EJEMPLO DE CIUDADANO

ODIADO POR LA INDUSTRIA ELÉCTRICA POR AHORRAR MILLONES A LOS USUARIOS


Antonio Moreno es un jubilado español dedicado a denunciar las maniobras de las compañías eléctricas en su país. Con sus denuncias ahorró millones a los usuarios.




Foto: Interviú

La vida de Antonio Moreno Alfaro, ingeniero industrial nacido en Sevilla, cambió un mal día de 1990. En aquel tiempo, trabajaba para la compañía Landis & Gyrs, proveedora privada de contadores de luz, y fue llamado para que se sumara a una reunión en la Asociación Española de la Industria Eléctrica, patronal de las compañías de ese rubro en España, reunión a la que acudió junto a su responsable directo. "Se trataba del Grupo Contact (integrado por las cinco compañías que instalaban contadores), un encuentro clandestino con un claro objetivo: repartirse el mercado. Se pactaban los precios de forma que cada una de las grandes energéticas tuviese su cuota. Tú ofertas esto ahora, yo aquello más tarde, y todos contentos", explica Moreno en entrevista con el periódico El Confidencial.
Una vez tuvo constancia de los tejemanejes, y siempre según su versión, el ingeniero se negó a participar en las negociaciones. Fue reprendido por su empresa: "Insistían en meterme a toda costa en las reuniones, incluso llegaron a agredirme físicamente", dice. La situación se resolvió el 7 de noviembre de 1994 con un despido repentino. Antes, y oliéndose lo que venía, Moreno había robado una carpeta etiquetada como "Grupo Contact" del departamento de ventas de su compañía y la había llevado a un Juzgado de Guardia de Sevilla.
Allí también depositó las tarjetas de los asistentes a la reunión, así como abundante documentación sobre el supuesto acomodo del mercado. Tras el registro judicial de Landis & Gyrs el asunto pasó a manos de la Unidad de Delitos Económicos de Sevilla e incluso a la Comisión Europea se ocupó del caso, enviando a siete inspectores para revisar los más de 100.000 documentos incautados. Finalmente, tras cuatro años de litigio, el caso se archivó al no encontrar delito. Moreno sostiene, tal y como recogió la prensa, que varios documentos clave de la investigación se perdieron en el tránsito entre la policía y el juzgado para que no hubiese consecuencias legales.
Cuando el caso se archivó, los responsables de las compañías eléctricas suspiraron aliviados, ignorantes de que lo peor estaba por venir. Moreno, convencido de estar ante un entramado de corrupción que involucraba a los poderes judicial, político y económico, se embarcó en la cruzada de su vida. Cada día, durante los últimos veinte años, se sienta delante de un montón de papeles. Convencido de que algo huele muy mal en el negocio eléctrico, calcula tarifas, repasa sentencias, analiza ediciones antiguas del BOE (publicación similar a nuestro Diario Oficial) y escruta de mil maneras al sector que trató de corromperlo y luego le dio una patada.. Estando "completamente solo", como lamenta, se ha convertido en uno de los auditores más eficientes de España.
La tozudez de Moreno Alfaro no sólo ha causado molestias y contratiempos a las empresas: también les ha hecho perder dinero, ahorrándoselo a su vez a los usuarios: desde 1994 detectó, documentó y litigó por catorce irregularidades en la factura de la luz. Todo esoe proceso lo va publicando en su página web en una página, EstafaLuz, que su hijo le armó y que la compañía eléctrica Endesa quiso cerrarle por intromisión en su honor, además de reclamarle una indemnización de 50.000 euros. De haber prosperado la demanda, Moreno -quien cobra una jubilación de aproximadamente mil euros- habría visto embragada su vivienda. Finalmente el año pasado la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón e impuso las costas del proceso a la eléctrica.
La querella iniciada por Endesa no fue gratuita, ya que dicha empresa ya tenía al jubilado montado entre ceja y ceja desde 2010, cuando le sacó de las manos una ganancia de 117 millones de euros, que a su vez fueron ahorrados a los usuarios. En aquella ocasión, el jubilado señaló como ilegal la pretensión de las empresas de electricidad, que pretendían cobrar nueve euros a cada abonado por el cambio -obligatorio por renovación- del contador.
Su acción fue fulminante: denunció a al entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero por permitir un fraude masivo y redactó un escrito a la Comisión Nacional de la Energía que no sólo fue atendido, sino que logró dejar sin efecto el abusivo cobro. Endesa se vio obligada a instalar 13 millones de contadores de forma gratuita lo que, unido a los más de 20 millones a cargo de otras compañías, resultó en 300 millones que el sector eléctrico dejó de ingresar.
"Todos los gobiernos de España han actuado en connivencia con las eléctricas. Felipe González, en primera instancia, permite que se infle, a partir de 1984, el precio del alquiler de los contadores. Le sigue Aznar, encubriendo a su predecesor por orden directa de José María Amusátegui, presidente de la patronal, y lo culmina Zapatero mirando para otro lado ante las constantes ilegalidades de las eléctricas", explica airado.
Entre sus denuncias, Moreno señala que el costo de la tasa fija de servicio, que va asociada al costo del aparato contador, debería haber evolucionado de acuerdo al costo de estos aparatos, que no ha hecho más que bajar en todo el mundo. Sin embargo, las empresas han logrado que dicha tasa vaya enganchada al costo del kilovatio, por lo que ha subido constantemente, situando a la electricidad española como la tercera más cara de Europa.
Moreno se ocupó también de ese asunto, y tras años de escritos a los reguladores, al Gobierno e incluso al rey, consiguió que rebajase un 10% el alquiler de contadores y que su incremento de precio se paralizase hasta hoy.
En la actualidad el ingeniero se centra en canalizar las demandas que recibe a través de su página web, donde hay un formulario para que los usuarios puedan realizar fácilmente sus reclamaciones. Sigue luchando, como cada mañana, contra Endesa y el resto de las eléctricas, a las que acusa de haberse embolsado 11.200 millones de euros en las últimas dos décadas a costa del consumidor, amén de una nueva remesa de reproches relacionados con los contadores inteligentes y las redes de gestión. Advierte que aún le quedan "dos o tres bombas atómicas" que guarda para cuando se presente la ocasión.

