la moralidad”, sin embargo por lo menos 14 casos de corrupción y malversación de fondos públicos lo apuntan como uno de los personajes más siniestros del espectro político brasileño. El caso más grave se refiere a la desviación y no aplicación del equivalente a 3mil 450 millones de dólares en recursos federales para la Salud mientras se desempeñaba como gobernador de Minas Gerais. La investigación del Ministerio Público tramita hace años sin presentar la acusación.
¡3 mil 450 millones de dólares! Un monto capaz de empalidecer el tristemente afamado, pero insignificante “mensalón” – supuesto, jamás probado esquema de propinas para diputados no alineados con el ex gobierno Lula – que llevó a la cárcel políticos de la primera plana del PT.
La magistratura y el hedor de azufre
Como la espada de Dámocles, una semana decisiva desafía a Brasil: en los próximos días, el ministro Gilmar Mendes – miembro simultáneo de la Corte Suprema y del Tribunal Superior Electoral – presentará su informe sobre las cuentas de campaña de la presidenta Dilma Rousseff.
Según se especula, no habrá sorpresa: el ministro Mendes votará por la impugnación de las cuentas, a pesar de que el Ministerio Público Electoral haya finalizado su examen, recomendando su aprobación.
Observaciones de los tribunales a las cuentas de campañas políticas suelen ocurrir hasta en la insospechada Alemania de Angela Merkel. Forman parte de la rutina del Estado Democrático. Reparadas las aristas, normalmente las cuentas son aprobadas en seguida, sin fanfarria.
En Brasil, 7 ministros deciden sobre la aprobación. Especulase que serán 3 votos a favor y 3 en contra, con un voto de Minerva por el desempate. Pero no es lo que quiere el ministro Mendes: su objetivo es transformar el trámite en “tribunal político” para impedir la investidura de la presidenta reelecta, el próximo día 1 de enero.
La táctica de Mendes – magistrado íntimamente vinculado a Aécio Neves e involucrado en el famoso “Caso Cachoeira”, empresario corrupto que le prestó su avión privado para un vuelo de Berlín a Brasília – es tocar la tuba en el Judiciario para reforzar a los bombos de la ultra-derecha en las calles, que hace semanas impulsan un golpe militar y el impeachment de Dilma Rousseff.
El objetivo es claro: darle continuidad a la criminalización del PT, selectivamente elegido como el chivo expiatorio del “petrolón”, esquema de millonario soborno de políticos y funcionarios de la petrolera estatal Petrobras por poderosas empresas contratistas.
A pesar de que las investigaciones han apuntado que los contratistas donaron nada menos que 20 millones de dólares a la campaña del candidato Aécio Neves (Dilma recibió aproximadamente 35 millones) y que el soborno de políticos es transversal, cubriendo todo el espectro partidario – no sólo durante el gobierno Dilma, sino desde 1990, en la era Fernando Henrique Cardoso! – el ministro Mendes se complace con verter gasolina a la hoguera para que el PT y su presidenta ardan en el infierno.
Es lo que, con mucha elegancia, se llama la “judicialización” de la política – un eufemismo de gabinete para encubrir el nombre de los bueyes: descarado golpismo.
El “Partido de la Prensa Golpista”
Los medios de comunicación, controlados por 7 familias y apodados por la izquierda de PIG – “Partido de la (im)Prensa Golpista” – contribuyen a su manera para aumentar la temperatura en las calles.
El “PIG” regurgita sus cansativos mantras, replicando cada nota positiva sobre el gobierno con siete reproches y condenas. El gobierno no tiene espacio en los medios, pero la presidenta intimidada ya piensa en postergar su proyecto de Regulación de los Medios, prometido durante su campaña.
La más reciente hazaña mediática fue la encuesta del domingo 7, de Datafolha, servicio del diario Folha de S. Paulo. Según la encuesta, “el 68% de la población cree que la presidenta es responsable” por el escándalo de la Petrobras.
