Buitres, Nisman, DAIA: la ruta del dinero

 OPINION

 Por Jorge Elbaum *

En diciembre de 2012, el canciller Héctor Timerman visitó la DAIA y mantuvo en el séptimo piso de Pasteur 633 una reunión con el consejo directivo de esa entidad para explicar las características de las tratativas llevadas a cabo por entonces con la República Islámica de Irán. En ese encuentro participaron familiares de las víctimas del atentado a la AMIA de 1994 y fue resumido por el presidente de la DAIA, Julio Schlosser, como “lo valedero es la opinión de los familiares (de las víctimas), y ellos expresaron claramente que esta entrevista ha sido altamente positiva... Si para los familiares ha sido positivo, la opinión de los dirigentes está de más”, sostuvo el presidente de la DAIA, una vez terminada la reunión con el canciller. La misma tarde de ese encuentro, el miércoles 27 de diciembre de 2012, a las 19, el secretario general de esa entidad, Jorge Knoblobitz, manifestaba a sus allegados que había recibido una llamada telefónica del periodista Pepe Eliaschev quien le advertía –indignado– que la recepción cordial al canciller Timerman iba a ser taxativamente condenada y repudiada por “la comunidad” y las embajadas norteamericanas e israelí. Luego de esa llamada se sucedieron varias reuniones espasmódicas hasta que el vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff, se encargó de transparentar lo que estaba sucediendo: existía una clara presión “telefónica” orientada a cuestionar cualquier tratativa con Teherán. Cualquier acuerdo convertiría a los ayatolás –reclamaban quienes presionaron por teléfono la mañana del 28 de diciembre de 2012– en actores de política internacional cuando en realidad debían ser etiquetados, frente a la opinión pública nacional, como belicosos terroristas incapaces de llegar a ningún acuerdo diplomático.

Entre los encolerizados lobbistas telefónicos sobresalían los números celulares de Santiago Kovadloff, Daniel Sabsay y Marcos Aguinis, quienes tiempo después se convirtieron en fervientes convocantes a la marcha de los paraguas del 18 de febrero. A partir de marzo, además, decidieron conmemorar mensualmente (junto a Nelson Castro) la memoria del ex fiscal a partir de la fecha de su fallecimiento.

En enero de 2013, la presidenta de la Nación informó el acuerdo alcanzado con Irán mediante el Memorándum de Entendimiento y afirmó que éste sería tratado en sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. El lunes 11 de marzo de 2013, luego de que el memorándum fuese aprobado por el Congreso, se realizó una reunión en el barrio de Arlington, en Washington, en la cual los miembros del Grupo de Tareas Estadounidense sobre Argentina (ATFA, por sus siglas en inglés) decidieron incorporar el Memorándum de Entendimiento como un ariete más para condicionar a nuestro país a negociar de forma más vulnerable frente a los fondos especulativos. Además de tomar la decisión de realizar una campaña negativa sobre los acuerdos alcanzados con Teherán, mediante solicitadas aparecidas en diferentes diarios, se resolvió contactar a dirigentes y políticos locales para solicitarles que se expidan rápidamente en forma crítica sobre el tratado en ciernes, ofreciendo todo tipo de “colaboración” para defenestrar al gobierno argentino.

El 2 de junio de 2013, la ATFA, financiada mayoritariamente por Paul Singer, presidente del fondo NML Elliott, publicó una solicitada que titula “Aliados vergonzosos” y que muestra una fotografía de la presidenta Cristina Fernández junto al entonces presidente persa Mahmud Ahmadinejad. “Ha llegado el momento de impedir que Argentina siga transgrediendo la ley estadounidense y la ley internacional”, se inscribe en letras catástrofe en dicha solicitada. El 16 de junio de 2014, la Corte Suprema norteamericana decide no tomar el caso de la deuda argentina dándole vía libre al juez Griesa para continuar amparando a los fondos especulativos internacionales.

El 9 de julio de 2013, el responsable de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes, el republicano Jeff Duncan (que en septiembre de 2012 recibió el “aporte” de 10 mil dólares del Comité de Acción Política de la organización Cada Republicano es Crucial, financiado por Paul Singer), envió una carta a la presidenta Cristina Fernández mostrándose decepcionado por la decisión de la procuradora Gils Carbó de no autorizar a que Nisman “comparezca” ante el Capitolio.

