8 oct 2015

OBEDIENCIA DEBIDA

Secretario de Defensa, por Ayotzinapa: “No permitiré que interroguen a mis soldados”


Hemos ido a declarar casi 50 soldados a la PGR, algunos hasta 4 veces, sin tener “un solo señalamiento” en el caso Ayotzinapa. Por ello, “no puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito”, sostuvo el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

En entrevista para Noticieros Televisa, se preguntó “¿qué quieren saber?”. “¿Que qué sabían los soldados? está todo declarado, yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo qué ver y no apoyarlos, esa es mi posición y de ahí creo que no puedo ni debo salirme, porque perdería mucho de lo que soy”, agregó.

El titular de la Sedena dijo que el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala “lo lamentamos mucho, y lo sentimos como todos”, “pero querer involucrar al Ejército en esto, porque a alguien se le ocurrió, creo que es algo muy grave”.

Cienfuegos aseguró que tiene “totalmente claro qué es lo que sucedió con nuestra gente”, en referencia a lo que hizo el 27 batallón de Iguala, el día en que policías municipales y criminales atacaron, desaparecieron a los normalistas, y asesinaron a 6 personas.

El funcionario sostuvo que los militares estuvieron atendiendo, el 26 de septiembre 2014, un accidente de una pipa que se volteó, y “regresaron (al cuartel) alrededor de las 10:30 de la noche”.

Expuso que en lo que va de su administración ha documentado 100 eventos en los que normalistas tomaron autobuses o camiones con mercancía. Ante ello, mencionó: “supimos que salieron y qué estaban haciendo y en ninguna intervenimos, ¿por qué aquí deberíamos haber intervenido? que es parte de lo que se señala, primero no teníamos gente, segundo no teníamos por qué haber intervenido, ¿dónde estaba la policía estatal?, la municipal estaba atendiendo el problema”.

Cienfuegos indicó que el comandante del batallón se comunicó con el entonces director de Seguridad Pública municipal de Iguala, Felipe Flores: “Le preguntó que qué había, y él dijo no hay nada, no hay ningún enfrentamiento con los estudiantes, no tenemos ningún detenido, no ha habido disparos, tenemos controlados los accesos, eso le dijo el director de la policía que anda huyendo, al comandante del batallón”.

Además, “se le habló al de la policía estatal y él dice que no van a participar si no le giran instrucción de participar”.

Y agregó que por parte del Ejército “no hay ninguna omisión ni tampoco acción en contra de nadie”.

Respecto a ingresar a las instalaciones militares, comentó que ni la PGR ni la CNDH ni la CIDH encontraron algún “indicio mínimo de nuestra participación en algo ilegal”.

“¿Cuál es la razón o el pretexto de querer ingresar a los cuarteles?”, preguntó.

Por último, sentenció que los militares no podrán ser interrogados por los expertos de la CIDH.

“No tienen por qué declarar los soldados, primero porque no hay señalamiento claro de un involucramiento, nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas, el convenio que hace el gobierno con la CIDH, en particular con el grupo de expertos en ningún momento dice que pueden interrogar, no es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito.

“No tengo nada qué esconder, no he cometido nada, así que va por delante mi prestigio también”, finalizó.

Aristegui Noticias
Diputados de comisión Ayotzinapa se reunirán con Batallón de Iguala

Por primera ocasión militares del 27 Batallón de Infantería destacados en Iguala, Guerrero, se reunirán con legisladores de la comisión especial de Ayotzinapa para detallarles su participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014.

Por lo pronto, los diputados federales se reunieron este lunes en privado con el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien como en noviembre pasado, durante el encuentro con los legisladores de la anterior comisión especial, justificó su falta de protección a los estudiantes debido a que el secretario de Seguridad Pública local les dijo que no pasaba nada y no requerían su participación.

María Guadalupe Murguía Gutiérrez, diputada del PAN y presidenta de la nueva comisión, dijo en entrevista que el general Cienfuegos les relató que había poco personal esa noche, debido a que estaban auxiliando en la limpieza de un derrame de sustancias tóxicas sucedido poco antes del ataque contra los normalistas.

Además, cuando elementos del C4 les informaron sobre los acontecimientos, la base del batallón se comunicó con el titular de la SSP de Iguala, quien les respondió “que no se requería su intervención”.

