Por Marco Teruggi
16 de febrero de 2021
Imagen: AFP
El candidato de la derecha intimó al poder electoral a "proclamar los resultados de la primera vuelta". El viernes había acordado junto a Yaku Pérez, el CNE y la OEA que se revisaran casi seis millones de votos.
Ecuador vive horas de río revuelto y especulación. Lo que parecía claro el viernes en la tarde ya no lo fue el domingo en la noche, o, al menos, así parece. Esa tarde del viernes tuvo lugar un pacto entre el segundo en las elecciones del pasado siete de febrero, Guillermo Lasso, el tercero, Yaku Pérez, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Allí, sin presencia de ningún otro candidato, acordaron realizar un recuento de votos en 17 provincias del país: 100% en Guayas y 50% en las demás, para un total de cerca de seis millones de votos, en un proceso de cerca de 15 días que debería comenzar este martes. Eso último fue explicado el sábado en la tarde por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, es decir, un día después del breve anuncio sobre el recuento anunciado sin detalles.
El sábado en la tarde ya se habían producido los reconocimientos de Luis Almagro, secretario de la OEA, recordado por su rol central en el golpe de Estado en Bolivia en el 2019, y del gobierno estadounidense, a través de la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, quien afirmó que la decisión del CNE permitiría una “mejora de las garantías para los candidatos y la ciudadanía”.
El escenario de un pacto de recuento quedó, sin embargo, bajo pregunta, cuando Lasso publicó una carta el domingo en la tarde dirigida a Atamaint. Allí, en un cambio de posición, intimó al CNE a “proclamar los resultados de la primera vuelta electoral”, señaló el carácter supralegal del acuerdo y el peligro que el poder electoral caiga en “actos ilegales y hasta delictivos”, afirmó que el conteo de votos debía ser en siete provincias en lugar de las 17 inicialmente acordadas, y señaló que Pérez podía estar intentando “fraguar un fraude” con el proceso de recuento.
La carta fue seguida de un intercambio de acusaciones entre Pérez y Lasso por las redes sociales, donde este último acusó nuevamente de “intento de fraude y caos a la democracia”. El candidato de Pachakutik, por su parte, acusó a Lasso de querer realizar un fraude: “con qué autoridad moral usted aspira a ser presidente si hace fraude, primero dice que abran las urnas porque quien ‘nada debe, nada teme’ y ahora que no abran las urnas, fraude tras fraude, una burla al CNE, a la OEA y al pueblo de Ecuador”.
El cambio de situación, sumado a la poca claridad ofrecida por parte del poder electoral, arrojó así un cuadro de confusión que, en horas del lunes, sumó un nuevo elemento: el anuncio de una movilización para el martes por parte de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) -de la cual fue presidente Pérez entre el 2013 y 2019, cuando ganó la gobernación de Azuay- debido al “retracto del señor Lasso” expresado el domingo.
“Nos movilizaremos en los territorios y caminaremos a la ciudad de Quito para defender los intereses de los 18 millones de ecuatorianos (…) si hay que pelear tenemos que pelear, si hay que ir a la cárcel iremos a la cárcel, si nos asesinan seremos asesinados, pero de rodillas jamás”, afirmó Carlos Sucuzhañay, presidente de Ecuarunari, que forma parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
De esta manera el escenario pasó de un pacto anti-correísta, objetivo compartido entre Pérez y Lasso como afirmaron en la misma reunión del viernes, a una diferencia entre los candidatos con, a su vez, tensiones en la misma CONAIE, donde ciertos sectores se mostraron opuestos a un “acuerdo con la derecha (…) que sería ilegítimo e inconsulto con las bases”.
Una pregunta, que se ha mantenido desde el domingo en la noche, ha sido: ¿por qué Lasso dio marcha atrás en el acuerdo del viernes? ¿Fue por presiones internas, por ejemplo, de sus aliados del Partido Social Cristiano? ¿Una posibilidad real de perder su segunda posición al finalizar el recuento? En las respuestas a esa pregunta parecen estar las claves para comprender cómo pueda evolucionar el conflicto electoral en Ecuador.
Existe, además, otro elemento en la agenda de la contienda: la reciente visita a Quito realizada por el Fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, quien, a pedido de la Fiscal ecuatoriana, Diana Salazar, trajo lo que denominó como “información” sobre el financiamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano a la campaña de Andrés Arauz. La visita del Fiscal de Colombia, relacionado con el partido del presidente Iván Duque, Centro Democrático, dirigido por Álvaro Uribe, levantó señales de alarma acerca de la existencia de posibles maniobras para impedir una participación de Arauz en el ballottage del 11 de abril.
“Quienes han cogobernado el país junto a Lenín Moreno quieren aferrarse al poder, por eso han intentado, por vías anti-democráticas, descalificar nuestra candidatura, ahora, con mentiras quieren presionar al sistema de justicia para un nuevo episodio de persecución (…) Toda esta patraña tiene una sola intención: impedir que el binomio Arauz-Rabascall que lidera la preferencia electoral participe de la segunda vuelta”, afirmó Arauz este lunes.
Los próximos días podrían estar marcados por nuevas noticias y cambios, en el marco de una elección presidencial en un país marcado por la persecución vía lawfare sobre la revolución ciudadana, una institucionalidad cuestionada transversalmente, la interferencia de actores internacionales, y una oscilación entre el intento de pactos electorales anti-correístas -con posibles proyecciones a planes de gobierno- y giros repentinos -al menos en la superficie- como el que ocurrió el domingo.