Dos días después de la carta dirigida a la Presidenta, el propio Duncan envía una misiva al secretario de Estado, John Kerry, en donde advierte que “Argentina puede estar intentando apoyar el programa ilícito de armas nucleares iraní” y reclama al canciller Kerry que sopese los vínculos del gobierno de Fernández con “el principal auspiciante mundial del terrorismo”. Por la misma época, el senador republicano por Illinois, Mark Kirk, envió otra carta a la presidenta de la Nación cuestionando las tratativas con Irán. El franqueo de dicha misiva y otros gastos mayores del senador fueron solventados por Paul Singer a través de una donación de 95 mil dólares, según Informa la International Press Service el 7 de agosto de 2013, citando al Center for Responsive Politics, organización dedicada a monitorear las donaciones políticas dentro de Estados Unidos. Días después de esas tres cartas, el fiscal Nisman inicia una serie de encuentros con los dirigentes de la DAIA y de la AMIA donde se acuerdan los pasos a seguir para evitar la aplicación del memorándum. En dichas reuniones, realizadas en un bar ubicado en la calle Juana Manso 1601 de Puerto Madero, el fiscal Alberto Nisman repitió enfervorizadamente que estaba dispuesto a aportar “de sus propios recursos” para colaborar con la DAIA a destrozar el memorándum. “Si es necesario, Paul Singer nos va a ayudar”, afirmó frente a dos sorprendidos contertulios.

La oferta de Nisman quedó flotando como un secreto a voces en el edificio de Pasteur al tiempo que generó un debate entre los más pragmáticos –que estaban dispuestos a aceptar dichos potenciales aportes para enfrentar al memorándum– y quienes se negaban a recibir “ayuda” de un fondo especulativo, cuyas prácticas violaban varios de los preceptos judíos acerca de la prohibición de imponer intereses usurarios.

Los debates crematísticos fueron silenciados aunque hoy ya contamos con un dato relativo a una cuenta en Estados Unidos, revelada por uno de sus titulares, el informático Lagomarsino, que proveyó a la Justicia la codificación número 5v3-50653, correspondiente a la sucursal de Nueva York del Merrill Lynch Bank of America Corporation. Dicha cuenta fue inicializada en febrero de 2010 en ocasión del viaje de Nisman a Washington. Las coincidencias se acumulan cuando queda en evidencia que ésa fue la misma época en que el fiscal inició su campaña desaforada destinada a cuestionar la intención de la Cancillería argentina de lograr la comparecencia de los acusados iraníes. Fue en ese período, curiosamente, en el que decidió la contratación –con dineros públicos– de los servicios de consultoría de Mariela Ivanier, titular de la consultora Verbo Comunicación. Ivanier trabajaba desde hace un lustro como lobbista de Papel Prensa y los diarios La Nación y Clarín, empresas en las que sigue trabajando al día de hoy. Ivanier, además, brinda servicios a la multinacional Estée Lauder Companies, perteneciente al actual presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, entidad internacional de la que es socia la DAIA, y que recibe aportes anuales del fondo NML Eliott.

Durante todo el año 2013, la Foundation for Defence of Democracies (FDD), think tank republicano cuyo directivo ejecutivo es Mark Dubowitz, difundió seis “estudios” destinados a denostar la política argentina en relación con los buitres y a las tratativas con Teherán. Dubovitz brindó una entrevista ante la CNN afirmando ser amigo personal de Nisman y denunciando que el ex fiscal le había comentado en la intimidad que había recibido fotos de sus hijas como forma de amedrentamiento. Uno de los subalternos de Dubovitz, Jonathan Schanzer, se dedicó a indagar en las “oscuras conexiones entre el gobierno argentino y Teherán” en un paper difundido por la FDD en agosto de 2014. El caso llamativo es que la Foundation for Defence of Democracies dirigida por el íntimo amigo de Nisman ha recibido 3,6 millones de dólares desde 2008 hasta 2014 provenientes de aportes de Paul Singer, según el informe impositivo realizado por International Press Service.

En febrero último el actual secretario general de la DAIA, Jorge Knoblovitz, realizó un gira por Estados Unidos destinada a denunciar el “asesinato de Nisman” y el imperio de la impunidad en la Argentina. El caballito de batalla de la gira fue la afirmación de que el ex fiscal era el muerto número 86 del atentado a la AMIA. En declaraciones a un medio comunitario de Miami, afirmó que “la DAIA comprende que en el día de hoy se debe internacionalizar la causa AMIA” y en pos de lograr dicha internacionalización se entrevistó con el presidente de la Anti Defamation League, Abraham Foxman, socio republicano del Instituto para Asuntos de Seguridad Nacional (Jinsa), entidad en la que Paul Singer ha donado 250 mil dólares en los últimos dos años. Durante la gira, y en forma posterior a ella, el actual vicepresidente de la DAIA Waldo Wolff dio rienda suelta a su afán tuitero afirmando que “Nisman fue ausentado” por el gobierno por su denuncia a la Presidenta. Días después consignó en la red social del pajarito –luego de la resolución de la cámara de rechazar el pedido de Pollicita– que “no había nada que festejar”.

