22 abr 2015

Minera se ampara para no pagar a México regalías por lo que extrae

Una minera de capital extranjero se amparó para no pagar al Estado las regalías por el 7.5 por ciento de la riqueza que extraiga del subsuelo mexicano. El caso ya llegó a la Suprema Corte y ha sido apelado por la Secretaría de Hacienda. De prosperar, las trasnacionales de la industria extractiva podrían seguir el mismo procedimiento para evadir los pagos que impone la nueva legislación y que, a decir de especialistas y activistas, siguen siendo exiguos. La Auditoría Superior de la Federación estima que entre 2008 y 2013 las mineras dejaron a México apenas el 0.6 por ciento de los más de 1.2 billones de pesos que ganaron

por Érika Ramírez

 20 DE ABRIL DE 2015




Una trasnacional minera se amparó para no pagar al Estado mexicano las regalías por la extracción de minerales del subsuelo, impuestas en un 7.5 por ciento anual, y en vigor a partir del 1 de enero de 2014. El amparo también es contra la tasa del 0.5 por ciento a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino, cargos que debieron pagarse a finales de marzo pasado.

Éste sería el primer juicio del tipo, que ya se analiza en una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y a 1 año de que el Congreso aprobara una carga fiscal a la extracción de los recursos naturales por medio de esta actividad. También sería el primer pago evadido, mientras los ministros de la Corte no resuelvan a favor del Estado.

El amparo a la minera de inversión extranjera, de la que el despacho de abogados Calderón, González y Carvajal omite el nombre por confidencialidad de su cliente, fue otorgado por el juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con sede en la Ciudad de México.

En entrevista con Contralínea, el abogado Francisco González Zentella, integrante del bufete jurídico, explica que el juez otorgó el amparo el 25 de julio de 2014, en contra de los artículos 268 y 270 de la Ley Federal de Derechos “para efecto de que la empresa minera quejosa no pague dichas contribuciones”.

El abogado especialista en litigio fiscal expone: “el juzgado consideró que no existe congruencia sobre la base del tributo y el derecho como tal, porque se trata de una base utilitaria que nada tiene que ver con el beneficio real o con el uso y aprovechamiento del bien del dominio público de la nación”.

El artículo 268 establece la obligación, con periodicidad anual, a los titulares de concesiones y asignaciones mineras, del pago del derecho especial sobre minería, aplicando una tasa del 7.5 por ciento sobre la diferencia positiva, la cual se determina partiendo de la utilidad fiscal para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), con algunos ajustes.

Para la determinación de la base del derecho especial sobre minería, el citado artículo establece lo siguiente: “los ingresos a que se refiere el párrafo anterior se determinarán considerando los ingresos acumulables que tenga el concesionario o asignatario minero conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con excepción de los establecidos en las fracciones IX, X y XI del artículo 18 de dicha ley, o las que las sustituyan”.

Asimismo, el artículo 270 de la misma ley impone que “los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán anualmente el derecho extraordinario sobre minería, aplicando la tasa del 0.5 por ciento a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino, mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente a aquél al que corresponda el pago”.
La miseria de la industria

Claudia Gómez Godoy, abogada litigante en materia de derechos humanos colectivos e integrante del Colectivo de Abogad@s, comenta en entrevista que este tipo de acciones por parte de las mineras básicamente “obedece a que las empresas estaban acostumbradas a no pagar absolutamente nada por todo el mineral que se llevaban; digamos que la ley no se medía con relación a lo que se obtenía sino con relación a las áreas concesionadas (a través del pago de derechos); no importaba si en esa hectárea sacabas arena u oro. Y desde 1992 había esta normativa. Esto permitía un saqueo impresionante.

“Con la modificación a la ley ya hay un tema de regalías. Ahora sí hay una imposición de acuerdo con lo que obtienes, con muy poca regulación en cuanto cómo reportas; pero al menos ya la hay. En países con tradición minera o que muchos de sus ingresos dependen de la explotación minera, como Perú, Colombia, Ecuador, realmente hay una contraprestación y un beneficio para el Estado, porque la gente depende de los ingresos mineros, así como nosotros dependemos de los petroleros.”

