LO QUE LE DUELE A LA DERECHA

ARGENTINA

Cinco años de AUH

 Por Alfredo Zaiat

No desalentó el empleo ni la informalidad laboral, aumentó la escolaridad en los tres niveles educativos, expandió la atención sanitaria primaria, mejoró la dieta alimentaria, incorporó bienes de consumo durables y redujo la brecha de ingresos en las familias de sectores vulnerables social y económicamente. Estas son las principales conclusiones de un extenso informe a partir de una vasta encuesta nacional sobre la Asignación Universal por Hijo al quinto año de vigencia. Es un trabajo realizado por un equipo de investigadores de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y de la Universidad Nacional de Tres de Febrero conducido por Bernando Kliksberg e Irene Novacovsky. La investigación está presentada en el libro El gran desafío. Romper la trampa de la desigualdad desde la infancia. Aprendizajes de la Asignación Universal por Hijo. Además de los impactos favorables, señala los desafíos de la AUH para mejorar su cobertura como así también su alcance en materia educativa y sanitaria.

Es el libro que mencionó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley vinculado a la forma de fijar el monto de la asignación. La AUH es un derecho social y económico con fuerza de ley a partir de un decreto de necesidad y urgencia. Hasta ahora no tiene, como las jubilaciones, una actualización automática. El riesgo de licuación de la asignación estaba latente en futuros gobiernos porque su monto era una decisión discrecional del Poder Ejecutivo. La relevancia del proyecto oficial entonces no es la institucionalización por ley de la AUH porque esa cualidad ya la tiene, sino la de fijar en forma automática aumentos semestrales, con el mismo índice de actualización de los haberes de los jubilados. El alza de 644 a 837 pesos por hijo a partir de junio sería por lo tanto el último definido por el Ejecutivo, puesto que si es aprobado el proyecto quedará de ahora en adelante determinado por el índice de movilidad jubilatoria.

A partir de un amplio relevamiento muestral de escala nacional que comprendió 3058 hogares encuestados, 12 grupos focales y 21 entrevistas a informantes clave, Kliksberg y Novacovsky arribaron a conclusiones de relevancia acerca de la AUH.

Mencionan que la evidencia empírica proveniente de diversas investigaciones sobre programas de transferencias de ingresos (México y Brasil, entre otros) no ha permitido constatar efectos en la disminución de la tasa de actividad. Por el contrario la potencia porque brinda recursos que facilitan la búsqueda de empleo. La AUH ejerce, además, un impacto positivo en la reducción del trabajo de niños, niñas y adolescentes. En el estudio se destaca que la incidencia de la población extranjera es prácticamente marginal como receptora de la asignación, al representar el 4,6 por ciento y por debajo del 10 por ciento en el Area Metropolitana, lo cual se corresponde con la presencia de la población migrante de nuestro país de acuerdo al último censo poblacional.

Entre quienes la reciben existe una doble percepción sobre la naturaleza de la AUH: es entendida como derecho y ayuda por las titulares, en cambio sus hijos la vivencian como un derecho propio al internalizarla como una responsabilidad asumida para contribuir a su propio bienestar y desarrollo. El lugar que ocupa la educación como valor para garantizar un futuro mejor para sus hijos es trascendental según declaraciones de los titulares de la AUH en los grupos focales, como las siguientes:

- “No quiero que trabajen, quiero que estudien.”

- “Lo aconsejo: ‘Vos tenés que luchar por tus derechos’.”

- “Yo le digo: ‘No quiero que termines limpiando el piso de los demás. Quiero que tengas un título. Yo no lo tuve y su padre tampoco’.”

- “Eso quiero para él. Que sea alguien. No te digo un abogado pero que tenga un título, un trabajo seguro, un sueldo seguro.”