Si se pretendiera hacer caso omiso de todas estas llamativas coincidencias, que podrían titularse como una “ruta del dinero”, quizá debiera iniciarse el camino de la pesquisa desde atrás hacia adelante: luego de la muerte del ex fiscal se creó una página web –con dominio en Estados Unidos– en homenaje a Nisman. El motivo de dicho portal es reconocer a “aquellos que de manera similar luchan por la justicia y muestran coraje excepcional frente a obstáculos sustanciales”. La web http://albertonisman.org promociona un premio internacional para honrar al fallecido fiscal. El premio se denomina Alberto Nisman Award for Courage y está avalado por la Foundation for Defence of Democracies (FDD), del amigo íntimo de Nisman Mark Dubowitz. El financiamiento del Premio le corresponde, como era de esperar, al señor de los buitres, el titular de NML Eliott, Paul Singer.

* Sociólogo, ex director ejecutivo de la DAIA.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-270831-2015-04-18.html

Paz turbulenta

Las Farc advierten que los diálogos no se pueden romper y Santos dice que no cederá a presiones

17 abril, 2015   Colombia

La guerrilla de las FARC afirmó que los diálogos de paz con el Gobierno “no se pueden romper por ningún motivo”, en un comunicado fechado el miércoles, cuando 11 militares murieron a manos del grupo insurgente en Cauca.

Sin mencionar ese hecho, Timoleón Jiménez (‘Timochenko’), máximo líder de las FARC, insistió en la persistencia de los diálogos en su sitio web, tras destacar las multitudinarias marchas convocadas la semana pasada por organizaciones de izquierda, en apoyo a las negociaciones.

“Las principales consignas levantadas por los marchantes se relacionaban con la urgencia de firmar desde ya un cese bilateral de fuegos que ponga fin al desangre”, aseguró ‘Timochenko’ en el documento fechado el mismo día en que 11 militares fallecieron en una “emboscada” de las FARC en el municipio de Buenos Aires, departamento de Cauca.

El hecho, reivindicado por la guerrilla, que negó, sin embargo, que se tratara de una acción ofensiva, llevó al presidente Juan Manuel Santos a reanudar los bombardeos en su contra, suspendidos hace un mes y medio en el marco de las negociaciones de paz que tienen lugar en la Habana desde noviembre del 2012.

Antes del cese temporal de los bombardeos, la guerrilla ya mantenía una tregua unilateral e indefinida desde diciembre, cuyo cumplimiento había reconocido el propio Gobierno la semana pasada.

‘Timochenko’ agregó que las manifestaciones del 9 de abril estaban “basadas todas en una premisa fundamental, la persistencia en las conversaciones actuales, que no pueden romper por ningún motivo”.

Esas marchas reflejaron “la ebullición de un gigantesco clamor por la paz”, insistió.

El líder rebelde aprovechó, además, para afirmar que la posición del gobierno colombiano en Cuba “parece más empeñada en reducir los alcances del proceso de paz a la aceptación de condenas y penas por parte de los mandos guerrilleros”, en momentos en que el espinoso tema de la justicia transicional está en debate.

‘Timochenko’, quien dirige una guerrilla de unos 8.000 combatientes, según cifras oficiales, agregó que los consensos hasta ahora conseguidos en esas pláticas, sobre desarrollo rural, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas, “carecen de sentido si no aceptamos lo que se nos quiere imponer en materia de justicia transicional”.

“Resultaría que los diálogos de paz no son más que una representación teatral cuyo último acto debe conducir inevitablemente al sometimiento de los alzados”, agregó.

Según el comunicado, “las FARC-EP reiteramos nuestra total disposición a encontrar salidas concertadas que reflejen el carácter pacífico y dialogado de la solución al largo conflicto” de más de 50 años que vive el país, que ha dejado oficialmente al menos 220.000 muertos y 5,3 millones de desplazados, y en el que también han participado otras guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y fuerzas militares.

Semana

La salida política debe ser concertada – Por Timoleón Jiménez

Numerosos medios y sectores se empeñaron en presentar las marchas del pasado 9 de abril como una especie de homenaje nacional en memoria a las víctimas del conflicto interno, con la pretensión fallida de desnaturalizar su verdadero contenido, y luego quisieron minimizar su trascendencia, despachándolas aprisa con otros cubrimientos noticiosos. Pese a ello resulta incuestionable que el proceso de paz que se adelanta en La Habana cuenta con un apoyo multitudinario, al tiempo que gran parte de la nación se distancia de las posturas del gobierno.

Resulta obvio que ese tipo de contundentes manifestaciones públicas no son del completo agrado de los círculos del poder. El gobierno nacional sabe bien que las principales consignas levantadas por los marchantes se relacionaban con la urgencia de firmar desde ya un cese bilateral de fuegos que ponga fin al desangre, la necesidad de entablar conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional y la viabilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación de los acuerdos alcanzados.

