El Plan Cóndor de la extrema derecha
Por JUAN ALONSO
16 de julio de 2021
Mauricio Macri sumó una nueva causa judicial, esta vez en Bolivia. Está acusado de sedición, genocidio y lesiones seguidas de muerte, junto a la ex presidenta de facto Jeanine Áñez Chávez y a la cúpula militar debido al envío de armas, que dejó su huella burocrática en papeles que ahora salieron a la luz.
El ex presidente, Mauricio Macri, está siendo investigado por el Estado Plurinacional de Bolivia por sedición, genocidio y lesiones seguidas de muerte. Se trata de los mismos delitos que le imputan a la ex presidenta de facto, Jeanine Áñez Chávez y a la cúpula militar-policial que tomó el poder e intentó matar a Evo Morales tras el Golpe del 10 de noviembre de 2019.
Según la demanda del Gobierno de Bolivia, Macri envió 70 mil municiones y granadas de gas pimienta para reprimir al pueblo boliviano –en su mayoría de la ciudad de El Alto-, que resistió el Golpe de Estado.
Las constancias oficiales de la Jefatura de la Policía de Bolivia prueban el ingreso de material bélico letal y represivo desde la Argentina el 13 de noviembre de 2019, antes de que se produjeron las masacres de Senkata y Sacaba, donde 37 personas fueron asesinadas con cientos de heridos.
El hecho es de tal gravedad, que el Gobierno Nacional presentó una demanda penal por contrabando agravado, malversación de fondos públicos y abuso de deberes que recayó en el Juzgado Penal Económico a cargo de Javier López Biscayart. Están acusados Macri, Patricia Bullrich, Oscar Aguad, Jorge Faurié, Normando Álvarez García (ex embajador argentino en Bolivia y actual ministro de Trabajo de Jujuy), Jorge Dávila (ex director de Aduanas), Eugenio Cozzi (ex director ejecutivo de la ANMaC), Gerardo José Otero (ex director nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), y dos de sus oficiales subalternos involucrados en el traslado a Bolivia de material represivo luego del Golpe. Todos ellos desafectados de la Gendarmería por orden de la ministra, Sabina Frederic.
La figura de contrabando agravado prevé una pena de entre 4 a 12 años de prisión. Y todo indica que un lote de 70 mil municiones para la represión del pueblo de Bolivia fueron trasportadas a La Paz el 13 de noviembre de 2019 en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina que llevó a 11 gendarmes del Grupo Especial Alacrán y armas letales. Entre ellas, fusiles de asalto, escopetas de repetición calibre 12/70, pistolas calibre 9mm, ametralladoras, visores nocturnos, cascos y chalecos antibalas. Toda la documentación consta en la burocracia militar-policial de Bolivia y en los archivos del Misterio de Seguridad de la Nación, la Cancillería, y la embajada argentina en Bolivia.
El Ministerio de Defensa y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) iniciaron investigaciones internas para dilucidar qué tipo de roles pudieron haber cumplido los agregados militares, sus superiores inmediatos, y los agentes de inteligencia que operaron en Santa Cruz de la Sierra y La Paz.
Al cierre de esta edición, Macri seguía cuestionando al Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, “por el mal manejo de la pandemia”, sin reparar que en algún momento podría ser extraditado a Bolivia al ser sospechoso de haber ayudado a cometer delitos de lesa humanidad con armas y proyectiles que salieron desde la de Argentina durante su gestión en la Casa Rosada.
El ex presidente, Mauricio Macri, está siendo investigado por el Estado Plurinacional de Bolivia por sedición, genocidio y lesiones seguidas de muerte. Se trata de los mismos delitos que le imputan a la ex presidenta de facto, Jeanine Áñez Chávez y a la cúpula militar-policial que tomó el poder e intentó matar a Evo Morales tras el Golpe del 10 de noviembre de 2019.
Según la demanda del Gobierno de Bolivia, Macri envió 70 mil municiones y granadas de gas pimienta para reprimir al pueblo boliviano –en su mayoría de la ciudad de El Alto-, que resistió el Golpe de Estado.
Las constancias oficiales de la Jefatura de la Policía de Bolivia prueban el ingreso de material bélico letal y represivo desde la Argentina el 13 de noviembre de 2019, antes de que se produjeron las masacres de Senkata y Sacaba, donde 37 personas fueron asesinadas con cientos de heridos.
El hecho es de tal gravedad, que el Gobierno Nacional presentó una demanda penal por contrabando agravado, malversación de fondos públicos y abuso de deberes que recayó en el Juzgado Penal Económico a cargo de Javier López Biscayart. Están acusados Macri, Patricia Bullrich, Oscar Aguad, Jorge Faurié, Normando Álvarez García (ex embajador argentino en Bolivia y actual ministro de Trabajo de Jujuy), Jorge Dávila (ex director de Aduanas), Eugenio Cozzi (ex director ejecutivo de la ANMaC), Gerardo José Otero (ex director nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), y dos de sus oficiales subalternos involucrados en el traslado a Bolivia de material represivo luego del Golpe. Todos ellos desafectados de la Gendarmería por orden de la ministra, Sabina Frederic.
