Ubican archivos ocultos de la dictadura robados por ex jefe de Inteligencia militar

Uruguay 

Justicia allanó la casa del ex director de Inteligencia del Estado, Elmar Castiglioni, y se incautó de decenas de cajas con documentación secreta, según confirmó Sudestada
En un procedimiento que duró al menos 8 horas, la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Carlos Negro –secundados por un grupo de policías de confianza–lograron verificar que el material documental encontrado refiere a diversos hechos sucedidos durante el período de Terrorismo de Estado.

El material contiene documentación catalogada de secreta y reservada por las Fuerzas Armadas durante los años en que usurparon el poder de gobierno.

Aunque la verificación no pudo ser exhaustiva, en esas horas se logró acopiar todo lo que se creyó relevante para la investigación y se lo guardó en cajas. El volumen del material es tal que la camioneta al servicio del Poder Judicial fue llenada hasta el tope. Luego partió custodiada por vehículos policiales rumbo a un depósito reservado sobre el que se mantiene vigilancia estricta.

El allanamiento se produjo en la mañana del viernes 2, en una casa de Luis Alberto de Herrera y Thompson, donde hasta hace algunas semanas vivía el coronel retirado Elmar Castiglioni, que falleció a los 62 años

Este militar fue subdirector del Centro de Altos Estudios Nacionales y jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, quien en su momento tildó de “insignificantes” las cifras de muertos a manos del Estado durante la dictadura uruguaya. Era sobrino de uno de los más grandes homicidas de las décadas de 1960 y 1970, el jefe de Inteligencia policial, Víctor Castiglioni, también fallecido

Elmar Castiglioni robó parte de los archivos de Inteligencia del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información de Defensa (SID) y lo guardó en su casa, de acuerdo a una investigación de contrainteligencia realizada en 2007 por orden de la ex ministra de Defensa, Azucena Berrutti.
El proceso político interno en el Ministerio de Defensa que derivó de aquella acción de contrainteligencia, una vez que la ministra dejara el cargo el 3 de marzo de 2008, fue narrado por el periodista Samuel Blixen en un artículo del semanario Brecha.

El expediente quedó sobre el escritorio del ministro sucesor, José Bayardi, que en un año y medio de gestión –se fue el 31 de agosto de 2009– no activó los mecanismos que Berruti preveía poner en práctica para recuperar los archivos y procurar que se hiciera justicia, según los datos reunidos por Blixen.

"En la concepción de Berrutti la inteligencia militar era un objetivo prioritario en una especie de descentralización, que permitiera a militares y civiles realizar la tarea de inteligencia por fuera de la cadena de mando. El objetivo se alcanzó plenamente en el último tramo de 2007 cuando se puso en ejecución una delicada tarea de contrainteligencia para ubicar el archivo completo del SID y del OCOA, cuya versión parcial –y depurada– había incautado la ministra en 2006. Dos coroneles fueron responsables de la investigación que implicaba, naturalmente, investigar a colegas. Finalmente, cuando la búsqueda arrojó resultados, fue directamente informado el comandante del arma, el general Jorge Rosales", escribió Blixen en Brecha

Y añadió:

"El trabajo de contrainteligencia había detectado que un coronel de inteligencia en actividad había sustraído un archivo militar (decenas y decenas de miles de fojas, carpetas, fotografías y microfilmaciones) y que lo había ocultado en su domicilio particular. La contrainteligencia estaba, en enero de 2008, en condiciones de allanar la casa del coronel –ya en situación de retiro– cuando se produjo una situación política que obligó a la ministra Berru­tti a elevar su renuncia al presidente Vázquez. 

Explicada la renuncia por razones de salud, la misma demoró en concretarse por pedido de Vázquez. El subsecretario Bayardi quedó a cargo del ministerio y fue confirmado en el puesto el 3 de marzo de 2008. A la ministra Berrutti y a sus asesores les preocupaba el expediente de contrainteligencia, en tanto los oficiales a cargo aguardaban una orden para actuar, que el ministro interino demoraba. Como resultó imposible coordinar, la doctora Berrutti solicitó una entrevista con Vázquez. Concurrió con sus asesores, y ante el presidente y el secretario Fernández detalló la delicada y peligrosa situación. 

