Otro escándalo en puerta. Por qué se ocultaron las pólizas por daños patrimoniales y contra default. El misterio de los seguros de Vicentin
Por Raúl Dellatorre
11 de abril de 2021
Imagen: AFP
La cerealera escondió ante el concurso de acreedores toda la información de los seguros contratados en el país y en el exterior. El juez los pidió, no los recibió pero jamás los reclamó. Veedores y acreedores piden una auditoría externa.
¿Tenía Vicentin contratados seguros contra daños a su patrimonio? ¿Los valores asegurados se correspondían con las valuaciones reales, o estaban sub o sobrevaluados? ¿Y sobre sus deudas, habían contratado los denominados "seguros contra default"? Las multimillonarias cifras que podrían estar en juego detrás de estos contratos adquieren relevancia en este momento del concurso porque Vicentin no presentó esa información para conocimiento de los acreedores en el momento de presentarse a convocatoria; el juez del concurso la solicitó en enero del año pasado, pero la empresa jamás respondió, sin que el magistrado ni los auditores forenses la hayan reclamado posteriormente.
La cuestión de los seguros sobre los créditos y el patrimonio físico se reflotó a raíz del reclamo de los veedores nombrados por los acreedores, que en nota dirigida al juez señalaron la falta de información al respecto y la peligrosa inacción del juzgado, detrás de la cual se podría configurar un grave perjuicio para los acreedores, además de "la existencia de una eventual comisión de delitos penales de acción pública". Pidieron, al respecto, la contratación de una auditoría externa para buscar la información que, hasta ahora, el cuerpo forense no está siquiera buscando.
La falta de información aportada al concurso preventivo por Vicentin SAIC sobre los seguros contratados sobre los bienes y deudas de la empresa podría convertirse en otra piedra del escándalo del ya de por sí turbio proceso de convocatoria. Los veedores Juan José López Forastier y Sergio Juan Arelovich le presentaron una nota al juez Lorenzini el 10 de marzo pasado, en la que le recuerdan que en su resolución del 13 de enero de 2020 había reclamado el "control de la política de seguros y protección de los activos de la empresa; evaluación de la sobre o subvaluación, determinando la suscripción de las pólizas con aseguradoras solventes. Evaluación de los seguros sobre mercadería de terceros y las ART". Pero agregan que "los Señores Auditores Forenses nos han hecho saber que el tópico no integra el programa de trabajo que ellos han trazado".
De inmediato señalan, en la misma nota al juez, que "sería eventualmente lesivo para la marcha del presente proceso concursal y para la continuidad de la empresa desatender dicha cuestión", destacando "la importancia que posee contar con el detalle de la totalidad de los seguros contratados".
¿Por qué sería tan importante dicha información sobre los seguros contratados y no declarada ante el concurso? La nota de los veedores sugiere los interrogantes que dicha documentación podría responder:
1) La verificación de la correspondencia de las sumas aseguradas con los valores reales de los activos de la empresa permitirá conocer si los activos del grupo se encuentran debidamente cubiertos con el fin de garantizar efectivamente el patrimonio que es resguardo de los acreedores del concurso.
2) Verificar si existen siniestros pendientes de cobro de fecha anterior al concurso y cuáles son los motivos de la demora en la liquidación, a los efectos de que se acrediten las indemnizaciones que correspondan antes que los créditos prescriban.
3) Verificar si existieron contrataciones de seguros de vida con prima única que favorezcan a los Directivos y Accionistas de la empresa, ya que con dichos mecanismos hemos visto en nuestro país una de las ventanas utilizadas para la Formación de Activos Externos, esto es fuga de divisas al exterior.
4) Verificar si la concursada ha realizado contrataciones exclusivamente sobre su patrimonio y que no hayan sido asegurados bienes de otras empresas pertenecientes al grupo y no concursadas, con lo que se evita la indebida generación de gastos.
Además, los veedores advierten en su nota que la falta de información sobre los seguros contratados podría estar ocultando, además, "la existencia de una eventual comisión de delitos penales de acción pública", sin especificar a qué hechos se refieren.
LEER MÁSRécord de muertes por coronavirus en Uruguay | Advierten sobre la saturación de hospitales en Montevideo
Página/12 le pidió la opinión al abogado Gustavo Feldman, representante legal del grupo Grassi, principal acreedor comercial individual en el concurso, quien señaló que "lo expuesto por los veedores es inusual y grave; el propio juez del concurso incumple su resolución del 10 de enero que ordenó el relevamiento de todo el tema Seguros. El juez habla allí de posibles sub y sobrevaluaciones. Los veedores presentaron un escrito contundente en el que hablan de delitos de acción pública y sugieren una auditoría externa. Los síndicos no han dicho nada y los auditores forenses dicen que "no forma parte de su proyecto de trabajo" investigar sobre el asunto; es decir, que miran para otro lado".
Feldman, que en representación del grupo Grassi impulsa una causa contra Vicentin en la Fiscalía Regional Rosario por presunta asociación ilícita y estafa, hizo una advertencia aun más grave. "Creo que el ocultamiento del tema se da a partir de que Vicentin, al momento del "estrés financiero" y el default (diciembre de 2019), para luego concursarse, tenía y aún tiene vigente una póliza de seguro de crédito con una aseguradora extranjera de primerísima línea. Ha ocultado esto en el concurso y a la masa de acreedores, y se trata de una póliza que cubre la insolvencia en que ha caído la empresa. Hasta es posible que se hayan cubierto algunos no pagos de deuda en el exterior (es decir, el seguro canceló la deuda), y esto tampoco se hizo saber en el concurso. Una muestra más del proceder engañoso de Vicentin".