La figura de contrabando agravado prevé una pena de entre 4 a 12 años de prisión. Y todo indica que un lote de 70 mil municiones para la represión del pueblo de Bolivia fueron trasportadas a La Paz el 13 de noviembre de 2019 en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina que llevó a 11 gendarmes del Grupo Especial Alacrán y armas letales. Entre ellas, fusiles de asalto, escopetas de repetición calibre 12/70, pistolas calibre 9mm, ametralladoras, visores nocturnos, cascos y chalecos antibalas. Toda la documentación consta en la burocracia militar-policial de Bolivia y en los archivos del Misterio de Seguridad de la Nación, la Cancillería, y la embajada argentina en Bolivia.
El Ministerio de Defensa y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) iniciaron investigaciones internas para dilucidar qué tipo de roles pudieron haber cumplido los agregados militares, sus superiores inmediatos, y los agentes de inteligencia que operaron en Santa Cruz de la Sierra y La Paz.
Al cierre de esta edición, Macri seguía cuestionando al Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, “por el mal manejo de la pandemia”, sin reparar que en algún momento podría ser extraditado a Bolivia al ser sospechoso de haber ayudado a cometer delitos de lesa humanidad con armas y proyectiles que salieron desde la de Argentina durante su gestión en la Casa Rosada.
Documentos reveladores
El 26 de diciembre de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia emitió un documento oficial que detalló el armamento ingresado a Bolivia desde Argentina el 13 de diciembre de 2019. Adjuntó una certificación de la Policía de Bolivia que llevó el número de trámite 22.907, “en virtud del oficio VRE-DGCEP-UCP-Cs-866/2019” de la Direccional Nacional Seguridad del Estado, “motivada por la solicitud número 437 de la Embajada de la República Argentina en Bolivia”.
Bolivia 2 Embajada Argentina by NuestrasVoces
El documento precisó que Bolivia autorizó en ese momento el ingreso del Grupo Alacrán de la Gendarmería Nacional de Argentina (GNA), con la excusa de “brindar seguridad en las instalaciones de la Embajada” desde “13 de diciembre de 2019 hasta el 11 de enero de 2020”.
En el facsímil están los nombres de un segundo comandante, un alférez, dos suboficiales primeros, un sargento primero, un sargento ayudante y un cabo del Grupo Alacrán de GNA, que fueron enviados a Bolivia luego del Golpe por orden del Gobierno de Macri.
Recibida Nota REB 413 – 27 … by NuestrasVoces
¿Qué armas poseían?
Cada uno tenía “tres cargadores para pistolas calibre 9mm con 51 balas letales, dos ametralladoras FN calibre 7.62mm, dos escopetas Benelli, seis escopetas Valtro, una escopeta Franchi Spas 15 calibre 12/70, cinco fusiles Colt M4 calibre 5.56mm, un fusil Remington 700 MDT, un fusil Remington 700 M24, cinco subfusiles aire comprimido modelo MLR FA, dos chalecos Iron Dragón, dos cascos Mich 200, dos visores nocturnos monoculares, dos visores nocturnos, dos binoculares, 2.459 cartuchos calibre 9mm, 3.600 cartuchos calibre 12/70, 2.011 cartuchos calibre 7.62mm, 750 cartuchos calibre 5.56, y dos escudos Prot RB3”.
El documento de la Policía de Bolivia lleva las firmas del sargento primero Fredy Mamani Patzi y el jefe del Registro de Armas de Fuego de uso civil, mayor Ludwing Villanueva.
El mismo día 13 en La Paz, el general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, envió una carta al entonces embajador de Argentina, Normando Álvarez García, donde agradeció la recepción de “40.000 cartuchos AT 12/70, gases lacrimógenos y granadas de gas” (ver facsímil).
Un día después, la carta ingresó por despacho a la Embajada Argentina, según consta en los registros informáticos. O sea que existe una doble constancia de lo que firmó el golpista Terceros Lara que está preso al igual que Jeanine Áñez en el penal de Miraflores.
Ese mismo día, la presidenta de facto que reconoció la gestión de Macri, Jeanine Áñez decretó que eximía de “responsabilidad penal” a las Fuerzas Armadas intervinientes en operativos “para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública de Bolivia”.
El 15 de noviembre del 19, Patricia Bullrich intervino de forma personal en la autorización de la envío de 11 gendarmes a La Paz, dejando claro que la autorización regía “entre el 12 de noviembre de 2019 y el 12 de enero de 2020”.
Ese mismo día, se produjo la masacre de Sacaba, en donde murieron al menos 11 personas y se produjeron 120 heridos, en un operativo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Armadas bolivianas.
El 19 de noviembre fue la masacre de Senkata. La Policía y los militares golpistas usaron municiones y gases lacrimógenos. Allí asesinaron a otras 11 personas e hirieron a más de 50. En total hubo 37 civiles asesinados por las fuerzas golpistas durante esas semanas.
