Por Greg Grandin
10 de abril de 2021
Imagen: AFP
Está programado que este domingo 11 de abril los ecuatorianos salgan a votar en segunda vuelta para elegir a su presidente. Los candidatos son Guillermo Lasso (foto), un banquero de élite de 65 años; y Andrés Arauz, un exfuncionario progresista del Banco Central de 36 años. No hay duda de que el resultado tendrá un impacto profundo en el futuro de la nación; los candidatos tienen visiones muy distintas de cómo sacar a Ecuador de la pandemia y de la actual recesión económica. Pero si bien la contienda ha recibido escasa atención internacional, tiene implicaciones de carácter global.
En Estados Unidos, para muchos es fácil que pase desapercibido lo que sucede en Ecuador, una pequeña nación andina de menos de 18 millones de habitantes, ubicada entre Perú y Colombia. Sin embargo, a partir de 2016, el país asumió el liderazgo en una campaña mundial contra el uso de paraísos fiscales extraterritoriales. Las próximas elecciones serán clave para determinar si ese liderazgo continuará.
En 2016, la filtración de los Papeles de Panamá puso de manifiesto hasta qué punto los ricos y poderosos del mundo habían utilizado los paraísos fiscales extraterritoriales para lavar dinero, evadir impuestos y ocultar su riqueza. La filtración expuso a políticos y ejecutivos de empresas de todo el planeta, incluidos numerosos jefes de Estado. El primer ministro de Islandia se vio obligado a dimitir después de que salieran a la luz sus capitales ocultos. Prácticamente todos los países fueron salpicados, incluido Ecuador, después de que se reveló que Lasso era dueño de un banco en Panamá.
La evasión fiscal es una preocupación mundial. El año pasado en Estados Unidos, 55 de las corporaciones más grandes no pagaron impuestos federales. Se estima que el uso de paraísos fiscales les cuesta a los gobiernos entre 500 mil millones y 600 mil millones de dólares cada año. Los países de bajos ingresos pierden más en los paraísos fiscales extraterritoriales de lo que reciben en ayuda exterior de los países desarrollados. Ese es dinero que podría invertirse en educación, atención médica, infraestructura y otras necesidades acuciantes.
Hace cuatro años, durante otros comicios en los que participó Lasso, los votantes ecuatorianos aprobaron un referéndum que prohibía a los políticos contar con capitales en paraísos fiscales extraterritoriales. Fue la primera votación de este tipo en todo el mundo. En 2018, el gobierno actuó según los deseos de los votantes al formalizar las reglas contra los paraísos fiscales en la ley. No solo se prohibió a los funcionarios públicos tener bienes o capitales en tales jurisdicciones; sino que también la prohibición incluye a los candidatos electorales.
Hoy, a puertas de la segunda vuelta electoral en Ecuador, este tema adquiere gran importancia. Los comicios enfrentan a Lasso, un banquero que, durante años, ha utilizado paraísos fiscales y otras jurisdicciones de bajos impuestos, con Andrés Arauz, un economista que ayudó a diseñar las innovadoras reformas anti-paraísos fiscales de Ecuador cuando era director del Banco Central.
Los principales medios de comunicación de Ecuador casi no han prestado atención a este tema. Es como si el escándalo de cinco años sobre las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump hubiera pasado desapercibido en los principales medios de Estados Unidos. Y en este caso, el propio Lasso ha admitido que es dueño de un banco en Panamá, aunque afirma que no es una violación de la ley. En 2014, incluso antes de los Papeles de Panamá, Ecuador aprobó una legislación que prohíbe a los bancos o a sus accionistas tener filiales en paraísos fiscales, como Panamá. Esta ley es de suma importancia para la economía y el pueblo ecuatoriano
La fuga de capitales facilitada por el offshoring [deslocalización] es un problema mundial, pero es especialmente relevante en la historia reciente de Ecuador. Los bancos, y los banqueros —como Lasso— jugaron un papel importante en la crisis económica de la década de 1990 que vio dispararse las tasas de pobreza en Ecuador. En la década del 2000, bajo el expresidente Rafael Correa, el Gobierno introdujo nuevos impuestos sobre el capital que abandonaba el país, recaudando ingresos significativos para ayudar a reconstruir la economía, reducir drásticamente las tasas de pobreza y evitar las crisis económicas que puedan surgir de la escasez de dólares; especialmente porque Ecuador ha tenido el dólar como moneda nacional desde el año 2000.