Desde luego que basadas todas en una premisa fundamental, la persistencia en las conversaciones actuales, que no pueden romperse por ningún motivo. Lo que puso de presente el país nacional el pasado 9 de abril fue la ebullición de un gigantesco clamor por la paz, entendida esta como la culminación de un proceso de transformaciones políticas y sociales iniciado desde la puesta en marcha de la fase pública del proceso con las FARC-EP, a partir de noviembre de 2012. Muy al contrario de la reiterada posición gubernamental, refractaria a los cambios institucionales.

Y que cada vez parece más empeñada en reducir los alcances del proceso de paz a la aceptación de condenas y penas por parte de los mandos guerrilleros. Han sido múltiples e incisivas las posturas públicas del Presidente Santos al respecto, en las cuales no deja de leerse cierto dejo de advertencia final. O nos mostramos dispuestos a aceptar esa condición que nunca fue pactada como premisa de las conversaciones, o debemos tener claro que no será posible la firma de ningún acuerdo. Nada está acordado hasta que todo esté acordado, nos han repetido siempre.

Lo que podría traducirse del siguiente modo: las largas discusiones para llegar a la concertación de acuerdos parciales en materia del sector rural, cultivos ilícitos y participación democrática, incluso lo conseguido como aproximaciones en cuestión de víctimas y fin del conflicto, todo en su conjunto carece de sentido si no aceptamos lo que se nos quiere imponer en materia de justicia transicional. De donde resultaría que los diálogos de paz no son más que una representación teatral, cuyo último acto debe conducir inevitablemente al sometimiento de los alzados.

Como insurgencia armada por más de medio siglo, las FARC-EP no podemos ser ajenas a las realidades materiales de la confrontación. Por encima de la indiscutible verdad de que la rebelión es un justo derecho de los pueblos ante los regímenes violentos, un argumento que podría hacerse valer hasta sus últimas consecuencias a fin de esgrimir, por ejemplo, que todo lo acaecido durante los años de guerra es única responsabilidad del poder injusto que provocó el alzamiento, nuestra vocación sincera en la Mesa es la de alcanzar un acuerdo que signifique una salida.

Somos conscientes de que la necesidad de hallar una fórmula satisfactoria impone facilitarla antes que impedirla, lo cual exige rigurosa ecuanimidad a la hora de hacer planteamientos. Recuerdo ahora el horroroso episodio histórico de la tortura y ejecución del dirigente indígena Túpac Amaru, vencido y atrapado por el poder español tras encabezar el más grande levantamiento colonial contra la Corona a finales del siglo XVIII. Zaherido y sometido a los más crueles tormentos, soportaba el interrogatorio del visitador del rey Carlos III, acerca de sus demás cómplices.

Entonces, en el colmo de su desespero, tuvo el coraje de responderle: Aquí no hay más cómplices que tú y yo. Tú por opresor, yo por libertador, ambos merecemos la muerte. Quizás recordaba que su primer acto como rebelde había sido la aprehensión y posterior ejecución del corregidor español Antonio Arriaga, hecho que radicalizó y extendió la insurrección. No creo que haya quien piense hoy en la injusticia del levantamiento indígena ni en el crimen contra la majestad de rey. En cambio todos nos estremecemos con la brutalidad aplicada contra Túpac, su esposa y sus hijos.

Ejercida además en nombre de Dios y la ley, lo cual conduce a pensar en el carácter temporal y cambiante del derecho y la justicia, nociones que muchos pretenden inmutables y válidas para todos los tiempos y espacios. Nuestra posición ha sido la de reconocer en todo momento la parte de la responsabilidad que nos quepa en las violencias que envuelven la dinámica de una guerra a muerte, lo que no significa que nos arrepintamos de nuestro alzamiento. Pero el Estado, el conjunto del Establecimiento, también deben asumir con franqueza las suyas.

Porque se trata de una salida concertada, de un acuerdo entre dos partes que desean poner fin al largo calvario de la confrontación fratricida entre los hijos de una misma patria. Una solución de índole política que necesariamente requerirá un derecho que se adapte a ella, que puede ser creado y convalidado por un clamor nacional como el propuesto por las arrolladoras marchas del pasado 9 de abril. Carece de lógica pretender que la dirigencia insurgente resulte condenada como culpable única, y que además se someta a penas que la excluirán de la política a futuro.

Mientras que los auténticos responsables de todos los crímenes y violencias desatados como consecuencia de sus políticas de terror, continúan impunemente en el poder o a su servicio, disfrutando de la prosperidad económica que les aumentaría con una pacificación tan barata. Así resultará todo muy difícil. Más si consideramos que pese a los acuerdos alcanzados, el gobierno nacional promueve distintos proyectos de ley en abierta contravía de lo pactado, o adelanta una violenta arremetida contra los campesinos cultivadores de ilícitos, contrariando lo firmado.

