23 ene 2015

HSBC : El Congreso analizará la fuga

DELINCUENTES ECONOMICOS


El decreto del Ejecutivo que crea la bicameral señala que la investigación apuntará a detectar si existe un comportamiento sistémico de los bancos para promover la salida de capitales y la evasión. La comisión citará a directivos del HSBC.



El Gobierno oficializó la creación de la comisión bicameral que investigará la información arrojada por las cuentas no declaradas que involucran a 4 mil argentinos –titulares, cotitulares o apoderados– en el HSBC de Ginebra, Suiza. “El trabajo de investigación se orientará a delinear la posible existencia de un comportamiento sistémico en el seno del mercado bancario y financiero para promover la salida de capitales evadidos de la tributación”, señala el decreto publicado ayer. La norma adelanta que en caso de ser necesario se impulsarán “las modificaciones legislativas en materia bancaria, financiera y/o cambiaria para eliminar este tipo de actividades”. Según explicó el diputado del FpV, Roberto Feletti, la comisión citará a los directivos del HSBC y a los responsables de las cuentas en Suiza, consultará a los organismos regulatorios, a otras instituciones bancarias y bursátiles, y a expertos. Una vez que ese proceso finalice, la intención es confeccionar un informe y enviarlo al Poder Ejecutivo.
La AFIP denunció el 27 de noviembre al HSBC y a sus principales directivos por evasión fiscal y asociación ilícita. En la presentación realizada ante la Justicia, se acusó al banco de facilitar la apertura y ocultamiento de cuentas en una sucursal suiza del holding financiero. En total hay 4040 sociedades e individuos que figuran con alguna responsabilidad en cuentas no declaradas por más de 2600 millones de dólares. Los principales implicados hasta el momento son Cablevisión, Multicanal, Deutsche Bank, Edesur, Loma Negra, Mastellone Hermanos, Bridas, Gabriel Martino (HSBC), Raúl Moneta (Grupo Moneta), Gustavo Grobocopatel (Los Grobo) y Sebastián Eskenazi (Grupo Petersen).
La Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores. Una vez que esté conformada, tendrá tres meses para emitir un informe con el resultado del trabajo, plazo que los legisladores podrán prorrogar una vez. El objetivo es investigar el esquema que los bancos extranjeros (en particular el HSBC) despliegan para facilitar a sus clientes en el país abrir cuentas en el exterior ocultas para la AFIP o subdeclaradas. Esos instrumentos generan una sangría de divisas y una pérdida para el fisco. Es decir que se analizará en qué medida la apertura de esas cuentas constituye parte del paquete de servicios que la empresa ofrece.
El decreto que oficializa la creación de la comisión, publicado ayer en el Boletín Oficial, detalla que los legisladores tendrán que identificar a “los agentes económicos involucrados en el incumplimiento fiscal y la fuga de divisas, y a las instituciones facilitadoras de la modalidad de evasión”. Durante el tratamiento del proyecto de creación de la comisión, la oposición manifestó su apoyo a la iniciativa de investigar la información proveniente de Suiza, aunque hizo hincapié en su voluntad de analizar “todas las operaciones de lavado de dinero en el país”.
El cronograma de trabajo incluye la citación de los directivos del HSBC y de los titulares de las cuentas denunciadas por la AFIP. Además, se prevé realizar encuentros con organismos reguladores del mercado bancario, financiero, cambiario y de capitales; entidades y agentes autorizados a operar en el mercado, y expertos y técnicos en finanzas. El decreto aclara, además, que “en ningún caso será oponible a la comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil y/o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad del objeto de la investigación”.
Una vez que termine su trabajo, la comisión enviará toda la información recopilada al Ejecutivo y realizará eventualmente denuncias ante la Justicia. Por último podrá recomendar establecer modificaciones legislativas.

Aparecieron nuevas pistas en la investigación del caso Nisman

La puerta de servicio del departamento del edificio Le Parc en el que vivía el fiscal federal Alberto Nisman estaba cerrada con llave poco antes de que el cuerpo sin vida fuera hallado por la madre y un custodio. Pero el cerrajero que la abrió declaró que cuando fue convocado, la puerta no estaba cerrada, aunque la llave estaba colocada del lado de adentro. Y no mintió.