La AUH es una contribución muy significativa a la reducción de la desigualdad de ingresos porque “ha instalado la cuestión de la equidad en el punto de partida, en una etapa inicial de la vida que resulta decisiva, cuando se define gran parte de las oportunidades futuras”, destacan los investigadores. Brinda la seguridad de un ingreso que se cobra con regularidad y certeza cada mes, hecho que no solamente impacta en el bienestar material sino en “una mayor sensación de dignidad y autovaloración porque al tratarse de un ingreso mensual y regular permite planificar el gasto futuro”. En el 60 por ciento de los hogares receptores de la AUH, el dinero de la asignación no supera el 20 por ciento de los ingresos totales familiares. Sólo para el 5 por ciento es el único ingreso disponible. La AUH representa, en promedio, un cuarto del conjunto de los ingresos familiares. Esto ha permitido asegurar la alimentación e incremento del consumo de productos de la canasta básica: lácteos, proteínas, frutas y verduras. También aumentó la de productos de limpieza y tocador, como así también la compra de útiles y libros escolares. También ha mejorado el acceso a bienes de consumo durable. “Se trata de una democratización del uso de elementos de confort y de acceso a la información (como la televisión y la computadora)”, indican Kliksberg y Novacovsky. Desde una perspectiva macroeconómica, el incremento de ingresos se traduce también en impactos en el consumo interno y en la generación de puestos de trabajo.

La investigación observa una reducción de 10 puntos porcentuales en el indicador de maternidad adolescente, factor clave en la interrupción de los mecanismos de reproducción intergeneracional de la pobreza. Ratifica que la AUH ha demostrado tener una gran capacidad para estimular la asistencia escolar de los más pequeños, principalmente entre niñas y niños de 4 años (el 80 por ciento), ganando un año de escolaridad adicional entre los sectores más vulnerables. “La AUH contribuye así a achicar la brecha de desigualdad respecto de otros sectores sociales, neutralizando la estratificación de origen”, indican los expertos. En el nivel preescolar, la asistencia alcanza un porcentaje superior a la media urbana y se acerca a la plena cobertura. En el nivel primario ha reforzado que los niños y niñas de 6 a 12 años se encuentren escolarizados y finalicen el ciclo. Y en el nivel medio se ha conseguido que la tasa de asistencia supere el 90 por ciento, por encima de la media nacional. “Esto se traduce en el incremento del capital educativo de los hogares receptores de AUH y aumenta las posibilidades de mejorar las condiciones de vida presentes y futuras”, afirman. Para agregar que en sólo cinco años de vigencia, la AUH ha demostrado una extraordinaria capacidad para achicar las brechas de desigualdad que separan a las niños y adolescentes provenientes de hogares vulnerables y excluidos de aquellos que antes de su implementación ya gozaban del acceso a la protección social por su condición de hijos de trabajadores registrados.

El informe plantea una serie de desafíos para la AUH, siendo los más importantes:

- Fijar un mecanismo automático y permanente de actualización del monto de la asignación para institucionalizar los incrementos, como en el caso de los jubilados (el proyecto de ley atiende ese reclamo).

- En cuanto a errores de exclusión, para evitarlos propone incluir a los trabajadores monotributistas con ingresos menores al salario mínimo.

- Sugiere mejorar la información sobre la AUH hacia la población objetivo, y profundizar la bancarización porque el 10 por ciento no cobra a través de la tarjeta. Y para que puedan acceder al crédito, hoy cubiertos por firmas que cobran tasas altísimas, la idea es extender los beneficios de la tarjeta Argenta.

- En el área de salud se observa cierto desacople de la oferta pública a la demanda generada por la AUH. Un quinto de las titulares manifestó tener dificultades cuando concurrió a realizar controles de salud, en especial con los turnos. También hubo críticas respecto de cierta superficialidad con que se ejerce la medicina preventiva con los más chicos.

- Dado el déficit de oferta estatal de jardines maternales y de infantes, sería conveniente incorporar un bono o aumentar el monto de la prestación entre niñas y niños de 0 a 2 años cuyas madres trabajan o estudian para que puedan asistir al jardín maternal. Para el nivel primario la asistencia es universal para la jornada simple, pues la jornada extendida resulta minoritaria por déficit de la oferta. Plantea que se trata de un desafío pendiente. Y para el nivel medio, sería apropiado aumentar el monto de la prestación entre los 15 y los 17 años para estimular la asistencia y neutralizar la salida temprana al mercado de trabajo.