Vázquez se lamentó de la inacción de Bayardi, pero, que se sepa, el episodio no avanzó, ni con Bayardi ni con su sucesor Fernández Huidobro"

Por Defensa también pasaron los ministros Gonzalo Fernández (2009-2010), Luis Rosadilla (2010-2011) y Eleuterio Fernández Huidobro, que se mantiene hasta el presente

El allanamiento de la justicia se produce en el marco de una investigación que se encontraba archivada pero que se reabre por la nueva información que llegó al juzgado, y que propició la orden de allanamiento. 

Se trata del caso de homicidio del militante comunista,Fernando Miranda, secuestrado y desaparecido en 1975, cuyos restos fueron encontrados en 2006, enterrados en el Batallón 13

Las fuentes se mantienen reservadas en el proceso, pero la prueba fundamental para que la justicia irrumpiera en la casa de Castiglioni fue aquel informe de contrainteligencia ordenado por Berrutti.

Las fuentes de la investigación consultadas por Sudestada, dijeron que se presume que entre los cientos de documentos confiscados se encuentra el llamado archivo “Víctor Castiglioni”, del que supuestamente no se conocía el paradero en la vieja Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
Sudestada 03/10/2015

Beraja, de la poderosa DAIA al banquillo por encubrir el atentado

ARGENTINA
El ex titular de la entidad judía es uno de los más importantes imputados en el juicio oral por embarrar la investigación de la causa AMIA.

Gabriel A. Morini 06 de Octubre de 2015 |





Los silbidos y los insultos comenzaron a arreciar y, de a poco, muchos de los asistentes comenzaron a ponerse de espaldas. Era el acto por el tercer aniversario del atentado a la AMIA con la presencia de altos funcionarios del gobierno de Carlos Menem, entre ellos Carlos Corach. Hacía poco más de un año que la versión de los policías bonaerenses como nexo local de la voladura se había transformado en el eje de la causa. 

"No voy a responder a las provocaciones. Quiero justicia, pero la justicia de la democracia, del Estado de Derecho, de la Constitución. Y aunque tenga que poner la vida para que eso suceda, y aunque me gane el disgusto de ustedes, voy a luchar por eso sin claudicación", gritó, en tono desbocado para intentar tapar la silbatina, Rubén Ezra Beraja, poderoso titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
El sonido ensordecedor del abucheo marcó el quiebre de confianza de las víctimas y sus familiares con la dirigencia comunitaria, cuyos estrechos lazos con el poder político de la época serían revelados recién años más tarde. Esa misma tarde, una comitiva de la DAIA con Beraja y Oscar Hansman a la cabeza fueron a Casa Rosada a expresar sus disculpas al presidente. "No compartimos los agravios y las acusaciones al Presidente de la Nación. No compartimos aquellas manifestaciones que implican acusaciones genéricas", sostuvo el ex titular del Banco Mayo. Le pidieron perdón por el discurso de Laura Ginsberg, familiar de una víctima que enunció por primera vez el "Yo acuso" que apuntó al seno del menemismo como encubridor de la voladura del edificio de Pasteur 633.
Beraja es uno de los más importantes imputados sentados en el banquillo en el juicio oral que se desarrolla por el encubrimiento de la investigación sobre el atentado, acusado de haber sido partícipe secundario de peculado por el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín para que ampliara su indagatoria y apuntara contra el grupo de policías bonaerenses encabezados por Juan José Ribelli. 

Para la justicia, el ex titular de DAIA y el principal y más influyente dirigente comunitario consintió y avaló la compra de ese testimonio que desvió el curso de la pesquisa. Paradójicamente, la querella que representa AMIA y DAIA no lo acusa.
Los secretarios del juzgado de Juan José Galeano, Carlos Alfredo Velazco y Javier De Gamas, confirmaron que el 1º de julio de 1996 en horas de la tarde, el magistrado les pidió que pusieran el video grabado con cámara oculta de su negociación con Telleldín. El reducidor había hablado con el juez esa misma mañana, donde pactaron las alternativas de su ampliación de indagatoria que se daría cuatro días después. 