¿Entonces? ¿Se puede ser y no ser al mismo tiempo? Filosóficamente no, pero en el marco de la investigación por la muerte del fiscal de la causa AMIA, que el miércoles de la semana anterior había acusado a la presidenta de la Nación de encubrir a los iraníes presuntos responsables del atentado a cambio de un acuerdo económico de petróleo por granos y carne, ambas afirmaciones que parecen contradictorias son ciertas. Y no se contradicen.
El cerrajero, identificado por su nombre de pila, Walter, dijo ante una maraña de periodistas en el acceso al edificio en el que trabaja la fiscal Viviana Fein: “La puerta de servicio estaba abierta, empujé la llave y entré en dos minutos.” Eso fue exactamente lo que él hizo.
Pero la puerta de servicio tiene una doble cerradura. Cuando Sara, la madre del fiscal Nisman, fue convocada por los custodios ante los llamados sin respuesta al interior del departamento en el que vivía su hijo, concurrió con su propio juego de llaves. Llegó hasta la puerta de servicio y con esas llaves abrió la cerradura superior, que sí estaba con llave. Pero cuando quiso hacer lo mismo con la inferior, no pudo. Si bien no estaba activada la cerradura, la llave estaba colocada del lado de adentro. Para alguien nervioso, angustiado y sin habilidad para destrabar cerraduras, acceder al departamento fue imposible. Por eso llamaron a Walter.
Un detalle que había pasado inadvertido altera todo el relato de la secuencia. No es un dato menor, y en una jornada en la que surgieron de la investigación nubarrones de dudas sobre cómo murió Nisman, el detalle de la puerta se erige en fundamental. Si la puerta hubiera estado efectivamente abierta, la posibilidad de que alguien hubiera estado en el departamento, salido por allí y cerrado dejando la llave del lado de adentro era perfectamente posible. Pero antes de que fuera convocado Walter, la puerta estaba cerrada con llave.
La propia madre del fiscal Nisman lo declaró ante la fiscal Fein. Y lo corroboraron los custodios que la acompañaron en ese duro trance de acceder al departamento en el que su hijo yacía sin vida.
En la tarde del domingo, Sara subió con uno de los custodios por el ascensor de servicio, pero no pudo ingresar al departamento del 13º piso. Entonces intentó por la puerta principal, que se abre con un código alfanumérico, como los mecanismos de algunas cajas fuertes. La mujer ingresó la combinación que creía recordar de memoria, pero la puerta no se abrió. Tras un par de intentos, un custodio la llevó hasta su casa, en la zona norte del Gran Buenos Aires, para buscar una agenda en la que tenía anotada la clave. Si bien coincidía con lo que ella recordaba, la puerta siguió sin abrirse. La fiscal investiga ahora si Nisman la cambió, y en tal caso cuándo y por qué lo hizo.
Avanzada la tarde y ante la imposibilidad de entrar, sospechando ya que algo malo había ocurrido, convocaron al cerrajero, quien con su ductilidad y experiencia rápidamente concluyó un trabajo que, para él, resultó fácil. La cerradura que liberó estaba sin llave; la que estaba con llave era la otra, que horas antes había abierto la madre del difunto fiscal.
Ayer trascendió también que una nueva inspección en el departamento permitió encontrar un estrecho pasillo por el que eventualmente se podía acceder al living del lugar en el que residía Nisman.
Se trata de un pasadizo que comunica el departamento en el que habitaba Nisman con el que está enfrentado, espacio aéreo de por medio, y en el que están ubicados equipos de aire acondicionado. Es un estrecho desfiladero; los equipos de aire acondicionado están situados contra una larga pared y hay sobre el lado opuesto una suerte de barral de protección, por el que se desplazan –por ejemplo– los técnicos que son convocados a reparar los equipos de refrigeración. A ese pasillo se accede desde el interior de los departamentos enfrentados, por sendas puertas muy pequeñas. En un extremo está el departamento en el que vivía Nisman, y del otro, el del vecino de enfrente, un ciudadano extranjero ya identificado y al que probablemente la fiscal convoque a declarar en los próximos días para establecer si estaba en su casa el domingo y si vio u observó algo que le llamara la atención.
Allí, los investigadores detectaron una pisada de apariencia reciente en el piso. Y sobre el barral de protección, una huella digital. Para determinar a quien corresponden, la fiscal pidió a la administración del edificio un informe sobre servicios de reparación o mantenimiento de la refrigeración realizados en ese u otros pisos cercanos en fechas recientes.
La situación de la puerta de servicio y el pasadizo en el que nadie había reparado parecieron sembrar dudas sobre lo que verdaderamente ocurrió el domingo por la mañana en ese departamento. Sin embargo, y más allá de esos y otros detalles que aún permanecen sin respuestas, de momento nada consiguió alterar la hipótesis principal en torno a la cual gira la investigación: Nisman se suicidó.