En los grupos consultados se detectaron temores a una posible interrupción de esta política pública. Ya tienen una respuesta política a ese miedo: el proyecto de ley que institucionaliza la actualización automática cada seis meses del monto de la Asignación Universal por Hijo.

azaiat@pagina12.com.ar

LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA FINANCIERO QUE DOTARON DE PODER A LOS FONDOS BUITRE

Cómo llegó al mundo la criatura predadora

Un trabajo elaborado en el Ministerio de Economía repasa las circunstancias en las que surgieron los fondos buitre y cómo crecieron. En la última década, seis de cada diez reestructuraciones de deuda soberana recibieron un ataque judicial.

Thomas Griesa. La Justicia y la legislación de Nueva York abonaron el avance buitre socavando la inmunidad soberana de los países deudores.

 Por Raúl Dellatorre

Desde los años ’90, las demandas judiciales contra refinanciaciones de deuda de estados soberanos se han multiplicado. Hasta 1983, ese tipo de situaciones era absolutamente inusual. Sin embargo, desde esa fecha y a lo largo de la década siguiente (hasta 1993 inclusive), una de cada diez reestructuraciones de deuda soberana resultó víctima de alguna demanda judicial. En la década posterior (hasta 2002 inclusive), de cada diez países que refinanciaron deuda, tres resultaron atacados por maniobras judiciales de fondos especulativos. En los siete años siguientes (de 2003 a 2009 inclusive), la proporción creció en forma notable: seis de cada diez reestructuraciones de deuda fueron puestas en la mira de los fondos especulativos. Un trabajo realizado por funcionarios del área de la Secretaría de Finanzas del Palacio de Hacienda pone en evidencia un hecho que trasciende el conflicto particular que enfrenta la Argentina en los tribunales de Nueva York: los ataques buitre se han convertido, en la última década, en una endemia del sistema financiero internacional, con riesgo cierto para cualquier país deudor que intente reestructurar su deuda soberana.

El estudio elaborado por los integrantes del equipo de Axel Kicillof, con el secretario Pablo López a la cabeza, rescata los antecedentes históricos a partir de los cuales surge el fenómeno de los fondos buitre en el sistema financiero internacional. En ese estudio se puede observar que “los defaults de deuda soberana han sido un fenómeno frecuente en la historia, contrariamente a lo que sostiene el consenso dominante”, que intenta presentarlo como una anomalía o una alteración gravísima de las condiciones contractuales por parte del país deudor. De hecho, el estudio apunta al menos cuatro períodos históricos en menos de dos siglos (de 1830 a 2010), en los que la cantidad de países en default o reestructurando deuda al mismo tiempo, llegaron en ciertos años a superar al 40 por ciento del total mundial: el “pánico” de 1830 (por quiebras bancarias y recesión estadounidense), la crisis de 1873, la crisis de 1930 seguida de la Segunda Guerra Mundial, y la más reciente crisis de deuda latinoamericana y posterior crisis “subprime” (años ‘80 hasta la actualidad).

Desde fines de los ’70, pero principalmente a partir del inicio de los ’80, la recopilación de la Secretaría de Finanzas señala “el fuerte incremento en la cantidad de reestructuraciones de deudas soberanas, tanto en obligaciones bilaterales con los países del Club de París, como con acreedores privados”. Esa cantidad, que hasta los 80 no pasaba de cinco o seis convocatorias por año, saltan a más de diez anuales con posterioridad a 1982, y se elevan a un rango de 25 a 35 refinanciaciones de deuda soberana por año desde mediados de esa década, por lo menos hasta mediados de la siguiente (los ’90). Posteriormente, la cantidad de reestructuraciones de obligaciones fue oscilando, aunque siempre en un mínimo de cinco operaciones por año hasta veinte de máximo.

