Se enfrentan criminales y policías en Michoacán; 43 muertos

La Policía Federal se enfrentó con civiles armados en el Rancho del Sol, en el km 370 de la autopista Guadalajara-Morelia


Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal, y Gustavo Castillo, reportero
vie, 22 may 2015 

Foto Arturo Campos Cedillo

Morelia, Mich. En un enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos integrantes de grupos criminales en el municipio de Tanhuato, Michoacán, muy cerca de los límites con Jalisco, se reportan 43 muertos, sólo un policía federal abatido y el resto civiles.

Fuentes del gobierno federal que participan en el gabinete de seguridad nacional indicaron que este grupo de hombres armados presuntamente pertenecía al cártel Jalisco Nueva Generación y que tras el enfrentamiento se les aseguró decenas de armas largas, cartuchos y granadas.

La información preliminar refiere que el enfrentamiento ocurrió en una carretera que comunica al estado de Jalisco con Michoacán, una de las zonas de mayor presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos integrantes derribaron el pasado 1 de mayo un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional en esa misma entidad.

El gobernador de Michoacán, Salvador Jara, dijo a Radio Fórmula que los policías detectaron "una camioneta sospechosa", desde donde presuntos delincuentes abrieron fuego. "Después evolucionó porque fueron muchísimos los que estaban atacando", afirmó.

La zona fue acordonada para que peritos puedan recoger las evidencias. Jara dijo que es "muy probable" que el CJNG esté involucrado, pero que todavía no podía confirmarlo.

El gabinete de seguridad federal y estatal se trasladó a la ciudad de Zamora donde darán a conocer un reporte preliminar del enfrentamiento ocurrido en Tinajas de Vargas.

Fuentes de gobierno estatal indicaron que el gabinete de seguridad ya salió en helicóptero para trasladarse a Zamora, donde se reunirán que funcionarios del Ejército, la Marina y de la Secretaría de Gobernación.

Todo parece indicar que los hechos ocurrieron después de las ocho horas cerca de la población de Tinaja de Vargas, ubicada cerca de los límites con Jalisco, por la región de Vista Hermosa.

Tanhuato, de unos 15 mil habitantes, es vecina del municipio michoacano de Yurécuaro, donde hace una semana fue asesinado el candidato de Morena a la alcaldía, Enrique Hernández Saucedo.

El pueblo de Tanhuato también se encuentra en los límites con Jalisco, donde el gobierno ha desplegado un fuerte operativo contra el cártel Jalisco Nueva Generación.

En otros hechos, en la capital del estado dos personas fueron localizadas con el tiro de gracia en la salida a Mil Cumbres. Y en el municipio de Ecuandureo se reportó otro enfrentamiento entre federales y supuestos gatilleros, informaron fuentes castrenses, donde aún no hay un reporte de personas muertas.

Con información de Afp y Dpa.

Farc suspenden cese el fuego tras ataque militar en Guapi

BOICOTEANDO LA PAZ

La Guerrilla de las Farc anunció este viernes la suspensión al cese unilateral al fuego proclamado el pasado 20 de diciembre, tras el operativo militar que dejó a 26 guerrilleros muertos en Guapi. FOTO CORTESÍA
COLPRENSA 

“No estaba en nuestra perspectiva la suspensión de la determinación del cese al fuego unilateral e indefinido proclamado el 20 de diciembre de 2014 como un gesto humanitario y de desescalamiento del conflicto, pero la incoherencia del gobierno Santos lo ha logrado, luego de 5 meses de ofensivas terrestres y aéreas contra nuestras estructuras en todo el país”, dice un comunicado oficial de las Farc.

Indican que “deploramos el ataque conjunto de la Fuerza Aérea, el ejército y la policía ejecutado en la madrugada del jueves, contra un campamento del 29 Frente de las Farc en Guapi (Cauca), en el que, según fuentes oficiales, resultaron asesinados 26 guerrilleros”.

El comunicado emitido por el Secretariado del Estado Mayor Central de las Farc recalca que les duele la muerte tanto de guerrilleros como de soldados y llaman a “parar este desangre”.

“Contra nuestra voluntad tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación. Aunque Santos anuncia que mantendrá la ofensiva, insistiremos en la necesidad de acordar cuanto antes, para la salud del proceso de paz y evitar nuevas victimizaciones, el cese bilateral de fuegos que con tanta insistencia han reclamado las mayorías nacionales”, indica la guerrilla.