Que la empresa responsable del más escandaloso default privado en la historia económica argentina tuviera contratados seguros contra default y no los hubiera declarado, escapa a cualquier reflexión lógica. Si se confirmara la existencia de la póliza de seguro mencionada por el abogado Feldman y se comprobara la estafa incluso contra organismos públicos, como parece sugerir la nota de los veedores Arelovich y Forastier (hablaron de eventuales "delitos penales de acción pública"), se estaría sacando la última pieza del "jenga" en que se ha convertido la causa Vicentin: una torre en la que se monta una megaempresa exportadora que se va desarmando pieza a pieza y parece siempre a punto de perder definitivamente su estabilidad.
La falta de información aportada al concurso preventivo por Vicentin SAIC sobre los seguros contratados sobre los bienes y deudas de la empresa podría convertirse en otra piedra del escándalo del ya de por sí turbio proceso de convocatoria. Los veedores Juan José López Forastier y Sergio Juan Arelovich le presentaron una nota al juez Lorenzini el 10 de marzo pasado, en la que le recuerdan que en su resolución del 13 de enero de 2020 había reclamado el "control de la política de seguros y protección de los activos de la empresa; evaluación de la sobre o subvaluación, determinando la suscripción de las pólizas con aseguradoras solventes. Evaluación de los seguros sobre mercadería de terceros y las ART". Pero agregan que "los Señores Auditores Forenses nos han hecho saber que el tópico no integra el programa de trabajo que ellos han trazado".
De inmediato señalan, en la misma nota al juez, que "sería eventualmente lesivo para la marcha del presente proceso concursal y para la continuidad de la empresa desatender dicha cuestión", destacando "la importancia que posee contar con el detalle de la totalidad de los seguros contratados".
¿Por qué sería tan importante dicha información sobre los seguros contratados y no declarada ante el concurso? La nota de los veedores sugiere los interrogantes que dicha documentación podría responder:
1) La verificación de la correspondencia de las sumas aseguradas con los valores reales de los activos de la empresa permitirá conocer si los activos del grupo se encuentran debidamente cubiertos con el fin de garantizar efectivamente el patrimonio que es resguardo de los acreedores del concurso.
2) Verificar si existen siniestros pendientes de cobro de fecha anterior al concurso y cuáles son los motivos de la demora en la liquidación, a los efectos de que se acrediten las indemnizaciones que correspondan antes que los créditos prescriban.
3) Verificar si existieron contrataciones de seguros de vida con prima única que favorezcan a los Directivos y Accionistas de la empresa, ya que con dichos mecanismos hemos visto en nuestro país una de las ventanas utilizadas para la Formación de Activos Externos, esto es fuga de divisas al exterior.
4) Verificar si la concursada ha realizado contrataciones exclusivamente sobre su patrimonio y que no hayan sido asegurados bienes de otras empresas pertenecientes al grupo y no concursadas, con lo que se evita la indebida generación de gastos.
Además, los veedores advierten en su nota que la falta de información sobre los seguros contratados podría estar ocultando, además, "la existencia de una eventual comisión de delitos penales de acción pública", sin especificar a qué hechos se refieren.
LEER MÁSRécord de muertes por coronavirus en Uruguay | Advierten sobre la saturación de hospitales en Montevideo
Página/12 le pidió la opinión al abogado Gustavo Feldman, representante legal del grupo Grassi, principal acreedor comercial individual en el concurso, quien señaló que "lo expuesto por los veedores es inusual y grave; el propio juez del concurso incumple su resolución del 10 de enero que ordenó el relevamiento de todo el tema Seguros. El juez habla allí de posibles sub y sobrevaluaciones. Los veedores presentaron un escrito contundente en el que hablan de delitos de acción pública y sugieren una auditoría externa. Los síndicos no han dicho nada y los auditores forenses dicen que "no forma parte de su proyecto de trabajo" investigar sobre el asunto; es decir, que miran para otro lado".
Feldman, que en representación del grupo Grassi impulsa una causa contra Vicentin en la Fiscalía Regional Rosario por presunta asociación ilícita y estafa, hizo una advertencia aun más grave. "Creo que el ocultamiento del tema se da a partir de que Vicentin, al momento del "estrés financiero" y el default (diciembre de 2019), para luego concursarse, tenía y aún tiene vigente una póliza de seguro de crédito con una aseguradora extranjera de primerísima línea. Ha ocultado esto en el concurso y a la masa de acreedores, y se trata de una póliza que cubre la insolvencia en que ha caído la empresa. Hasta es posible que se hayan cubierto algunos no pagos de deuda en el exterior (es decir, el seguro canceló la deuda), y esto tampoco se hizo saber en el concurso. Una muestra más del proceder engañoso de Vicentin".
Que la empresa responsable del más escandaloso default privado en la historia económica argentina tuviera contratados seguros contra default y no los hubiera declarado, escapa a cualquier reflexión lógica. Si se confirmara la existencia de la póliza de seguro mencionada por el abogado Feldman y se comprobara la estafa incluso contra organismos públicos, como parece sugerir la nota de los veedores Arelovich y Forastier (hablaron de eventuales "delitos penales de acción pública"), se estaría sacando la última pieza del "jenga" en que se ha convertido la causa Vicentin: una torre en la que se monta una megaempresa exportadora que se va desarmando pieza a pieza y parece siempre a punto de perder definitivamente su estabilidad.