Montevideo Portal

La verdad sobre la lista negra USA del terrorismo

Como es internacionalmente conocido, Estados Unidos ha confeccionado una lista de los países, que según ellos, son los promotores del terrorismo internacional y dentro de los países que han situado en dicha lista, se encuentra Cuba.

4/08/15 

NESTOR GARCIA ITURBE –

Los países “agraciados” con la distinción de promotores del terrorismo, sufren además de toda una serie de sanciones y restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, relacionadas con sus operaciones financieras, el cobro de servicios, el ingreso de fondos provenientes del turismo y de operaciones propias de la actividad consular que realizan sus representaciones diplomáticas.

Algunos países, dando una muestra de total servilismo, aceptan la lista confeccionada por Estados Unidos y la toman como suya, es decir que también aplican ciertas restricciones a los países que aparecen en la misma, sin tomar en consideración que una lista, de esta característica, debería ser confeccionada y aprobada por un organismo internacional, no por un país individualmente.

Al plantear el Premio Nobel de la Paz y Señor de Todas la Guerras, su intención de restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba, se planteó por Raúl Castro, que hasta que la isla no fuera excluida de la famosa lista, no se podrían restablecer dichas relaciones, por cierto, interrumpidas por decisión de Estados Unidos en enero de 1961.

Según muchos oficiales estadounidenses, entre los que incluyo a Roberta Jacobson, lo solicitado por Cuba no es fácil. Ponernos en la lista es cuestión de minutos, sacarnos lleva como seis meses. El Departamento de Estado tiene que hacer un estudio sobre la actitud de Cuba durante más de un año, con eso hacer una recomendación al presidente, el que debe enviar la misma con su aprobación al Congreso para que este le otorgue la aprobación final. Hasta que este proceso no esté terminado, según los oficiales mencionados, tenemos que seguir en la lista.