Pero miremos de cerca los números: 43% sí están convencidos de la participación de Rousseff, pero 25% dicen creer que la presidenta tiene “muy poco que ver”. ¿Qué hizo Datafolha? Simple: sumó 43 patatas con 25 naranjos y alcanzó 68%. Por otro lado, 45% de los entrevistados afirmaron que la presidenta “no tiene nada que ver” con el escándalo, y 42% dicen aprobar su gobierno; un alza de confianza de 7% desde las manifestaciones de junio 2013.
Haciendo cuentas: si 45% creen en la honestidad de la presidenta y 42% apoyan a su gobierno, según la “lógica” de Datafolha estos números deberían sumar 87% en su favor.
Pero el título de la encuesta fue otro, diametralmente opuesto: “Datafolha mostra que 68% responsabilizam Dilma por corrupção”.
Esto se leía en los kioscos brasileños el mismo fin de semana en que unos 5 mil derechistas furiosos exhibían la encuesta como “prueba” para su consigna “¡Fuera Dilma!”.
Hace dos meses, la prensa militante anti-gobiernista reverbera hasta el hartazgo que “Dilma y Lula sabían todo” [del escándalo], pero hasta la fecha ninguna prueba, ni siquiera un indicio fue presentado. Lo que explica el intento de encontrar “un cabello en el huevo” del informe de la campaña presidencial.
La población, el anónimo hombre de las calles, piensa diferente, como lo ha mostrado la misma encuesta: el 46% de los 80% que opinaron (20% no tenían opinión formada), creen que el gobierno Rousseff es el que más investigó, y 40% afirman que el castigo de la corrupción fue más intensa.
La denuncia de la corrupción en la administración Rousseff se hizo más transparente, gracias a la investigación más severa de un Ministerio Público empoderado por la presidenta.
Así es que en trama paralela a la investigación sobre la petrolera, el día 4 de diciembre, la Policía Federal imputó a 33 ex altos directores de empresas estatales y toda la dirigencia del partido PSDB, de Aécio Neves y Fernando Henrique Cardoso, por gravísima corrupción en la licitación de obras del Metro de São Paulo y compra de trenes, operativo que involucró 30 mil millones de dólares y compromete a las empresas europeas Alstom y Siemens, que admitieron coimas millonarias para la dirigencia del PSDB que hace más de 20 años gobierna São Paulo.
Pero ¿qué ocurre? El noticiero sobre la corrupción de la oposición suele ser escondido en las páginas internas de los diarios para destacar primeras planas con ataques al PT.
Es más: en un comunicado interno, el presidente del Ministerio Público y Procurador de la República, Rodrigo Janot, escribe el sábado, 6 de diciembre, “Por motivo de las funciones que ejerzo como Procurador-General da República, vengo sufriendo [ataques injustos] por parte da prensa, posiblemente secundada o instrumentalizada, de forma irresponsable, por intereses inconfesables”, agregando: ”Jamás aceptaré cualquier acuerdo que implique exclusión de conductas criminales o impunidad de cualquier delincuente”.
Para buen entendedor: con la prensa a su servicio, sectores implicados de la oposición están presionando el Procurador de República para que retroceda en sus investigaciones.
Como decía Joseph Pulitzer: “Con el tiempo, una prensa cínica, mercenaria, demagógica y corrupta formará un público tan vil como ella misma.”
En hora buena: no es necesario ser simpatizante de Dilma Rousseff y del PT para entender que Judiciario, Medios y sectores ultra-derechistas se unieron en una campaña sin precedentes para socavar al Estado Democrático de Derecho. Sea cual fuera su desenlace, serán impactante su repercusión en todo el Continente sudamericano.
Frederico Füllgraf: Foreign Correspondent Santiago de Chile Jornal GGN – São Paulo – Brasil
Mailto: f.fuellgraf@gmail