Cambia el acreedor

En el medio de ese proceso, en tanto, se produce un cambio sustancial que iba a variar sustancialmente las condiciones de negociación de esas deudas. Hasta la década de los ’60, la característica común de las deudas soberanas era que el acreedor, o bien era otro país o una institución financiera internacional. En esas circunstancias, una situación de default se resolvía planteando una reestructuración de vencimientos cara a cara entre país deudor y naciones e instituciones acreedoras. A partir de los ’70, con la liberalización de los mercados financieros primero, y el predominio del capital financiero sobre la economía mundial después, los bancos privados de los países centrales pasaron a ocupar un rol central en la colocación de deuda principalmente en los países latinoamericanos. La participación en procesos de reestructuración de deuda por defaults anteriores resultó una de las puertas de entrada para estas instituciones en la vida económica de las naciones dependientes a partir de esos años. Las renegociaciones posteriores de vencimientos tendrían, en consecuencia, a esos bancos ocupando en bloque la vereda del “club de acreedores”.

Sin embargo, el cambio que marcó más profundamente la etapa posterior fue la modalidad, impulsada principalmente por Estados Unidos a partir de los ’80, de que los países deudores pasaran a nominar su deuda soberana en bonos (quién no recuerda el Plan Brady, nombre heredado del secretario del Tesoro Nicholas Brady, luego gran lobista de los fondos financieros). A fines de los ’80, se adoptó la estrategia de reestructurar la deuda en default contraída con bancos comerciales por los países en desarrollo, por bonos o títulos que ofrecían un tentador descuento sobre las deudas nominales, pero que comprometían el pago de importantes intereses anuales durante un prolongado plazo, además de la adopción de políticas económicas en el país deudor que “brindaran garantías” de cobro al acreedor.

Estos “planes de ajuste” iban de la mano del nuevo rol asumido por organismos internacionales como el FMI, que empieza simultáneamente “a aplicar el enfoque de condicionalidades en sus programas de préstamo”. La deuda ya no estaría en manos de acreedores institucionales y conocidos por el país deudor, sino en títulos al portador que podían ser comprados, acumulados, a precios absurdamente bajos frente a situaciones de alto riesgo de incobrabilidad, y luego utilizados en los tribunales para presionar al país deudor. Quedaba abonado el terreno, de ese modo, para que surgieran los fondos buitre.

Batalla desigual

El fundamental repaso histórico que realiza la investigación que coordinó el secretario de Finanzas de Kicillof, Pablo López, da cuenta de cómo, a partir de esa nueva situación, empieza a librarse una batalla absolutamente desigual entre estos fondos especulativos y los países deudores obligados a ingresar en procesos de reestructuración de pagos. Para lograr su objetivo, estos fondos buitre lograron hacer valer su poder de lobby sobre jueces y legisladores del Estado de Nueva York, bajo cuya jurisdicción todavía se rigen el 48 por ciento del stock de bonos de deuda soberana actualmente vigentes en el mundo, por un monto nominal global estimado en unos 900 mil millones de dólares (el dato fue brindado por el abogado especialista en derecho financiero Sebastián Soler). A través de distintas modificaciones a la legislación por parte de los parlamentarios de ese distrito e interpretaciones “extravagantes” y técnicamente defectuosas por parte de los jueces, la “inmunidad soberana” que protege a los estados extranjeros frente a las demandas arbitrarias de particulares se fue paulatinamente erosionando, hasta dejarlos indefensos.

El trabajo de la Secretaría de Finanzas señala algunas de las demandas de los fondos buitre en los que fue obteniendo fallos que reflejaron esta “erosión de la inmunidad soberana” de los países deudores:

- Allied Bank International vs. Costa Rica (1985): contra la “Doctrina de actos soberanos”.

- Weltover vs. Argentina (1992): contra la “Doctrina de inmunidad soberana”.

- Dart vs. Brasil (1995): contra la Doctrina Champerty.

- Elliott vs. Perú (1998): contra la Doctrina Champerty.

- Elliott vs. Perú (2000): interpretación especial de la cláusula pari passu.

- Red Mountain Finance vs. República Democrática del Congo (2001): interpretación especial de la cláusula pari passu.

- Turkmani vs. Bolivia (2002): contra la Doctrina Champerty.

- Kensington International vs. República del Congo (2003): interpretación especial de la cláusula pari passu.

- LNC Investment vs. Nicaragua (2003): interpretación especial de la cláusula pari passu.

- NML Capital y otros vs. Argentina (2014): interpretación especial de la cláusula pari passu.

