Javier Suazo
Las y los hondureños siguen esperando el día que un político, empresario o banquero de renombre pero corrupto sea trasladado a cárceles de máxima seguridad construidas en la zona de Támara para delincuentes comunes, violadores seriales y narcotraficantes. Y es que otros países de la región como Guatemala, Costa Rica y el Salvador, se han adelantado con los enjuiciamientos de expresidentes y funcionarios públicos, no así en Honduras donde todavía se venera a los corruptos al grado de ofrecerles una nueva oportunidad para lapidar los fondos públicos.
Recién en Guatemala, la vicepresidenta de la República Roxana Baldetti tuvo que renunciar a su cargo por salir involucrada en actos de corrupción y defraudación fiscal, lo que salpica también al presidente Otto Pérez Molina en tanto la Organización conocida como “La Línea” se deriva de las altas esferas del gobierno, y el pueblo guatemalteco no se traga el cuento que el presidente no se diera cuenta de la red de defraudación aduanera montada.
Los actos de corrupción perpetrados contra fondos de la seguridad social del pueblo hondureño son de conocimiento público y del Santo Pontífice que considera a la corrupción un pecado más grande que el asesinato. Es más, es de conocimiento de la población la farsa montada con los “culpables” de dicho asalto a la luz del día. La prensa mediática destaca el encarcelamiento de ciertos funcionarios responsables del robo del siglo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero no dice nada de los actores intelectuales del mismo, incluyendo políticos de turno.
Un periodista de un canal de radio y televisión independiente mostró varios cheques emitidos por empresas fantasmas que quebraron el IHSS a nombre de la Comisión de Campaña del Partido de Gobierno que llevó al poder a Juan Orlando Hernández, y que a decir del presidente del Partido Anticorrupción (PAC) Salvador Nasralla, un triunfo alcanzado en forma fraudulenta al robar votos suyos y de otros candidatos. Se habla de cerca de 2 mil millones de lempiras desviados a la campaña política, por lo que constituye denuncia seria que amerita ser investigada ya que salpica al gobierno electo y los acuerdos suscritos con Trasparencia Internacional en materia de combate de la corrupción e impunidad.
El problema es que los órganos del Estado con competencias en este campo se han llamado al silencio, como es el caso particular de la Fiscalía General de la República controlada por el presidente Hernández, igual se puede decir del Tribunal Superior de Cuentos (TSC) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), cuyos comisionados han sido nombrados por el gobierno para perseguir empleados de tercera y cuarta categoría, no a los peces grandes. A decir del periodista que presentó la información, los cheques emitidos estaban en poder del CNA y Fiscalía y aun así llamaron al silencio. En su defensa la presidenta del CNA argumenta que dicha institución trasladó las diligencias a la Fiscalía ya que no tiene competencias para ello, por lo que el reclamó debe hacerse al Fiscal General; en realidad el Congreso de la República es el que debe exigir cuentas a estas instituciones y funcionarios.
El flagelo de la corrupción tiene raíces profundas en la economía y sociedad hondureña, por lo que las agencias de cooperación internacional deben prestar mayor atención al aprobar nuevos créditos al país y en la documentación de las violaciones de derechos humanos e impunidad. Para el caso, de buena fe, Transparencia Internacional firmó un acuerdo con el gobierno para combatir este flagelo y hacer más transparente la gestión de las instituciones públicas, pero al parecer le vendieron “gato por liebre”. Igual sucede con los derechos humanos al sacar a Honduras de la lista negra y blanquearse las cifras por el gobierno del número de homicidios por cada cien mil habitantes.
El convenio con el FMI fue suscrito en el entendido que no existen funcionarios de gobierno involucrados en actos de corrupción, ya que no es una práctica política de este organismo apoyar gobiernos corruptos; pero también el Plan para la Alianza del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y Salvador) implica que los posibles fondos (1,000 millones de dólares) a asignarse por el Congreso Norteamericano no vayan a los bolsillos de funcionarios corruptos.
Es de destacar la denuncia hecha por el Ingeniero Salvador Nasralla de estos actos, pero todavía no se oye a los miembros del Central Ejecutivo del Partido Liberal y diputados al Congreso de la Republica exigir castigo a los corruptos y llamando a interpelar al Fiscal General por congelar la investigación; los diputados del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) se han pronunciado abiertamente sobre estas evidencias del saqueo, y Manuel Zelaya exige la vigencia de la figura del mandato revocatorio y renuncia del presidente Hernández si se demuestra su involucramiento. El Comité Central el Partido Nacional denuncia que está es un campaña de conspiración orquestada por Zelaya y la oposición para afectar la imagen del Presidente Hernández y anuncia la contratación de una auditoria publica del uso y destino de dichos fondos; si hay culpables grandes o pequeños no serán protegidos a dicho su presidenta..(¿Ojalá?).
Como sucedió en Guatemala, todas las organizaciones de la sociedad civil, grupos de interés como maestros y enfermeras, obreros, campesinos, estudiantes y empresarios honestos deben protestar en las calles y frente a casa de gobierno, exigiendo la renuncia de los funcionarios involucrados y del Fiscal General y Fiscal Adjunto. La denuncia de los actos de corrupción y la impunidad que involucra a funcionarios del actual gobierno es quizá la principal arma de los partidos de oposición política para que las aspiraciones de reelección presidencial del presidente de la Republica se dejen de un lado, ya que es poco probable que el pueblo hondureño y la comunidad internacional apoye este tipo de violaciones a la Constitución de la República es un país donde según Mel Zelaya más de 2,000 personas murieron por no recibir atención médica y comprar medicamentos que otros se robaron.