Muestra del saqueo minero está documentado por las propias autoridades federales, donde ejemplifica que la canadiense First Majestic Silver deja el 0.004 por ciento de sus ganancias anuales por la extracción de plata en Coahuila, según el Estudio de la minería en México, un análisis comparado con Canadá (presentado en noviembre de 2013 y el más actual a la fecha).

El documento –elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi)– calcula con datos de la Bolsa de Valores Canadiense que para First Majestic Silver Corp, la concesión de 4 mil hectáreas del proyecto La Encantada, en Coahuila –con 4 años de operación y un pago anual por concepto de derechos de 17.04 pesos– representa un monto anual pagado al erario de 68 mil 160 pesos; equivalente al 0.004 por ciento de sus utilidades brutas, que ascienden a 1 mil 464 millones 679 mil 535 pesos.

También documenta el caso de San José del Progreso, Oaxaca, donde la empresa Fortuna Silver Mine Inc, en una concesión de 30 mil hectáreas explota oro y plata. La empresa canadiense llegaba al pago anual de 4 millones 252 mil 800 pesos por el pago de derechos, el 0.20 por ciento de sus utilidades, calculadas en 2 mil 124 millones 636 mil 500 pesos.

Otro de los casos que evidencia la poca contribución que hacían las mineras al Estado es el de Timmins Gold Corp, que tiene en concesión 70 mil 986 hectáreas de la mina de oro en TMM, fraccionamiento 1, en Sonora, y que paga anualmente 809 mil 244 pesos, lo que representa el 0.03 por ciento de sus utilidades, equivalentes a 2 mil 61 millones 161 mil 335 pesos, calculados por la Cdi para este informe.
La defensa minera

Para obtener el amparo, el despacho legal arguyó fuertemente tres principios que considera se están violentando con el cobro de regalía: equidad, legalidad y proporcionalidad.

González Zentella cuestiona que en tema de equidad, “en términos de ley, únicamente serán obligados al pago los concesionarios y asignatarios de concesiones mineras; qué pasa con aquellas minas que no están reguladas por la ley minera; por ejemplo, mármol… ¿Es un bien del dominio público? Sin duda, pero no está sujeto al pago de este derecho porque no es concesionario.

“Me parece que si el objeto del derecho es el uso y aprovechamiento del bien del dominio público de la nación, entonces no habría por qué hacer diferencia entre unos, por el hecho de tener concesión, y otros que no. Eso es una inequidad clarísima.”

En materia de legalidad, el abogado especialista en litigio fiscal cuestiona cuál es el objeto de la extracción minera: “¿dónde empieza y dónde termina?, ¿es a boca de mina o si yo hago todo el proceso hasta vender un lingote? La ley no es clara. Eso le permite a la autoridad interpretar y gravar donde ella considera que termina la actividad extractiva, es un tema de legalidad”.

La proporcionalidad es justamente el tema por el que se otorgó el amparo en la sentencia del 25 de julio, explica en entrevista González Zentella, “pues se considera que es incongruente una base utilitaria porque no determina el uso o el aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación”.

Para el abogado, el pago de derechos que hacía la industria era un tanto suficiente para corresponder a las contribuciones fiscales: “Estoy de acuerdo en que la industria debe dejar algo por el mineral que extrae. Al final del día, era lo que estaban pagando por la tenencia de la concesión, por derechos. Creo que la regalía sí debe existir, pero de esta forma queda muy al arbitrio de la autoridad para cobrar lo que quiera”.

Gustavo Lozano, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), señala en entrevista con Contralínea que el hecho de que la empresa haya iniciado un proceso jurídico para ampararse del pago de impuestos –cuando las condiciones de inversión para la explotación minera son bastante favorables de cara a las propias corporaciones–, habla del talante de esta empresa en cuanto al compromiso que tiene con el Estado, es decir, ninguno.
Pobre recaudación de derechos: ASF

El pago de derechos al que están obligadas las mineras no llegó ni al 1 por ciento, hasta el último año previo a la modificación de los artículos 268 y 270, en comparación con lo que obtienen las empresas que explotan la riqueza del subsuelo mexicano. El promedio de 2008 a 2013 es de apenas el 0.6 por ciento, revela el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2013.

La revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación determinó que en el periodo 2008-2013, los ingresos por derechos sobre la actividad minera registraron un monto acumulado de 7 mil 100 millones 512 mil 900 pesos, lo que representó el 0.6 por ciento del valor de la producción minera, acumulada en ese lapso por un monto de 1 billón 234 mil 37 millones 646 mil 200 pesos.

En 2013, se registró un total de 1 mil 734 millones 479 mil 600 pesos por concepto de recaudación de derechos mineros, lo que representó el 0.7 por ciento con relación al valor de la producción minera, de 262 mil 353 millones 283 mil 200 pesos durante ese año.

De acuerdo con el Directorio de proyectos mineros de la Secretaría de Economía, en México existen 864 proyectos en todo el país con inversión extranjera, originaria de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, China, Italia, Argentina e India, un total de 293 compañías.

Información de la propia dependencia indica que México es el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial y se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: oro, plomo, zinc, cobre, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, diatomita, molibdeno, barita, grafito, sal, yeso y manganeso, principalmente.

Además, su riqueza en el subsuelo mexicano es de gran atractivo para la inversión extranjera, que lo coloca como el primer destino para la exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo, indica el reporte Metals economics group, publicado en marzo de 2013.

La Secretaría de Economía promueve a México como el quinto país “con el mejor ambiente para hacer negocios mineros”; esto con base en el informe de la consultora Behre Dolbear, de abril de 2013.
México, el país con menor recaudación de América Latina

El análisis Legislación minera en el derecho comparado. Los casos de Chile, Ecuador, Perú, Guatemala y El Salvador revela a México como de débil recaudación en comparación con estos países de América Latina, donde el sector minero es de los más importantes para su desarrollo económico.

Chile, por ejemplo, es uno de los países en los que los tributos que pagan las empresas mineras se rigen, entre otras normas, por el Código Tributario, la Ley sobre Impuesto a la Renta y la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, que establece el impuesto al valor agregado (IVA).

En ese país, la Ley sobre Impuesto a la Renta señala que este impuesto asciende al 17 por ciento de la renta neta para los domiciliados en Chile, al 35 por ciento para los no domiciliados y al 42 por ciento de la renta neta imponible para los que tienen convenio de estabilidad tributaria. Según la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, la tasa del IVA es de 19 por ciento.

Ecuador establece en el artículo 93 de la Ley Minera que el titular minero debe realizar los pagos sobre la venta del mineral principal y de los minerales secundarios de los siguientes impuestos: no menor al 5 por ciento de las ventas por regalías; 25 por ciento, impuesto a la renta; 12 por ciento, utilidades determinadas; 70 por ciento, ingresos extraordinarios por impuesto sobre los ingresos extraordinarios; 12 por ciento, por impuesto al valor agregado determinado en la normativa tributaria vigente.

Guatemala impone el pago por regalías, pagadas anualmente por los titulares de licencias de explotación al Estado por la extracción de productos mineros. El pago también se realiza a las municipalidades en caso de que el yacimiento se encuentre en su jurisdicción. Si su ubicación está en la jurisdicción de más de una municipalidad, la regalía se reparte proporcionalmente.

En este país, las regalías se determinarán mediante declaración jurada del volumen del producto minero comercializado, con base en el valor de cotización del producto en mercados internos o en bolsas internacionales.

Perú es otro de los países que imponen su cobranza a través de las regalías. El análisis de derecho comparado indica que éstas son la contraprestación económica que pagan los concesionarios y los cesionarios por la explotación de los recursos mineros, los mismos que se agotarán; nace al cierre de cada trimestre; y se calcula sobre la utilidad operativa, es decir, el ingreso por ventas menos el costo de ventas, gastos de ventas, gastos administrativos, ajustes de liquidaciones finales, descuentos y devoluciones (Fortuna, edición de mayo 2014).