Luego del operativo de la Fuerza Pública contra el frente 29 de las Farc, en zona rural de Guapí (Cauca) el presidente Juan Manuel Santos dijo que fueron 26 y no 18 los guerrilleros que resultaron abatidos tras el enfrentamiento.

El mandatario recibió un balance de la cúpula militar, a quienes dio la orden de no bajar la guardia, reiterando su premisa de que la paz “se negocia en medio del conflicto”. En ese sentido hizo un llamado a las Farc para que se acelere la firma de un acuerdo final en Cuba.

“Señores de las Farc, es hora de acelerar las negociaciones. ¡Cuántos muertos más necesitamos para entender que ha llegado la hora de la paz!”, indicó.

Señaló sobre la muerte de los insurgentes que “a pesar de tratarse del enemigo en esta guerra, también nos debe conmover a todos el dolor de las familias de los guerrilleros muertos. Somos todos hijos de una misma Nación”.

Al no descartar eventuales acciones retaliatorias de las Farc, el Presidente aseveró que “es justamente ese espiral de violencia, odio, venganza y retaliación, al que nos han conducido 50 años de guerra, el que tenemos que parar y transformar en un espiral perdón y reconciliación”.

Aseguró que ese es el gran reto de todos los colombianos para hacer “a un lado los odios y los rencores”. “Nuestra meta, nuestro propósito, tiene que ser acabar la guerra y acabarla lo más pronto posible”, concluyó el mandatario.

Santos revela que son 26 los guerrilleros muertos en Cauca

El Presidente dijo que es un golpe "muy importante contra las Farc" y le pidió a la fuerza pública no bajar la guardia. Unos 26 efectivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), fueron asesinados el jueves en un bombardeo de las Fuerzas Militares en el suroeste colombiano, confirmó este viernes el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. “Ayer la fuerza pública dio un golpe contra la estructura de alias ‘Chugo’, segundo cabecilla del frente 29 de las Farc en la vereda San Agustín, zona rural Guapi. Los resultados preliminares son 26 bajas y un menor de edad recuperado”, dijo Santos. Santos señaló que ordenó arreciar los operativos contra esa columna guerrillera luego del ataque a la isla Gorgona y destacó que desde que se iniciaron las conversaciones de la Habana (Cuba) ha sido claro en que “las operaciones de nuestras fuerzas armadas no se detendrán”. Un día antes, el comandante de las FARC- EP e integrante de la Delegación de Paz en Cuba, Pastor Alape, informó a través de su cuenta en Twitter que eran 18 los miembros del grupo insurgente asesinados “bajo la profunda noche y en pleno sueño, con bombas de 250 kilos sin oportunidad de combatir”.

http://www.telesurtv.net/news/Santos-revela-que-son-26-los-guerrilleros-muertos-en-Cauca-20150522-0028.html. 

www.teleSURtv.net

Delitos de la dictadura no prescribieron

LEY DE CADUCIDAD IMPIDIÓ INVESTIGAR

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) aceptó la tesis donde se establece que el período de vigencia de la Ley de Caducidad no debe computarse dentro del plazo de prescripción de los delitos.

may 21, 2015

El período de vigencia de la Ley de Caducidad no debe computarse dentro del plazo de prescripción de los delitos de la dictadura, ya que esa norma constituyó un “impedimento” para el desarrollo de las investigaciones judiciales, según estableció la Suprema Corte de Justicia, según informó este jueves el semanario Búsqueda.

De esta forma, la Corporación, por mayoría de 3 a 2, se plegó a una tesis esgrimida por dos Tribunales de Apelaciones y varios jueces, en cuanto a que la mayoría de los ilícitos no están prescriptos. Esta postura del máximo órgano del Poder Judicial abre la posibilidad para que la Justicia puede seguir investigando los crímenes perpetrados durante la dictadura.

La resolución de la Corte fue emitida tras un recurso de casación interpuesto por la defensa de los militares Enrique Ribero y Uruguay Araújo Umpiérrez, condenados en 2010 por el homicidio muy especialmente agravado del militante comunista, Ubagesner Chaves Sosa.

