15 may 2015

Mortal ataque talibán en Kabul

NUEVE EXTRANJEROS Y CINCO AFGANOS MUEREN EN EL HOTEL PARK PALACE


El vocero de los talibán reivindicó la acción terrorista y dijo que se realizó en el hotel porque había extranjeros. Por primera vez en años, las fuerzas afganas se enfrentan en solitario a los insurgentes, sin el apoyo de EE.UU.

Catorce personas, incluyendo nueve extranjeros, murieron en Kabul en un ataque reivindicado por los talibán en un hotel donde se iba a celebrar un concierto. Las víctimas fueron asesinadas tras un sitio que comenzó el miércoles por la noche y concluyó ayer por la madrugada. El ataque se produjo justo cuando las fuerzas afganas se enfrentan por primera vez en solitario a los insurgentes, sin el apoyo de las fuerzas de combate extranjeras lideradas por Estados Unidos.
El atentado tuvo como blanco el hotel Park Palace, que está situado en el barrio donde está ubicado el complejo de las Naciones Unidas, varias embajadas y hoteles. Los talibán a través de su vocero Zabihullah Muyahid dijeron a los medios vía e-mail que atacaron el hotel porque había extranjeros. Entre los turistas que murieron había cuatro ciudadanos indios, un estadounidense, un italiano y un británico con nacionalidad afgana, quienes se encontraban en el hotel poco antes de que comenzara la presentación del cantante local Altaf Hussain.
El jefe de la policía de Kabul, el general Abdul Rahman Rahimi, dijo que los tres agresores fueron asesinados por las fuerzas de seguridad. “En el momento del ataque se encontraban en el lugar decenas de afganos y ciudadanos de varios países, así como altos cargos de la India y Turquía”, dijo. “Hemos identificado a un atacante, pero estamos investigando al resto. Intentamos averiguar las circunstancias en las que se produjo el ataque, necesitamos investigar más”, expresó. Rahimi agregó que unas 30 personas fueron rescatadas del hotel durante el tiempo que duró la acción terrorista, pero que muchas más quedaron en el interior hasta que todo culminó.
Si bien el presidente afgano, Ashraf Ghani, no se pronunció públicamente respecto del ataque armado, mantuvo una comunicación telefónica con el primer ministro de la India, Narendra Modi, quien expresó vía Twitter lo conversado. “Hablé con el presidente Ghani y le ofrecí mis condolencias por las víctimas del ataque en Kabul. Somos uno solo cuando se trata de combatir el terror”, publicó Modi.
El portavoz de los talibán Muyahid aseguró que el atentado fue cometido por un solo insurgente armado con un fusil de asalto y granadas, no por los tres que dijo haber matado la policía. “El ataque fue planeado minuciosamente, cuando importantes huéspedes de países invasores, sobre todo Estados Unidos, participaban en una reunión”. Minutos antes de que el insurgente entrara al hotel, Muyahid advirtió, contrariado por la decisión de la OTAN de prolongar su misión en Afganistán, de que no tolerarán (los talibán) “la presencia de invasores” en su territorio. “Continuaremos la Jihad. Todo extranjero de un país invasor, especialmente de países de la OTAN, nunca será considerado como civil”, sentenció el portavoz terrorista.
Este nuevo ataque se enmarca en el contexto de los combates casi diarios entre las fuerzas gubernamentales y los insurgentes islamistas, que comenzaron el mes pasado su ofensiva de primavera. Desde la retirada de las tropas de la OTAN en diciembre de 2014, las fuerzas armadas afganas se enfrentan en solitario a los talibán, con la única asistencia de un contigente residual de 12.500 agentes extranjeros encargado de formar y entrenar a los militares locales. Los atentados contra objetivos concretos, a menudo minuciosamente preparados, y dirigidos contra extranjeros, se multiplicaron desde 2013 en Afganistán. En tanto, el año pasado, los talibán afganos realizaron un ataque el hotel Serena, el más prestigioso de la capital, en el que mataron a nueve personas, entre ellas a un periodista, su mujer y sus dos hijos.