La otra prueba que se aguarda con expectativa, el peritaje sobre el arma que causó la muerte de Nisman para determinar si, accionada por otra persona, deja impregnaciones detectables en un “barrido electrónico”, se demorará algunos días, revelaron allegados al expediente. El examen en la mano derecha de Nisman dio resultado negativo. En cuanto a las cámaras de seguridad, la fiscal a cargo de la investigación aún no recibió informe alguno.
Ayer continuaron desfilando testigos por la sede del Ministerio Público Fiscal situada en la calle Tucumán 966, de esta Capital. Entre ellos, el fiscal federal Carlos Stornelli, quien manifestó su “percepción” sobre un Nisman “asustado”, pese a que su difunto colega nunca le refirió tal estado. También regresó a la fiscalía la jueza federal de San Isidro y ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, para concretar formalmente lo que ya había anunciado de manera verbal: su decisión de convertirse en querellante, en nombre de las dos hijas menores de edad que tenía la disuelta pareja.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien está de turno durante la feria judicial, convocó ayer a su despacho a la jueza Fabiana Palmaghini, quien está a cargo del expediente, junto con la fiscal. Lo hizo para brindarle su respaldo en la investigación y para anunciarle que tiene a disposición los recursos materiales y económicos que necesiten para esclarecer las razones de la muerte del fiscal Nisman.
Mensaje de la iglesia
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió un comunicado en el que expresó su “conmoción” por la muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, y pidió “superar las sombras de impunidad que dañan la salud de la democracia”.
“Como pastores compartimos la conmoción, perplejidad e incertidumbre que en estos días afectan a los argentinos. No obstante, confiamos en las instituciones de la República, para superar las sombras de impunidad que dañan la salud de la democracia”, indica el texto.
Los obispos apelaron a las autoridades y a la dirigencia política “a poner todo el esfuerzo, honestidad y capacidad investigativa, para alcanzar la verdad, única base de la justicia”.
Además, citaron un documento anterior difundido en vísperas al Bicentenario en el que sostienen que “la falta de verdad despierta profunda desconfianza y termina dañando el tejido social”
“Como Nación soberana necesitamos estar a la altura de las exigencias judiciales e institucionales, para que este doloroso acontecimiento sea esclarecido. En estos momentos alentamos a mantener serenidad y cautela en los juicios, firmeza y perseverancia en la búsqueda de la verdad”, continúa el texto. “Con fe y esperanza, volvemos nuestra mirada a la Virgen de Luján, para que ella nos siga acompañando en la construcción de una Patria unida, justa y pacificada”, concluye.
Instantáneas de la jornada
Otros indicios, el mismo enigma
Por qué el cerrajero dijo que la puerta de servicio estaba abierta, cuando estaba cerrada, y no mintió. Los elementos que trajo el pasadizo. Los dos auxilios del SAME, ambos infructuosos. Y el relato de la empresa de medicina privada del fiscal, que también acudió a su domicilio.
El cerrajero- “La puerta de servicio estaba abierta, empujé la llave y entré en dos minutos.” Walter, camisa abierta, pecho al aire, actitud de galán, se jactó de haber resuelto en un santiamén el cometido que le encargó la mamá del fiscal. Pero, en rigor, la puerta no estaba abierta. Tenía una doble cerradura. Y la mujer, antes de convocar al especialista, había abierto el cerrojo superior y no había logrado hacerlo con el de abajo porque se topó con la llave colocada del otro lado, aunque sin que el cerrojo estuviera echado. Esto fue constatado por el equipo de seguridad que acompañó a la madre de Nisman en todo momento.
El pasadizo – Se trata de un espacio destinado a los equipos de refrigeración de los departamentos. Este lugar, que hasta anteayer había pasado desapercibido, despertó el interés judicial y periodístico luego de que fueran halladas una pisada y una huella digital. El pasadizo comunicaría la unidad de Nisman con la de un vecino.
SAME y Swiss Medical – El Ministerio porteño de Salud informó los horarios de los dos pedidos de auxilio que recibió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, ambos infructuosos. A su vez, el titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, contó que “llamó la madre” de Nisman a esa empresa “con la convicción” de que su hijo “estaba fallecido”. “El médico intenta abrir la puerta (del baño) pero estaba trabada con el cuerpo. Lo ve sin vida a través del espacio que quedaba y no toca nada.”