Inclusive, algunos periodistas, políticos y “cubanologos” han planteado que se debían restablecer las relaciones diplomáticas y abrir las embajadas pendiente a que el proceso termine, lo cual se consideraría una muestra de confianza y buena voluntad de Cuba hacia Estados Unidos. ¿Confianza y buena voluntad?… ¡LOS FOSFOROS! (Esta es una expresión que no utilizaba desde hace muchos años, pero creo que ahora es la más apropiada)

Sin embargo, dicen que más se demora en descubrir un cojo, que un mentiroso y es verdad. En un despacho de la agencia AP del 6 de abril de este año, confeccionado por Michael Weissenstein and Bradley Klapper, sale a relucir la verdad que todos conocíamos.

En el despacho se hace referencia a una conferencia de prensa en la que habló la vocera del Departamento de Estado Marie Harf, la misma que recientemente hizo el chiste de que Estados Unidos no estaba relacionado con los golpes de estado. De acuerdo con lo que dice el despacho periodístico, en la propia conferencia se les acercó un funcionario del Departamento de Estado, que quiso mantener su anonimato y les dijo que :

“Consideraba poco probable que Washington sacara a Cuba de la lista de terroristas sin tener la seguridad de que el gobierno de Cuba permitiría que los diplomáticos estadounidenses asignados a la Embajada puedan operar con menos restricciones… lo que permitiría a los mismos los contactos con los “disidentes”. Además de eso otro problema que Cuba debe permitir es un número alto de funcionarios en la Embajada”

Ni una sola palabra relacionada con el terrorismo para sacar a Cuba de la famosa lista. Como podemos comprender, la lista se utiliza como mecanismo de presión contra el gobierno Cubano para lograr que “aflojemos” en otros asuntos que ellos necesitan para asegura su labor diversionista y de apoyo a la contrarrevolución en Cuba.

En los momentos de terminar este artículo están llegando noticias de que es probable Obama tome la determinación de sacar a Cuba de la lista. Esa es una muestra de que cuando nos ponemos duros de verdad, el imperio no le queda otro remedio que ceder.

Esperemos para ver si esto sucede, o es otra noticia ofrecida por un “funcionario que desea mantenerse en el anonimato”.

Recuerden que no podemos darles “ni un tantito así”, que “no confiamos en ellos” y que no podemos “dejarnos llevar por los cantos de sirena.” Tres frases dichas por distintos compañeros, pero que nos dan la luz necesaria en momentos como este.

Veinte kilos de oro por matar a este hombre

Se trata del expresidente de Yemen; la misma recompensa se le dará a quien asesine al líder de los huthíes en la península arábiga

 08.04.2015, ©

• Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) ofreció una recompensa de 20 kilos de oro para quien mate o capture al líder de los rebeldes hutíes, Abdul Malik al Huthi, o al expresidente de Yemen Alí Abdulá Salé, según el portal de seguimiento de redes yihadistas SITE.

La agencia Europress dijo que los hutíes y los militares leales a Salé han unido fuerzas para tratar de expulsar al actual mandatario, Abdo Rabbu Mansur Hadi, exiliado en Arabia Saudí.

“Al Qaeda se ha aprovechado de este conflicto para recuperar músculo y territorios, como quedó de manifiesto la semana pasada con una ofensiva en Mukalla. Una coalición de países de la zona encabezada por Arabia Saudí lanzó hace dos semanas una operación militar en Yemen para tratar de frenar el avance huthi y restaurar el Gobierno de Hadi, que en febrero trasladó su centro de operaciones a la ciudad de Adén”, informó la agencia.