En cuanto a la próxima entrevista con los elementos del batallón de Iguala, el titular de Sedena aceptó el encuentro solicitado por la diputada de Morena, Aracely Damián, pidiéndoles a los legisladores que se coordinaran con el general José Luis Chiñas, quien es el enlace del Poder Legislativo, para acordar la fecha de la reunión.

Los miembros de la comisión manifestaron su interés por entrevistarse también con el matrimonio Abarca (José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa), así como con los sobrevivientes del quinto camión (de la línea Estrella Roja), pues presuntamente iba cargado de droga y fue el motivo por el cual se atacó con inusual violencia a los estudiantes.

La presidenta de la comisión informó también que el miércoles 14 se reunirán con el exgobernador Ángel Aguirre y su exfiscal Iñaki Blanco.

No obstante, la presidenta de la comisión coincidió con el titular de Sedena en que las autoridades mexicanas no deben someterse a cuestionamientos de expertos de organismos internacionales.

A la panista le convenció el argumento ofrecido por el general Cienfuegos, quien dijo que ellos se someten a los tribunales mexicanos y están a disposición de cualquier llamado, “pero que en ninguna nación las fuerzas armadas de un país atienden cuestionamientos de grupos de expertos vinculados con instituciones que no son de su país”.

El pasado viernes, los integrantes de la comisión se reunieron también con la procuradora general de la República, Aracely Gómez. En ambos encuentros (PGR y Sedena) no se permitió a los legisladores entrar con aparatos electrónicos.

Este hecho contrasta con la apertura que se tuvo con la pasada comisión, a quienes se les dejó hacer anotaciones en sus aparatos; incluso Proceso detalló la cronología que durante el encuentro de noviembre pasado ofreció el titular de Sedena.

La prohibición en esta ocasión ha generado malestar entre los diputados, quienes incluso han solicitado que los encuentros con autoridades se hagan públicos.

Proceso

Fiscal pide investigar a expresidente Uribe por posibles vínculos con el paramilitarismo

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, compulsó ayer copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue si el senador Álvaro Uribe tiene alguna responsabilidad “por acción o por omisión” en la masacre de El Aro, perpetrada cuando el expresidente era gobernador de Antioquia.




Advirtió el jefe del ente investigador que el 25 de octubre de 1997, “cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia”, un grupo paramilitar se tomó dos poblaciones en Ituango, Antioquia: los corregimientos de El Aro y La Granja, y en esas tomas murieron 19 personas y fueron desplazadas más de 15 familias, “además de que en las tomas existió tortura en contra de los habitantes”.

Recordó Montealegre que por estos hechos fue condenado en 2006 el Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “fue condenado por omisión, porque la fuerza pública en ese momento no había tomado las medidas necesarias para evitar la toma”.

Señaló en este sentido el fiscal que “las autoridades municipales advirtieron previamente a la Gobernación de Antioquia sobre la toma, y sin embargo la Gobernación no tomó las medidas correspondientes. En ese momento quien dirigía la fuerza pública, en calidad de gobernador, era Álvaro Uribe”.

El alto funcionario, así mismo, compulsó copias contra Uribe además ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, “con fundamento en la declaración del 12 de agosto pasado de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, quien aseguró que en la época en que Álvaro Uribe era presidente existió una estrategia para desviar la investigación por el caso de la masacre de El Aro”.

Según Don Berna, agregó el fiscal, “se le ofreció dinero a un testigo de nombre Francisco Villalba, quien fue una de las personas que confesó su intervención en la masacre, para que desviara la investigación”. Villalba, aseveró Montealegre, “hacía señalamientos de participación de Uribe en la masacre de El Aro”.

Igualmente, advirtió el jefe del ente de investigación penal, “Don Berna dijo que el asesinato de Villalba, muerto violentamente cuando se encontraba en detención domiciliaria, se trató de un crimen de Estado. Por lo que también se compulsan copias para que la Comisión de Acusaciones determine si existe relación entre la muerte de Villalba y la estrategia de desviación de la investigación por la masacre”.

En respuesta, el expresidente Uribe ‘trinó’ en su cuenta de Twitter: “estoy acostumbrado a infamias y especialmente en épocas electorales”.

El exgobernador, así mismo, declaró a la prensa que había en su contra un “eje electoral del fiscal-Don Berna-Santos-Maduro-Timochenko”.

Señaló a Don Berna de ser “uno de los criminales más tenebrosos del país”, a quien él ordenó encarcelar, “siguió delinquiendo y terminó extraditado”.