REBELION

Uruguay: Transparencia y participación social en peligro

Conferencia de prensa de Uruguay Libre 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE ARATIRÍ

La declaración del carácter confidencial de la información de Aratirí por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) no cumplió con los requisitos legales y de ser aceptada traería graves consecuencias sobre las evaluaciones ambientales y sociales de los proyectos de inversión.
Los fallos de la Justicia ordenando la entrega de la información solicitada trascienden el caso del proyecto de Aratirí y reafirman los principios de neutralidad y transparencia de los procedimientos de la administración pública y de participación de la sociedad en las decisiones que le atañen.
1. Declaración de confidencialidad realizada por la DINAMIGE y el MIEM

La Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE) adoptó el criterio de la empresa Aratirí y declaró confidencial toda la información del proyecto minero.

Aratirí alegó ante DINAMIGE que los aspectos técnicos debían ser“confidenciales y reservados por formar parte del ‘know how’ de la empresa” y que los mismos no deberían ser accesibles por sus competidores, “ni por el público en general”. Para justificarlo, agregó que su proyecto era “de una entidad y características totalmente distinto a los existentes hasta ahora” (sic). Basándose en la evidente exageración de esta frase, Aratirí atribuye a todos los datos técnicos del proyecto el mismo valor que las informaciones del patrimonio personal o el secreto comercial
El artículo 10 de la Ley 18.381 define como confidenciales las informaciones sobre “el patrimonio de la persona” y aquella que“comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor”. Nadie cuestiona que estos aspectos sean preservados, pero no abarcan necesariamente todos los datos técnicos del proyecto. Además, la calificación no debe ser realizada por la empresa sino por la Administración y los casos deben ser “de interpretación estricta”, no genérica.
El Director de la DINAMIGE, Pier Rossi, adoptó una resolución, el 15 de mayo de 2013, en la cual sostuvo que “toda la documentación aportada contiene información del patrimonio, hechos o actos de carácter económico, contables jurídicos y administrativos (…) que pudieran resultar útiles para un competidor” e, invocando el mencionado artículo 10, declaró como confidencial “la totalidad de la información contenida en este Asunto relativa a los informes técnicos presentados por MINERA ARATIRÍ S.A.” O sea que aceptó sin más el criterio propuesto por la empresa.
En el mismo expediente de la DINAMIGE encontramos elementos que cuestionan la validez actual de tal resolución. En una nota del 8 de mayo de 2014, la Asesoría Jurídica del MIEM, señalaba que según lo establecido por la Ley de Minería de Gran Porte (N°19.126), “la declaración de confidencialidad solicitada (por Aratirí) no compete a DINAMIGE sino al Ministerio de Industria, Energía y Minería”. La nota referida planteaba “que la Superioridad convalide la resolución” y, además, que se agregara “el informe en el que arriba a dicha conclusión”.
¿Qué es lo que se declara confidencial?
La División Minería respondió el 10 de junio diciendo, simplemente, que “ha entendido pertinente el planteo realizado por la empresa” y enumeró los elementos incluidos en la información técnica referida por la resolución, a saber: “descripción e interpretación geológica de los yacimientos, metodologías de diseño de mallas de perforación, obtención y preparación de muestras, métodos analíticos, controles de calidad de la base de datos, separación de dominios estadísticos, geoestadísticos y estructurales, estadísticas, detalle de las metodologías de determinación de recursos y reservas, dimensiones y etapas de desarrollo de las minas, selección de las leyes de corte, criterios y metodología de selección de maquinaria y equipos industriales, operativa de cada mina, procesos de beneficiación, cronogramas de ejecución, volúmenes de producción de mineral y concentrado, instalaciones auxiliares, dimensionamiento de pilas de estéril, represas de relaves y de agua fresca, dimensionamiento de plataformas de mineral de alta y baja ley, sistema de transporte dentro y fuera del complejo, mineroducto, terminal de recepción de concentrado, informes de auditoría, bases de datos en formato digital y certificados de análisis, mapas de aerogeofísica, hidrología e hidrogeología, plan de cierre y todos los elementos que no estén descritos en este listado pero que conforman un proyecto minero desarrollado a partir del momento del descubrimiento geológico y la consecuente cuantificación de reservas” (sic).
La simple transcripción de esta lista, con la aclaración final para eliminar cualquier duda, revela el carácter arbitrario de la confidencialidad solicitada por Aratirí y concedida por la DINAMIGE. De aceptarse este criterio, será reclamado por otras empresas y toda la información sobre cualquier proyecto minero pasaría de aquí en adelante a ser secreta.
Es más, la DINAMIGE pretende considerar confidenciales “los informes realizados por la Unidad de Evaluación, Control y Gestión de Proyectos Mineros de esta Dirección Nacional, elaborados en respuesta o con posterioridad al análisis de información técnica suministrada por la empresa y haciendo referencia a la misma”(sic). Esto sería la consagración del contubernio empresa-estado
Esta decisión de la DINAMIGE, defendida por el ministerio en el juicio realizado, constituye una violación de las leyes de transparencia de la función pública, de acceso a la información y de participación social – incluyendo la Ley de Minería de Gran Porte