La recopilación de estos antecedentes, y la puesta en contexto del actual conflicto que enfrenta la Argentina, no sólo sirve para explicar la posición del gobierno de resistirse a aceptar el fallo del juez Thomas Griesa, sino que fundamenta con mucho peso el por qué se reclama la necesidad de normas regulatorias de la reestructuración de deudas soberanas incluso a nivel de las Naciones Unidas. También se comprende el rechazo de los países centrales a permitir un avance en ese plano y, en cambio, se proponen alternativas como la introducción de “cláusulas de acción colectiva” en los contratos de emisión de deuda futuros, para que contemplen alguna vía de salida consensuada frente a una situación de default.

Tal como lo sugiere el minucioso trabajo del equipo económico, ninguna de estas alternativas resuelve la cuestión de fondo, porque mientras se admita como válido el avance de los fondos buitre sobre la inmunidad soberana de los estados, siempre quedará de su lado la posibilidad de repudiar cualquier acuerdo hecho por otros acreedores, en tanto haya un juez dispuesto a reconocerles “derechos” por la porción de deuda que poseen. Es más, incluso podrían trabar cualquier “acción colectiva” comprando tantos títulos como sea necesario para que no se pueda alcanzar la mayoría calificada (66 o 75 por ciento) de los que adhieran a un acuerdo de reestructuración.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-275376-2015-06-21.html

Sin más apelación que al juicio de la historia.

De facto

 Por Horacio Verbitsky

A seis meses del recambio presidencial, el Grupo Clarín acelera la maniobra de destrucción de todo lo que huela a kirchnerismo, sobre todo si ha tenido algo que ver con la ley audiovisual, que aún no ha podido aplicarse al principal conglomerado mediático del país. Ahora le tocó el turno al ex juez Raúl Zaffaroni, quien acaba de ser electo para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El argumento esta vez no fue su respeto por los derechos y garantías constitucionales, sino que en 1980 haya publicado un tratado de Derecho Penal Militar. Ya en su primer capítulo objeta que por entonces se considerara que “una vida humana podría suprimirse por la vía de una simple decisión administrativa, del mismo modo que puede combatirse una plaga o eliminarse un animal peligroso”. Esta crítica se reitera muchas veces a lo largo de la obra. Zaffaroni también señala que las penas sólo pueden imponerse “mediante un proceso que dota al imputado de ciertas garantías y que termina en una sentencia”, es decir aquello que el gobierno militar de entonces no hacía. También descalificó la “llamada pena de muerte” como una forma de tormento inadmisible y de “absoluta inconstitucionalidad”. En el capítulo sobre “Legítima Defensa del Estado”, Zaffaroni afirma que no es admisible “defender al Estado mediante privaciones de la libertad y homicidios, frente a los ataques reales o supuestos de organizaciones delictivas rivales o de ideología opuesta”. Quien no advierta en estas afirmaciones un cuestionamiento desde la dogmática penal a los métodos empleados en la represión durante la dictadura militar es por ignorancia de los conceptos jurídicos o por mala fe, que por supuesto no son excluyentes. Pero además, Zaffaroni participó en forma activa en las tramitaciones que condujeron a la derogación del Código de Justicia Militar. Lo hizo a partir de 1997, como defensor del capitán del Ejército Rodolfo Correa Belisle, castigado por revelar la intervención indebida de la Inteligencia militar en la investigación del asesinato del soldado conscripto Omar Carrasco. El tribunal militar no le permitió la defensa por un letrado de confianza y lo condenó a tres meses de arresto. Agotados los recursos internos, Zaffaroni (junto con sus colegas Alicia Oliveira, Alberto Bovino, Viviana Krsticevich, Ariel Dulitzky y Martín Abregú) recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual el Estado nacional aceptó una solución negociada. Consistió en la derogación del Código de Justicia Militar, según un proyecto elaborado por una comisión en la que participó el propio Zaffaroni. Esta Ley 26.394, promulgada en 2009 por la presidente CFK, trasladó todos los delitos cometidos por militares a la justicia común, aceptó la incorporación de homosexuales a las Fuerzas Armadas y suprimió la pena de muerte. Clarín también sostuvo que la denuncia de la hermana del conscripto Alberto Ledo contra el jefe del Ejército César Milani podría ser tratada por Zaffaroni en la Corte Interamericana. Es otra burrada: cualquier denuncia al sistema interamericano requiere el previo agotamiento de las instancias internas, cosa que en este caso no ha ocurrido. Además debe ingresar por la Comisión Interamericana, que es la que evalúa si puede y debe ser remitida a la Corte. Además, el estatuto del tribunal prohíbe que uno de sus integrantes intervenga en una causa de su país de origen.