GAS PIMIENTA EN LA BOMBONERA

EL FUTBOL POSTERGA EL DEBATE SOBRE SUS PROPIOS MALES

La eterna complicidad con los violentos

 Por Facundo Martínez

La Conmebol tendrá que decidir cómo se definirá la serie por los octavos de final de la Copa Libertadores entre River y Boca. Antes tendrá que analizar bien lo ocurrido anoche en la Bombonera y no perder de vista la agresión que sufrieron los jugadores visitantes. No hay nada que discutir. Estuvo bien la suspensión e incluso estuvo bien la demora en la decisión, para que todo se enfriara un poco y no se produjeran incidentes mayores. Y estará bien también que a Boca le quiten los puntos y lo sentencien a la eliminación directa.
El club anfitrión, por su parte, deberá investigar bien cómo fue que se burló la seguridad y deberá buscar a los responsables, que son socios y, muy probablemente, barra bravas. No estaría mal empezar por el propio jefe de seguridad del club, Claudio Lucione, desplazado como comisario de la Policía federal por una acusación de corrupción realizada por el propio Ministerio de Seguridad. Está claro que en Boca no se combate a los violentos. Una prueba irrefutable de esto es el crecimiento exponencial de La Doce, que ahora volvieron a gobernar conjuntamente Mauro Martín y Rafael Di Zeo, enemigos íntimos hace unos años, aliados ahora contra la facción que lidera el ex líder barrabrava Fido De Vaux, que ayer ocupó el centro de la popular sur.
Los barrabravas manejan varios negocios los días de partido, tanto afuera como adentro de las instalaciones del club: venta de ropa trucha, venta de comidas y bebidas, el negocio del estacionamiento, reventa de entradas y hasta tours dirigidos a turistas extranjeros que quieren vivir la experiencia barrabrava, aunque sólo sea por un día. Pensar que esto ocurre a espaldas de la dirigencia es jugar al distraído. Aceptar que la dirigencia es víctima de los violentos es una gran falacia que no resiste el menor análisis.
En la Bombonera ayer estuvo presente el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Se lo vio acompañado por un gran número de escoltas, subiendo las escaleras del estadio. Habrá visto entonces Berni con sus propios ojos la inmensidad de la barra brava xeneize, cuyo crecimiento no se detiene año tras años.
Se sabe que los dirigentes del fútbol argentino son más propensos a transar con los violentos, que le sirven de fuerza de choque para resolver cuestiones internas, que a combatirlos. El proyecto para blanquearlos que esbozó hace unos días el propio presidente de Boca, Daniel Angelici, es un verdadero disparate. Si algo, como mínimo, tienen que hacer los dirigentes del fútbol argentino es dejar de alimentar a los violentos, terminar con sus negocios y que su lugar en las tribunas, que cada día es mayor, lo ocupen los hinchas verdaderos. Como los que ayer se fueron mascullando su bronca por lo ocurrido y, a pesar del amor a los colores, entendieron que no hay mejor comienzo para dar un debate honesto sobre el problema de la violencia que un castigo ejemplar.

EL GOBIERNO ACUSO A LAS COMPAÑIAS DE TELEFONIA CELULAR DE REALIZAR PUBLICIDAD ENGAÑOSA

ARGENTINA

En capilla por estafar a los clientes

La Secretaría de Comercio imputó a Movistar, Personal y Claro por promocionar mensajes y llamadas ilimitadas cuando en realidad tenían topes, entre otras violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor.
 Por Javier Lewkowicz