CHILE: Las privatizaciones de los ‘80

En medio de la batahola de los casos Penta, Cascadas, SQM y Caval, todos se preguntan si Chile es un país corrupto. Claramente no lo es, ni tampoco una nación de pillos, ni de ladrones. 
5 de abril, 2015
OPINION

/ Agencia Uno

Al contrario, Chile es un país que crece y se desarrolla, con una masa laboral, en todos los ámbitos, que se sacrifica día a día para empujar el carro de la estabilidad y de las oportunidades, incluyendo a los miles de extranjeros que llegan a Chile, con expectativas bastantes más altas que los propios chilenos. Así lo dicen los indicadores económicos, de extranjería y el índice de percepción de la corrupción, en que estamos número 21 a nivel mundial. Por este motivo, como hay gente sacrificada, la mayoría de los chilenos, les molesta estos casos y con justa razón, los care palo que han hecho su fortuna evadiendo impuestos y falsificando boletas, o las privatizaciones de los años ’80… porque casi todos los chilenos culturalmente, ven con buenos ojos el esfuerzo y al que llega a ser jefe o tiene su fortuna mediante el mérito. Es por eso que la sociedad exige que la cancha sea igual para todos o al menos, que todos jueguen en la misma cancha.

Lamentablemente, y me detendré un poco en este punto, los “nuevos ricos” que se crearon bajo la dictadura militar, privatizaron las empresas estatales y se apoderaron de ellas, mediante la corrupción, hoy tambalean. Todos, quién más o quién menos, luego denostaron la ineficiencia del Estado para resolver los problemas económicos, pero ellos felices, se apoderaron de ellas. Hay que ser muy care palo, para que estos grupetes y personajes, aún estén en la impunidad, excepto los que hoy están en la palestra pública y en la cárcel.

Un libro clave para entender este entramado es “El Saqueo de los grupos económicos al Estado chileno” de María Olivia Monckeberg quien investigó tempranamente, de la segunda mitad de los ’80, cómo muchos Chicagos Boys como Hernán Buchi, Pablo Barahona, Carlos Cáceres, Jorge Cauas, Juan Hurtado, Bruno Philippi, José Yuraszeck, entre otros, cometieron ilícitos, para apoderarse de las empresas públicas, nuestras empresas. Ellos quiénes desde sus cómodos puestos, desde la derecha, en especial de la UDI, privatizaron con trampa las empresas de todos los chilenos, creando decretos de ley, llevando a familiares al Estado para aprovechar la mano blanda de la dictadura para cometer estos ilícitos. Corrupción de tomo y lomo, porque los procesos privatizadores son aceptados en la medida que se realicen OPAS, en que todos participen del mercado, y que el mercado sea esencialmente democrático. Llama la atención, como diría en su libro Monckeberg, que ellos, que detentaron puestos claves, se privatizaron junto a las empresas de todos los chilenos, tengan en su lenguaje que el modelo económico liberal implantado sea en esencia meritocrático. Las pinzas. Ellos se arreglaron los bigotes, comprando acciones, especulando con los precios de las estatales, creando empresas fantasmas para apoderarse de ellas, evitando pagar impuestos y un cúmulo de delitos descritos en el propio libro “El Saqueo” que hoy vale la pena poner en el tapete.

Todo sistema, es voluble a la corruptela. Todo. El socialismo cayó a principios de los ’90 con sus dirigentes enriquecidos, en el liberalismo lo mismo, usted debe estar cerca de los que ostentan poder, así podrá escalar y acceder a la riqueza. O si no, pregúntele a la nuera de Bachelet que aprovechando su conexión política y acceso al poder, se enriqueció. Es positivo que la opinión pública se entere de todo esto, ya que es una de las maneras de corregir este vicio, además que la Presidenta haya creado una instancia anti corrupción. Sin embargo, así como la Cámara de Diputados tiene en su almanaque, una investigación de las privatizaciones de los años’80, sería bueno aprovechar el vuelo actual y comenzar a judicializar a todos estos malandras, algunos de ellos están sentados en el Congreso representando a la derecha, escudriñar aún más cómo fueron las privatizaciones de los años ‘80 y hacer del sistema liberal, mucho, pero mucho más meritocrático. Este sistema ha dado pruebas del desarrollo y productividad, no cabe duda, pero, ¿a costa de quién?, creo que hay paño que cortar todavía. 

