BORDABERRY: NEGOCIOS EN LOS PARAISOS

Sábado 03 de octubre de 2009 Documento. Carta con la firma de Bordaberry pidiendo medidas para las tierras de Rausa. LA REPUBLICA accedió a documentos que confirman la noticia publicada ayer. La escritura pública número 8.103 realizada en Panamá, el 29 de junio de 2005, otorga poder general por parte de la sociedad Portmar Invest Group SA, a Juan Pedro Bordaberry y/o Diego Rafael Viana Martorell. La sociedad panameña Portmar Invest Group SA adquirió el crédito hipotecario de los campos de Rausa en Maldonado, por la suma de U$S 2.250.300, al día siguiente, cedido por la sociedad Levsey SA, aparentemente sin ganancias para esta última. Para confirmar más la participación personal de Bordaberry en el asunto que está siendo investigado, Bordaberry posteriormente envió una carta. El poder general de la SA panameña El poder general otorgado a Juan Pedro Bordaberry y/o Diego Rafael Viana Martorell es realizado en la ciudad de Panamá por el Dr. Benigno Vergara Cárdenas, notario público del octavo circuito notarial de Panamá. El documento dice que en esa fecha comparece personalmente Francis Peres, mujer, mayor de edad, soltera, secretaria, panameña, vecina de la ciudad de Panamá, en su calidad de directora/presidenta de Portmar Invest Group SA. Igualmente comparece personalmente Leticia Montoya, mujer, mayor de edad, soltera, secretaria, panameña, vecina de la ciudad de Panamá, en su calidad de directora/secretaria de la misma sociedad. Este es el modus operandi de los uruguayos que compran sociedades panameñas. Los ciudadanos panameños de acuerdo a la legislación panameña no son sustituidos por los uruguayos, sino que les otorgan un poder absoluto a quienes son los verdaderos dueños. En este caso de Bordaberry y Viana Martorell. Tanto Francis Peres como Leticia Montoya, secretarias solteras panameñas, son testaferros del estudio Mossak Fonseca & Co. especializado en crear sociedades offshore y figuran en otras tantas sociedades de papel. El documento señala que Portmar Invest Group SA es una sociedad anónima organizada y existente de acuerdo a las leyes de Panamá y domiciliada en ese país, debidamente registrada en la Sección Mercantil del Registro Público con la ficha 478625, documento 744726. Las dos mujeres, directoras de Portmar, otorgan poder general a Juan Pedro Bordaberry, con cédula de identidad 1.584.569-7 y/o Diego Rafael Viana Martorell, con cédula de identidad 1.490.342-2, ambos con domicilio en la calle Cerrito 415, piso 5, la misma dirección del estudio Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause, donde ambos eran socios. Entre los amplios poderes que se otorgan por parte de Portmar SA a Bordaberry y Viana Martorell se encuentran los de administrar la sociedad sin limitación alguna; celebrar o llevar a cabo contratos o actos de toda clase; hipotecar, arrendar, ceder, permutar, entregar, gravar y vender cualesquiera bienes muebles o inmuebles de la sociedad, etc. El poder conferido, dice el documento, podrá ser usado y ejercido en forma indistinta por Bordaberry y Viana Martorell en cualquier parte del mundo, estado, colonia, provincia, municipalidad o subdivisión política de cualquier país. También se legalizó el documento en el Consulado uruguayo en Panamá, el mismo día 29 de junio de 2005, y entre otros está firmado por el entonces embajador uruguayo en Panamá, Domingo Schipani, hoy director de Tratados de la Cancillería, de notoria filiación colorada. El contrato de arrendamiento El 1º de mayo de 2005 Rausa, representada por Gregorio Aznárez, firmó un contrato de arrendamiento de los padrones de su propiedad, en la 5ª Sección Judicial de Maldonado, por 15 años a un precio de U$S 0,85 la hectárea anual, para hacer bajar el valor del posterior remate de las tierras y que nadie interviniera. Como curiosidad debe señalarse que el contrato de arrendamiento se realiza con anterioridad al documento que le otorga poder a Bordaberry y Viana Martorell. En efecto el contrato de arrendamiento, al que accedió LA REPUBLICA, está fechado el 1º de mayo de 2005, mientras que el poder otorgado a Bordaberry y Viana Martorell está fechado el 29 de junio de 2005, pero lo firma en nombre de la SA panameña el estudio de