Si se trata de la justificación de los regímenes de facto es mejor remontarse al Tratado de Derecho Político de Carlos Santiago Fayt, quien llegó a la cátedra en las universidades nacionales de La Plata y Buenos Aires en 1955, en cuanto se instaló la dictadura del general Pedro Aramburu y el almirante Isaac Rojas. Ese texto fue invocado por el defensor Carlos Tavares como justificación de los crímenes que cometió el ex jefe de Policía de Buenos Aires, Ramón Camps, por un supuesto estado de necesidad en el que el poder se legitimaría a sí mismo, y por los del cabo Norberto Cozzani para aducir que el golpe de 1976 se proponía instaurar una democracia orgánica y estable que terminara con los golpes militares. Escribió textualmente Fayt: “Frente a una situación anómala objetiva, creadora de un estado de necesidad, el gobernante se ve compelido a actuar sin otra lógica que la impuesta por los acontecimientos, se reduce el área de su decisión, se clausuran las alternativas y desemboca en el único camino. La lógica de la situación sujeta y libera, a la vez, la energía política del gobernante. La sujeta a su imperio, la libera del condicionamiento jurídico, y en ocasiones, del ético. En tales condiciones sobrepasa los límites formales, quebranta los valores, sin más apelación que al juicio de la historia. La necesidad impone su propia ley. La fuerza adquiere su vigor elemental. La política de la fuerza sirve al estado de necesidad, como ayer sirvió a la razón de estado”.

“Gran diálogo social”

Ecuador: Correa hace un llamado a los ciudadanos para defender la revolución en las calles

19 junio, 2015   Ecuador

La desigualdad, la concentración de la riqueza, además de leyes propuestas como la de herencias y plusvalía serán los temas a debatirse en el “gran diálogo social” que el gobierno planteó esta semana frente a protestas de la oposición que buscan defender intereses minoritarios, explicó este sábado el presidente Rafael Correa, quien llamó también a los ciudadanos “a estar listos para defender nuestra Revolución en las calles”

“Hemos abierto el más grande diálogo, pero no por la ley de herencias o de plusvalía, que ya se los voy a demostrar que son altamente positivas, porque eso es el reflejo del problema mayor, del gran pecado social de América Latina (…) la desigualdad”, señaló el mandatario ecuatoriano en el Enlace Ciudadano 429 emitido desde la provincia de Santa Elena (litoral).

El presidente criticó a líderes de las protestas registradas en los últimos días como el excandidato presidencial y banquero Guillermo Lasso y el alcalde Nebot, Jaime Nebot, quienes dijo forman parte del 2% más rico que se vería afectado con las leyes propuestas y cuyo trámite en la Asamblea Nacional se suspendió temporalmente por decisión de Correa para dar paso al debate nacional.

“Ahí está todo el problema: que los ricos no quieren pagar impuestos, menos del 2% de ecuatorianos alguna vez pagará impuesto a la herencia y por eso tanta violencia, porque los que dirigen esto sí van a tener que pagar (…) están defendiendo sus divisas, no el bien común”, afirmó.

“Quieren caotizar el país en base al miedo, a la desinformación (…) están defendiéndose ellos, el 2% más rico”, enfatizó y convocó, frente a esas manifestaciones, a estrategias de movilización permanente e incluso intentos de desestabilización “a estar listos a salir a las calles a defender nuestra Revolución” Ciudadana.

“Hemos reformado muchas cosas, pero todavía no reformamos la cruel desigualdad de nuestro país”: Correa

El mandatario ecuatoriano y Pabel Muñoz, titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), se refirieron a la necesidad de combatir la desigualdad en el país y presentaron cifras sobre la situación de esa problemática en Ecuador y en el mundo. Además explicaron cómo un impuesto progresivo como el planteado para las herencias serviría en ese sentido.