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Freno judicial a las causas relacionadas con la complicidad de empresarios con la dictadura y la liberación de represores.

ENCUENTRO DE SOBREVIVIENTES, FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

En alerta ante las últimas decisiones

Convocados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, unos 200 participantes debatieron sobre el freno judicial a las causas relacionadas con la complicidad de empresarios con la dictadura y la liberación de represores.

 Por Alejandra Dandan

La mesa de discusión era esperada. Cristina Torres viajó quince horas en ómnibus desde Santiago del Estero para poder estar. Reneé Ahually, la Turca, esperó hasta este encuentro para volverse a Tucumán después de varios días en Buenos Aires. En el fondo de la sala, chiquita, estaba Noemí Labrune, fundadora de la APDH de Neuquén. Lita Boitano, adelante de todo, terminó de sacudir la sala al pronunciar el nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Jóvenes y no tanto, sobrevivientes, familiares, integrantes de los organismos de derechos humanos, representantes de distintas agencias del Estado y del Poder Judicial se reunieron preocupados por las últimas señales de la Justicia en las causas por delitos de lesa humanidad. Entre esos ejes está el freno a la investigación por las responsabilidades de los empresarios en los crímenes de la dictadura y la liberación de presos en Tucumán y Salta. El encuentro, convocado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, reunió a unos doscientos participantes en el edificio de la Procuración, sobre Avenida de Mayo.

Los sobrevivientes de Jujuy creen que la “falta de mérito” que la Cámara de Casación dictó sobre el empresario Carlos Blaquier es como un punto final dictado por la Justicia, sobre el avance de las causas relacionadas con la responsabilidad empresaria. En un descanso del encuentro, Jorge Auat, coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, señaló: “No es una apreciación antojadiza, sino más bien un alerta que se activó. Las últimas resoluciones son las que instalaron la sensación de que estamos ante un punto final judicial. Incluso diría que, más allá de las dificultades que tuvimos en el camino durante todos estos años, es la primera vez que se empieza a hablar de esto y esto tiene un antecedente concreto, que han sido los últimos fallos, fundamentalmente el caso Blaquier. Por eso, nos planteamos al empezar esta mesa de discusión ¿cuál es el límite para las investigaciones?”.

En la sala, el encuentro empezó a las diez de la mañana. Estuvo parte de la Comisión Interpoderes. Además de funcionarios de distintos ministerios, estuvo Ana María Figueroa, presidenta de la Cámara de Casación Penal, a quien los presentes agradecieron haberse acercado y, cuando se fue, lamentaron que no oyera los reclamos, dado que muchos recayeron sobre todo en ese espacio.

Fuera de la sala, en un alto, la jueza hizo un esfuerzo para desmarcarse de sus colegas. “En un principio, después de la dictadura, los abogados centramos el debate sobre los responsables directos de lo que había sido el terrorismo de Estado. Este planteo con respecto a los civiles y los distintos roles es mucho más nuevo y, por esa razón, los juicios están también más atrasados. Es un tema de cuándo se advirtió que se podían establecer distintos niveles de participación y eso, con los años transcurridos, muchas veces es de difícil prueba, entonces hay obstáculos a salvar.” De la causa Ledesma no habló. Dijo que no podía, porque no era parte de la sala que intervino. Tampoco de la excepcionalidad de la falta de mérito, aunque admitió que no se da en la mayoría de los casos.

Pese a todo, Figueroa llegó con una buena noticia: un nuevo juez para el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín, a cargo de las causas de Campo de Mayo. Allí hay doce juicios orales ya elevados, con más de 500 víctimas. Debates que no pueden empezar porque no hay tribunal. La nueva jueza será María Lucía Cassaín, aparentemente en reemplazo de Horacio Segretti.