Ecuador fue uno de los primeros países impactados, y uno de los más afectados, por la pandemia del coronavirus. Una nueva ola ha obligado a la nación a declarar el estado de excepción en varias provincias. Después de años de austeridad fiscal, el actual Gobierno de Lenín Moreno tiene un índice de aprobación de un solo dígito. Quien gane las elecciones de la próxima semana asumirá el liderazgo en un Estado menos capacitado para responder a una crisis de salud pública que el Estado de 2017, cuando Moreno fue elegido y antes de los duros recortes a los servicios públicos que implementó.
Para garantizar que el gobierno ecuatoriano tenga los recursos necesarios para dar una respuesta sólida a la pandemia y para que la gente de todo el país vuelva a trabajar, la élite del país tendrá que pagar su justa porción en impuestos.
Los legisladores estadounidenses también han tomado enérgicas medidas recientemente para frenar el secreto empresarial en estados como Florida y Delaware. La nueva legislación aprobada a finales del año pasado requerirá que las empresas fantasma registradas en EE.UU. declaren la identidad de sus "beneficiarios reales" a las autoridades públicas. Anteriormente, las corporaciones anónimas se habían registrado en estas jurisdicciones precisamente porque se permitía que el "beneficiario final" permaneciera oculto. Estos cambios harán que sea mucho más difícil para la élite mundial esconder su dinero en Estados Unidos.
10 de abril de 2021
Imagen: AFP
Está programado que este domingo 11 de abril los ecuatorianos salgan a votar en segunda vuelta para elegir a su presidente. Los candidatos son Guillermo Lasso (foto), un banquero de élite de 65 años; y Andrés Arauz, un exfuncionario progresista del Banco Central de 36 años. No hay duda de que el resultado tendrá un impacto profundo en el futuro de la nación; los candidatos tienen visiones muy distintas de cómo sacar a Ecuador de la pandemia y de la actual recesión económica. Pero si bien la contienda ha recibido escasa atención internacional, tiene implicaciones de carácter global.
En Estados Unidos, para muchos es fácil que pase desapercibido lo que sucede en Ecuador, una pequeña nación andina de menos de 18 millones de habitantes, ubicada entre Perú y Colombia. Sin embargo, a partir de 2016, el país asumió el liderazgo en una campaña mundial contra el uso de paraísos fiscales extraterritoriales. Las próximas elecciones serán clave para determinar si ese liderazgo continuará.
En 2016, la filtración de los Papeles de Panamá puso de manifiesto hasta qué punto los ricos y poderosos del mundo habían utilizado los paraísos fiscales extraterritoriales para lavar dinero, evadir impuestos y ocultar su riqueza. La filtración expuso a políticos y ejecutivos de empresas de todo el planeta, incluidos numerosos jefes de Estado. El primer ministro de Islandia se vio obligado a dimitir después de que salieran a la luz sus capitales ocultos. Prácticamente todos los países fueron salpicados, incluido Ecuador, después de que se reveló que Lasso era dueño de un banco en Panamá.
La evasión fiscal es una preocupación mundial. El año pasado en Estados Unidos, 55 de las corporaciones más grandes no pagaron impuestos federales. Se estima que el uso de paraísos fiscales les cuesta a los gobiernos entre 500 mil millones y 600 mil millones de dólares cada año. Los países de bajos ingresos pierden más en los paraísos fiscales extraterritoriales de lo que reciben en ayuda exterior de los países desarrollados. Ese es dinero que podría invertirse en educación, atención médica, infraestructura y otras necesidades acuciantes.
Hace cuatro años, durante otros comicios en los que participó Lasso, los votantes ecuatorianos aprobaron un referéndum que prohibía a los políticos contar con capitales en paraísos fiscales extraterritoriales. Fue la primera votación de este tipo en todo el mundo. En 2018, el gobierno actuó según los deseos de los votantes al formalizar las reglas contra los paraísos fiscales en la ley. No solo se prohibió a los funcionarios públicos tener bienes o capitales en tales jurisdicciones; sino que también la prohibición incluye a los candidatos electorales.
Hoy, a puertas de la segunda vuelta electoral en Ecuador, este tema adquiere gran importancia. Los comicios enfrentan a Lasso, un banquero que, durante años, ha utilizado paraísos fiscales y otras jurisdicciones de bajos impuestos, con Andrés Arauz, un economista que ayudó a diseñar las innovadoras reformas anti-paraísos fiscales de Ecuador cuando era director del Banco Central.