2. Incumplimiento de los requisitos para declarar confidencial la información
En el fallo de 1ra. instancia, el juez Martínez de las Heras advirtió el incumplimiento de lo previsto por el decreto 232/2010 para la clasificación de la información como confidencial.
De la resolución 122/2013 de DINAMIGE emerge que la declaración de confidencialidad se realizó en mérito a "solicitudes efectuadas por MINERA ARATIRI S.A…” y no consta en estas actuaciones que se hubiere cumplido con lo dispuesto por el art. 31 del decreto 232/2010 que establece:
“Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados información confidencial, deberán señalar los documentos o secciones en los que se contenga tal información. También deberán presentar un “resumen no confidencial” breve y conciso. En caso que, la naturaleza de la información impida elaborarlo, se explicitará tal imposibilidad ante la autoridad competente”.
“No surge de autos que se hubiere presentado un “resumen no confidencial” cuya presentación es obligatoria en caso de tratarse de información confidencial, y tampoco emerge de autos que se hiciera la salvedad relativa a la imposibilidad de su presentación”, dice el juez.
En la respuesta a la apelación, el Dr. Martín Prats expresó que la posibilidad de desglosar la información que refiera a secretos industriales o comerciales que pueda ser útil para un competidor debe leerse como una excepción a la cual se le debe aplicar el principio de divisibilidad en forma restrictiva. Y agregó: "No se puede tampoco bajo este argumento, incluir como información de este tipo a todo el contenido del Expediente sino solo aquello que no refiera a temas ambientales".
La ley de Minería de Gran Porte (19.126), en su Artículo 26 inciso final, establece claramente: "En ningún caso podrá ser considerada de carácter confidencial o reservada la información relacionada a los aspectos ambientales del proyecto.”
¿Cuál es la información ambiental?
No existe una definición precisa de qué es "información ambiental" y qué no lo es. Para nosotros, todos los elementos enumerados por la DINAMIGE y el MIEM, tanto en su contestación de la demanda y alegato como en la apelación, son información ambiental y por tanto sólo aquella que refiera al patrimonio personal de la empresa o a un secreto industrial o comercial claramente y expresamente definido como tal debe ser reservada.
"Suponemos, expresó Prats, que en el expediente solicitado debe constar un informe sobre cuál información suministrada por la Empresa refiere a un secreto industrial y comercial y consideraciones sobre si es o no secreto. De ser de otra forma, el MIEM no estaría actuando al servicio de la sociedad a la cual se debe sino que estaría aceptando en forma acrítica la imposición de los intereses de la empresa".
"Es la Administración quien debe definir cuál información refiere a este tipo de secreto y cuál no. Si no lo hizo en este caso, toda la información contenida en el referido expediente refiere a temas ambientales y por tanto se debe permitir el acceso a ella pues es información pública", reafirmó
3. Posibles consecuencias si se validaran tales decisiones
"Si se aceptara el criterio aducido en la Apelación por el MIEM, se crearía un grave precedente por el cual todo tipo de proyecto minero pasaría a ser secreto pues de lo que surge en autos DINAMIGE no adoptó otro criterio que, simplemente, el aceptar la solicitud de confidencialidad planteada por la empresa", señaló en el juicio el Dr. Prats.
Y agregó: "Si se aceptara este criterio, más allá de nuestro interés personal en este juicio, dejaría indefensos a miles potenciales afectados por el proyecto, quienes no podrán contar con la información suficiente para reclamar y luchar por sus legítimos intereses".
Además, Uruguay tiene firmados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con 29 países que en su articulado incluyen -es una fórmula común a todos los TBI- que se concederán a los inversores y las inversiones de la Otra Parte las mismas condiciones otorgadas a cualquier empresa extranjera o nacional. Es decir, que una vez hecha esta concesión para Aratirí, cualquier otro proyecto de inversión bajo ese marco adquiere derecho a reclamar el mismo tratamiento.
Por último, el Dr. Prats expresó que el tipo de información solicitada es una información que refiere a asuntos vinculados directamente con los derechos humanos, derechos ambientales y el deber de transparencia que el Estado está obligado a cumplir no solamente por las disposiciones de la Ley 18.381, sino también por Convenciones Internacionales de Derechos Humanos citadas en la demanda, así como otras disposiciones constitucionales y legales del país
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La sentencia del Tribunal de Apelaciones ratificó el fallo del juez Martínez de las Heras que ordenó al MIEM brindar la información requerida en un plazo de 15 días desde la fecha. El juez estableció como limitación de la información a entregar aquella “exclusivamente relacionada con aspectos vinculados al “secreto industrial o comercial” de la empresa respectiva, información que debe ser objeto de reserva por parte de la Administración”. Esta restricción surge de la ley 16.466 sobre Protección del Medio Ambiente y es análoga a la antes referida de la Ley 18.381
Por lo expuesto, esperamos que el MIEM cumpla sin más trámite con la sentencia.
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URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERÍA
Montevideo, 8 de diciembre de 2014.
Contactos:
Dr. Martín Prats  094 591353 (CAinfo)
Víctor L. Bacchetta 098 935317 (Uruguay Libre
postaporteñ@ 1299 - 2014-12-08 