Las FARC-EP reiteramos nuestra total disposición a encontrar salidas concertadas que reflejen el carácter pacífico y dialogado de la solución al largo conflicto. De esa manera asumimos el respaldo nacional al proceso de paz de La Habana y las manifestaciones de solidaridad internacional, como la aplastante muestra de apoyo de la reciente Cumbre de las Américas. Pensamos, con todo respeto, que el gobierno nacional debiera enfocar las cosas del mismo modo. No creemos que el tiempo de la Mesa sea un obstáculo, ni que seamos nosotros los responsables de su duración.

Montañas de Colombia, 15 de abril de 2015.

Farc-EP

Santos da mensaje de tranquilidad a la Fuerza Pública

Con el fin de explicarles a las tropas que el asesinato de 11 militares a manos de las Farc es una muestra más de la crueldad de una guerra que hace 50 años de sangra al país y que tiene que acabarse lo más pronto posible, el presidente Juan Manuel Santos reanudó este jueves sus jornadas pedagógicas sobre el proceso de paz en los cuarteles militares.

Si bien esta vez el escenario no fue propiamente un batallón, sí convocó a uniformados de todas las fuerzas (Aérea, Ejército, Armada y Policía) al Centro de Convenciones de Cartagena, donde les explicó cómo avanzan los diálogos con las Farc en La Habana y cuáles son los retos de la negociación.

Por supuesto que el mandatario no evitó hablarles a los uniformados sobre el asesinato de sus 11 compañeros de armas e hizo énfasis en que este acto “infame” de guerra no puede desviar el rumbo del debate sobre el fin del conflicto armado.

De hecho, el mensaje principal de Santos fue un parte de tranquilidad en torno a que su futuro como tropas no está en discusión y que en absoluto se dejará presionar por actos violentos para ceder en las pretensiones de las Farc.

El Presidente estuvo acompañado de su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y de la cúpula militar.

Unas horas antes, durante la instalación del VIII Congreso de Asofondos –también en Cartagena–, el Santos aseguró que sintió “rabia” al enterarse de la muerte de los 11 militares, pero insistió en que su deber como Jefe de Estado es canalizarla hacia “caminos productivos”.

“Pensaba cómo reaccionar frente a esta situación y a ese sueño que tengo de la paz”, precisó Santos, quien enfatizó: “Cómo no morirse de rabia cuando se ve a esos soldados asesinados por las Farc”.

El mandatario también quiere conjurar cualquier tipo de malestar entre las tropas que pueda surgir por las “mentiras” que se tejen en torno a los diálogos de paz, por lo que esta pedagogía será cada vez más frecuente.

‘Habrá que tomar una definición pronto’: Vargas

El vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien pocas veces habla públicamente sobre los diálogos con las Farc, aseguró este jueves que es necesario que se definan plazos concretos para evitar que esas conversaciones se prolonguen indefinidamente.

“Si se fijan plazos, para sí o para no, se reducen los riesgos. Más allá de la reanudación de la actividad plena del Ejército, ya va llegando la hora, y creo que el país así lo quiere, que las negociaciones se materialicen y se concreten, y habrá que llegar a una definición pronto”, advirtió Vargas Lleras en entrevista con ‘RCN La Radio’.

Lo que aseguró el Vicepresidente es que la guerrilla tiene que cumplir con los compromisos que ha adquirido en la mesa de diálogo, y, a su vez, la opinión pública necesita ver si realmente ese grupo ilegal tiene o no la voluntad de llegar a un acuerdo definitivo.

“No veo por qué esas conversaciones hayan de prolongarse indefinidamente. Lo que hoy todos reclamamos es que se concrete en términos de tiempo esa negociación”, enfatizó Vargas Lleras en la entrevista radial.

El Vicepresidente insistió en que el asesinato de los 11 uniformados “deslegitima” los diálogos con las Farc ante la ciudadanía.

El Tiempo

TISA: la filtración de un nuevo documento revela cómo las grandes corporaciones estadounidenses amenazan la protección de datos y la privacidad

La protección de los consumidores y de su privacidad están en riesgo, además de la soberanía de los gobiernos nacionales, para único beneficio de las empresas de las tecnologías de la comunicación y la información (TIC).










Esto es lo que se desprende del último documento filtrado de las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), al que la ISP se ha opuesto desde comienzos de marzo de 2013, por la falta de transparencia.

El documento, filtrado por la Associated Whistle-Blowing Press (agencia de denuncia de prácticas irregulares), hace alusión a la propuesta del representante de comercio estadounidense (USTR) con fecha 25 de abril de 2014. Se centra en el comercio electrónico, la transferencia de tecnología, el flujo internacional de datos y la neutralidad en Internet.

La propuesta de EE. UU. pretende reforzar los intereses comerciales de su sector de servicios con actividad multinacional, esencialmente a través del comercio electrónico y la inversión directa internacional en productos y servicios.

Esto beneficiaría especialmente al sector de las tecnologías de la comunicación y la información, y protegería la ventaja competitiva de EE. UU., así como los derechos de monopolio sobre la propiedad intelectual y la tecnología.