Los principales medios de comunicación de Ecuador casi no han prestado atención a este tema. Es como si el escándalo de cinco años sobre las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump hubiera pasado desapercibido en los principales medios de Estados Unidos. Y en este caso, el propio Lasso ha admitido que es dueño de un banco en Panamá, aunque afirma que no es una violación de la ley. En 2014, incluso antes de los Papeles de Panamá, Ecuador aprobó una legislación que prohíbe a los bancos o a sus accionistas tener filiales en paraísos fiscales, como Panamá. Esta ley es de suma importancia para la economía y el pueblo ecuatoriano
La fuga de capitales facilitada por el offshoring [deslocalización] es un problema mundial, pero es especialmente relevante en la historia reciente de Ecuador. Los bancos, y los banqueros —como Lasso— jugaron un papel importante en la crisis económica de la década de 1990 que vio dispararse las tasas de pobreza en Ecuador. En la década del 2000, bajo el expresidente Rafael Correa, el Gobierno introdujo nuevos impuestos sobre el capital que abandonaba el país, recaudando ingresos significativos para ayudar a reconstruir la economía, reducir drásticamente las tasas de pobreza y evitar las crisis económicas que puedan surgir de la escasez de dólares; especialmente porque Ecuador ha tenido el dólar como moneda nacional desde el año 2000.
Ecuador fue uno de los primeros países impactados, y uno de los más afectados, por la pandemia del coronavirus. Una nueva ola ha obligado a la nación a declarar el estado de excepción en varias provincias. Después de años de austeridad fiscal, el actual Gobierno de Lenín Moreno tiene un índice de aprobación de un solo dígito. Quien gane las elecciones de la próxima semana asumirá el liderazgo en un Estado menos capacitado para responder a una crisis de salud pública que el Estado de 2017, cuando Moreno fue elegido y antes de los duros recortes a los servicios públicos que implementó.
Para garantizar que el gobierno ecuatoriano tenga los recursos necesarios para dar una respuesta sólida a la pandemia y para que la gente de todo el país vuelva a trabajar, la élite del país tendrá que pagar su justa porción en impuestos.
Los legisladores estadounidenses también han tomado enérgicas medidas recientemente para frenar el secreto empresarial en estados como Florida y Delaware. La nueva legislación aprobada a finales del año pasado requerirá que las empresas fantasma registradas en EE.UU. declaren la identidad de sus "beneficiarios reales" a las autoridades públicas. Anteriormente, las corporaciones anónimas se habían registrado en estas jurisdicciones precisamente porque se permitía que el "beneficiario final" permaneciera oculto. Estos cambios harán que sea mucho más difícil para la élite mundial esconder su dinero en Estados Unidos.
Aquí nuevamente aparece una conexión con la próxima elección ecuatoriana: los socios comerciales de Lasso y su hijo están conectados a más de dos docenas de compañías fantasma registradas en Florida que en conjunto poseen más de 30 millones de dólares en bienes raíces.
No se debe permitir que ningún candidato infrinja la ley mientras postula a la presidencia. Se debe exigir a los candidatos que revelen cualquier vínculo propio o familiar con cualquier empresa fantasma en el extranjero. Esta forma particular de corrupción no solo es una amenaza vital para la economía de Ecuador; es una falla grave en el sistema financiero internacional que daña a la mayoría de las economías del mundo, incluso a la de Estados Unidos.
Greg Grandin
Profesor de Historia Peter V. y C. Vann Woodward en la Universidad de Yale,. Autor de The End of the Myth, obra ganadora del Premio Pulitzer 2020 para la categoría de no-ficción.
No se debe permitir que ningún candidato infrinja la ley mientras postula a la presidencia. Se debe exigir a los candidatos que revelen cualquier vínculo propio o familiar con cualquier empresa fantasma en el extranjero. Esta forma particular de corrupción no solo es una amenaza vital para la economía de Ecuador; es una falla grave en el sistema financiero internacional que daña a la mayoría de las economías del mundo, incluso a la de Estados Unidos.
Greg Grandin
Profesor de Historia Peter V. y C. Vann Woodward en la Universidad de Yale,. Autor de The End of the Myth, obra ganadora del Premio Pulitzer 2020 para la categoría de no-ficción.