La pelota no se mancha


Confiesan pago de sobornos para Mundial de Catar 2022



La elección de Catar como sede de la Copa del Mundo 2022 sigue arrojando indicios de corrupción en el máximo ente rector del balompié internacional | Foto: Archivo
Publicado 9 diciembre 2014

La prensa deportiva europea reclama una investigación en la adjudicación de la sede Catar; luego que se filtraran numerosos documentos que vinculan a directivos con la compra de votos.

La ex jefa de comunicaciones del comité de la candidatura del Mundial de Catar 2022, Phaedra Almajid, aseguró el lunes que en enero de 2010 presenció cómo funcionarios de Catar ofrecían dinero a federativos del fútbol africano.

Dicha información fue publicada por la revista France Football, cuyo artículo detalla que uno de esos encuentros se llevó a cabo en un hotel de Luanda, capital de Angola; donde se realizaba un Congreso de la Confederación Africana de Fútbol.

Almajid divulgó más información sobre el desarrollo el encuentro: "Los cataríes estaban contentos de la presencia de un alto dirigente del fútbol africano, al que deseaban beneficiar con una donación de un millón de dólares para su federación", confesó la exfuncionaria de la FIFA.

"Este señor respondió: 'Ah un millón de dólares, ¿Por qué no un millón y medio?'. Y el catarí respondió que esperaba poder contar con su apoyo. El interesado le aseguró que así sería. Eso es todo" precisó la testigo.

¿Por qué estas declaraciones luego de 4 años?

Almajid ofreció esta información luego que su nombre apareció en el informe que Michael García (exfiscal general de Nueva York) entregó en noviembre pasado a la Comisión de Ética de la FIFA.

Hans-Joachim Eckert, presidente de la Cámara de Enjuiciamiento de la Comisión de Ética de la FIFA, reconoció el nombre de Phaedra Almajid dentro de los datos suministrados por el exfiscal neoyorquino.

La exjefa de comunicaciones mencionó que "Eckert y la FIFA no han sido leales conmigo. (Eckert) me ha tirado a los leones y me ha identificado en su informe".

Los psicólogos que idearon las torturas de la CIA

Dos psicólogos contratados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para desarrollar técnicas de interrogatorio "reforzadas" carecían de la experiencia requerida, según un nuevo informe.

BBC Mundo


Los psicólogos no tenían experiencia en la lucha contra el terrorismo, pero recibieron más de US$80 millones por sus servicios.

La CIA también permitió que fueran estos dos hombres los que evaluaran la efectividad de su propio programa de interrogatorios.

Las revelaciones aparecen en el nuevo informe del Senado sobre los "brutales" interrogatorios a sospechosos de al-Qaeda en los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre.

Los sospechosos fueron interrogados con métodos como el waterboarding(ahogamiento simulado), bofetadas, humillaciones, exposición al frío extremo y privación del sueño.

Estos procedimientos fueron desarrollados, gestionados y evaluados por dos contratistas psicólogos que habían trabajado en la escuela del programa Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Pero el informe dice que "ninguno de los dos psicólogos tenía experiencia dirigiendo interrogatorios, ni tampoco conocimiento específico sobre al-Qaeda, experiencia en la lucha contra el terrorismo, o conocimientos culturales o lingüísticos relevantes".

A pesar de ello, ambos hombres participaron personalmente en los interrogatorios de algunos de los detenidos "más importantes" de la CIA.

También fueron los encargados de determinar si el estado psicológico de un detenido permitía seguir utilizando las técnicas reforzadas de interrogatorio, dice el informe.