Sobre los señalamientos de la Fiscalía, dijo: “desviación de investigaciones, ¿cómo? (…). No conozco aquello de manipular la justicia. La confronto pero no la manipulo”.

Y frente a la masacre de El Aro, afirmó: “según Villalba, yo habría ido a La Caucana, sitio que nunca pude visitar como gobernador en un vehículo. Mis desplazamientos como gobernador fueron siempre en helicóptero y con una escolta de las Fuerzas Armadas muy rigurosa. Que había ido con mi hermano a llevar 12 paramilitares; que había estado allí también el general Rosso José Serrano, un general que había muerto cuatro, seis, nueves meses antes y el general Carlos Ospina; que esa masacre se había hecho con los helicópteros de la Gobernación de Antioquia”.

Agregó que “no hace mucho tiempo el señor ‘Cuco’ Vanoy dijo a la Fiscalía que él había participado con unos sicarios en la masacre de El aro, y le preguntan por mi hermano y por mí: dice que nada tuvimos que ver, ni nos mencionaron”.

Y aseveró acerca de la tercera compulsa: “sobre el tema de Villalba, (…) cuando el señor salió de la cárcel lo asesinaron. El señor general Naranjo, entonces director de la Policía, me dijo que era un problema de cuentas entre criminales, entonces ahora dicen que yo estaría implicado en el asesinato de Villalba”.

Finalmente, recordó Uribe que “ha habido de nuestro movimiento unas críticas por esos contratos del fiscal, porque el dinero del Estado no se puede botar, esos son contratos vergonzosos, ha dilapidado como el presidente de la República, como los contratos que hay con algunos medios de comunicación”.

A su vez, el director del partido uribista del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, expidió un comunicado en el que señala al fiscal Montealegre de ser “el perseguidor en jefe de la oposición legítima y democrática de Colombia. Bajo su mando, la Fiscalía General de la Nación se ha convertido en el brazo intimidatorio de la coalición política contraria al Centro Democrático”.

La colectividad de derecha advirtió además que “la justicia politizada de Colombia ha ido convirtiéndose en un factor ilegítimo de interferencia en los procesos democráticos, buscando siempre que sus actuaciones infundadas contra la oposición política coincidan con el ciclo electoral. Así fue con la condena contra Andrés Felipe Arias, con la captura injusta de Luis Alfredo Ramos y la infiltración de mi campaña presidencial”.

Y concluye el comunicado que “se equivocan quienes creen que la ‘paz’ consiste en encarcelar injustamente a Álvaro Uribe Vélez y a la dirigencia del Centro Democrático, mientras se premia a los cabecillas de las Farc con curules parlamentarias”.

Ya en febrero pasado, el Tribunal de Justicia Transicional de Medellín, en el marco de la condena proferida contra el exjefe paramilitar Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, había compulsado copias para que se investigara a Uribe por la presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia que habría transportado a los paramilitares para perpetrar la masacre de de El Aro.

Se lee además en el fallo que el extinto integrante de las Autodefensas, Francisco Villalba, aseguró en 2008 ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara que el gobernador Uribe había ordenado la masacre. Meses después de esa declaración, Villalba fue asesinado cerca de su casa, en el municipio de La Estrella, Antioquia.

Entre tanto, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, advirtió: “no es accidental que se haga esto en momentos en que se está conociendo o se va a dar a conocer el acuerdo sobre justicia transicional”, puesto que, aseguró: “las Farc siempre han colocado como condición para firmar la paz la judicialización del presidente Álvaro Uribe” (sic).

Según el jefe del Ministerio Público, este tipo de decisiones de la Fiscalía, “18 años después”, dejan en evidencia un “mecanismo de venganza contra aquellos que han combatido a las Farc”.

En septiembre de 2014, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, en medio de un debate contra el paramilitarismo, había señalado que en la era Uribe “la Presidencia de la República dio a conocer una supuesta carta firmada por Villalba en la que se retractaba de las acusaciones contra el presidente. Villalba desmintió que hubiera escrito la misma y un análisis grafológico dictaminó que no fue escrita por él”.

El Heraldo

Grandes firmas buscan presionar a candidatos para lograr impunidad

ARGENTINA
Será en el 51º Coloquio de IDEA de la semana próxima dónde se reunirán con los principales presidenciables y gobernadores.