Beraja –representante de la querella más poderosa- y Galeano vieron juntos ese video. Para Beraja, el acuerdo que explicitaban las imágenes fueron sólo "preparativos de la declaración indagatoria".
En su declaración, el jueves pasado, Telleldín apuntó que los dirigentes comunitarios "sabían y controlaban lo que estaba ocurriendo", en relación al pago y su verdadera finalidad. Pero señaló especialmente lo que le dijo Beraja sobre el cambio de su versión en una reunión llevada a cabo en una oficina del juzgado de Galeno que no quedó asentada en la causa: "Haga lo que tenga que hacer y vaya a su casa."
Según el expediente, Beraja mantuvo –en los albores de la negociación- dos encuentros en 1996 con Víctor Stinfale, por entonces abogado del principal imputado por el atentado, donde surgió la posibilidad de comprar los derechos para un supuesto libro en el que Telledín contaría su versión sobre los policías a los que les habría entregado la Traffic en medio de una extorsión, el 10 de julio de 1994. 

Su versión sobre esos encuentros apuntó a que buscaba convencer al reducidor para que confesara el verdadero destino de la camioneta. El testimonio del ex prosecretario de Galeano, Claudio Lifschitz, terminó de comprometer su situación al asegurar que el magistrado "era apoyado en forma incondicional por la querella AMIA y DAIA".

La relación del dirigente con la camarista Luisa Riva Aramayo –quien originó la versión sobre la extorsión de los bonaerenses y se la dijo a Galeano- y con el todo poderoso ministro menemista Carlos Corach lo ubican a Beraja en el centro de la escena sobre su nivel de conocimiento acerca de la maniobra que se estaba montando. 

Incluso, el principal abogado de la querella de DAIA, Rogelio Cichowolski, mantuvo un contacto telefónico con Stinfale el mismo día en el que se llevó a cabo el pago de la primera cuota de 200 mil dólares, en la sucursal Ramos Mejía del Banco Quilmes.
Pero de acuerdo a la investigación, toda la estrategia entró en crisis cuando desapareció una de las copias del video con Telledín de la caja fuerte de Galeano. Esa cinta terminó en manos de Ribelli y fue exhibida en los medios de comunicación meses más tarde. La situación desesperó a Galeano, pero también a Beraja, quien se comunicó con Stinfale para hacerle saber la necesidad de firmar un "legajo de recompensa", una vía judicial para destinar dinero a quien aportara información clave para desentrañar la causa AMIA. 

El propio ex titular de la DAIA reconoció gestiones ante los medios para evitar la difusión de la cinta, bajo el argumento de que podría desestabilizar la causa. Para la justicia, el 6 de mayo de 1997 Stinfale -en connivencia con Galeano y con Beraja- presentó el escrito en el que solicitó la recompensa, en nombre de Telleldín por haber supuestamente colaborado para esclarecer el atentado, algo que fue ratificado por el reducidor un mes después. Eso habría terminado de cerrar el círculo para justificar el pago que había sido ya realizado con fondos de la SIDE.
En una escucha con Galeano, el 19 de octubre de 2001, Beraja le propuso avanzar en el armado de una pista externa alternativa: "Busquemos por el lado de (Osama) Bin Laden", le sugirió al recordar algo que había sido abordado sin éxito en 1998, por lo que reconoció que "era una punta muy difícil de encontrar" si no "colaboraban los servicios internacionales". Ya fuera de mandato en la DAIA, Beraja fue preso un tiempo por el desfalco en 300 millones de dólares del Banco Mayo por préstamos incobrables que le otorgó el Banco Central y que terminaron por ser desviados. Antes de ello, había recalado en la famosa "Oficina de Ética Pública", creada por el menemismo con el objetivo de atemperar las críticas sobre la corrupción de su gestión.

Ejecutivos de Air France fueron agredidos en París tras anunciar miles de despidos

También serán eliminadas cinco rutas de vuelo y 37 frecuencias semanales

Cientos de trabajadores de Air France ingresaron ayer a la sede de la empresa en París para pedir la renuncia de sus directivos y rechazar un feroz plan de ajuste que contempla 2900 despidos en dos años.

