La Corte se expide sobre si cabe procesar a cuatro militares imputados por torturas
MONTEVIDEO (Uypress) -
10.11.2021
El pasado lunes 8, los escritores Mercedes Vigil y Eduardo Abenia, representantes del Foro de Montevideo, se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou y le entregaron una carta que solicitaba la liberación de los presos militares alojados en la cárcel de Domingo Arena.
La Asociación de Presos Políticos (Crysol) emitió un comunicado que cuestionaba el pedido realizado por el Foro de Montevideo al primer mandatario. “Un foro para los crímenes de lesa humanidad: “es repudiable” que Vigil y Abenia pidan al primer mandatario una “amnistía para los condenados por las atroces violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado”.
Al día siguiente de la reunión realizada en la Torre Ejecutiva, la jueza de San José, María José Camacho, citó a una audiencia a cuatro oficiales superiores que revistaban en el entonces Batallón de Infantería N° 6 entre 1975 y 1980.
La audiencia, que fue solicitada por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, era para formalizar la investigación a los militares por los delitos de abuso de autoridad contra detenidos, lesiones graves y privación de libertad.
Juan Carlos Fernández Lechini, codefensor de los militares junto con el penalista Marcos Pacheco, presentó ante la jueza Camacho una acción de inconstitucionalidad contra la ley 18.831, promulgada en 2011, que activa la pretensión punitiva del Estado contra delitos de lesa humanidad. También solicitó el abogado la prescripción de los delitos que la Fiscalía pretende imputar a los oficiales castrenses retirados ya que operó la prescripción de los supuestos ilícitos señalados, de acuerdo a lo que establece la doctrina nacional e internacional.
A principios de agosto de este año, Fernández Lechini y Pacheco se presentaron ante la jueza subrogante de 43er Turno, María Noel Odriozola, reclamando que el fiscal Perciballe les impedía el acceso a la carpeta investigativa sobre eventuales casos de tortura a presos políticos durante la dictadura en el excuartel de Infantería de San José.
La jueza Odriozola no dio lugar a la petición. Fernández Lechini apeló el fallo de la magistrada. “Con el doctor Pacheco estuvimos esperando dos meses que la Fiscalía nos entregara la carpeta investigativa. El fiscal no puede decir que solo da la carpeta a los abogados de los imputados y no a las defensas de investigados. Es ir contra la ley, porque la carpeta investigativa es sagrada”.
Ambos defensores de tres de los cuatro militares acusados por Perciballe también presentaron en dicho tribunal un recurso de nulidad de la investigación de la Fiscalía.
El fiscal Perciballe por su parte, sostiene que este caso comenzó con más de 20 supuestas víctimas de tortura realizadas en el exbatallón de Infantería. Y recordó que las personas pasan de ser denunciadas a imputadas cuando “hay evidencias claras”, como testimonios y o documentación. “No es como dice la defensa de los tres militares. Cuando definimos quiénes pasaban a ser imputados, le ofrecimos la carpeta a los defensores. Pero la rechazaron porque estaba pendiente un recurso ante el Tribunal de Apelaciones”. “Nunca se le niega a nadie el acceso a la carpeta investigativa”.
En un escrito presentado a la Justicia, el codefensor de tres de los militares, Marcos Pacheco, señaló que concurrió a la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad el 24 de agosto de este año luego de enterarse por medios de prensa que exjerarcas que habían trabajado en San José entre 1975 y 1980 serían formalizados.
A su escrito, Pacheco agregó audios referidos a estas declaraciones públicas. “Esperamos que la Justicia nos dé la razón y decrete la nulidad de lo actuado”, reiteró el penalista. “Hoy (por ayer) la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad pidió los procesamientos de cuatro militares. Uno de ellos está postrado en una cama. Tiene 83 años. Otro se descompensó (por la citación a la audiencia) y fue internado. También es una persona muy mayor”.
La Asociación de Expresos Políticos del Uruguay ( Crysol ) y el Observatorio Luz Ibarburu consideran que el ex Batallón de Infantería N° 6 funcionó como un centro de detención y torturas durante la dictadura cívico-militar. Según el diario La República, testimonios de personas que permanecieron por meses o incluso años en calabozos del cuartel señalan que fueron torturados y obligados a realizar trabajos forzados.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
