Resistencia corporativa al derecho de acceso universal a servicios públicos esenciales.
Teletrabajo, aislamiento social, conectividad y la necesidad de la regulación estatal de un servicio básico para la población
Por Federico Glodowsky *
21 de febrero de 2021
Internet debe ser considerado un bien público global. Aunque su suministro sea privado, es insoslayable la importancia que tuvo el Estado para su desarrollo.
En la pandemia quedó en evidencia la importancia de los bienes y servicios públicos en períodos normales pero sobre todo ante catástrofes globales. El acceso a las tecnologías de la información y a las telecomunicaciones se volvió indispensable para poder trabajar de manera remota desde los hogares. Oposición de empresas de las telecomunicaciones a las regulaciones estatales en cuanto al acceso y a fijación de tarifas.
En su exposición ante el Foro Económico Mundial de Davos 2021, el presidente Alberto Fernández expresó que: “La pandemia nos demostró, una vez más, que para lidiar con los grandes desafíos globales debemos cooperar entre actores públicos y privados, y que la vacuna debe ser considerada un bien público global”.
Quizá las palabras bien público global, no terminen de reflejar cabalmente la profundidad conceptual de la frase. Es necesario resaltar la importancia de los bienes y servicios públicos en períodos normales pero sobre todo ante catástrofes globales, como las que atraviesa el mundo hoy.
Se considera bien público a todo bien consumido de manera colectiva, en el que rigen dos propiedades: no exclusión y no rivalidad. Un ejemplo de bien público (puro) es el alumbrado público: no se puede evitar que otro individuo pueda gozar de la iluminación que suministra (no exclusión) y su incorporación, no agota cantidad de luz brindada para que otro pueda gozar en igual medida (no rivalidad).
Esto determina dos problemas centrales: al no poder evitar esas dos condiciones, el mercado no tiene demasiados incentivos para proveerlos o para hacerlo de manera eficiente, lo que resulta en una provisión subóptima.
En su exposición ante el Foro Económico Mundial de Davos 2021, el presidente Alberto Fernández expresó que: “La pandemia nos demostró, una vez más, que para lidiar con los grandes desafíos globales debemos cooperar entre actores públicos y privados, y que la vacuna debe ser considerada un bien público global”.
Quizá las palabras bien público global, no terminen de reflejar cabalmente la profundidad conceptual de la frase. Es necesario resaltar la importancia de los bienes y servicios públicos en períodos normales pero sobre todo ante catástrofes globales, como las que atraviesa el mundo hoy.
Se considera bien público a todo bien consumido de manera colectiva, en el que rigen dos propiedades: no exclusión y no rivalidad. Un ejemplo de bien público (puro) es el alumbrado público: no se puede evitar que otro individuo pueda gozar de la iluminación que suministra (no exclusión) y su incorporación, no agota cantidad de luz brindada para que otro pueda gozar en igual medida (no rivalidad).
Esto determina dos problemas centrales: al no poder evitar esas dos condiciones, el mercado no tiene demasiados incentivos para proveerlos o para hacerlo de manera eficiente, lo que resulta en una provisión subóptima.
Mercado y Estado
Por otro lado, una vez que el bien fue provisto, habría quienes no estarían dispuestos a pagarlo a sabiendas de que, de todos modos, se benefician del servicio. Este es el problema del free rider o polizón.
Esto constituye una falla de mercado, por lo que resulta necesario que sea el Estado el que provea estos bienes, ya que su interés no está centrado en la rentabilidad sino el bien común (lo que no implica que su producción no pueda ser llevada a cabo por privados).
La noción de bienes públicos globales surge con más fuerza en los '90 con los gobiernos neoliberales avanzando de manera voraz en la economía y las finanzas. La globalización determinó que sea imperioso determinar reglas de juego en el sector financiero, para regular los comportamientos especulativos y promover la estabilidad macroeconómica. Se consideró que las regulaciones monetarias y bancarias eran un bien público que debía ser adoptado por todos los países para evitar desequilibrios en las economías locales.
La pandemia de covid-19 también reavivó la idea de cooperación multilateral, pero en este caso para el control de la situación epidemiológica.
Vacuna
El beneficio de la vacunación a nivel mundial supera el costo que ello implica. Con la economía global colapsada, el esfuerzo monetario para volver a ponerla en funcionamiento no implicaría un gasto, sino una inversión, y ésta no vendría del lado del sector privado sino del sector público. La salud como servicio público adquiere hoy especial preponderancia para el desarrollo normal de la vida en todos los países.