Érika Ramírez

Reportera de las revistas mexicanasContralínea, periodismo de investigación y Fortuna, negocios y finanzas. Egresada de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva, UNAM. Becaria de los diplomados de Periodismo Radial y Periodismo de Investigación, en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana, Cuba. (Twitter)

Fuente
Contralínea (México)

La Fuerza «Árabe» de Defensa Común


Numerosos países y personalidades se habían posicionado al principio de la guerra contra Yemen. Pero ahora están modificando su postura. Al hacerlo evitan pronunciarse según el cliché creado alrededor del diferendo entre sunnitas y chiitas y llaman a la proclamación de un alto al fuego y a la búsqueda de una solución política. Lo que en realidad se esconde tras esa guerra inútil es el proyecto de creación de una OTAN árabe… bajo las órdenes de Israel.

por Thierry Meyssan

RED VOLTAIRE | DAMASCO (SIRIA) | 20 DE ABRIL DE 2015



El secretario general de la Liga Árabe, Nabil el-Arabi, trata de explicar el proyecto de creación de la Fuerza Comun «Árabe».

En su Doctrina de Seguridad Nacional, publicada el 6 de febrero de 2015, el presidente Obama escribía:

«Una estabilidad a largo plazo [en el Medio Oriente y en el norte de África] requiere más que el uso y la presencia de fuerzas militares estadounidenses. Exige socios que sean capaces de defenderse por sí mismos. Es por eso que invertimos en la capacidad de Israel, de Jordania y de nuestros socios del Golfo para desestimular una agresión, manteniendo a la vez nuestro inquebrantable compromiso con la seguridad de Israel, incluso mediante su ventaja militar cualitativa.» [1].

La lectura cuidadosa de ese documento no deja lugar a dudas. La estrategia del Pentágono consiste en crear una versión actualizada del Pacto de Bagdad, una OTAN árabe, para poder retirar sus propias tropas del Medio Oriente y del norte de África y reposicionarlas en el Lejano Oriente (el llamado «pivote» contra China).

También está claro que, según su visión, el Pentágono planea que los países del Golfo y Jordania conformen esa «Fuerza Árabe de Defensa Común», que estaría bajo las órdenes de Israel. Si retomamos el ejemplo del Pacto de Bagdad, hay que recordar que el Reino Unido lo creó incorporándole sus ex colonias. Sin embargo, a los 3 años de su creación, el estado mayor del Pacto de Bagdad fue puesto bajo las órdenes del Pentágono, a pesar de que Estados Unidos ni siquiera había firmado aquel Pacto.

En noviembre de 2013, el entonces presidente de Israel, Shimon Peres, hizo una intervención, por videoconferencia, ante el Consejo de Seguridad del Golfo, reunido en Abu Dabi y con la participación de los representantes de los principales miembros de la Liga Árabe y de varios Estados de Estados sunnitas de Asia [2]. La intervención de Peres, sobre la necesidad de crear un nuevo pacto militar contra Irán, fue largamente aplaudida.

El SIPRI (siglas en inglés del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo) acaba de revelar que Arabia Saudita estuvo preparándose para crear la «Fuerza Árabe de Defensa Común», elevando su presupuesto militar de 2014 en 13 000 millones de dólares, ¡lo cual representa un aumento de 17%!

Riad está tratando de implicar la mayor cantidad posible de países a ese proyecto. Y ya logró comprar la participación de Egipto. Fue para eso que, durante la Conferencia económica de Charm el-Cheikh realizada el 13 de marzo, los Estados del Golfo ofrecieron 12 000 millones de dólares para los proyectos de inversión del Cairo.

La Liga Árabe adoptó el proyecto de creación de la fuerza «árabe» el pasado 1º de abril, en la Cumbre de Charm el-Cheick. Según la explicación oficial, el objetivo es aplicar el Tratado de Defensa árabe de 1950 para luchar contra el terrorismo, a no ser que en realidad sea para satisfacer las ambiciones de Arabia Saudita en Yemen. La guerra contra los hutis –guerra cuya necesidad nadie entiende– tiene así el papel de un ejercicio militar a escala real, sin que nadie manifieste compasión por el millar de muertos y los 3 000 heridos que ya han dejado los bombardeos contra Yemen.