Resaltan inconsistencias en denuncia del fiscal 

Ayer, finalmente se pudo conocer la totalidad del contenido de la denuncia que el fiscal Alberto Nisman había presentado contra la Presidenta, el canciller y otros dirigentes a los que había acusado de encubrir el atentado a la Amia en virtud de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Sin embargo, de la lectura de la totalidad del documento se desprenden inconsistencias graves.
Primera inconsistencia: impunidad por petróleo
En primer lugar, el corazón de la denuncia apuntaba a que el Memorándum de Entendimiento se había hecho con la intencionalidad oculta de intercambiar impunidad para los funcionarios iraníes que habían sido acusados por el atentado, por un aumento del intercambio comercial con el país asiático. Dicho más llanamente, la acusación era que se había cambiado impunidad por petróleo.
Ahora bien, si eso hubiera sido así, debería notarse un incremento del intercambio comercial entre ambos países una vez firmado el Memorándum, pero el problema de esta hipótesis es que esto no fue así. El año de mayor intercambio comercial de Argentina con Irán fue 2008. Recordemos que dos años antes, el 25 de octubre de 2006, la Justicia argentina había acusado formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y a Hezbollah de ejecutarlo. Es decir, el mayor intercambio se dio en los años de mayor frialdad en la relación bilateral. De ahí en adelante, el comercio con Irán no fue significativo y no se observa cambio alguno tras la firma del entendimiento. Por otra parte, la poco significativa exportación de granos a Irán en estos años estuvo a cargo -como no puede ser de otra manera ya que el Estado argentino no puede exportar granos- de empresas privadas como Bunge, Nidera, Cargill, Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata, Molinos Libres SA y Copra SA, entre otras. En ese sentido, no se comprende por qué la imputación no cayó también sobre estas empresas, las cuales deberían haber formado necesariamente parte del supuesto plan que incluía el intercambio de impunidad por aumento en la actividad comercial.
La endeblez de la hipótesis sobre la necesidad energética argentina como organizadora del acuerdo es tal que no hay un solo informe técnico o de un perito especializado en el tema que avale lo que la denucnia afirma.
Tanto Argentina como Irán tienen la misma estructura de producción petrolífera: producen crudo y tiene relativamente poca capacidad para refinarlo. De modo que los dos son exportadores de crudo y compradores de productos refinados como, por ejemplo, combustibles. Esta situación similar entre los dos países vuelve imposible la idea de un intento de negocio energético con Irán en la medida en que Irán vende lo mismo que Argentina exporta. Es decir, lo que Argentina necesita importar en el mercado mundial Irán no lo produce.
En resumen, la vía comercial como justificación del acuerdo es insostenible y no hay un solo dato que la avale.
Segunda inconsistencia: sacar los alertas rojos
Una segunda acusación era que en el acuerdo Argentina se había comprometido a trabajar para que Interpol levantara los alertas rojos que impedían que funcionarios iraníes acusados como autores del atentado pudieran salir de Irán. Sin embargo, hay una carta del canciller Timerman, que se hizo pública en estos días, en la que, dos semanas después de firmado el acuerdo, le dice dos veces al Secretario General de Interpol que la firma del acuerdo no cambiaba los alertas rojos sobre los funcionarios iraníes y que el juez de la causa, Canicoba Corral, era el único que estaba habilitado a formular algún cambio al respecto. Esta carta fue contestada, dos meses después por Interpol, confirmando que los alertas no se iban a modificar.
Pero por si faltaran elementos para derribar esta afirmación hecha por Nisman, cuando se conoció la denuncia, el ex secretario de Interpol entre 2000 y 2014, Ronald Noble, envió un mail al canciller argentino en que le manifestaba su respaldo absoluto y decía taxativamente que lo que Nisman había afirmado era falso y que la posición de gobierno argentino había sido que los alertas rojos no se tocaban bajo ninguna circunstancia.
Tercera inconsistencia: la pista local
Otra de las acusaciones era que en 2012, un ex juez, al que Nisman sindicó como miembro del Servicio de Inteligencia, se había reunido con un miembro de la dirigencia comunitaria iraní en Argentina para acordar la confección de una pista falsa sobre grupos de ultraderecha locales como autores del atentado y así desviar la investigación sobre Irán. Sobre este punto las inconsistencias son varias. La primera y más inmediata es que esta denuncia para supuestamente desviar la investigación nunca se hizo en ningún juzgado, de modo que no hay delito de encubrimiento ni siquiera en grado de tentativa. Incluso, en el caso de que se pudiera probar que tal reunión existió y que allí se acordó lo de la pista local, se estaría solamente ante la preparación de un delito que no es una conducta punible, toda vez que solo quedó en eso.
El otro problema que tiene esta acusación es que, recordemos, es contra nada menos que la Presidenta de la Nación, de modo se vuelve muy difícil de explicar cómo se conectan la preparación de un delito de encubrimiento en una supuesta reunión entre un ex juez y un dirigente comunitario, con la Presidenta y sus funcionarios de más alto rango.
Además, si el fiscal sabía de esta reunión desde 2012, la pregunta es por qué no lo había denunciado en ese momento o, al menos, por qué no había informado al juez de la causa de la aparición de esa otra pista.
Y hay más. Desde 2004, cuando fue nombrado por el entonces procurador Esteban Righi al frente de la Unidad Amia, Nisman era el máximo responsable de la investigación. En ese contexto, resulta inverosímil plantear que la Presidenta y su canciller hubieran tramado la confección de una pista falsa en la medida en que ineludiblemente eso debía pasar por las manos del fiscal.
La Unidad Especial Amia, es la unidad fiscal con mayor cantidad de recursos materiales y humanos de todo el Ministerio Público Fiscal y en el año 2014 contó con un presupuesto de 24 millones de pesos, lo que significó un aumento sustancial respecto del ya importante presupuesto que se le había otorgado en todos los años anteriores. En este contexto, resulta inverosímil que el mismo gobierno que fortalece de esta manera la unidad de investigación de la causa Amia, al mismo tiempo conspire contra esa investigación.
Cuarta inconsistencia: el pacto de Timerman con el canciller iraní
En su escrito acusatorio, el fiscal dijo que en una reunión en la ciudad de Alepo, Siria, el canciller argentino y el de Irán había sellado el acuerdo. La prueba de esto eran los dichos de un periodista argentino, recientemente fallecido, que le había dicho al fiscal que había visto un documento donde el canciller iraní le confirmaba a su presidente tal pacto. Sin embargo, no existe documento alguno que avale ni siquiera parcialmente tal afirmación.
Quinta inconsistencia: la escuchas sobre el dirigente iraní
En su denuncia, Nisman había transcripto una escucha de un agente de inteligencia que hablaba con el dirigente argentino-iraní, Alejandro Khalil, en la que le aseguraba que le habían dicho que en la Secretaría de Inteligencia iban a levantar los alertas rojos sobre los iraníes acusados. En su escrito, el fiscal dice que este agente es en realidad alguien que trabajaba para Irán. Si esto es así, es grave que el fiscal no hubiera informado esto al juez Canicoba Corral. Incluso resulta complejo entender por qué Nisman no informó al entonces Jefe de Operaciones de la SI, Jaime Stiusso -con quién según el propio Nisman llegó a reunirse hasta dos veces por semana- sobre la acción de este agente presuntamente vinculado a los principales acusados en la causa.
Aunque el fiscal aseguraba que solo había accedido a escuchas hechas sobre Khalil, y no tenía escuchas ni de la presidenta, ni del diputado Larroque, nada de esto pareció suficiente a la hora de conectar a este agente que hablaba con el sospechoso como alguien que trabajaba bajo las órdenes de Cristina Fernández de Kirchner. Según había afirmado Nisman, en las escuchas a las que accedió aparecían los dirigentes Luis D´Elía y Fernando Esteche. Ni Khalil, ni Esteche, ni D´Elía son funcionarios del gobierno nacional, de modo que también ahí había un problema grave para justificar la imputación que hacía a la Presidenta.
Sexta inconsistencia: los agentes de SI
A pedido del juez Lijo, la Secretaría de Inteligencia por intermedio de su Secretario, Oscar Parrilli, informó que Ramón Allan Héctor Bogado (mencionado como quien estaba en contacto con Khalil) y el ex juez Héctor Yrimia (mencionado como quien participó en el supuesto armado de una pista local), sindicados ambos por Nisman como miembros de SI “no pertenecen ni han pertenecido como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio”.
Séptima inconsistencia: las escuchas
“¿Qué garantías tenemos con éstas cintas que produce la Secretaría sabiendo cómo es la actividad de la Secretaría?”, se preguntó el juez Canicoba Corral en una entrevista que brindó a apropósito de la repercusión de la denuncia, de modo que sin garantía de autenticidad, el carácter probatorio de este material está puesto severamente en entredicho por el propio juez de la causa.