Resulta necesario que la vacuna sea abordada como un bien público puro, provisto y financiado por los Estados locales y no por el sector privado, ya que su motivación estaría determinada por el beneficio económico y ello supondría una provisión subóptima.
La vacunación masiva produce externalidades positivas valoradas ampliamente por la sociedad y en un ámbito de globalización como el actual, el desarrollo económico de cada país no puede llevarse a cabo si los países no pueden ejercer el comercio internacional o la libre circulación de personas por una pandemia.
Conectar
El aislamiento obligatorio decretado por la mayoría de los gobiernos para evitar el colapso del sistema sanitario en la primera fase de la pandemia supuso un desafío en cuanto a la conectividad de los ciudadanos. El acceso a las tecnologías de la información y a las telecomunicaciones se volvió indispensable para poder trabajar de manera remota desde los hogares.
El decreto 690/2020 de agosto de 2020 estableció el carácter de servicio público sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la telefonía móvil en la ley 27.078 de 2014, regulando no sólo la tarifa, sino el acceso mediante una prestación básica universal obligatoria.
A 19 días de asumir, Mauricio Macri modificó con el DNU 267/2015 las leyes 26.522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) y 27.078 (Argentina Digital). Derogando gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y TIC, abandonando la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda.
Al darles la condición de prestadores de servicios TIC (artículo 7° del DNU), es decir, equipararlos a las empresas de telecomunicaciones, se liberó a los proveedores de TV por cable de las obligaciones que imponía la LSCA. Ya no había límites de concentración (clave en la fusión entre el grupo Clarín y Telecom) y se les otorgaba mayor discrecionalidad a las prestatarias en detrimento de las y los consumidores.
Tarifa
El decreto de agosto suspendió, a su vez, cualquier tipo de aumento hasta el 31 de diciembre de 2020 lo que desató una andanada de medidas cautelares y amparos para bloquear su aplicación. El sector privado, en concomitancia con una parte del sector judicial, se opuso férreamente, en un acto de corporativismo explícito, ante la imposibilidad de aumentar la tarifa lo que les viniera en gana.
Los medios hegemónicos salieron a esmerilar el rol del Estado, equiparándolo con uno pseudo comunista y totalitario, pero lo curioso es que no dijeron lo mismo de países desarrollados que habían obrado en igual sentido.
El rol del Estado es vital frente a los abusos de poder en momentos de incertidumbre, pero es más efectivo su accionar cuando en momentos de normalidad se pone por delante del sector privado guiándolo en la senda del desarrollo económico.
No existirían hoy los unicornios tecnológicos como Amazon, Google, Facebook, Apple o Microsoft si, a fines de la década del '60, un proyecto militar impulsado por el Estado no hubiese desarrollado red de ordenadores que uniera los centros de investigación dedicados a labores de Defensa. Así es como nace Arpanet (Advanced Research Projects Agency Network o Red de la Agencia para los Proyectos de Investigación Avanzada) la red precursora de la Internet actual.
Desarrollo
Estas empresas, tan frecuentemente citadas como sinónimo del éxito del sector privado, no solo hicieron usufructo indirecto de un desarrollo estatal, sino que se beneficiaron de manera directa de los eslabonamientos productivos de un cluster tecnológico llamado Silicon Valley.
Ninguna de ellas podría haber tenido un desarrollo tan exitoso sin un Estado que hubiese invertido en educación, I+D, infraestructura o transporte interurbano. Con facilidades de acceso a financiamiento en su primera etapa como start up, con exenciones impositivas y beneficios fiscales para su radicación en la localidad californiana.
Por su valoración social y sus externalidades positivas, Internet también debe ser considerado bien público global. Aunque su suministro sea privado, es insoslayable la importancia que tuvo el Estado para su desarrollo y la importancia que hoy tiene para garantizar el acceso para las y los ciudadanos.
En tiempos de pandemia, el esfuerzo unilateral de los Estados por garantizar el bienestar de sus individuos resulta infructuoso o insuficiente si no se realiza de manera concertada y conjunta.
La salida de la coronacrisis será global o no será, puesto que los países están estrechamente vinculados a través de cadenas de valor deslocalizadas en las que el comercio internacional y la circulación de personas tiene un rol preponderante. Problemas globales requieren soluciones globales.
Federico Glodowsky
Licenciado en Economía. Auxiliar docente de Historia Económica y Social Argentina (UBA).
Licenciado en Economía. Auxiliar docente de Historia Económica y Social Argentina (UBA).