La Secretaría de Comercio acusó a las empresas de telefonía celular de realizar publicidad engañosa al promocionar mensajes y llamadas ilimitadas cuando en realidad tenían topes, entre otras violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor. Uno de los disparadores de la denuncia oficial es que esas empresas ya recibieron 1500 reclamos desde mediados de marzo, que representa el 20 por ciento del total que se canalizó a través del nuevo sistema de conciliación obligatoria. “Las tres compañías prestan servicios defectuosos e incumplen la normativa vigente. Lo que se busca es transparentar y equilibrar la relación de los consumidores con los prestadores del servicio mediante un elemento disciplinador como las sanciones económicas”, explicaron desde Comercio. Esa dependencia aplicó siete imputaciones, la instancia previa a la sanción económica.
A fines de abril, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) multó a Movistar con 586.250 pesos –la máxima sanción posible– por las irregularidades detectadas en los cambios de los abonos vinculados a los servicios de Internet. También obligó a la firma a reinstalar los abonos eliminados y devolver a los usuarios el excedente facturado. Fueron en total 1,7 millón de clientes afectados a quienes les cobraron 3 pesos por megabite (MB) “excedido” a pesar de promocionar “Internet ilimitada”.
La facturación de la telefonía celular es muchas veces inentendible para los usuarios. Y como es un negocio masivo, montos relativamente menores por cliente representan ingresos millonarios. Días atrás la presidenta, Cristina Fernández, dio otro mensaje al sector, en este caso a Telecom, cuyas ganancias subieron según su último informe a la Bolsa: “Junto con las ganancias, inviertan más también. No piensen tanto en retornar las ganancias a la casa matriz, pongan más plata acá que, la verdad, ser una compañía telefónica en la Argentina es uno de los mejores negocios del mundo, porque la densidad por habitante de celulares y de teléfonos no es comparable ni siquiera con los países desarrollados”.
En paralelo a las sanciones de la CNC, la Secretaría de Comercio que dirige Augusto Costa avanza con siete imputaciones a las empresas Movistar, Personal y Claro. Movistar se llevó cuatro denuncias, dos por publicidad engañosa, al promocionar llamadas y SMS libres cuando en realidad tienen un tope máximo de segundos y de mensajes enviados. También se acusa a la firma de publicitar que el precio para llamadas a toda América es el mismo que para llamadas locales, pero ese beneficio no alcanza a todos los países. Otra imputación es por “falta de información del precio de llamadas de voz en planes prepagos” y la última por “inadecuada información de precios de la venta de equipos”.
A Personal le recayeron dos imputaciones. Una es por “publicidad engañosa”, ya que al igual que Movistar, es acusada de promocionar llamadas y SMS libres cuando en realidad no lo son. Además, publicitó un plan con un servicio full de 4,90 pesos diarios, pero la letra chica indicaba que ese precio es promocional sólo por un par de días, y que luego ascendía a 6,90 pesos. En segundo término, Comercio acusó a la firma de violar la Resolución N |7 de Lealtad Comercial al informar los precios de la venta de equipos sin incluir impuestos.
La empresa Claro también es imputada por publicidad engañosa. Comercio encontró que “publicitan que el precio de Internet por día es de 3 pesos, sin embargo, en una letra chica y poco transparente para el usuario, afirman que dicho precio es promocional y que el mismo vencía el 30/4, día a partir del cual el precio ascendió a 3,50 pesos”.
Hay varios problemas con las telcos en materia de defensa del consumidor (sin mencionar el defectuoso servicio). Uno de ellos es el cambio de plan o de las condiciones del plan sin previo aviso ni consentimiento del usuario. Hay dos resoluciones de la Secretaría de Comercio que obliga a las empresas a informar con sesenta días de antelación las modificaciones y a hacerlo a través de distintos medios, como SMS, página web y la factura. Para que la Secretaría de Comercio pueda actuar en este tema se requiere que los usuarios afectados denuncien no haber sido informados de los cambios, algo que no suele ser tan frecuente. La mirada oficial es que las empresas a veces avisan y otras veces no lo hacen. Otra cuestión que en el último tiempo despertó muchas quejas tiene que ver con el supuesto Internet ilimitado, que en realidad nunca existió, sólo que los límites no se alcanzaban tan rápido como ahora con los teléfonos inteligentes, los nuevos contenidos y la tecnología 4G. En el caso de Movistar, eso hizo que cobrara de manera compulsiva un recargo que el Gobierno obligó recientemente a que le restituyera al cliente.
http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/index.html