Los dos hombres también sirvieron de enlace entre la CIA y los servicios de inteligencia extranjeros, y la agencia les permitió evaluar la efectividad de su propio trabajo, un trabajo que los demócratas del comité de inteligencia del Senado consideraron brutal e ineficaz.
El papel del FBI

Aunque en el informe aparecen con los pseudónimos de Dr. Grayson Swigert y Dr. Hammon Dunbar, los medios estadounidenses los han identificado como los militares retirados Jim Mitchell y Bruce Jessen.

Mitchell se unió a la Fuerza Aérea en 1974 y se especializó en desactivar bombas antes de doctorarse en psicología centrándose en temas de dieta, ejercicio e hipertensión, según The New York Times.

Jessen, mientras tanto, se doctoró en "formación familiar" y se convirtió luego en psicólogo de la Escuela de Supervivencia de la Fuerza Aérea, donde se encargaba de evaluar a los profesores que se hacían pasar por interrogadores del enemigo.Los dos psicólogos sirvieron de enlace entre la CIA y los servicios de inteligencia extranjeros.

Ambos hombres, que se dijo eran tenientes coroneles, se convirtieron en expertos del departamento de Defensa en resistencia a interrogatorios del enemigo, aunque otros psicólogos manifestaron su escepticismo e incluso su preocupación sobre los métodos que utilizaban, añade The New York Times.

Tras los ataques del 11 de septiembre, el informe del Senado dice que Mitchell propuso utilizar un concepto llamado "indefensión aprendida" en los interrogatorios a sospechosos de pertenecer a al Qaeda, para asegurarse de que se obtenían los objetivos esperados.

En aquel momento, los interrogadores experimentados mantenían que esta estrategia desmoralizaría a los prisioneros hasta tal punto que acabarían diciendo lo que el interrogador quería.

En 2002, ambos hombres recibieron el encargo de evaluar un manual interceptado a al Qaeda con el que se entrenaba a terroristas en resistencia a interrogatorios.

Como respuesta, los hombres propusieron introducir técnicas brutales, incluida la privación del sueño y el ahogamiento simulado, en los procedimientos estadounidenses.

Cuando Estados Unidos capturó a Abu Zubaydah, un objetivo muy importante, dos agentes del FBI (Agencia Federal de Investigaciones) utilizaron métodos convencionales para interrogarle en instalaciones de la CIA en Tailandia.

Luego la CIA, bajo el consejo de Mitchell, desnudó al sospechoso y le hizo soportar música a todo volumen para evitar que pudiera dormir.

Se informa que en las semanas siguientes, Mitchell tomó control de los interrogatorios e interrogó directamente al sospechoso.Los demócratas del Senado calificaron las técnicas de interrogatorio a prisioneros de "brutales".

Jessen se unió posteriormente, y el prisionero fue sometido al waterboarding, o ahogamiento simulado, 83 veces antes de que se determinase que no tenía más información que ofrecer.

Según el informe del Senado, un cable que se dijo fue elaborado por ambos hombres indicó que el interrogatorio de Zubaydah había sido un éxito.

Éste "debe ser utilizado como modelo para futuros interrogatorios de prisioneros muy valiosos" -escribieron- no porque produjera información útil, sino porque confirmó que el sospechoso no poseía la información de inteligencia que la CIA creía que éste retenía.
Mientras, los agentes del FBI que participaron en los interrogatorios manifestaron sus objeciones a la estrategia. Un agente especial informó a la sede de la CIA que ambos psicólogos habían adquirido una "enorme influencia".

El FBI también sostuvo que toda la información útil del sospechoso había sido obtenida en los interrogatorios llevados a cabo por ellos.
Nueva empresa

Los métodos de los psicólogos se utilizaron al menos dos decenas de veces más, incluido el interrogatorio de 2003 a Khalid Sheikh Mohammed.

Según el informe del Senado, los dos hombres evaluaron al sospechoso, que fue sometido a ahogamientos simulados más de 100 veces, y su única recomendación fue que deberían interrogarle cada mes, cobrando cuatro veces más que los otros interrogadores.

Esto causó preocupación en el gobierno por un posible conflicto de intereses, según el informe.