“América Latina es el continente más desigual del mundo y nos quieren hacer creer que eso es normal. Era común, jamás normal (…) No hay nada que justifique que algunos nazcan en cuna de oro, con todo, hasta de sobra, con opulencia y otros nazcan sin absolutamente nada. No podemos tolerar esa injusticia, esas desigualdades. Tenemos que acabar con una sociedad que produce y reproduce las desigualdades desde el inicio de la vida. No hay nada que lo justifique”, afirmó Correa.

De ahí la necesidad del diálogo abierto y la intención del gobierno de avanzar en ese sentido. “Hemos reformado muchas cosas, pero todavía no reformamos la cruel desigualdad de nuestro país”, añadió, al tiempo que confirmó que para debatir ese tema el gobierno irá “a los barrios hablando de equidad y justicia social” fomentando el diálogo.

El titular de Senplades indicó que la idea sobre ese diálogo que ya inició es evaluar su avance el 15 de septiembre con los diferentes sectores de la sociedadd y “si al 15 de septiembre todavía necesitamos más tiempo para conversar así lo vamos a hacer. No ponemos fecha de término”.

También presentó datos del Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, que ha afirmado que “el 1% tiene lo que el 99% necesita” y cifras de la organización no gubernamental española Oxfam Intermón que indican que “el 1% más rico del mundo posee el 48% de la riqueza mundial mientras el 99% restante debe repatirse el 52% de esa riqueza” concentra el 90% de la riqueza mundial.

Muñoz enfatizó que en el gobierno “no estamos satanizando la generación de riqueza, lo que queremos es una mejor redistribución de la riqueza (…) Para que todos estemos bien el tema de la equidad y la distribución es importante”.

“El que más recibe, más paga”

La propuesta de Ley para la Redistribución de la Riqueza (herencias) plantea un sistema progresivo de impuestos “que significa que el que más recibe, más paga; que el que menos recibe, menos paga; y, el que no recibe nada, no paga nada (…) eso se llama justicia social”, indicó Correa.

Con ese instrumento pagaría “algo representantivo de impuesto el 0,6% de los herederos”, señaló el mandatario. “Por eso les decía: esto es para los ricos, entre los ricos, y nos quisieron engañar” diciendo que afectaría a la clase media y pobre, añadió Correa.

Detalló además, que según cifras del Servicio de Rentas Internas, el “94% de las herencias que se recibieron (en 2013) son menores a 100 salarios básicos (35.400 dólares) y pagarían cero, solo 6% superan los 100 salarios básicos y empiezan a pagar un poquito”.

El presidente también convocó a la ciudadanía a comprobar cuánto pagaría de impuesto, si corresponde en base a la propuesta de ley planteada, mediante la calculadora (disponible aquí) creada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), entidad que también puso a disposición de la población otra calculadora para plusvalía, la otra ley propuesta por el gobierno para enfrentar la especulación de la tierra y gravar las ganancias extraordinarias en la venta de bienes.

Andes

La sexta gran extinción está en marcha

EXTINCIÓN ESPECIES

El ritmo de desaparación de especies es 100 veces mayor desde el siglo XX

• Una de cada seis especies se extinguirá por el cambio climático

MIGUEL ÁNGEL CRIADO 19 JUN 2015 

Las sobreexplotación de los recursos es uno de los factores que están acelerando la extinción. En la imagen, una montaña de cráneos de bisonte americano. / DETROIT PUBLIC LIBRARY/WIKIMEDIA COMMONS

Un niño que nazca estos días verá cómo, cuando deje este mundo, unas 400 especies de animales lo harán con él. Según un estudio con datos de los últimos cinco siglos, la tasa de extinción de especies se ha multiplicado más que por 100. El ritmo, además, se ha acelerado en las últimas décadas por la acción del hombre. Bienvenidos a la sexta extinción masiva de la vida sobre este planeta.