Los planteos que se escucharon de la sala fueron variados. Además de los dos centrales, hubo descripciones puntuales que atraviesan buena parte de las causas. Falta de jueces en Santiago del Estero; ausencia de juicios en Corrientes y Santa Fe; la causa Milani. Necesidad de profundizar la búsqueda de los desaparecidos o los modos de identificación. Dificultades con el Cuerpo Médico Forense y los equipos ad hoc para chequear sus controles. Propuestas de controles aleatorios a los represores que cumplen prisión domiciliaria. Más allá de esto, hubo miradas generales especialmente sobre dos ejes: lo que dejaron estos diez años de juicios y lo que aún falta hacer.

Pablo Llonto, abogado de varias causas, entendió el encuentro como emergente de un nuevo escenario. “Estamos evidentemente ante el fin de la Comisión Interpoderes –dijo–, de esa herramienta que fue creada en su momento para avanzar con estas discusiones y ahora celebramos el nacimiento de un ámbito de discusión distinto, como un inicio de solución a los problemas que tenemos.” Podemos escribir 400 o 500 páginas de los problemas que hay en cada jurisdicción –explicó–, pero este llamado es “ultra-necesario y una respuesta a una preocupación, a la vista de las medidas que vienen existiendo en la Justicia, o porque sí o porque se les cayó la careta a algunos personajes del Poder Judicial”.

Ciro Annicchiarico, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos en la causa Campo de Mayo, aplaudió el nombramiento de la jueza en San Martín, pero dijo: “Yo dejaría abierta una luz amarilla”. Y luego: “Con respecto a los civiles, vimos con preocupación que, justo cuando se empezaba a avanzar con el procesamiento a altos directivos de la empresa Ford, el juicio no se hace porque se cayó el tribunal. Nos quedaba una sola jueza, Marta Milloc, que además tiene problemas de salud”.

Alan Iud, de Abuelas de Plaza de Mayo, se preguntó si no era el momento de empezar a pensar en una segunda acordada de la Cámara de Casación. “La acordada (de 2012) aceleró los juicios y, entre otros resultados, fue muy importante para evitar la revictimización de las víctimas, pero también produjo límites, porque tuvo distintas aplicaciones.” A esta línea se sumó Carlos Fernández Díaz, de Mar del Plata. Pero otros, como Llonto o el fiscal de Mendoza Dante Vega, abrieron una línea paralela para pensar en una legislación especial. “Sé que a algunos se les van a remover las tripas con esto”, dijo Llonto sobre la conquista que significó avanzar con los juicios sin leyes ni tribunales especiales. “Pero soy partidario de una legislación especial –dijo– porque es la única herramienta para unificar los problemas de lentitud.” Dante Vega dijo: “¿Legislación especial, sí o no? Siempre dijimos que no, pero es una alternativa. Tal vez frene este embudo de causas que mueren en la Corte”.

José Schulman, de la Liga por los Derechos del Hombre, habló de Milani, y cómo el caso vuelve a poner en duda la palabra de la víctima. “En 1983 la sociedad se dividió entre los que les creían a las víctimas o los que les creían a los represores, y esto parece reactualizarse con este caso: están aquellos que les creen a los familiares de Ledo o le creen a Milani. Esto es un problema en el avance de las conquistas de los organismos de derechos humanos.”

Las voces siguieron. Los querellantes y abogados de los organismos preparan un nuevo encuentro para mediados de mes. Cristina Torres es sobreviviente de Santiago del Estero, donde desde 2003 comenzaron a impulsar causas contra la policía, el Ejército y la corporación judicial. “En diez años de querellantes no logramos nada en buena parte de estos frentes –dijo–. Hay que volver a la calle, esto lo aprendimos los sobrevivientes, volver a hacer presente el reclamo al conjunto de la sociedad. Dejemos la siesta, lo decimos nosotros que somos santiagueños, y empecemos de nuevo a batir el parche.”

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-270090-2015-04-09.html