Tabaré Vázquez confirma que aplicará impuesto a los grandes terratenientes

Se confirmó ayer la segunda ley que el gobierno que asumirá el próximo1° de marzo remitirá al Parlamento y que en su momento formó parte de las promesas electorales en la última campaña presidencial.

PRESIDENTE URUGUAYO FIRMÓ VETO PARA LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO


Se trata de la norma que repondrá la obligación tributaria del Impuesto de Primaria a los propietarios de inmuebles rurales mayores de 200 hectáreas, según anunció el propio Tabaré Vázquez durante la campaña electoral. Ese impuesto se había suspendido en el año 2002 durante el último gobierno del partido Colorado como una ayuda financiera del aquel Poder Ejecutivo a los productores rurales por la crisis económica que sacudía al país y repercutía en las áreas de la producción.
El restablecimiento del Impuesto de Primaria a este sector de la producción nacional fue uno de los anuncios hechos por el entonces candidato y luego electo presidente Tabaré Vázquez. Generó esto críticas y cuestionamientos duros y prolongados que se escucharon tanto desde filas de los partidos de la oposición como de las entidades gremiales rurales. Su restablecimiento podría generar una recaudación de más de 100 millones de dólares de los que actualmente se obtienen.
Unos y otros aseguraban que ya se paga, aunque de manera indirecta ese impuesto, aludiendo los cuestionadores a un aporte ficto para la escuela pública. Sin embrago, la izquierda insistió con la reimplantación del gravamen durante toda la campaña electoral última. Incluso, la novedad de que si el Frente Amplio vencía en las elecciones iba a llevar a cabo la reimplantación de la medida la hizo el entonces candidato Vázquez durante la campaña para las elecciones internas.
Fue el actual vicepresidente y futuro ministro de Economía Danilo Astori que ayer, en su despacho del Palacio Legislativo, confirmó la segunda ley que llegará desde el entrante Poder Ejecutivo al Parlamento, el día 2 de marzo próximo. El primer proyecto de ley que arribará lo dio a conocer el lunes el entrante presidente Tabaré Vázquez, algo que ayer fue título principal en este diario.
Vázquez señaló que el 2 de marzo, a 48 horas de asumir el poder, enviará una iniciativa legal que modificará el Impuesto a la Renta a las Personas Físicas (IRPF) para evitar que el aguinaldo y el salario vacacional provoquen un salto en la franja de aportes sumándose a los ingresos como rige hasta hoy. Con esta modificación, que también formó parte de los anuncios durante la pasada campaña electoral, se establecerá en los salarios de los trabajadores una merma en la recarga impositiva cuando se cobren el aguinaldo y el salario vacacional.
“Cada uno va a seguir pagando pero no sumándose porque al agregarse pueden provocar un pasaje de franja del contribuyente”, contó Astori en declaraciones a la prensa, agregando que lo que se hará es cobrar “por separado” ambos beneficios para no generar una tasa mayor a la que los trabajadores pagan habitualmente.
Astori ilustró que con esta medida el gobierno hará una renuncia fiscal (dejará de recaudar) unos 20 millones de dólares en promedio pero que ese faltante en las arcas del Estado se suplantará precisamente con el restablecimiento del Impuesto de Primaria para los propietarios de extensiones de tierra y con el desarrollo productivo que el gobierno actual y el entrante coinciden en que se registrará en el país fruto de inversiones directas y del desarrollo productivo.
Un impuesto que dio que hablar
El restablecimiento del Impuesto de Primaria para el sector rural ha sido epicentro de largos y chirriantes debates entre los que sostienen su vigencia y los que lo rechazan.
Tradicionalmente se lo conoce como “el impuesto bueno”, concepto escuchado incluso desde tiendas de partidos hoy en la oposición.
“El futuro del país lo tenemos que hacer entre todos con distribución justa de la riqueza y con imposición adecuada, para que pague más el que tiene más y pague menos el que tiene menos. Que el impuesto para las escuelas públicas lo paguen todos los uruguayos y también los poderosos estancieros que hoy no lo pagan”, exclamó Vázquez  en la pasada campaña.
Cuando esto se escuchó, el presidente de la Federación Rural del Uruguay, Carlos María Uriarte, lamentó que Vázquez hiciera ese anuncio que, según él, “contribuye a la desunión de los uruguayos”.
El ex presidente Batlle en el año 2002 decretó el retiro del Impuesto al sector rural sustituyéndolo por los aportes que se hicieran a través del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba)
El presidente José Mujica dijo sobre la reimplantación del gravamen que “en realidad no tendríamos que cobrárselo (al sector rural), lo tendrían que pagar de voluntad propia”.
Voto electrónico
El Senado de la República sesionó ayer por primera vez haciendo uso del voto electrónico. Este sistema destierra el tradicional voto de los senadores con mano alzada. Registra además las ausencias y presencias de los parlamentarios y hasta permite intercomunicarse con los integrantes de la mesa que preside las sesiones.
En el reglamento legislativo no existe la abstención de voto del parlamentario pero el actual sistema electrónico lo contempla y no se descarta que en un futuro cercano se revea el orden de votación para habilitar el voto de abstención.

Cuba-EEUU: tras un primer diálogo sobre migración, hoy se definen los pasos a seguir para restablecer el vínculo diplomático

Cuba y Estados Unidos sostendrán hoy una reunión en esta capital para identificar los pasos a seguir hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la apertura de embajadas y otros temas de interés bilateral.