Según Stratford, el estado mayor militar de esa operación –bautizada como «Tempestad decisiva»– no está en Arabia Saudita sino en Somaliland. Ese país, que se proclamó independiente en 1960 y fue incorporado a Somalia en 1969 como resultado de un golpe de Estado, volvió a proclamarse independiente en 1991, antes de ser reintegrado nuevamente a Somalia en 1994 y de proclamarse independiente por tercera vez en 2002. Las 2 primeras veces, Israel fue el primer Estado en reconocer su independencia. Actualmente nadie reconoce la independencia de Somaliland pero desde 2010 su territorio se ha convertido en una base israelí que garantiza el control del estrecho de Bab el-Mandeb, el cual vincula el canal de Suez y el Mar Rojo con el Golfo de Adén y el Océano Índico.

Los jefes de estados mayores de los países de la Liga Árabe se reunirán el 22 de abril para evaluar las unidades que podrían poner a la disposición del nuevo dispositivo. Egipto, Kuwait y Marruecos –implicados los tres en los bombardeos contra Yemen– presentarán un informe preliminar el 1º de julio.

Por desgracia, todo esto era previsible. Después de haber traicionado al pueblo sirio con la exclusión de la República Árabe Siria –en franca violación de sus propios estatutos– la Liga Árabe ahora se dispone a traicionar al pueblo palestino poniendo los ejércitos de sus miembros bajo las órdenes de un Estado colonial.

Thierry Meyssan

Intelectual francés, presidente-fundador de la Red Voltaire y de la conferencia Axis for Peace. Sus análisis sobre política exterior se publican en la prensa árabe, latinoamericana y rusa. Última obra publicada en español: La gran impostura II. Manipulación y desinformación en los medios de comunicación (Monte Ávila Editores, 2008).








[1] National Security Strategy, White House, 6 de febrero de 2015. Ver además nuestro comentario «El rearme de Obama», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 9 de febrero de 2015.

[2] « El presidente de Israel habló ante el Consejo de Seguridad del Golfo a fines de noviembre», Red Voltaire, 3 de diciembre de 2013.

Sunca amenaza con un conflicto en la construcción de no solucionarse regasificadora


LUCHA

MONTEVIDEO (Uypress) - El Sunca sostiene que si no se soluciona el conflicto de la regasificadora generalizarán las medidas de lucha en toda la industria de la construcción.

21.04.2015



La empresa GNLS (consorcio conformado por GDF-Suez y Marubeni), al rescindir el contrato con la firma brasileña, a cargo de la obra civil de la planta regasificadora de Punta de Sayago, dejó sin trabajo a 700 trabajadores de la empresa OAS. El sindicato de la construcción acudió la semana pasada a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados con la voluntad de solucionar la situación creada.

El dirigente sindical Javier Díaz, sostuvo en el parlamento que "Si bien hemos sido muy cautelosos, agotando medidas y tratando de encontrar una salida rápida, del otro lado no encontramos solución. En este conflicto está involucrado el gobierno, el sindicato y las cámaras empresariales. Si en unos días no hay solución, tomaremos medidas de carácter nacional. No hay dudas de que este es un conflicto que se va a llevar puesto al conjunto de la industria".

A mediados de febrero la empresa OAS anunció el envío al seguro de paro de unos 200 trabajadores por diferencias técnicas con GNLS en la construcción de dos muelles y una escollera. Al no encontrarse un acuerdo, la empresa OAS se retiró de esta parte del proyecto, enviando el seguro de desempleo a unos quinientos trabajadores.

El Sunca plantea la reincorporación de la totalidad de los trabajadores por la empresa que continuará con la obra, luego de ser designada por GNLS, agregando que se deben abonar despidos por "ruptura anticipada" de contrato a parte de la plantilla que no llega a reunir los jornales necesarios para poder cobrar seguro de paro y que estaban con contrato a término .

La construcción de la planta regasificadora junto con la central de ciclo combinado de Punta del Tigre que lleva adelante UTE son dos obras claves para la diversificación de la matriz energética nacional.