¿Qué pasó con el material bélico letal que llevó la Gendarmería Argentina a Bolivia?
En un documento interno de la Gendarmería se adujo el 26 de junio de 2020 que reingresó la totalidad del material (incluidas las granadas supuestamente no embarcadas) al país; a excepción de las 70.000 municiones calibre 12-70, las cuales se informó que “fueron consumidas en Bolivia en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”.
Esa explicación contradice los motivos denunciados para la salida del material (la seguridad de la embajada) y con las características del Grupo Alacrán enviado a Bolivia, que constituye un Grupo de Operaciones Especiales que no está entrenado ni preparado para operativos antidisturbios, y que no utiliza munición antitumultos sino armamento letal. Además ese tipo de prácticas se realizan disparando “al bulto” y las condiciones de espacio físico al aire libre de la embajada en Bolivia no permitían esos ejercicios. Conclusión: las 70.000 municiones nunca regresaron a la Argentina.
La secuencia de tiempo y los hechos forman parte de la denuncia penal contra Macri presentada por los ministros Frederic y Martín Soria, además de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, porque está imputado el ex director de Aduanas.
En diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10, el jefe de la Policía de Bolivia, coronel Jhonny Aguilera, confirmó que encontraron parte del cargamento en los depósitos. Aunque aclaro: “Se ha encontrado en depósitos de la Policía varios de estos pertrechos, granadas de gas, granadas de triple fragmentación, que forman parte de los elementos recibidos de la Argentina sin que hubiera algún respaldo, están los pertrechos más no existe ningún documento”.
Sin embargo, la constancia documental está en la carta de agradecimiento del comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia, Terceros Lara, en la denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación, y en los archivos de la Embajada de Argentina en Bolivia.
Por eso, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció la semana pasada que Macri envió armas a Bolivia y dijo que fueron usadas durante las represiones de 2019.
“El Gobierno de Mauricio Macri le dio a las Fuerzas Armadas de Bolivia (FAB) munición para reprimir las protestas del 2019, y días después de este hecho se realizaron las masacres de Sacaba y Senkata”, sostuvo en conferencia de prensa.
La Policía de Bolivia habría hallado alrededor de 29 mil municiones represivas provenientes de la Argentina en 2019. La diferencia entre lo que admitió haber recibido el comandante golpista Terceros Lara y la documentación archivada por Gendarmería y la ANMAC en los Ministerios de Justicia y Seguridad de la Argentina.
Epílogo
Hay un punto incómodo y sinuoso en este gravísimo caso que involucra a las derechas de América Latina. ¿Cuál fue el rol de las Fuerzas Armadas de la Argentina en el Golpe en Bolivia? ¿Qué comunicó el agregado militar en La Paz durante los acontecimientos de 2019? ¿Sabía el ex Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Bari del Valle Sosa lo que sucedía en Bolivia con el trajín de armas y pertrechos argentinos? ¿Quién condujo el avión Hércules C-130? ¿Un marciano o un piloto de la Fuerza Aérea Argentina? ¿Qué hizo por entonces el ex jefe del Ejército, general Claudio Ernesto Pasqualini?
A fines de 2019, justo antes del Golpe en Bolivia, el Ejército Argentino realizó una serie de oportunos ejercicios en Salta y Jujuy. Así lo reflejó este cronista el 19 de noviembre de 2019.
La derecha mata, no amenaza. Macri mandó a Bolivia una especie de mini ejército con 70 mil municiones -29 mil todavía estarían en suelo boliviano-.
En cambio, ¿cuántas municiones envió el gobierno de Macri a la Embajada Argentina en Chile en plena crisis de Sebastián Piñera? 51 municiones por pistola, 10 efectivos, 1.800 cartuchos anti tumulto y 2.250 de propósito general no letales. 900 de goma para aire comprimido.
“Acá estaban ante una situación que no era un peligro conjetural, como el de Bolivia, sino de un peligro real”, le dijo el embajador en Chile, Rafael Bielsa al periodista Tomás Méndez en Radio Del Plata. “Se pidió autorización al gobierno de Chile por cada una de las armas que se ingresaron, ya que había armas defensivas y también armas ofensivas”.
El 5 de septiembre de 2019, el portal predilecto de la embajada de Estados Unidos publicó doce fotos de Ivanka Trump –la hija del ex presidente norteamericano amigo de Macri- durante su visita a Jujuy. En una de ellas, aparecen el ex canciller Faurié (imputado por contrabando agravado) y el gobernador carcelero de Milagro
Morales acaba de homenajear al ex embajador en Bolivia, Normando Álvarez García, otro de los acusados por el Estado Nacional en la causa. Álvarez García es ministro en Jujuy.
En su diatriba de 40 minutos soporíferos, Morales habló de “épica barata” y defendió a Álvarez García como si fuese Teresa de Calcuta. Le dicen “Chiqui” a su querido amigo.
Un sobrenombre que le cabe también a Morales, que viene zafando de una demanda penal por el Golpe en Bolivia por la gracia divina de sus padrinos del Norte.