06 de Octubre de 2015



Al grito de "¡dimisión, dimisión!", pilotos, azafatas, comisarios de abordo y otros empleados interrumpieron un encuentro de la aerolínea con los sindicatos y lincharon a los ejecutivos, que escaparon del lugar escoltados por la policía, saltando vallas y con su ropa destruida.
En el marco del llamado plan "Perform 2020", Air France –cuyo 17,6% pertenece al Estado francés– prevé suprimir 300 puestos de trabajo de pilotos, 900 de tripulantes de cabina y 1700 de personal de tierra, sobre un total de 64 mil empleados. También serán eliminadas cinco rutas de vuelo y 37 frecuencias semanales que la empresa considera "deficitarias".
Unos 14 aviones de larga distancia quedarán fuera de servicio. La firma, además, pretende que sus empleados trabajen más horas por el mismo salario. La intención, según los directivos, es mejorar la eficiencia y la competitividad frente a las llamadas compañías aéreas "low cost" (de bajo costo), sobre todo en los recorridos de corta y media distancia. Entre 2016 y 2017, la reducción de inversiones podría alcanzar los 200 millones de euros.
El nuevo plan de "reestructuración" se suma a otro que durante 2012-2014 significó la supresión de 5500 puestos de trabajo. Con el objetivo de rechazar los nuevos recortes, entre 1000 y 2000 trabajadores de Air France –la segunda aerolínea de Europa, por detrás de Lufthansa– se reunieron en la sede central de la compañía, situada en el aeropuerto internacional Charles de Gaulle, en el marco de una jornada de huelga. Dentro del edificio, los directivos de la empresa oficializaban el plan de ajuste ante los representantes de cuatro sindicatos.
Los trabajadores lograron pasar varias vallas de seguridad y se dirigieron hasta el lugar de la reunión al grito de "¡Estamos en nuestra casa!" Allí reclamaron la renuncia del presidente del grupo Air France, Alexandre de Juniac. 

Dos de los ejecutivos presentes, Pierre Plissonnier y Xavier Broseta, fueron agredidos por los manifestantes. Ambos salieron corriendo con sus camisas rotas y el torso desnudo. En total, siete personas resultaron heridas durante los incidentes. 

OTRO ENGENDRO AMERICANO

ESTADOS UNIDOS SELLA UN AMBICIOSO ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON ONCE PAISES DEL PACIFICO

Un tratado que disputa el poder chino

La incorporación al Tratado de Asociación Transpacífico supone sumarse a la estrategia de contención y balance de la influencia de Beijing en la región asiática, advierten los expertos. México, Chile y Perú se sumaron al acuerdo.

Estados Unidos llegó a un consenso con once naciones del Pacífico para implementar un ambicioso tratado de libre comercio. El acceso preferencial a un mercado de 800 millones de personas es el plato fuerte que esperan saborear los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TTP, por sus siglas en inglés), cuyo grupo se completa con Australia, Brunei, Canadá, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, mesa a la que fueron invitados tres países latinoamericanos: México, Chile y Perú. La negociación final, que llegó a buen puerto después de que Estados Unidos y Japón, las dos mayores economías del grupo, lograran acortar la brecha entre sus intereses, sienta las bases para aprobar el pacto transpacífico, alianza resultante de las negociaciones que tienen lugar, desde el miércoles en Atlanta, Georgia, donde se esperaba dar forma a los últimos detalles para poner en marcha el convenio.

El ministro japonés de Política Económica y Fiscal, Akira Amari, y el representante de Comercio de Estados Unidos, Michael Froman, participaron en las conversaciones que levantarán las barreras al comercio entre las principales economías del Pacífico. El acuerdo del TPP, cuyas negociaciones comenzaron en 2008 y fue remarcado como una señal de la importancia de la región Asia-Pacífico, alcanza al 40 por ciento de la economía mundial.