Si se aprueba, “la propuesta consolidaría además los repositorios de datos en beneficio del gobierno estadounidense, las multinacionales y los intereses comerciales de terceros”, señalan Jane Kelsey, profesora de derecho de la universidad de Auckland, y Burcu Kilic, de la organización de ciudadanos estadounidense Public Citizen.

“Esto favorece ciertos intereses de «seguridad nacional» y fines comerciales”.

Por otro lado, el acuerdo impediría o restringiría la legislación gubernamental que modera la actividad y los beneficios de los principales actores mundiales del sector de servicios, además de garantizar flujos de datos internacionales sin restricciones, lo cual repercutiría en la protección de los consumidores, las leyes de protección de datos, los obstáculos reglamentarios y la política de competencia.

“Es inaceptable que los ciudadanos tengan que depender de documentos filtrados para enterarse de lo que sus gobiernos están negociando en su nombre”, declara Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP.
“Sabemos que el acuerdo TISA supondrá mayor desregulación en el sector financiero, impedirá que privatizaciones fallidas vuelvan a manos públicas y socavará las leyes de protección de datos personales. ¿Qué más nos ocultan nuestros gobiernos?”

Según Daniel Bertossa, Director de Política de la ISP: “Esta normas permitirían que datos comerciales y personales sensibles fluyeran fuera de tu país. Tras los recientes escándalos de espionaje es increíble que se lo estén siquiera planteando”.

El acuerdo TISA está siendo negociado entre 23 partes (contando a la UE como una sola) y su objetivo es extender el alcance y las normas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

A diferencia del GATS, las negociaciones del TISA se están llevando a cabo en secreto y las partes se niegan a publicar los documentos de apoyo y de negociación. Algunos países han difundido parte de sus propuestas (por ejemplo, Suiza y la UE). Sin embargo, la mayor parte de documentos sigue siendo confidencial incluidos los documentos del USTR.

La portada de la propuesta filtrada del USTR lleva el sello de CONFIDENCIAL y la mención “Desclasificar en: cinco años a partir de la entrada en vigor del acuerdo TISA o, si no se llega a ningún acuerdo, a los cinco años del cierre de las negociaciones”. Este es un nivel aún más alto de secretismo que en acuerdos anteriores como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

Antes de que la Internacional de Servicios Públicos (ISP) publicara la primera crítica disponible, El TISA frente a los Servicios Públicos, en marzo de 2014, las negociaciones habían transcurrido en secreto.

El informe de la ISP revela cómo el TISA prohibiría que privatizaciones fallidas volvieran a manos públicas e impondría restricciones a los gobiernos para regular servicios públicos privatizados y otras áreas de interés público como las leyes de protección de los trabajadores, consumidores, pequeñas empresas y el medio ambiente.

El documento sobre servicios financieros filtrado por Wikileaks en mayo de 2014 confirmaba muchos de estos temores ya que se aplican a normativa financiera.

Para más información:
Documento Associated Whistle-Blowing Press
Briefing on US TISA proposal on E-commerce, Technology Transfer, Cross-border Data Flows and Net Neutrality
Informe especial de la ISP: El TISA frente a los Servicios Públicos
Descargar el Comunicado de prensa (PDF) en Español - Francés - Inglés - Alemán - Portugués -Sueco - Japonés

La constructora Calpusa, que emplea a unos 1.000 trabajadores, inició los trámites para entrar en concordato

RECIBIÓ CONTRATOS DIRECTOS PARA OBRAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL INAU

Constructora con 1.000 obreros a concordato por US$ 12 millones

La constructora Calpusa, que emplea a unos 1.000 trabajadores, inició los trámites para entrar en concordato, informó ayer Subrayado. El propietario de la firma, Alejandro Chertkoff, confirmó a El País que la empresa pedirá el concurso de acreedores, pero se excusó de dar mayores detalles sobre la situación financiera que motivó la decisión.

jue abr 16 2015

La empresa tiene en desarrollo importantes obras públicas y privadas. Desde el Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca), el dirigente Richard Ferreira dijo a El País que estaban al tanto de la situación de Calpusa.

"Tiene unos mil trabajadores y más de una decenas de obras. Sabemos que se va a presentar a concurso, pero ninguna de las obras está detenida. Hemos hecho un relevamiento y estamos coordinando con los delegados de las diferentes obras para trasladarles la información. Nuestra preocupación pasa por el pago en fecha de los jornales que se están trabajando, estamos muy atentos a esa situación", explicó Ferreira.

Subrayado informó que el monto del concordato ascendería a los US$ 12 millones.

Calpusa es una constructora que comenzó sus actividades con dueños uruguayos en 2008 pero tuvo un explosivo crecimiento en los últimos cinco años.