Este encuentro, que tendrá lugar en el Palacio de las Convenciones, da continuidad a los planteamientos de los presidentes de ambos países el 17 de diciembre pasado, sobre el objetivo de iniciar un proceso de normalización de los vínculos entre las dos naciones.
El bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene Washington contra esta isla caribeña desde hace más de medio siglo constituye el principal obstáculo hacia el logro de una relación estable, considera la cancillería cubana.
La delegación norteamericana en este intercambio estará presidida por la secretaria asistente de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, mientras la cubana estará a cargo de la directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), Josefina Vidal Ferreiro.
Las partes discutirán los principios sobre los cuales se sostendrán esos nexos.
Al respecto, un funcionario diplomático de la cancillería cubana dijo que la apertura de embajadas en ambas capitales deberá basarse en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares.
En esta reunión, que abrirá el camino hacia nuevos intercambios sobre el tema, Cuba reiterará la propuesta que hizo el año pasado al gobierno norteamericano de sostener un diálogo respetuoso sobre bases de reciprocidad en lo referido al ejercicio de los derechos humanos, informó un portavoz del Minrex.
Además, las partes discutirán otros asuntos de interés bilateral, según lo trascendido hasta el momento.
La víspera tuvo lugar en el capitalino Palacio de Convenciones de La Habana la vigésimo octava ronda de conversaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos, en la cual la delegación norteamericana estuvo presidida por el subsecretario asistente del Buró para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Edward Alex Lee.
El funcionario estadounidense expresó su satisfacción por la marcha de las negociaciones en este tema y reiteró la tradicional posición de Washington de mantener vigente la Ley de Ajuste Cubano, en vigor desde 1966, y la política de pies secos-pies mojados.
Josefina Vidal Ferreiro, que encabezó la parte cubana en los contactos de ayer, enfatizó que estas regulaciones, que confieren beneficios exclusivos para los cubanos, constituyen los principales estímulos a la emigración ilegal hacia el país norteño.

Comunicado de Cuba sobre la ronda de conversaciones migratorias

El 21 de enero de 2015, se realizó una nueva ronda de conversaciones migratorias entre delegaciones de los Estados Unidos y Cuba, presididas respectivamente, por el subsecretario asistente para los Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Edward Alex Lee, y por la directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal Ferreiro.
En la reunión, que se desarrolló en un ambiente constructivo, se evaluaron diversos aspectos de las relaciones migratorias, incluyendo el cumplimiento de los acuerdos vigentes, la emisión de visas para emigrantes y visitas temporales, y los resultados de las acciones emprendidas por ambas partes para enfrentar la emigración ilegal, el contrabando de personas y el fraude de documentos.
La delegación de Cuba expresó satisfacción por la reciente realización de un encuentro técnico entre el Servicio de Guardacostas de EE.UU y las Tropas Guardafronteras de Cuba para intercambiar sobre medidas que contribuyan a una implementación más eficaz de los Acuerdos Migratorios y de los Procedimientos de Búsqueda y Salvamento adoptados entre ambos países.
Ante la permanencia de la política de “pies secos-pies mojados” y de la Ley de Ajuste Cubano, la delegación cubana reiteró su preocupación por su vigencia, que además de atentar contra la letra y el espíritu de los Acuerdos Migratorios, continúan siendo el estímulo principal a la emigración ilegal, al tráfico de emigrantes y a las entradas irregulares a Estados Unidos desde terceros países, de ciudadanos cubanos que viajan legalmente al exterior.
Los representantes cubanos ratificaron su profunda preocupación por la situación que enfrenta la Sección de Intereses de Cuba en Washington y, en particular, su oficina consular, que como resultado del bloqueo, está próxima a cumplir un año sin servicios bancarios, lo cual provoca graves afectaciones a los servicios que debe prestar a los cubanos residentes en Estados Unidos y a los ciudadanos norteamericanos interesados en visitar Cuba.
La delegación de Cuba reafirmó su disposición a mantener estas conversaciones.

EE.UU. mantendrá la Ley de Ajuste Cubano y la política de pies secos-pies mojados

El subsecretario asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Edward Alex Lee, reiteró hoy en La Habana que Estados Unidos mantendrá la Ley de Ajuste Cubano y la política de pies secos-pies mojados.
En una breve conferencia de prensa tras sostener con la parte cubana una ronda de conversaciones sobre asuntos migratorios en el capitalino Palacio de Convenciones, Lee aseguró que la actual administración está comprometida con el mantenimiento de ambas normas, que siguen guiando la política migratoria estadounidense hacia Cuba.
Cuba, por su parte, ha sido enfática en que la Ley de Ajuste Cubano y la política de pies secos-pies mojados constituyen el principal incentivo para la emigración ilegal de sus nacionales hacia territorio norteamericano, y además violan el espíritu de los acuerdos firmados en 1994 y 1995 para regular el flujo de personas entre ambos países.
Precisamente estas reuniones bianuales tienen por objetivo pasar revista al cumplimiento de los acuerdos rubricados durante la administración del Bill Clinton.
El funcionario norteamericano refirió que Cuba y Estados Unidos expresaron su compromiso de que la emigración entre ambos países “se mantenga segura, legal y ordenada”.
Precisó que estas son las primeras conversaciones después de los cambios anunciados por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro el pasado 17 de diciembre, y el encuentro reflejó ese nuevo énfasis en el diálogo y la participación conjunta.
“El hecho de que las conversaciones hayan sido productivas y en espíritu de colaboración prueba que a pesar de las diferencias, EE.UU. y Cuba pueden encontrar oportunidades para seguir trabajando en temas de interés mutuo, así como seguir un dialogo respetuoso y profundo”, agregó.
Además de debatir la aplicación bilateral de los acuerdos, Lee dijo que se produjeron intercambios sobre otros asuntos como el regreso de personas de origen cubano que permanecen en territorio de ese país, pero las autoridades los consideran excluibles; el programa parole de reunificación de familias y el seguimiento de los ciudadanos repatriados.
Al frente de la delegación cubana a esta cita estuvo la directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Josefina Vidal Ferreiro.