“El cómputo del plazo de prescripción en casos como el de autos en los que los hechos delictivos denunciados se cometieron por agentes estatales por móviles políticos durante el régimen militar pasado, debe guiarse por ciertos criterios o pautas jurídicas ya expuestos en anteriores ocasiones”, según estableció la Corte.

De esta forma, “no corresponde computar el período transcurrido durante el gobierno de facto”, ya que “si el titular de la acción penal, el Ministerio Público, estaba impedido de ejercer su poder-deber, no le pudo correr el plazo de prescripción”. Por este motivo, “debe entenderse que el plazo de prescripción para delitos como los investigados en autos debe situarse a partir de que la Ley 15.848 perdió su vigencia, ya que esa ley constituyó un impedimento para el libre ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público”.

Esta tesis contó con el respaldo de los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Larrieux y Ricardo Pérez Manrique, al tiempo que se pronunciaron en discordia los ministros Jorge Chediak y Felipe Hounie. Los ministros de la minoría consideraron que “no surge que la Ley 15.848 hubiera significado un obstáculo a las investigaciones y al normal funcionamiento del Poder Judicial”.

El posicionamiento de la Corte en relación a este punto era esperado por las organizaciones de derechos humanos y también por la defensa de los militares imputados por graves los crímenes perpetrados durante la dictadura, por cuanto marcaría la tendencia que asumirá la jurisprudencia en esta causa.
Se estimaba que el fallo podía emitirse en relación al expediente donde se investiga la muerte por torturas de Aldo Perrini, que esta próximo a resolverse. Al ser una mayoría de 3 a 2 habrá que aguardar caso a caso, ya que si uno de los ministros de la mayoría se abstiene de intervenir se podría producir un cambio en la tendencia.

DECLARACIÓN DE LA MESA POLÍTICA DEL FRENTE AMPLIO

Publicamos la declaración de la Mesa Política donde reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de los Derechos Humanos.

Fachada de la sede central del FA. Foto Analía Passarini, FA 

(Creative Commons - CC BY-NC-SA)

DECLARACION

La MESA POLITICA NACIONAL DEL FRENTE AMPLIO, reafirmando su compromiso inquebrantable con la defensa de los Derechos Humanos, DECLARA:


1. Su satisfacción ante el hecho de que la 20ª. Marcha del Silencio del pasado 20 de mayo, convocada bajo la consigna “Basta ya de impunidad: Verdad y Justicia”, fue una de las más grandes desde la primera realizada 20 años atrás, y en especial porque la gran mayoría de los participantes fueron jóvenes, muchos de ellos nacidos después de la dictadura, que se embanderan con el reclamo de Verdad, Justicia, Memoria y nunca más terrorismo de Estado.

2. Que el Frente Amplio mantiene desde sus orígenes un inquebrantable compromiso con los Derechos Humanos. Es por ello que la búsqueda de verdad y justicia sobre el pasado reciente, los detenidos desaparecidos y todos los actos de terrorismo de Estado son una prioridad indeclinable para esta Fuerza Política.

3. Que este compromiso se expresa claramente en el Programa de Gobierno del Frente Amplio, construido y votado por nuestro pueblo, que en sus líneas estratégicas establece:

• Garantizar el acceso y la transversalidad de toda la información vinculada a las violaciones de DDHH cometidas en el marco del terrorismo de Estado incluyendo todos los archivos de la represión.
• Crear unidades especializadas de investigación de las causas sobre violaciones a los DDHH durante el terrorismo de Estado
• Brindar protección y contención psicológica a testigos y acompañamiento jurídico.
• En el área de la verdad se deberá hacer valer los derechos de todas las víctimas, tanto en los casos no resueltos de desaparición forzada, como en los de detención y tortura. La información surgida de los testimonios de las víctimas deberá ser sistematizada y difundida con su consentimiento, para contribuir a evitar la repetición del inmenso cúmulo de violaciones a sus derechos por parte de militares y civiles.
• Convertir los centros de represión en espacios museísticos y profundizar en otras prácticas de memoria.
• Adecuar el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales a los instrumentos internacionales relacionados con los DDHH.
• Aplicar los Tratados Internacionales sobre DDHH en nuestro ordenamiento jurídico interno a través de los artículos 332 y 72 de la Constitución.
• El Estado se hará cargo de las numerosas investigaciones pendientes, a través de los ministerios respectivos, que serán parte activa en la búsqueda de la verdad, facilitando todos los archivos de la represión y toda la información vinculada a las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de estado.

