El resultado será clave para extender la quiebra al Grupo Macri
Por Irina Hauser
09 de julio de 2021
Imagen: Sandra Cartasso
Las evidencias que estudia la jueza Marta Cirulli podrían llevar a demostrar que hubo responsabilidad o implicancia de SOCMA, en su papel de accionista, en beneficio propio.
Después de declarar la quiebra del Correo Argentino, y pese a las amenazas diseminadas por la oposición, la jueza Marta Cirulli rechazó este jueves un intento de la empresa por frenar las investigaciones sobre maniobras de vaciamiento en favor de sus empresas controlantes y sobre el papel del Meinl Bank, un banco austríaco quebrado, acusado de lavado de dinero, que perdió la licencia para operar. Es una decisión relevante porque el resultado será clave para extender la quiebra a SOCMA, la firma de la familia Macri que podría ser responsabilizada --como anunció que pedirá el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini-- para afrontar la deuda millonaria con los acreedores, entre ellos el Estado.
El Correo, a través de sus directivos y apoderados, había intentado oponerse al avance de medidas de prueba sobre irregularidades que la fiscala ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, había denunciado desde 2017 en adelante. Las evidencias podrían llevar a demostrar algo que en derecho comercial se llama "abuso de control": en este caso se trataría de la posible responsabilidad o implicancia de SOCMA en distintos artilugios, en su papel de accionista y controlante del Correo, en beneficio propio o también de otras empresas o personas, muchas veces utilizando dinero o bienes que se podrían haber aplicado para el pago de las deudas. Las operaciones más groseras, y en las que quiere avanzar en dilucidar la jueza Cirulli son estas:
* El Correo le compró a Socma acciones de una empresa constituida en Uruguay llamada Neficor SA, que tenía el 49 por ciento de Chery. Se dedicaba a la actividad automotriz. En pleno concurso de acreedores Correo pagó 2 millones de dólares. ¿Cómo es que el Correo, que estaba inactivo como sociedad, compraba acciones vinculadas con un negocio que no tiene nada que ver con la actividad postal? ¿Para qué lo hizo si tampoco daba ganancias? Es decir, se sacó dinero de las cuentas para cualquier cosa menos para pagarle a los acreedores. Ya Boquin había denunciado a partir de este hallazgo un “un posible acto de vaciamiento de la concursada en favor de otra empresa del grupo, su controlante, Socma”.
* El Correo, que solo tenía tres empleados y actividad nula, pagó alquileres por 18.000 dólares mensuales en un acuerdo con Sideco, que fue otra controlante vinculada a Socma. Se firmó en 2012 y se pagó ese monto por lo menos hasta 2014, según describió la jueza Cirulli cuando ordenó la intervención de la empresa. Los inmuebles, al menos cuatro oficinas, eran en el edificio conocido como el "rulero" de avenida Libertador en el piso donde está Sideco. Ese tipo de gastos son movimientos que se suelen hacer para mover dinero dentro de una mismo grupo empresario.
* La aparición del Meinl Bank como acreedor más importante entre los privados, en el año 2005, tiene varias aristas sospechosas. Hay dos que pueden incidir en la etapa de la quiebra para comprometer a Socma. La entidad austríaca tiene juicios por lavado de dinero en distintos lugares del mundo. En su momento adquirió la deuda del Correo con la Corporación Financiera Internacional (CFI) por 58 millones de dólares y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 62 millones, en condiciones desventajosas, ya señaladas por Boquin. Se investiga la intervención en ese acuerdo de una off shore ligada a los Macri llamada Mervet Establishment. El Meinl Bank, al que el Correo mostraba como una entidad que le daba "conformidad" para salvarse sin ir a la quiebra, perdió su licencia por decisión del Banco Central Europeo y el Tribunal de Comercio de Viena ordenó su cierre en febrero. Pero, además, el acuerdo del Meinl con Correo tiene una particularidad: acepta que el crédito en dólares quede valuado y fijado al tipo de cambio vigente al 31 de diciembre de 2013, es decir, a 6,5 pesos por dólar. Ahora se analizarán los libros contables y balances entre entre 2003 y 2019 porque ese arreglo le habría permitido a la empresa postal obtener, de manera ficticia, balances positivos. La fiscalía y el juzgado ya denunciaron el delito penal de balance falso.
* A todo esto hay que sumar una gran cantidad de operaciones que describió Boquin en un dictamen donde señaló pagos a estudios de abogados amigos y consultoras, entre quienes figuran los propios administradores del Correo, como Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, como el estudio del diputado Pablo Tonelli de Juntos por el Cambio, y el del exsecretario legal y técnico Pablo Clusellas. La fiscala calculó pagos inexplicables de por lo menos 35 millones de pesos.
Ahora con la obligación de Correo de entregar toda la documentación en el proceso de la quiebra, será más sencillo cotejar todos estas anomalías denunciadas y es posible que se allane el camino para establecer la responsabilidad de los directores y administradores y la de SOCMA para afrontar la deuda de 6000 millones de pesos que se acumuló durante 20 años.