En 2012, mediante compra directa, le fue asignada junto a la empresa Assignia Infraestructuras la reconstrucción de dos módulos del Comcar por US$ 12 millones. Un año después, también en forma directa, el contrato fue ampliado por otros US$ 8,5 millones.

También en forma directa el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay le adjudicó la reconstrucción del edificio existente en el predio del ex Batallón de Caballería Nº 9 por un monto de US$ 5 millones, los que meses después se ampliaron en US$ 600.000.

Calpusa también fue subcontratada por Hyundai HDEC, encargada de la construcción de la central de ciclo combinado de UTE en Punta del Tigre por US$ 530 millones.

En junio de 2013, el Pit-Cnt también anunció que mediante un fideicomiso en acuerdo con el Bandes, Calpusa se transformaría en la empresa que construiría las primeras casas del Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt. Ese proyecto concreto no prosperó. No obstante, además de las obras públicas, Calpusa concretó decenas de proyectos inmobiliarios.

También fue la encargada de construir las viviendas para los trabajadores de la fábrica de celulosa Montes del Plata, las que fueron hace unos meses donadas al Plan Juntos y se encuentran hoy depositadas en un predio de la chacra del expresidente José Mujica.

Calpusa participó de la construcción de la UTU agraria donada por Mujica, a la que el presidente agradeció junto a otras firmas. Calpusa también tuvo al adjudicación de la construcción y refacción de otros centros educativos, como la UTU de Maldonado.

A nivel privado la empresa tuvo una fuerte participación en la construcción de viviendas bajo la ley de interés social y varios proyectos en el interior del país. En 2011, el portal www.infonegocios.info dio cuenta que ese año Calpusa había triplicado su facturación y aspiraba a llegar a US$ 24 millones en 2012. Había pasado de US$ 5 millones a US$ 18 millones, según informó su propietario.

Calpusa se destacó por ser de las primeras empresas en apoyar los planes de reinserción laboral del INAU para menores infractores detenidos.
Empresario exitoso que apoyó a Sendic y el Inau.

El propietario de Calpusa, Alejandro Chertkoff, estuvo presente en un evento de apoyo a la Lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic. Chertkoff compartió una mesa en una cena de recolección de fondos organizada por el sector el 1° de abril de 2014, en el preámbulo de la campaña electoral. Por otra parte, se trata de una empresa que ha sido reconocida por las autoridades del INAU por su apoyo a las políticas sociales. Además de adaptar el ex Batallón N° 9 para alojar menores infractores, contrato que le fue adjudicado en forma directa, colaboró empleando a jóvenes que delinquieron, en un plan de rehabilitación. El propio Chertkoff dijo que se acercó al programa por invitación del Sunca, y así firmó un acuerdo con el INAU para emplear a los jóvenes.

http://www.elpais.com.uy/informacion/constructora-obreros-concordato-millones-dolares.html

Yemen, petróleo y disputas

Hace dos semanas comenzó la operación Tormenta Decisiva, una intervención militar a Yemen organizada por Arabia Saudita y sus aliados, que produjo fuertes movimientos políticos y militares en la zona. Lo novedoso es que el país saudita, primero en reservas de crudo a nivel mundial, emprendió este ataque a su vecino por su cuenta, sin el acompañamiento de Estados Unidos.


Roberto Bellato


Si bien el escenario de oriente es complejo, una razón para entender el conflicto en Yemen es el petróleo en este nuevo escenario de precio bajo.

Por más que Barack Obama, el presidente de EE.UU., haya autorizado un "apoyo logístico y de inteligencia" a las operaciones militares en Yemen, como informó la Casa Blanca, la intervención corre por cuenta de Arabia Saudita. Se trata de una zona geográfica extremadamente sensible para el reino saudi porque por Yemen pasan barcos cargados de petróleo que se dirigen a Europa.

Esto ocurre en medio de una fuerte disputa comercial entre Estados Unidos y Arabia Saudita por el precio del barril de crudo que lleva 10 meses, ya que el país americano está en camino a autoabastecerse de hidrocarburos gracias al “boom del shale” (crecimiento de la industria petrolera estadounidense producto de la explotación mediante el fracking -fractura hidráulica- de yacimientos no convencionales). Esto redujo fuertemente la dependencia energética de EE.UU. de Medio Oriente, sobre todo del petróleo de Arabia Saudita, el segundo mayor exportador de crudo a EE.UU., detrás de Canadá.

Por su parte, el país árabe aprovecha la caída del precio del barril como presión a la industria del shale en EE.UU., ya que es mucho más costosa que la suya, que es sobre yacimientos convencionales. Una de las preguntas es cuánto aguantará con un precio bajo del barril la industria del shale de Estados Unidos.

Las reservas de Arabia Saudita pueden sostener un crudo barato por “un tiempo más”, como dijo su ministro de Petróleo, Ali al-Naimi: “ellos (por EE.UU.) serán heridos mucho antes que nosotros sintamos algún dolor”, refiriéndose a la producción no convencional estadounidense, que es más costosa que la convencional del país árabe.