4. Que respalda la creación, por parte del Presidente de la República, cro. Dr. Tabaré Vázquez, del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, mediante decreto del Poder Ejecutivo de fecha 19 de mayo de 2015, compartiendo en su totalidad el espíritu y la letra de dicho decreto.

5. Que en este marco, no comparte ni representan a esta Fuerza Política, las expresiones del Ministro de Defensa Nacional, cro. Eleuterio Fernández Huidobro.
APROBADA POR UNANIMIDAD

Montevideo, 22 de mayo de 2015

Talleres textiles clandestinos, drama argentino de muchos retazos

Foto: Fabiana Frayssinet/IPS

IPS

20.05.2015

BUENOS AIRES (IPS/Fabiana Frayssinet) - La muerte de dos niños en un incendio y el maltrato y abuso sexual a una joven, los tres bolivianos, sacó a la luz nuevamente en Argentina el drama del trabajo esclavo en talleres clandestinos, en una trama en que el Estado, la industria textil, la moda y consumidores se señalan como corresponsables.

Los dos hermanos, de siete y 10 años, perecieron el 27 abril, durante el incendio de uno de los muchos talleres clandestinos de confección del barrio de Flores, en Buenos Aires, donde se alojaban y trabajaban sus padres.
Unos días antes, Rosa Payro, de 21 años, fue rescatada de otro taller de la región metropolitana bonaerense, tras casi tres años de sufrir de parte de sus tíos y explotadores violaciones, tortura y privación de la libertad.
Dos casos que esconden muchas complicidades, señaló a IPS el extrabajador en uno de esos talleres, Juan Vásquez, quien ahora integra Simbiosis Cultural, un colectivo de migrantes bolivianos, que buscan visibilizar la situación inhumana en estos locales.
“Cuando se habla de trabajo esclavo se vincula con la 'bolivianidad' y no se asocia con el consumo, con la clase obrera de acá, y con la connivencia del gobierno de la ciudad y nacional”, dijo Vásquez. “Somos los retazos, los excluidos, los exiliados.apenas, dentro de un gran todo”, ilustró.
La Fundación Alameda denuncia que existen unos 3.000 talleres textiles clandestinos tan solo en Buenos Aires y sus alrededores, con 10 empleados promedio y que explotan 30.000 trabajadores, en su mayoría inmigrantes bolivianos, pero también peruanos y migrantes internos argentinos.
“La vivienda es el mismo lugar donde se los explota y trabajan más de 16 horas al día. Están permanentemente sujetos al poder del amo”, explicó Lucas Schaerer, portavoz de Alameda, una organización que lucha contra el trabajo esclavo e infantil y la trata de personas para explotación sexual.
Además, detalló a IPS, “les hacen pagar los impuestos, comen en el mismo lugar en condiciones inhumanas. La alimentación, descontada del salario, es muy escasa, por eso los altos niveles de tuberculosis. Viven en cuartos, al estilo de los de campos de concentración, con cuchetas (literas) y baños que comparten entre 30, 50, 60 personas”.
En Argentina, con 41 millones de personas y 1,8 millones de extranjeros, la ley migratoria garantiza la permanencia, acceso al trabajo, educación y salud del migrante sudamericano, pero muchos de estos neoesclavos están en condición ilegal. Cálculos de organizaciones indican que 90 por ciento de ellos están en los sectores agropecuario y textil.
“Muchas veces los trafican sin documentos o sin identificación”, añadió Schaerer sobre los dueños de los talleres de confección. Algunos incluso son familiares o conocidos.
“Muchos no quieren blanquearse (legalizarse) porque piensan que volverán (a su país)”, acotó a IPS el presidente de la Asociación Civil Federativa Boliviana, Alfredo Ayala.
Para Schaerer, estás fábricas clandestinas son el último eslabón de una cadena de la industria del vestido. Casi 80 por ciento del sector “se nutre” de ellos, aseguró.
“Todo tiene una lógica: tráfico de personas, reducirlas a servidumbre y ponerlas a producir” para pequeñas o grandes marcas, ferias populares, grandes diseñadores, boutiques de moda, mercados de piratería o incluso organismos oficiales, detalló.
En el 2006, recordó como ejemplo, una auditoría interna del Ministerio de Defensa comprobó que el ejército “se proveía de talleres clandestinos”.