"Estamos en una situación límite. Va a empezar a comprender a los trabajadores del gasoducto, de la planta del ciclo combinado y a toda la industria de la construcción. Hemos esperado más de cincuenta días para que se encuentren los caminos que solucionen este diferendo, pero las respuestas que hemos obtenido del otro lado son cada vez peores. Ni siquiera tenemos un ámbito donde poder discutir el reintegro de los trabajadores", sostuvo el dirigente del sindicato.

La empresa GNLS aún no está en condiciones de definir qué empresa va sustituir a OAS. El nuevo contratista deberá contar también con el aval de la empresa Gas Sayago, responsable general del proyecto. Martha Jara, gerente general de Gas Sayago sostuvo que la empresa está preparada para llevar adelante el proyecto, si GNLS no cumple con lo acordado.

El vicepresidente de la República, Raúl Sendic se refirió a la situación creada, afirmando que "No queremos tener una obra parada. Es una inversión muy importante y Uruguay tiene que seguir adelante con este proceso".

El Sunca detalló el impacto negativo en la industria nacional "que depende mucho de la culminación de estas obras", ejemplificando el ahorro de la cooperativa Metzen y Sena, de unos 45.000 dólares al mes al contar con los servicios de la regasificadora.

El diputado del Frente Amplio, Luis Puig, afirmó en la Comisión de Legislación del Trabajo: "Me cuesta decir que esta película ya la vi. La verdad es que cuando se adjudica al consorcio Gaz de France Suez la realización de la obra de la regasificadora, se alertó al Estado sobre esta realidad. Hicimos esta alerta personalmente, y también lo hizo el sindicato del gas, que planteó que no era una buena apuesta del Estado desconocer los incumplimientos de esta empresa a lo largo de los años en un área tan sensible como la distribución del gas en Montevideo".

Agregando que "Lamentablemente, esa alerta no se entendió. Se nos planteó por parte de queridos compañeros integrantes del gobierno que esta era otra empresa, no la Gaz de France que conocimos. Efectivamente, es otra empresa, es peor. Sabemos que Gaz de France, empresa pública en Francia, privatizada por la belga Suez, es el peor de los consorcios internacionales. Cuando acá operó una empresa pública francesa, lo hizo como cualquier transnacional. Por lo tanto, nos parece que fue una mala apuesta del Estado; nosotros hubiéramos preferido equivocarnos".

Gaz de France a través de la empresa Gaseba Uruguay S.A. se hizo cargo de la Compañia del Gas en 1994 y emprendió retiro en 2006

http://www.uypress.net/

SUPREMA INJUSTICIA

Suprema Corte absolvió a Zabala por caso de Julio Castro

SCJ confirmó el fallo que absolvió al policía retirado Ricardo Zabala, quien fue procesado en 2012 por el homicidio del maestro Julio Castro.

abr 22, 2015



La Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló a favor de la absolución del policía retirado Ricardo Zabala, quien fue procesado en el año 2012 por el homicidio del maestro Julio Castro.

En aquella instancia el juez Juan Carlos Fernández Lecchini mandó a la cárcel al imputarlo como cómplice del asesinato del docente que fue ejecutado de un tiro en la nuca en agosto de 1977.

De esta manera el máximo tribunal de la Justicia uruguaya confirmó la sentencia que en mayo del año 2014 había dictado el Tribunal de Apelaciones Penal de 4º Turno y que la fiscal María Camiño apeló ante la SCJ.

Según informó El Observador esta decisión se adoptó por mayoría de los cinco miembros del tribunal supremo con el sólo voto negativo del ministro Ricardo Pérez Manrique.

Latinoamericanos abandonan una España aquejada de desempleo

 Por tercer año consecutivo, el número de extranjeros, especialmente los latinoamericanos, se ha reducido 

Publicado el 4/22/15



HISPAN TV – Por tercer año consecutivo, el número de extranjeros, especialmente los latinoamericanos, se ha reducido en 2014 un 6,1 %, en una España que sigue sufriendo una tasa de desempleo récord, según cifras oficiales provisionales publicadas el martes.

La salida de 304.623 extranjeros, entre ellos miles de latinoamericanos, no se ha visto compensada por los nuevos 134.231 españoles domiciliados en el país, lo que ha reducido la población total a 46,6 millones de habitantes, de los que 4,7 millones son extranjeros, según el Instituto Nacional de Estadística de España (INE).