Martín Ferreyra 07 de Octubre de 2015




El director de Swiss Medical, Miguel Blanco, adelantó que la semana próxima los empresarios manifestarán a los candidatos presidenciales su "preocupación" por el avance del proyecto para crear una comisión que investigue las complicidades de las empresas con la última dictadura.
Blanco indicó en diálogo con Tiempo que el ámbito elegido para tratar el tema será el 51º Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) que se realizará en Mar del Plata entre el miércoles y el viernes de la semana próxima con la presencia de los presidenciables y seis gobernadores provinciales, entre otros políticos.
"Muchas de las reuniones transcurrirán la semana que vienen en IDEA, los contactos se van a dar ahí", aseguró el empresario. 
El Coloquio, argumentó, "es una caja de resonancia muy importante" por lo que "los representantes del empresariado van a asistir con expectativas" de frenar la Bicameral.
El alboroto que disparó entre las empresas la iniciativa para investigar el rol de las privadas durante la última dictadura llegó al Foro de Convergencia Empresarial (FCE), una entidad que reúne 74 entidades del sector entre federaciones, asociaciones y cámaras empresarias y organizaciones profesionales adherentes.
En contacto con este medio, el hombre de Swiss Medical, y desde mayo ex presidente de IDEA, defendió las posiciones que hicieron públicas en los últimos días la Unión Industrial Argentina (UIA) y su presidente, Adrián Kaufmann Brea; la Asociación de Empresarios (AEA); y el titular de la Cámara de Comercio, Carlos De La Vega. Desde otro ámbito también se pronunció en contra el Colegio de Abogados porteño. 
Tras la aprobación del proyecto en Diputados el 24 de septiembre, la oposición de las privadas avanzó a paso firme. La primera crítica partió desde la Unión Industrial Argentina (UIA) que impugnó el proyecto el martes de la semana pasada con el argumento de que la investigación es una atribución exclusiva del Poder Judicial. 
A la entidad industrial la siguieron otras agrupaciones de peso como AEA y manifestaciones personales como la De la Vega, quien apuntó directamente contra uno de los impulsores de la iniciativa, el diputado del Frente para la Victoria (FPV), Héctor Recalde. 
El lunes fue el turno del Instituto para el Desarrollo Económico de la Argentina (IDEA) que, en línea con los anteriores, denunció la propuesta por "inconstitucional". Blanco dijo que el Foro de Convergencia no estudia lanzar comunicados institucionales pero alertó que las entidades que lo integran "están discutiendo el tema" en forma particular por lo que es posible que salgan al ruedo como ya lo hicieron la UIA, AEA e IDEA. 
En cualquier caso, señaló el empresario, los potenciales comunicados "están en la misma línea" que sus predecesores. La razón por la que el FCE se reservará su posicionamiento general obedece a la conformación del foro que además de 52 federaciones de empresarios está integrado por asociaciones de la sociedad civil "a las que el proyecto no apunta", indicó Blanco. 
Por ese motivo, se tomó la decisión de que cada asociado se pronuncie por su cuenta. Los comunicados previos coincidieron en impugnar las investigaciones legislativas. En ese orden, los empresarios defendieron la idoneidad del Poder Judicial y acusaron a los diputados de haber aprobado una iniciativa "inconstitucional". 
A la espera de nuevas manifestaciones, Blanco consignó que "en general estamos de acuerdo con el tenor de los comunicados que ya salieron porque creemos que (las denuncias contra empresas) tienen que ser investigadas por la justicia como corresponde". 
Finalmente, Blanco denunció una supuesta intencionalidad política. "El proyecto se arma faltando poco tiempo para el cambio de gobierno, por lo tanto tiene sentido político. Busca poner al empresariado en la picota pública."

Recalde: "No esperaba esa reacción de los industriales"

El diputado nacional del FPV Héctor Recalde cuestionó a las entidades empresarias que se oponen a la creación de una Comisión Bicameral que investigue la complicidad del sector privado en los delitos económicos durante la última dictadura cívico-militar.
"No esperaba una reacción así de los industriales", dijo Recalde al ser consultado por Radio 10 sobre el fuerte rechazo de la UIA a la iniciativa. 
El diputado y abogado laborista recordó que la votación en la Cámara de Diputados resultó por 170 a favor y 14 abstenciones, pero ningún voto en contra. "Ninguna persona entendió que había que rechazar la ley. Todos los días aparece una entidad nueva. Hoy, es el Colegio de Abogados", indicó.
"Era esperable que salga (a oponerse) el Coloquio de IDEA, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC)", aseguró, pero advirtió que "nadie dijo en qué se viola" la ley actual si se concreta la actividad de la Comisión. Recalde remarcó que no todos los empresarios se oponen. 
"Un industrial del Chaco, el titular de la UIA chaqueña, Andrés Irigoyen dijo: '¿No sé por que se niegan si supuestamente no hicieron nada?'", subrayó el diputado.