Si bien las puertas de buena parte del Pacífico quedarán abiertas de par en par para los socios del pacto, liderado por Washington y Tokio, cierto es que más allá de que los gobiernos involucrados celebraron el histórico convenio –del cual China quedó excluido–, también existen sectores que disparan algunas alarmas. Asuntos como la propiedad intelectual, patentes de medicinas y la posibilidad de que empresas demanden a los Estados cuando sientan que sus intereses son perjudicados (así como menores requisitos en las reglas de origen en la industria automotriz, un sector muy importante para México), son los que generan ciertas inquietudes.

Ulises Granados, coordinador del programa de estudios Asia-Pacífico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, manifestó que existe una posición de mucho optimismo, a nivel oficial, en Chile, Perú y México. “Ninguno de los tres gobiernos creo que hablará públicamente sobre los grandes peligros”, señaló el especialista.

El presidente estadounidense, Barack Obama, que presionó para que avanzase el acuerdo del TPP, y otro con la Unión Europea, alcanzó una victoria esta primavera al conseguir que el Congreso aceptara tramitar sendos pactos comerciales por la vía rápida, con lo que sólo podrán aprobarlos o rechazarlos, pero no enmendarlos. No obstante, no se espera que el pacto pueda someterse a voto en el Congreso hasta por lo menos el próximo año.

Por el momento no se conocen los detalles del acuerdo anunciado ayer, después de siete años de negociaciones que tuvieron lugar en la más absoluta de las reservas y entre reclamos de mayor transparencia por parte de organizaciones de la sociedad civil.

Para la economista colombiana Alicia Puyana, doctora por la Universidad de Oxford y académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en México, es muy difícil pronosticar cuáles serán los efectos del TPP, porque no se conocen todavía los detalles. “Se negoció con mucho secreto”, dijo. Sin embargo, estudios sobre distribución de beneficios estiman que, por el lado de la liberalización comercial, no es mucho, porque ya prácticamente todos los países tienen aranceles sumamente bajos.

De hecho, Chile y México figuran entre los países del mundo con mayor número de tratados de libre comercio con otras naciones. En el caso de Chile, ya tenía acuerdos con todos los países del TPP. Para la industria automotriz mexicana, que exporta mayormente a Estados Unidos, un tema clave es si se van a rebajar los requisitos de origen en importaciones desde otros países. “El sector está realmente preocupado”, señaló Granados. Durante las negociaciones, productores de acero de México, Estados Unidos y Canadá pidieron que el TPP no otorgue ventajas a productores cuya principal cadena de suministro esté fuera de la región del TPP, por ejemplo, en el rubro de las autopartes. Para Puyana, todo indica que los efectos más importantes se sentirán en la industria de la propiedad intelectual, patentes y, por sectores, en agricultura, donde ganaría algo Estados Unidos, y consideró que los países que compiten con el país del Norte en el sector agrícola se van a perjudicar.

Hace dos años, antes de ser funcionario, el actual ministro de Agricultura de Chile, Carlos Furche, señaló los alcances del acuerdo en el documento “Chile y las negociaciones del TPP: análisis del impacto económico y político”. Furche consideró que, más allá de lo comercial o los temas de propiedad intelectual e inversiones, el pacto podía tener consecuencias políticas y estratégicas. “No se trata de una iniciativa políticamente neutral. La incorporación al TPP supone sumarse a una estrategia más global de contención y balance de la influencia de China en la región asiática, impulsada por Estados Unidos”, consideró entonces.

ROUSSEFF INSTO A SUS MINISTROS A TRABAJAR CON MUCHA DEDICACION PARA GOBERNAR HASTA 2018

Dilma gana impulso con su nuevo gabinete

La presidenta de Brasil presentó a los nuevos colaboradores, tres de ellos cercanos a Lula, con la premisa de levantar a un gobierno asediado por parte de grupos golpistas durante meses. Recompuso la alianza con el PMDB.

 Por Darío Pignotti

Desde Brasilia

Bajo la supervisión de Lula. La presidenta Dilma Rousseff presentó ayer a su nuevo gabinete, cuyo centro de gravedad reposa en tres ministros lulistas, con la premisa de erguir a un gobierno debilitado después de 10 meses de asedio por parte de grupos golpistas atrincherados en el Congreso donde cuentan con un número inestable de adhesiones.