Porcentualmente, los inmigrantes de América Latina son los que más han abandonado el país de manera que el número de ecuatorianos ha sufrido una merma en 2014 del 19,5 % interanual (-42.636 personas), el de colombianos un 17 % (-30.912) y el de bolivianos un 16,4 % (-24.702), mientras que los argentinos se redujeron en un 12,5 % (-10.766) y los peruanos en un 21,3 % (-19.267).

En el caso de las comunidades rumana y marroquí (las más numerosas en España con unos 750.000 nacionales cada una), la primera vio partir en 2014 a 45.846 nacionales (-5,8 % interanual), mientras que salieron 25.109 marroquíes (-3,2 %).

Los extranjeros, de los que 1,9 millones proceden de la Unión Europea (41,17 % del total), representaban el 10,13 % de la población en España a primero de enero de 2015.



El desempleo en España que afecta a un joven activo de cada dos, sigue provocando la salida de extranjeros, que empezaron a llegar en masa desde 2000, pasando de 923.879 ese año a 5,2 millones en 2011.

Cerca del 40% de los extranjeros están actualmente en el paro, según el INE.

La crisis económica de España, surgida en el año 2008, ha provocado una menor llegada de inmigrantes, el regreso a sus países de muchos que vinieron durante el ‘boom’ inmobiliario y la marcha al extranjero de españoles en busca de oportunidades laborales.

 Informe europeo EAPN: el 67% de la población no llega a fin de mes





La realidad social ocultada

¿Como aguanta un país con 42 millones de personas pasando calamidades mientras solo 4,7 viven con cierta holgura? Quizás esto explique el ascenso de los nuevos partidos políticos en España: los “muy ricos” son solo el 1% de la población, unas 500.000 personas, a costa de lo que el último informe de la European Anti Poverty Network (EAPN)dedica un capítulo: “La contracción de la clase media”: un 67% de la población “no llega a fin de mes” porque es prácticamente imposible que una familia con 4 ó 5 miembros sobreviva con 1000 euros mensuales. En cinco años (2008-2012) se ha reducido en casi medio millón “el número de declaraciones cuya cuota resultante del IRPF oscila entre 12.000 € y 21.000 €, lo cual significa una reducción de casi el 8%. Algunos autores consideran como clase media al grupo compuesto por personas que ganan entre 12.000 € y 60.000 €. En este caso, la reducción es de 638.000 declaraciones”. Radio 3waborda este asunto con Juan Carlos Llano, responsable de EAPN en España, durante su programa de “Espía en el Congreso” este jueves 12 de febrero en directo a las 16.00 (hora peninsular española).También participa Ana Garrido, la funcionaria de Boadilla del Monte (Madrid) que destapó la Gürtel y que está siendo perseguida y acorralada por ello: la noticia de su acoso que proporcionó “Espía en el Congreso” se ha convertido en un fenómeno viral. Por último, abodarmos el caso del fraude fiscal del presidente del Senado, Pío García Escudero (PP), que ha sido “perdonado” por el ministro de Hacienda,Cristóbal Montoro.





Índice de pobreza por autonomías


“La totalidad de ese grupo que podrían haber pertenecido a la clase media ha ido a las declaraciones con rentas más bajas, que se han incrementado en el mismo periodo en casi un millón.”, dice el informe. Y añade: “Transcurridos ya más de cuatro años desde la formulación de los objetivos europeos especificados en la Estrategia 2020, el seguimiento del indicador AROPE y sus componentes muestra que en España no sólo no se ha avanzado en la reducción de la pobreza y la exclusión social, sino que, por el contrario, han aumentado enormemente. Al respecto, las cifras actuales indican un 27,3% de población AROPE, que supone en términos absolutos unas 12.866.000 personas. Si el objetivo era disminuir en 1,4 millones la población en riesgo de pobreza y/o exclusión, ahora será necesaria una reducción de más de 2,7 millones de personas en los próximos seis años”.