En allanamiento a distribuidora farmacéutica, hallan 14 millones de unidades de medicamentos vencidos

14 millones 760 mil 310 unidades de medicamentos vencidos encontró ayer la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) durante una fiscalización realizada a la comercializadora y distribuidora SM Pharma C.A., ubicada en el estado Zulia.

medicamentos-vencidos1

1



El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, en declaraciones a los medios, precisó que el Estado asignó a esta empresa desde el año 2009 más de 4 millones de dólares preferenciales para la importación de estos medicamentos. “A esta empresa se le otorgaron 4 millones 168 mil dólares (lo que representa 15 millones 958 mil 155 bolívares), los cuales eran a precio preferencial, desde 2,15; 2,30 y 4,30 bolívares, para la compra de estos medicamentos tan necesarios para el pueblo venezolano”, señaló.
Durante la fiscalización, efectuada con el acompañamiento del Poder Popular, Méndez manifestó: “Nos da tristeza saber que esta empresa mantuvo los medicamentos acaparados mientras que el año pasado cuando el brote de la chincungunya, muchos venezolanos murieron porque no encontraron la Vitamina B12 que era un tratamiento vital para combatir el virus, y esto es solo una muestra del daño que nos ha hecho la burguesía en medio de la guerra económica que ha impulsado”.
El superintendente informó que se aplicó una multa de 50 mil Unidades Tributarias a la empresa por acaparamiento, boicot y restricción de la oferta, delitos contemplados en la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ), a la vez que aclaró que los puestos de trabajo en esta empresa están garantizados, mientras que los dueños Raimundo Santamarta (padre) y Raimundo Santamarta Ortega (hijo) serán puestos a la orden del Ministerio Público (MP).
Finalmente, se determinó que esta empresa pasará a ser controlada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, que se encargará de realizar la distribución y producción controlada, de acuerdo con el artículo 44 de la LOPJ.
INVENTARIO EN MAL ESTADO
En la inspección se constató que había un millón 80 mil unidades de vitamina B12 vencidas y un millón 960 mil que habían sido incineradas; 2 millones 500 mil pastillas de Diclofenac Potásico; 3 toneladas de Ampicilina y más de 60 mil unidades de otros
medicamentos.
Además encontró materia prima para la realización de antibióticos y 20 mil envases para ampollas.

Corrupción contra reelección (Honduras)