22 ene 2015

“Agentes” denunciados por le fiscal Nisman… ni son agentes

RAUL KOLLMAN / PAGINA12 

La Secretaría de Inteligencia (SI), a cargo de Oscar Parrilli, le hizo saber al juez federal Ariel Lijo que las dos personas mencionadas por el fiscal Alberto Nisman como integrantes de la SI “no pertenecen ni han pertenecido (a la ex SIDE) como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio”. Se trata de Ramón “Allan” Héctor Bogado y el ex juez Héctor Yrimia.

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En el escrito, Parrilli le notifica a Lijo que Bogado tiene dos causas por tráfico de influencias, ya que se hizo pasar por integrante de la SI ante la Dirección de Aduanas y ante un particular en un expediente por extorsión. Una causa es de 2013 y la otra de 2014. Fuentes oficiales informaron a este diario que el tal Bogado no tiene ninguna relación con el Poder Ejecutivo ni ocupa cargo alguno. Tras la desclasificación, por orden de la Presidenta, de la identidad del supuesto agente, el juez Lijo resolvió publicar la totalidad de la denuncia de Nisman en el Centro de Información Judicial (CIJ), un resorte que depende directamente del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
Antes de su muerte, Nisman había dicho que no quería dar a conocer las 300 páginas de su denuncia contra CFK, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el dirigente de Miles Luis D’Elía, el de Quebracho Fernando Esteche y el ciudadano argentino con públicas posturas pro-iraníes Alejandro “Yussuf” Khalil. El argumento de Nisman para no publicar el texto era que incluía los nombres de agentes de inteligencia involucrados.
El domingo Página/12 dio a conocer que el Ejecutivo desclasificaría la identidad de cualquier agente requerido por Nisman. Eso se concretó el lunes: el titular de la SI, Parrilli, le hizo saber al juez la decisión presidencial. A raíz de ellas, el juez Lijo, ya de regreso de sus vacaciones, le envió un oficio a Parrilli pidiéndole que la SI diga si Bogado e Yrimia trabajaron o trabajan para la central de inteligencia. En su respuesta, Parrilli le dijo al juez que ninguno de los dos integró la SI e incluyó un dato de importancia: que Bogado ya fue denunciado dos veces por tráfico de influencias a raíz de que se hacía pasar por agente de la SI supuestamente para hacer algún negocio. En un caso, ante la Aduana, lo que fue denunciado por la propia SI, con lo que se formó una causa judicial que tramita en el Juzgado Federal de Luis Rodríguez. La calificación es “averiguación de delito”. En agosto de 2013, el Tribunal Oral Criminal Nº 1 también se dirigió a la SI para preguntar por Bogado. Según parece, también en ese caso se hizo pasar por agente en un expediente que tenía que ver con una extorsión. Ya en ese momento se le informó al TOC 1 que Bogado “no pertenece ni ha pertenecido al organismo como personal contratado ni como personal de planta permanente”.
En su escrito dirigido a la SI, Nisman dijo que se debía identificar a los agentes que hablaron con cuatro celulares. Los cuatro números correspondieron a Khalil, aunque no los tuvo todos al mismo tiempo, sino sucesivamente. Y las escuchas se hicieron durante dos años y medio, es decir 30 meses.
En el texto completo de la denuncia que se conoció ayer no hay novedades importantes. Todo va en el mismo sentido que los resúmenes que entregó Nisman la semana pasada. Pero ahora se agrega que los que él menciona como agentes no son agentes.
Anoche se iniciaba una polémica por la publicación de la denuncia, en el CIJ, bajo el paraguas de la Corte. Fuentes judiciales recordaban que por muchísimo menos el juez Claudio Bonadio pretende imputar al fiscal Carlos Gonella por violación de secreto. Gonella ni siquiera publicó una denuncia, sino apenas un tuit en el que se refería a la publicación.
Algunas de las transcripciones de las escuchas de Bogado –que según escribió Nisman “ha jugado un rol por demás relevante”– son hasta cómicas y finge una familiaridad con la Presidenta que no tiene y que se basa en decirle falsedades a Kahlil. Es una especie de Superagente 86.
Por ejemplo, hace alardes diciéndole a Khalil “la jefa está con gripe” o “tiene un coágulo” que se le formó haciendo gimnasia, cuando es público que el episodio del coágulo tuvo que ver con un golpe. Pero además, Bogado afirma “esto está cerrado muy arriba”, sin que se aporte una sola prueba de que Bogado se haya encontrado con nadie o que conociera a nadie.
Para Nisman es relevante que D’Elía le dijera a Khalil “salgo del Ministerio, estuve con Julio y no se puede hacer nada si no firman el Memorándum”. De ello, el fiscal saca la conclusión que la familiaridad de D’Elía con De Vido está probada, cuando no está claro que haya estado realmente en el Ministerio de Planificación ni mucho menos que haya hablado con el titular de la cartera.
De la misma manera se toma como prueba que en una conversación con Khalil, D’Elía sostenga que “salgo de la Rosada”, sin que ni siquiera se aporte evidencia de que hubiera estado en la Casa de Gobierno, algo que es habitual en el dirigente de Miles que concurre a buena parte de los actos. Pero no hay prueba alguna de que haya estado con la Presidenta o que las cosas que menciona provengan de un diálogo con la mandataria.
Para más, ninguna de las cuestiones que supuestamente se pactaron terminaron concretándose.