Esto "se vio de la forma más evidente en un contexto en el que los mismos individuos aplicaban una técnica (de interrogatorios reforzados) que solo ellos habían aprobado utilizar y juzgado tanto su efectividad como la resistencia de los detenidos, e implícitamente propusieron un uso continuado de la técnica, con un sueldo que alcanzó, según informaciones, los US$1.800 al día".Leon Panneta desmanteló las cárceles secretas y prometió que los contratistas no volverían a dirigir los interrogatorios.

En 2005, los psicólogos crearon Mitchell Jessen y Asociados, con oficinas en el estado de Washington y Virginia.

Para 2007, la empresa ya contaban con casi 60 empleados y estaba ganando millones por contratos de la CIA después de que la agencia subcontrataba casi todas sus operaciones de interrogatorios.

Pero en 2009 Leon Panneta, entonces director de la CIA en la administración de Barack Obama, desmanteló las cárceles secretas, prometió que los contratistas no volverían a dirigir los interrogatorios y terminó con esa relación.

Para entonces, Jessen y Mitchell ya habían recibido casi la mitad del pago de su contrato con la CIA, de US$180 millones.

Esto ocurrió después de que la CIA ya había aceptado pagar un contrato de indemnización de US$5 millones que cubría, entre otras cosas, procesamientos criminales.

En 2007, Mitchell Jessen y Asociados contrató a un despacho de abogados y facturó más de US$1 millón a la CIA en gastos legales hasta 2012.

Según el actual contrato de la empresa con la CIA, la agencia está obligada a pagar gastos legales hasta 2021.

11 dic 2014

OTRO MAS Y VAN ....


Revelan plan encubierto de USAID contra Cuba




La agrupación Los Aldeanos recibió capacitación política mientras se presentaban en Serbia, pero desconocían las conexiones de Washington con el programa.
| Foto: Archivo

11 diciembre 2014 ...

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) pagó a raperos para desatar un movimiento contra el gobierno cubano, revela una investigación de la agencia informativa AP.

Una investigación realizada por la agencia estadounidense The Associated Press (AP) revela que a través del movimiento musical hip-hop la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) infiltró un proyecto para desestabilizar a Cuba.

De acuerdo a la publicación, la USAID contrató a un grupo de cantantes de rap para intentar crear un grupo contra el gobierno cubano. Este plan se ejecutó por más de dos años y usaba a los músicos para construir una red de jóvenes en busca de "un cambio social" dentro de la isla.

¿Por qué con hip-hop?

El programa de hip-hop de USAID se inspiró en los conciertos de protesta de estudiantes serbios que ayudaron a derrocar al presidente Slobodan Milosevic en 2000. Serbios involucrados en ese esfuerzo guiaron el programa cubano de hip-hop.

Los planes contemplaban reclutar a decenas de músicos cubanos para avivar un falso movimiento "artístico" que desafiara al gobierno de La Habana.

El sitio digital Huffington Post publica este jueves una cronología de las acciones encubiertas de la USAID en Cuba, que detalla las actividades del "promotor musical" serbio Rajko Bozic, quien llegó a Cuba con instrucciones de incorporar a su plan a raperos cubanos, entre ellos el dúo Los Aldeanos, y poner en marcha un movimiento juvenil opositor.

Asimismo señalan como la empresa Creative Associates International, con sede en Washington, planeó en Costa Rica cómo aprovechar el Concierto por la Paz que el cantautor colombiano Juanes organizaba en La Habana, para impulsar a Los Aldeanos y su discurso contestatario.

“Coincidentemente, el 3 de diciembre de 2009, el subcontratista de USAID, el ciudadano estadounidense Alan Gross, es detenido en el aeropuerto de La Habana por introducir ilegalmente a Cuba teléfonos satelitales y equipos de computación sin tener los permisos necesarios”, indica la investigación.

“Creative Associates usó una compañía de fachada en Panamá para ocultar los envíos de dinero”

La operación secreta de penetración del movimiento de hip-hop transcurrió simultáneamente con otros dos programas patrocinados por la USAID: el lanzamiento de un sistema secreto de "twitter cubano", conocido como Zunzuneo, y un programa que envió a jóvenes latinoamericanos para provocar la desestabilización de la juventud cubana a través del descontento y la crítica a las gestión gubernamental.
AP demuestra con contratos, correos electrónicos, conversaciones en chats, presupuestos, informes, fotografías y pasaportes cómo Creative Associates International y la USAID, pagaron millones de dólares para socavar al gobierno de Cuba.