La consultora internacional especializada en energía IHS, calcula que la industria del shale en EE.UU. necesita un barril entre 60 y 70 dólares para ser rentable y hoy el crudo tipo WTI en Nueva York cotiza alrededor de 50 dólares y el Brent en Londres cerca de los 60 dólares.

Mientras tanto, el país árabe decidió intervenir militarmente en el conflicto interno de Yemen para demostrar su poderío en la zona frente a Irán, con el cual mantiene un enfrentamiento, y enviarle un mensaje a Estados Unidos.

Arabia Saudita está, desde el 23 de enero de este año, bajo el nuevo reinado de Salmán bin Abdulaziz, luego de la muerte del rey Abdalá. Este nuevo rey implica una nueva política. La intervención en Yemen es, entre otras cosas, un fuerte mensaje a Estados Unidos: Arabia Saudita puede intervenir sola militarmente en Medio Oriente para cuidar su territorio y su petróleo.

Yemen, independizado del imperio otomano en 1918 y parcialmente controlado en el sur por el imperio británico hasta 1967, es hoy uno de los países más pobres de medio oriente. Está atravesado por un conflicto interno entre los rebeldes hutíes (de origen chiita) que apoyan al ex presidente Ali Abdalá Saleh (aliado de Irán) y, del otro lado, el gobierno oficial de Abdo Rabbo Mansur Hadi (aliado de Arabia Saudita y occidente), que pidió la intervención externa al país.

Arabia Saudita hoy está interviniendo Yemen con 100 aviones de combate y tiene 150 mil soldados listos para la acción terrestre. Pero hay que sumar a sus aliados, como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin, Qatar, Jordania, Marruecos y Egipto. Estas alianzas consiguió Arabia Saudita (sin Estados Unidos) para cuidar el negocio del petróleo y marcarle territorio a Irán. Arabia Saudita entiende que todo lo que suceda en Yemen afecta a su industria petrolera y puede ser una amenaza contra el transporte de barriles de crudo. En un escenario de petróleo barato no puede darse el lujo de perder terreno en el negocio mundial.

Yemen no es tan importante en el comercio internacional de crudo como sí son sus vecinos. A penas si se encuentra entre los treinta y cuarenta lugares en la lista de productores mundiales.
¿Entonces por qué afecta a la industria del petróleo lo que sucede en Yemen?

Es que a Yemen lo rodea el mar por donde circula buena parte del crudo del mundo. El lugar geográfico que tiene, ubicado al sur de Arabia Saudita en el extremo sur de la península arábiga, es de alta sensibilidad geopolítica. En el Golfo de Adén se encuentra el estrecho Bab el-Mandeb, por donde pasa casi el 5% de la producción mundial de petróleo. En 2013 fueron unos 3,8 millones de barriles diarios de crudo y productos refinados (según un informe de la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos - EIA) que circularon a Europa y al norte de América.

El estrecho de Bab el-Mandeb es un punto estratégico de gran importancia porque conecta el Océano Indico con el Mar Mediterráneo. Su interrupción implicaría que los barcos no puedan pasar por el Canal de Suez para acceder a Europa y tengan que ir por el extremo sur de África, donde los costos se elevarían perjudicando el negocio.

El estrecho tiene tan sólo 40 kilómetros de ancho, pero es un punto de paso obligatorio para los barcos petroleros que vienen cargados desde Irak (quinto país en reservas mundiales con el 9% del total, según EIA), desde Emiratos Árabes Unidos (octavo productor mundial de petróleo en 2012, según EIA), desde Kuwait (sexto en reservas, EIA), desde Bahréin (con tan solo 760 kilómetros cuadrados –Luxemburgo tiene 2.500 km2- produjo 48.000 barriles diarios de petróleo) y desde Qatar (tercera reserva de gas natural licuado del mundo, con el 14% del total mundial, según EIA). Por supuesto que hay que sumar los barcos de Arabia Saudita, primero en reservas probadas con el 17% mundial y el primer exportador de petróleo del mundo, según EIA.

Todos estos países juntos representan casi el 50% del total mundial y una parte de esa producción pasa por Bab el-Mandeb, que si bien no es el estrecho de Ormuz del Golfo Pérsico (el “cuello de botella” más importante del mundo, por donde pasa el 17% de la producción total), es un lugar de alta relevancia en el negocio petrolero.

En noviembre del año pasado, Arabia Saudita instó a la OPEP (el grupo de países exportadores) a no reducir producción, generando mayor sobreoferta y presionando el precio del barril hacia abajo. Esa decisión continúa. Mientras, Estados Unidos afronta una inédita situación de sobre abundancia de crudo gracias al shale. La pelea comercial entre estos viejos socios es a largo plazo. En el medio, aparecen conflictos militares como el de Yemen.

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