El candidato de la derecha intimó al poder electoral a "proclamar los resultados de la primera vuelta". El viernes había acordado junto a Yaku Pérez, el CNE y la OEA que se revisaran casi seis millones de votos.
Ecuador vive horas de río revuelto y especulación. Lo que parecía claro el viernes en la tarde ya no lo fue el domingo en la noche, o, al menos, así parece. Esa tarde del viernes tuvo lugar un pacto entre el segundo en las elecciones del pasado siete de febrero, Guillermo Lasso, el tercero, Yaku Pérez, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Allí, sin presencia de ningún otro candidato, acordaron realizar un recuento de votos en 17 provincias del país: 100% en Guayas y 50% en las demás, para un total de cerca de seis millones de votos, en un proceso de cerca de 15 días que debería comenzar este martes. Eso último fue explicado el sábado en la tarde por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, es decir, un día después del breve anuncio sobre el recuento anunciado sin detalles.
El sábado en la tarde ya se habían producido los reconocimientos de Luis Almagro, secretario de la OEA, recordado por su rol central en el golpe de Estado en Bolivia en el 2019, y del gobierno estadounidense, a través de la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, quien afirmó que la decisión del CNE permitiría una “mejora de las garantías para los candidatos y la ciudadanía”.
El escenario de un pacto de recuento quedó, sin embargo, bajo pregunta, cuando Lasso publicó una carta el domingo en la tarde dirigida a Atamaint. Allí, en un cambio de posición, intimó al CNE a “proclamar los resultados de la primera vuelta electoral”, señaló el carácter supralegal del acuerdo y el peligro que el poder electoral caiga en “actos ilegales y hasta delictivos”, afirmó que el conteo de votos debía ser en siete provincias en lugar de las 17 inicialmente acordadas, y señaló que Pérez podía estar intentando “fraguar un fraude” con el proceso de recuento.
La carta fue seguida de un intercambio de acusaciones entre Pérez y Lasso por las redes sociales, donde este último acusó nuevamente de “intento de fraude y caos a la democracia”. El candidato de Pachakutik, por su parte, acusó a Lasso de querer realizar un fraude: “con qué autoridad moral usted aspira a ser presidente si hace fraude, primero dice que abran las urnas porque quien ‘nada debe, nada teme’ y ahora que no abran las urnas, fraude tras fraude, una burla al CNE, a la OEA y al pueblo de Ecuador”.
El cambio de situación, sumado a la poca claridad ofrecida por parte del poder electoral, arrojó así un cuadro de confusión que, en horas del lunes, sumó un nuevo elemento: el anuncio de una movilización para el martes por parte de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) -de la cual fue presidente Pérez entre el 2013 y 2019, cuando ganó la gobernación de Azuay- debido al “retracto del señor Lasso” expresado el domingo.
“Nos movilizaremos en los territorios y caminaremos a la ciudad de Quito para defender los intereses de los 18 millones de ecuatorianos (…) si hay que pelear tenemos que pelear, si hay que ir a la cárcel iremos a la cárcel, si nos asesinan seremos asesinados, pero de rodillas jamás”, afirmó Carlos Sucuzhañay, presidente de Ecuarunari, que forma parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
De esta manera el escenario pasó de un pacto anti-correísta, objetivo compartido entre Pérez y Lasso como afirmaron en la misma reunión del viernes, a una diferencia entre los candidatos con, a su vez, tensiones en la misma CONAIE, donde ciertos sectores se mostraron opuestos a un “acuerdo con la derecha (…) que sería ilegítimo e inconsulto con las bases”.
Una pregunta, que se ha mantenido desde el domingo en la noche, ha sido: ¿por qué Lasso dio marcha atrás en el acuerdo del viernes? ¿Fue por presiones internas, por ejemplo, de sus aliados del Partido Social Cristiano? ¿Una posibilidad real de perder su segunda posición al finalizar el recuento? En las respuestas a esa pregunta parecen estar las claves para comprender cómo pueda evolucionar el conflicto electoral en Ecuador.
Existe, además, otro elemento en la agenda de la contienda: la reciente visita a Quito realizada por el Fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, quien, a pedido de la Fiscal ecuatoriana, Diana Salazar, trajo lo que denominó como “información” sobre el financiamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano a la campaña de Andrés Arauz. La visita del Fiscal de Colombia, relacionado con el partido del presidente Iván Duque, Centro Democrático, dirigido por Álvaro Uribe, levantó señales de alarma acerca de la existencia de posibles maniobras para impedir una participación de Arauz en el ballottage del 11 de abril.
“Quienes han cogobernado el país junto a Lenín Moreno quieren aferrarse al poder, por eso han intentado, por vías anti-democráticas, descalificar nuestra candidatura, ahora, con mentiras quieren presionar al sistema de justicia para un nuevo episodio de persecución (…) Toda esta patraña tiene una sola intención: impedir que el binomio Arauz-Rabascall que lidera la preferencia electoral participe de la segunda vuelta”, afirmó Arauz este lunes.
Los próximos días podrían estar marcados por nuevas noticias y cambios, en el marco de una elección presidencial en un país marcado por la persecución vía lawfare sobre la revolución ciudadana, una institucionalidad cuestionada transversalmente, la interferencia de actores internacionales, y una oscilación entre el intento de pactos electorales anti-correístas -con posibles proyecciones a planes de gobierno- y giros repentinos -al menos en la superficie- como el que ocurrió el domingo.