- Al ex juez Yrimia se lo vincula con el plan de plantar una pista falsa a la que llaman “fachos locales”. Consistía en echarles la culpa del atentado a sujetos de la derecha vernácula. Nada de eso existió en la causa ni se le presentó a Nisman, quien debía recibir o tratar cualquier cosa referida al ataque contra la AMIA. Tampoco hubo notificación alguna al juez de la causa Rodolfo Canicoba Corral.
- La primera parte de la denuncia gira en torno del supuesto acuerdo para que se levanten las órdenes de captura con alertas rojas. Ya el ex secretario general de Interpol derrumbó esa parte del escrito de Nisman: “Lo que dice el fiscal es falso. Nunca el canciller Héctor Timerman ni ningún funcionario argentino hizo gestiones o sugirió que se levanten las alertas rojas. Todo lo contrario, en cada conversación me hicieron saber su compromiso ciento por ciento con el mantenimiento de las alertas rojas”, sostuvo públicamente y ante este diario el norteamericano Ronald Noble, quien encabezó Interpol desde 2000 a 2014.
- D’Elía, Esteche, Bogado y Khalil hablan del acuerdo comercial entre Argentina e Irán: se cambiaría petróleo iraní por granos argentinos. Esto no ocurrió. No hubo tal acuerdo. Pero, además, hoy en día, el comercio con Irán lo hacen los privados: el 80 por ciento es soja y el principal proveedor de Teherán es el grupo Grobo.
A esto se suma ahora que los dos espías denunciados, según la SI, no lo son. Y, por lo menos en el escrito de Nisman, no se aporta ninguna evidencia de que efectivamente trabajen para la ex SIDE.
En el texto hay algunos argumentos llamativos. Por ejemplo, se da por probado que existían negociaciones entre el gobierno argentino y el iraní por las siguientes cuatro razones:
- Que cuando el periodista Pepe Eliaschev dijo que había negociaciones, Timerman lo trató de “pseudoperiodista”. Se recuerda que Eliaschev afirmó que los cancilleres se vieron en Alepo, Siria, donde supuestamente Timerman estuvo en forma secreta. Sin embargo, la presencia del canciller fue pública, al punto tal que hubo un cable de Télam cubriendo la información.
- Que en el 17º aniversario del atentado, en julio de 2011, la Cancillería de Irán sacó un comunicado rechazando cualquier participación en el atentado. Lo que para Nisman constituyó una prueba del “pacto de impunidad” es que la Argentina no contestó a aquel comunicado.
- Que el embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas no dejó su banca cuando habló el presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, ante la Asamblea General de 2011. En la Cancillería sostienen que lo importante es que se ausentó la Presidenta de aquel discurso y que, en todo caso, no es la prueba de un pacto de impunidad, sino decisiones políticas.
- Que en 2012, AMIA y DAIA no fueron invitados a viajar a las Naciones Unidas. Según la Cancillería es falso. En la única ocasión en que las instituciones no viajaron fue en 2013, porque coincidía con Rosh Hashaná y Yom Kipur.
Las bases de la denuncia son de ese estilo. Se involucra a Andrés Larroque porque hay una escucha telefónica en la que D’Elía le dice a Khalil que estuvo con Larroque y que éste le dijo que no vaya a una manifestación “porque va a ser copada por los troskos”. En otra ocasión Khalil afirma que “vengo de La Matanza de hablar D’Elía y Larroque que tenían un mensaje para darle al gobierno (de Irán). Estoy yendo a la casa del embajador en Martínez”. No hay ninguna escucha a Larroque mismo, ninguna oportunidad en que hable con Khalil, ninguna prueba de la existencia de aquel encuentro y todavía menos que se haya llevado a cabo una reunión por orden presidencial.
Del mismo tenor es otra supuesta prueba presentada en la denuncia. Se dice que existe un texto del ex canciller iraní Alí Akhbar Salehi supuestamente dirigido al presidente de su país, en que dice “Argentina no está más interesada en resolver aquellos dos atentados, pero en cambio que quiere mejorar sus relaciones económicas con Irán”. No hay copia, no hay nada de ese documento, sólo dichos de dos periodistas claramente opositores que dicen haberlo visto. Ni siquiera hay alguna evidencia de la autenticidad de lo que les habrían mostrado. Y más allá de estos elementos, lo cierto es que no hubo acuerdo ni mejora en las relaciones económicas.
Como se sabe, Nisman considera el Memorándum “la pieza clave del plan criminal”. Lo cierto es que se trata de un acuerdo público firmado por dos cancilleres y votado por el Congreso argentino. Puede tratarse de un mal acuerdo, hasta una ley inconstitucional, pero no un delito.
Tal vez la mayor sorpresa que queda de la publicación del texto completo de la denuncia de Nisman es que no existen las fabulosas escuchas que se preanunciaban. Son unas pocas, todas a Khalil, y con intervenciones de protagonistas que han manifestado públicamente su simpatía con el régimen iraní como D’Elía o Esteche. Un ex juez que participó de una pista de “fachos locales” que nunca se presentó. Un espía, “Allan”, que la SI había denunciado porque no es del organismo y trató de hacerse pasar por espía en dos oportunidades anteriores.
La lectura de la totalidad del escrito no cumplió con las expectativas de que incluiría escuchas sorpresa o pruebas inesperadas. Después de que Ronald Noble lo desmintiera; que el juez Rodolfo Canicoba Corral dijera que “la denuncia del fiscal tiene nula o escasa validez probatoria”, todos los que conocían la presentación completa sabían que el fiscal tenía muy poco para defender su denuncia.