No es la primera vez que la Tierra sufre una gran extinción de especies. En el imaginario colectivo está la de los dinosaurios, hace 65 millones de años. Desaparecieron alrededor del 75% de las especies. Pero antes hubo otras cuatro, aún más mortíferas. Aquellas cinco extinciones masivas fueron causadas por fenómenos naturales, ya fueran meteoritos desde el espacio, supervolcanes o hasta la explosión de una supernova. Ahora, sin embargo, es una de las especies, la humana, la que estaría provocando la desaparición acelerada de las demás.

Un grupo de investigadores mexicanos y estadounidenses ha usado la base de datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para estimar la actual ratio de extinción de especies. Se centraron en los vertebrados porque son de los que hay más datos, ya sea en el registro fósil o en los registros históricos.

Sin humanos, tendrían que pasar 10.000 años para que desaparecieran las especies extinguidas en 100 años

Encontraron que, desde 1500, hay pruebas de la desaparición de 338 especies. Otras 279 ya solo se pueden encontrar en los zoos o, ante la falta de avistamientos, posiblemente se hayan extinguido. En total son 617 especies de vertebrados que han desaparecido. Y, según publican en Science Advances, la mayoría de las extinciones se han producido en el último siglo.

"Nuestro trabajo indica que ya hemos entrado en la Sexta Extinción Masiva sin duda alguna", dice el investigador delInstituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y principal autor del estudio, Gerardo Ceballos. Esta gran extinción es además diferente de las cinco precedentes. "La diferencia es que todas las anteriores fueron causadas por fenómenos naturales, esta está siendo causada por el ser humano. Otra diferencia es el periodo tan corto en que está ocurriendo", añade.

Pero la cifra de 600 especies puede que no diga mucho. Hacía falta un punto de referencia para poder valorar el ritmo de desaparición actual, una especie de tasa de extinción natural. En 2011, otro grupo de investigadores liderados por el paleontólogo de la Universidad de California en Berkeley (EE UU), Anthony Barnosky, que participa en el actual estudio, realizaron un intenso análisis de los registros fósiles de los últimos dos millones de años. Así, estimaron que esa tasa natural de extinción rondaría la cifra de 1,8 por cada 10.000 especies cada 100 años.

El gráfico muestra el porcentaje acumulado de especies de vertebrados (mamíferos, pájaros, anfibios, peces o reptiles) extinguidas desde 1500. La línea punteada es la tasa natural de extinción. / CEBALLOS ET AL.

En la actualidad, entendida como los últimos siglos, la ratio de extinción es hasta 100 veces mayor que la tasa natural. Para hacerse una idea, en un escenario donde prevaleciera esta tasa natural, desde 1900 se habrían extinguido nueve especies de vertebrados. En realidad, se han extinguido 477 especies. Habrían hecho falta unos 10.000 años para acabar con la vida que ha desaparecido en un solo siglo.

Además, el proceso se está acelerando. Los anfibios son la clase de vertebrados más afectados. Pero si, desde 1500 se había constatado la desaparición de 34 especies anfibias, desde 1980 se han extinguido otras 100. Y eso que no hay que descartar que muchas otras hayan desaparecido sin testigos humanos que lo confirmaran. Los investigadores, que insisten en que sus estimaciones son muy conservadoras, recuerdan que en sus cálculos no tienen en cuenta a las muchas especies que se han convertido en muertos vivientes, con poblaciones tan escasas que su función en los ecosistemas es cercano a cero.

Para Ceballos, los factores que explican estas extinciones son ladestrucción del hábitat, la sobreexplotación de especies, la contaminación y el cambio climático. "Todo se deriva del tamaño de la empresa humana: el tamaño de la población que sigue creciendo, la desigualdad social, la ineficiencia tecnológica. Esas son los factores fundamentales de este enorme problema que amenaza a la humanidad", sostiene.

En sus conclusiones, los autores advierten de que la ventana de oportunidad para revertir la situación se está cerrando: "Si permitimos que el actual ritmo elevado de extinción continúe, los humanos pronto, en el breve espacio de tres vidas humanas, se verán privados de los muchos beneficios de la biodiversidad. En la escala temporal humana, esta pérdida será definitiva como muestra que, tras las pasadas extinciones masivas, la vida necesitó centenares y millones de años para volver a diversificarse". Para entonces, igual ni estamos.