Las evidencias que estudia la jueza Marta Cirulli podrían llevar a demostrar que hubo responsabilidad o implicancia de SOCMA, en su papel de accionista, en beneficio propio.
Después de declarar la quiebra del Correo Argentino, y pese a las amenazas diseminadas por la oposición, la jueza Marta Cirulli rechazó este jueves un intento de la empresa por frenar las investigaciones sobre maniobras de vaciamiento en favor de sus empresas controlantes y sobre el papel del Meinl Bank, un banco austríaco quebrado, acusado de lavado de dinero, que perdió la licencia para operar. Es una decisión relevante porque el resultado será clave para extender la quiebra a SOCMA, la firma de la familia Macri que podría ser responsabilizada --como anunció que pedirá el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini-- para afrontar la deuda millonaria con los acreedores, entre ellos el Estado.
El Correo, a través de sus directivos y apoderados, había intentado oponerse al avance de medidas de prueba sobre irregularidades que la fiscala ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, había denunciado desde 2017 en adelante. Las evidencias podrían llevar a demostrar algo que en derecho comercial se llama "abuso de control": en este caso se trataría de la posible responsabilidad o implicancia de SOCMA en distintos artilugios, en su papel de accionista y controlante del Correo, en beneficio propio o también de otras empresas o personas, muchas veces utilizando dinero o bienes que se podrían haber aplicado para el pago de las deudas. Las operaciones más groseras, y en las que quiere avanzar en dilucidar la jueza Cirulli son estas:
* El Correo le compró a Socma acciones de una empresa constituida en Uruguay llamada Neficor SA, que tenía el 49 por ciento de Chery. Se dedicaba a la actividad automotriz. En pleno concurso de acreedores Correo pagó 2 millones de dólares. ¿Cómo es que el Correo, que estaba inactivo como sociedad, compraba acciones vinculadas con un negocio que no tiene nada que ver con la actividad postal? ¿Para qué lo hizo si tampoco daba ganancias? Es decir, se sacó dinero de las cuentas para cualquier cosa menos para pagarle a los acreedores. Ya Boquin había denunciado a partir de este hallazgo un “un posible acto de vaciamiento de la concursada en favor de otra empresa del grupo, su controlante, Socma”.
* El Correo, que solo tenía tres empleados y actividad nula, pagó alquileres por 18.000 dólares mensuales en un acuerdo con Sideco, que fue otra controlante vinculada a Socma. Se firmó en 2012 y se pagó ese monto por lo menos hasta 2014, según describió la jueza Cirulli cuando ordenó la intervención de la empresa. Los inmuebles, al menos cuatro oficinas, eran en el edificio conocido como el "rulero" de avenida Libertador en el piso donde está Sideco. Ese tipo de gastos son movimientos que se suelen hacer para mover dinero dentro de una mismo grupo empresario.
* La aparición del Meinl Bank como acreedor más importante entre los privados, en el año 2005, tiene varias aristas sospechosas. Hay dos que pueden incidir en la etapa de la quiebra para comprometer a Socma. La entidad austríaca tiene juicios por lavado de dinero en distintos lugares del mundo. En su momento adquirió la deuda del Correo con la Corporación Financiera Internacional (CFI) por 58 millones de dólares y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 62 millones, en condiciones desventajosas, ya señaladas por Boquin. Se investiga la intervención en ese acuerdo de una off shore ligada a los Macri llamada Mervet Establishment. El Meinl Bank, al que el Correo mostraba como una entidad que le daba "conformidad" para salvarse sin ir a la quiebra, perdió su licencia por decisión del Banco Central Europeo y el Tribunal de Comercio de Viena ordenó su cierre en febrero. Pero, además, el acuerdo del Meinl con Correo tiene una particularidad: acepta que el crédito en dólares quede valuado y fijado al tipo de cambio vigente al 31 de diciembre de 2013, es decir, a 6,5 pesos por dólar. Ahora se analizarán los libros contables y balances entre entre 2003 y 2019 porque ese arreglo le habría permitido a la empresa postal obtener, de manera ficticia, balances positivos. La fiscalía y el juzgado ya denunciaron el delito penal de balance falso.
* A todo esto hay que sumar una gran cantidad de operaciones que describió Boquin en un dictamen donde señaló pagos a estudios de abogados amigos y consultoras, entre quienes figuran los propios administradores del Correo, como Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, como el estudio del diputado Pablo Tonelli de Juntos por el Cambio, y el del exsecretario legal y técnico Pablo Clusellas. La fiscala calculó pagos inexplicables de por lo menos 35 millones de pesos.
Ahora con la obligación de Correo de entregar toda la documentación en el proceso de la quiebra, será más sencillo cotejar todos estas anomalías denunciadas y es posible que se allane el camino para establecer la responsabilidad de los directores y administradores y la de SOCMA para afrontar la deuda de 6000 millones de pesos que se acumuló durante 20 años.