“Es un delito que tiene muchas responsabilidades”, precisó, en el que se violan leyes nacionales y municipales. “A su vez, muchos ingresan en ómnibus ilegales. Entran desde Bolivia (en la frontera norte del país) y recorren casi la mitad de Argentina sin ningún tipo de control”, añadió.
Además, denunció, “está muy ligado al narcotráfico” que utiliza estos talleres para la legalización de capitales.
Schaerer responsabiliza al gobierno nacional, por no reglamentar la Ley de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas, y al de Buenos Aires por no fiscalizar y amparar a marcas textiles denunciadas.
Por su parte, Ayala critica la actuación de efectivos de la policía, quienes a cambio de sobornos “les garantizan que no tendrán problemas”.Un ejemplo es lo que sucedió con el taller donde murieron los dos niños. Con policías custodiando el local, este fue incendiado por segunda vez el 7 de mayo, en una acción aparentemente destinada a eliminar documentos y pruebas.
El intendente (alcalde) de Buenos Aires, Mauricio Macri, lo niega y considera que todo se origina “en la falta de trabajo., combinada con la inmigración ilegal”. Declaró que muchas veces “no dejan entrar” a sus inspectores.
En 10 años, Alameda recibió unas 5.000 denuncias que incluyen también trabajo infantil, maltrato y abuso sexual, como en el caso de la joven Payro.
Pero aunque hay 110 marcas textiles, algunas internacionales muy famosas, denunciadas judicialmente, solo una fue condenada.
Un sistema complejo, según Vásquez, porque “se alimenta necesariamente de migración”, una población que está sin lazos sociales y sin recursos.
“Cuando llegas acá estás muy vulnerable porque no conoces el lugar.. te dicen aquí vas a trabajar, te vamos a dar la comida, y ahí comienza el proceso de naturalización. Uno no cuestiona porque te dan una solución después que en tu país la habías pasado muy mal”, reflexionó.
El mismo llegó a los nueve años a Argentina con un hermano y su madre, que empeñó su casa para cumplir el sueño de conseguir trabajo. “Era venir para no volver porque no teníamos plata. El último recuerdo que tengo de Bolivia es el hambre. Me acuerdo de su desesperación para conseguir dinero”, recordó.
Tras varias vicisitudes en la frontera, llegaron al taller donde ya trabajaba su papá, donde durante tres meses durmieron juntos en un catre.
A eso se sumó la discriminación. En la escuela se burlaban de él por su “acento muy marcado” y por ser “morocho (de piel morena)”.
A los 16 años, el mismo comenzó a trabajar en un taller y sus padres abrieran uno propio.
“Está muy naturalizado y ni siquiera tiene que ver con un rasgo cultural. Cuando mi mamá abrió su taller no pensaba: ahora voy a ser la explotadora y sacarles dinero. Ella había aprendido como era el sistema. Había naturalizado el trabajar 16 horas, en esas condiciones”, analizó.
Para Vásquez, “es el capitalismo metido dentro de un tema como la inmigración”.
“Muchas veces los hermanos bolivianos no conocen las leyes y la infringen. No saben por ejemplo que están haciendo trata de personas. A veces traen a alguien de la familia, pensando que le están haciendo un favor, sin saber que están cometiendo un delito”, argumentó Ayala.
La Fundación Alameda propone alternativas como cooperativas textiles, en talleres confiscados o recuperados por sus trabajadores.
También pide un sello obligatorio que garantice a los consumidores que lo que compran no es fruto del trabajo esclavo. El gubernamental Instituto Nacional de Tecnología Industrial lo intentó con un sello voluntario, pero solo fue aceptado por una gran empresa de ropa.
Ayala pide que el gobierno “dé a conocer las leyes para que no se siga trayendo gente” y controle las grandes fábricas, porque “sin ellas no hay este trabajo (esclavo)”.
El gobierno por su parte, alienta denuncias de esos casos ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.
“Nosotros decimos que en lugar de cerrar el taller, tenemos que abrirlo, para encontrar allí la solución de parte del actor principal: el costurero”, opinó Vásquez.

Editado por Estrella Gutiérrez