Javier Suazo

corrupcion_caricatura_small





Las y los hondureños siguen esperando el día que un político, empresario o banquero de renombre pero corrupto sea trasladado a cárceles de máxima seguridad construidas en la zona de Támara para delincuentes comunes, violadores seriales y narcotraficantes. Y es que otros países de la región como Guatemala, Costa Rica y el Salvador, se han adelantado con los enjuiciamientos de expresidentes y funcionarios públicos, no así en Honduras donde todavía se venera a los corruptos al grado de ofrecerles una nueva oportunidad para lapidar los fondos públicos.
Recién en Guatemala, la vicepresidenta de la República Roxana Baldetti tuvo que renunciar a su cargo por salir involucrada en actos de corrupción y defraudación fiscal, lo que salpica también al presidente Otto Pérez Molina en tanto la Organización conocida como “La Línea” se deriva de las altas esferas del gobierno, y el pueblo guatemalteco no se traga el cuento que el presidente no se diera cuenta de la red de defraudación aduanera montada.
Los actos de corrupción perpetrados contra fondos de la seguridad social del pueblo hondureño son de conocimiento público y del Santo Pontífice que considera a la corrupción un pecado más grande que el asesinato. Es más, es de conocimiento de la población la farsa montada con los “culpables” de dicho asalto a la luz del día. La prensa mediática destaca el encarcelamiento de ciertos funcionarios responsables del robo del siglo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero no dice nada de los actores intelectuales del mismo, incluyendo políticos de turno.
Un periodista de un canal de radio y televisión independiente mostró varios cheques emitidos por empresas fantasmas que quebraron el IHSS a nombre de la Comisión de Campaña del Partido de Gobierno que llevó al poder a Juan Orlando Hernández, y que a decir del presidente del Partido Anticorrupción (PAC) Salvador Nasralla, un triunfo alcanzado en forma fraudulenta al robar votos suyos y de otros candidatos. Se habla de cerca de 2 mil millones de lempiras desviados a la campaña política, por lo que constituye denuncia seria que amerita ser investigada ya que salpica al gobierno electo y los acuerdos suscritos con Trasparencia Internacional en materia de combate de la corrupción e impunidad.
El problema es que los órganos del Estado con competencias en este campo se han llamado al silencio, como es el caso particular de la Fiscalía General de la República controlada por el presidente Hernández, igual se puede decir del Tribunal Superior de Cuentos (TSC) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), cuyos comisionados han sido nombrados por el gobierno para perseguir empleados de tercera y cuarta categoría, no a los peces grandes. A decir del periodista que presentó la información, los cheques emitidos estaban en poder del CNA y Fiscalía y aun así llamaron al silencio. En su defensa la presidenta del CNA argumenta que dicha institución trasladó las diligencias a la Fiscalía ya que no tiene competencias para ello, por lo que el reclamó debe hacerse al Fiscal General; en realidad el Congreso de la República es el que debe exigir cuentas a estas instituciones y funcionarios.
El flagelo de la corrupción tiene raíces profundas en la economía y sociedad hondureña, por lo que las agencias de cooperación internacional deben prestar mayor atención al aprobar nuevos créditos al país y en la documentación de las violaciones de derechos humanos e impunidad. Para el caso, de buena fe, Transparencia Internacional firmó un acuerdo con el gobierno para combatir este flagelo y hacer más transparente la gestión de las instituciones públicas, pero al parecer le vendieron “gato por liebre”. Igual sucede con los derechos humanos al sacar a Honduras de la lista negra y blanquearse las cifras por el gobierno del número de homicidios por cada cien mil habitantes.
El convenio con el FMI fue suscrito en el entendido que no existen funcionarios de gobierno involucrados en actos de corrupción, ya que no es una práctica política de este organismo apoyar gobiernos corruptos; pero también el Plan para la Alianza del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y Salvador) implica que los posibles fondos (1,000 millones de dólares) a asignarse por el Congreso Norteamericano no vayan a los bolsillos de funcionarios corruptos.
Es de destacar la denuncia hecha por el Ingeniero Salvador Nasralla de estos actos, pero todavía no se oye a los miembros del Central Ejecutivo del Partido Liberal y diputados al Congreso de la Republica exigir castigo a los corruptos y llamando a interpelar al Fiscal General por congelar la investigación; los diputados del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) se han pronunciado abiertamente sobre estas evidencias del saqueo, y Manuel Zelaya exige la vigencia de la figura del mandato revocatorio y renuncia del presidente Hernández si se demuestra su involucramiento. El Comité Central el Partido Nacional denuncia que está es un campaña de conspiración orquestada por Zelaya y la oposición para afectar la imagen del Presidente Hernández y anuncia la contratación de una auditoria publica del uso y destino de dichos fondos; si hay culpables grandes o pequeños no serán protegidos a dicho su presidenta..(¿Ojalá?).
Como sucedió en Guatemala, todas las organizaciones de la sociedad civil, grupos de interés como maestros y enfermeras, obreros, campesinos, estudiantes y empresarios honestos deben protestar en las calles y frente a casa de gobierno, exigiendo la renuncia de los funcionarios involucrados y del Fiscal General y Fiscal Adjunto. La denuncia de los actos de corrupción y la impunidad que involucra a funcionarios del actual gobierno es quizá la principal arma de los partidos de oposición política para que las aspiraciones de reelección presidencial del presidente de la Republica se dejen de un lado, ya que es poco probable que el pueblo hondureño y la comunidad internacional apoye este tipo de violaciones a la Constitución de la República es un país donde según Mel Zelaya más de 2,000 personas murieron por no recibir atención médica y comprar medicamentos que otros se robaron.