Uruguay participaría en la Misión de Paz de Naciones Unidas en República Centroafricana


CASCOS AZULES

Uruguay analiza la posibilidad de incorporar unos 250 soldados a la Misión de Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en República Centroafricana.


07 de octubre de 2015



El subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, aseguró que Uruguay estudia la “incorporación de militares a la Misión de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apostada en República Centroafricana”.

Menéndez dijo que de confirmarse la participación uruguaya en República Centroafricana se desplegará un contingente de 250 soldados.
El jerarca recordó que 65% del personal subalterno “ya participó en este tipo de operaciones”.

Asimismo, el subsecretario indicó que el tema “formará parte de la agenda de diálogo entre Uruguay y Francia, junto con la firma de un acuerdo de cooperación en materia de Defensa que permitirá el intercambio de material militar y formación”.

Francia tuvo una importante actuación en República Centroafricana, un país sin litoral ubicado al este de Camerún. Posee yacimientos minerales de gran valor, pero muestra dificultades de organización política desde su independencia en 1960.

La intervención de la Organización de las Naciones Unidas, denominada Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 7 de agosto de 2014.

Cascos Azules uruguayos

La participación de Uruguay en Misiones de Paz comprende a 1.000 soldados apostados en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática de Congo (MONUSCO), los 250 soldados en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), en un contingente que comparte con Perú, y grupo de militares en la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores en la península del Sinaí (MFO), en Egipto.

Google es forzada por Rusia a abrir Android para aplicaciones de competidores acusada de abuso de posición dominante


DE LA WEB
Las autoridades reguladores rusas de Internet fallaron que existe abuso de posición dominante de Google en el país, en tanto la competencia con Yandex (el principal buscador en Rusia) es considerada desleal acorde a los criterios del país, algo similar a lo que ya enfrentaba de tiempo atrás Google con la Comunidad Europea.


06 de octubre de 2015


La Agencia Federa Antimonopolio de Rusia concedió ahora un mes a Google para que regularice su situación. Foto: Pixabay.


Yandex, que es el motor de búsqueda más popular de Rusia con un 66% de usuarios del país contra un 22% que emplea Google, se ve enfrentada a un problema coyuntural: Google que ofrece múltiples servicios y apps (videos, mapas, correo electrónico, etc.), está practicando formas abusivas de comercialización con Android. Cuando un fabricante quiere instalar la Play Store en sus dispositivos, varias apps de Google (YouTube, Maps, Gmail, etc.) deben ser instaladas de forma predeterminada en los dispositivos, algo que afecta a la competencia especialmente a Yandex que presta similares servicios. Yandex, pese a seguir contando con la mayoría del mercado local, está en retroceso en el área de los dispositivos móviles,

Google tiene un mes para regularizar su situación

La Agencia Federa Antimonopolio de Rusia concedió ahora un mes a Google para que regularice su situación. El próximo 18 de noviembre deberán haber caducado todos los compromisos acordados entre Google y las compañías fabricantes de celulares inteligentes, que den prioridad a sus aplicaciones en el sistema operativo Android.

“Los usuarios serán informados sobre la desactivación de las aplicaciones preinstaladas de Google, los cambios en el motor de búsqueda de Google Chrome y la posibilidad de instalar en sus dispositivos otros buscadores y aplicaciones”, dice el comunicado oficial de la Agencia Federal Antimonopolio con sede en Moscú. Paralelamente anunciaron que habría un procedimiento punitivo contra Google que deberá enfrentar una multa cuyo monto puede ser hasta el 15% de los ingresos que tuvo la compañía por la preinstalación de sus paquetes de software en Rusia el año pasado.

Los mercados de Estados Unidos reaccionaron de inmediato al anuncio y las acciones de Yandex treparon en el orden del 13% sobre el cierre de la jornada, según informa Bloomberg.

Google no efectuó comentarios aún sobre la disposición de los rusos.