Lo más importante del discurso de Dilma estuvo en la última frase cuando dirigiéndose a sus nuevos colaboradores los instó a trabajar con “mucha dedicación porque tenemos un Brasil que gobernar hasta 2018”. Es decir, repitió su convicción de que no dejará el Palacio del Planalto antes cumplir los cuatro años de gobierno fijados por la Constitución.

Fue una frase destinada también al senador socialdemócrata Aécio Neves, derrotado por Dilma en las elecciones del año pasado, y el poderoso diputado Eduardo Cunha, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), los dirigentes que juegan su destino político al éxito de un golpe blando, cuya onda expansiva causaría destrozos en las democracias de la región. De allí los recientes discursos alarmados pronunciados por los presidentes Cristina Fernández, Rafael Correa y Raúl Castro, éste último al recibir en La Habana al papa Francisco.

Este nuevo gabinete de 31 miembros, ocho menos que el anterior, iba a ser anunciado antes del viaje de Rousseff a Nueva York para abrir las sesiones de la ONU, algo que no fue posible debido a los trabajosas negociaciones encabezadas por ella y Lula con el pendular PMDB (un día oficialista, otro golpista), que comanda el Senado y Diputados. Lula convenció a Dilma que la única salida ante la amenaza desestabilizadora era recomponer el contrato con el PMDB, al precio de cederles más ministerios y de los grandes, para disuadirlos de que se sumen al pedido de impeachment que requiere un importante número de parlamentarios.

Desde ayer el ministro con más presupuesto es el psiquiatra y diputado licenciado Marcelo Castro, del PMDB, flamante titular de la cartera de Educación, quien al pasarse al Planalto dejará de recibir órdenes del golpista Eduardo Cunha. Rousseff prometió que de ahora en adelante habrá más “diálogo con los partidos, el Congreso, los gobernadores y los alcaldes” y aseguró que con este equipo de colaboradores se “garantiza más equilibrio de la coalición que debe gobernar conmigo”.

Si bien el PMDB ganó posiciones, saltó de seis para siete ministros, y dinero al quedarse con áreas importantes del aún robusto estado brasileño, el Partido de los Trabajadores preservó el control político.

El hombre fuerte será Jaques Wagner, jefe de la Casa Civil (de gabinete), que tendrá como coadyuvantes a Ricardo Berzoini, titular de la Secretaría de Gobierno y Edinho Silva, al frente de Comunicaciones. Los tres, lulistas de paladar negro, y con oficinas en del palacio presidencial a pocas oficinas de distancia del escritorio de Dilma.

Columnistas y políticos de derecha se quejaron del “retorno” de Lula y hablaron de un imaginario inicio de un tercer mandato presidencial del ex gobernante, argumento vacío de sustento puesto que el ex mandatario evita eclipsar a Dilma.

Hay algo de cierto, eso sí, en que esta remodelación del gobierno robustece la influencia del líder del PT y hace más probable su postulación en los comicios de 2018. A tal punto que fuentes próximas a Lula dejaron trascender la semana pasada que no descartaba anunciar en los próximos meses su candidatura que es aclamada por los militantes de su agrupación.

Dilma habló ayer en el amplio segundo piso del Palacio del Planalto , colmado de público, y donde por primera vez en varios meses se percibía un cierto optimismo en los comentarios informales de asesores quienes no pierden de vista que esta administración tiene el 69 por ciento de rechazo, el peor índice de todos los gobiernos civiles posteriores a la dictadura concluida en 1985, según una encuesta de Ibope.

En lo económico repitió su compromiso con el recorte de gastos: “hagan más con menos” dinero, recomendó a sus funcionarios y repitió varias veces que es inevitable “reequilibrar” las cuentas públicas. Dirigiéndose a “los brasileños y brasileñas”, Dilma afirmó que “todo lo que estamos haciendo está movido por el único propósito de hacer lo más rápido posible esta travesía hacia una nueva etapa de desarrollo” y prometió que luego de este período de privaciones habrá “empleo y oportunidades para todos”.

Y aceptó que el momento económico no es fácil como lo confirmó un informe del Banco Central, con base en consultas al mercado, que pronosticó una recesión del 2,85 por ciento para este año y el uno por ciento para 2016.