Bordaberry y Viana Martorell. La arrendadora de los campos es Remolacheras y Azucareras del Uruguay SA (Rausa), representada por el Ing. Agr. Gregorio Aznárez, quien actúa en su calidad de apoderado. La arrendataria es la sociedad panameña Portmar Invest Group SA, domiciliada en la calle Cerrito 415, piso 5, domicilio del estudio Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause, representada por el Dr. Diego Viana Martorell. Los padrones rurales arrendados componen un área total de 3.913 hectáreas 322 metros. El destino del bien será la ganadería y/o la agricultura, dice el contrato, que tendrá vigencia por quince años a partir de la fecha. El numeral cuarto del contrato establece que la sociedad Levsey SA (RUC 213997750019), domiciliada también en el estudio Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause y representada por los Sres. Luis Vargas y Guzmán Vargas, en su calidad de acreedor hipotecario, otorga el consentimiento, declarando la total conformidad y anuencia al plazo pactado por las partes. En el numeral quinto se fija el precio total del arrendamiento que es de U$S 0,85 la hectárea anual. El documento se realiza ante el Esc. Diego Stirling Martins, el mismo que actuó cuando, el 29 de marzo de 2004, el BROU cedió parcialmente el crédito de Rausa a la empresa Levsey SA, hasta el monto de US$ 3.400.000, correspondiente a los padrones rurales ubicados en la 5ª Sección Judicial del departamento de Maldonado. Propuesta a la Intendencia de Maldonado El 14 de setiembre de 1999, en papel membretado del Estudio Héctor A. Viana, domiciliado en Cerrito 507, piso 5, y en papel notarial del Esc. Diego Stirling Martins, el Dr. Pedro Bordaberry realiza gestiones ante la Intendencia Municipal de Maldonado a nombre de la sociedad Levsey SA. En dicha carta, dirigida al entonces intendente Camilo Tortorella, sucesor suplente del Ing. Enrique Antía, Bordaberry realiza diversos ofrecimientos y peticiones relativos a los campos de Rausa. “Proponente. Esta propuesta es realizada por el suscrito, en su calidad de asesor jurídico y representante de Levsey Sociedad Anónima. Dicha sociedad se encuentra integrada por diversos inversores que se reunieron con el fin de adquirir los inmuebles que se dirán. Los mismos ya realizaron operaciones similares en los departamentos de Colonia (Carmelo), Montevideo (Colonia Nicolich) y Canelones (Atlántida)”, dice el documento. Agrega que los referidos inversores poseían, entonces, una opción de compra de los créditos que el BROU tenía contra Rausa. “Estos créditos se encuentran garantizados con primera hipoteca sobre diversos inmuebles ubicados en la zona de Pueblo Aznárez. El grupo inversor pretende adquirir el crédito, rematar judicialmente el mismo y adquirir los inmuebles en la almoneda”, continúa la carta de Bordaberry. Parte de los terrenos de Rausa se encontraban ocupados por gente que había quedado sin trabajo cuando se fundió la azucarera y otros eran utilizados para actividades sociales y deportivas. Puesto que Rausa no había pagado la Contribución Inmobiliaria, en algunos casos desde 1982 y en otros desde 1990, Bordaberry propone abonar la deuda. Además declara el “obvio interés social que existe para no remover a las familias de los terrenos que ocupan y seguir permitiendo el desarrollo de las actividades”. Finalmente Bordaberry destaca que “la inversión que se realizará, volverá a dotar de interés a una zona que se encuentra desde hace varios años víctima de la recesión y de la crisis de Rausa”. La carta tiene sello de recepción de fecha 22 de setiembre de 1999 y está firmada por el candidato colorado Pedro Bordaberry. En resumen, el nombre de Bordaberry sí está presente en la investigación, era portador de un poder general de la SA panameña, propiedad de dos secretarias, para decidir todo sobre su accionar comercial, pero además era representante de otra SA, en este caso uruguaya, según él “integrada por varios inversores”, que fue la que adquirió los créditos vencidos de Rausa al BROU. Bordaberry, como representante de la SA uruguaya, dio su consentimiento para que Rausa le arrendara en menos de un dólar por hectárea por 15 años las tierras a la sociedad panameña de la que era representante con un poder general.