Población en riesgo de pobreza o exclusión social


“Esta cifra AROPE adquiere significado concreto en el análisis de sus componentes. Por una parte, la Privación Material Severaha aumentado un 38% (del 4,5% al 6,2%), lo que significa, entre otras cosas, más personas que tienen dificultades para alimentarse adecuadamente, más personas donde se retrasa el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, más personas que no pueden mantener su vivienda con temperatura adecuada y más personas que no tienen ninguna capacidad para afrontar algún gasto imprevisto. Asimismo, todas ellas forman parte de un conjunto mucho más amplio, cifrado en el 18,6% de la población, que experimenta “mucha dificultad” para llegar a fin de mes. Si a esta última cifra se agregan los grupos que experimentan “dificultad” y “cierta dificultad”, se concluye que el 67% de la población asegura tener problemas para llegar a fin de mes”.


Y es que la situación española es escalofriante y de emergencia social: “Las personas que están enpobreza severa son aquellas que viven en hogares cuya renta por unidad de consumo es igual al 30% de la mediana de los ingresos de la población. Si la mediana de ingresos de la población es de 13.523€, entonces están en pobreza severa todas aquellas personas que viven en hogares cuyo total de ingresos por unidad de consumo es inferior a 4.057 € al año (339 euros al mes)”.





Tasa de paro por grupos de edad


“Finalmente, indicar que el paro se ha cebado en los grupos más jóvenes de población. En el cuarto trimestre de 2013 estaban en paro tres de cada cuatro jóvenes de 16 a 19 años, dos de cada cuatro entre 20 y 24 años y uno de cada tres entre 25 y 29 años. En términos generales, el paro mantuvo una tendencia descendente hasta finales de 2007, con tasas del 9% e incluso menos para los hombres. A partir de 2008 comenzó un periodo de crecimiento, muy acelerado hasta el primer trimestre de 2009 –la tasa de paro prácticamente se dobló, del 9 al 17%– y algo menos hasta el primer trimestre de 2013, en que llegó a su máximo con el 27%”. La pregunta que se plantea es, por qué ha seguido creciendo la tasa de población que vive en hogares con baja intensidad de empleo (BITH) durante 2013, cuando las cifras de paro se han reducido algo. Respuesta:las altas cifras de trabajo a tiempo parcial. El problema es que ahora, en España, el sueldo “a tiempo parcial” de los hijos (el que lo tenga), al igual que la pensión del abuelo, se ha convertido en el único ingreso de las familias empobrecidas, ese 67% que no llega a fin de mes.





Privacion material severa por grupos de edad


“En el año 2013, el índice AROPE alcanza al 27,3 % del total de la población, lo que supone un total de 12.866.431 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión. Desde el año 2009 el indicador ha subido 2,6 puntos porcentuales. La pobreza y privación afectan de manera especial a los menores y, por tanto, requieren medidas específicas de apoyo. En este sentido, la pobreza de los menores de 16 años es del 26,7% en 2013, más de seis puntos porcentuales por encima de la tasa que corresponde al conjunto de la población. El 67% de las personas tiene dificultades para llegar a fin de mes. Además, casi una de cada cinco personas lo hace con muchas dificultades”.





Evolución de la renta media por persona


“La población que vive en hogares con baja intensidad de empleo (BITH) se ha más que doblado desde 2009 y, alcanza, en 2013, al 15,7% de la población entre cero y 59 años, lo que, en términos cuantitativos, supone unos 5,7 millones de personas. En el año 2013 había un 11,7% de trabajadores en situación de pobreza, lo que viene a demostrar, una vez más, que no cualquier trabajo protege de la pobreza. Esta cuestión está muy relacionada con la evolución creciente de la jornada parcial que, para el último cuatrimestre de 2013, llega al 16,1% del total de ocupados Ceuta, Castilla-La Mancha, Andalucía y La Rioja tienen los porcentajes más elevados de población en pobreza severa. Por el contrario, Navarra, País Vasco, Galicia y Aragón tienen los más bajos. En términos absolutos, hay en España 2,8 millones de personas en pobreza severa, de las cuales más de la mitad están en Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. En el conjunto del territorio nacional, la población en privación material severa (PMS) ha crecido en más de 800.000 personas totalizando casi 3 millones de personas en el período de estudio considerado (6,2% de la población total)”.