Por Guido Vassallo
9 de agosto de 2022
Jorg Glas, exvicepresidente de Rafael Correa.. Imagen: EFE
"Nos causa asombro la forma en la cual ya de forma directa y pública un presidente se refiere a un proceso judicial. Es algo que no tiene precedentes en la historia reciente democrática del Ecuador", asegura Carlos Alvear, uno de los abogados defensores de Glas. Suspendieron al juez y cambiaron al director del penal para no cumplir con la excarcelación de Glas.
El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, encarcelado desde 2017 y condenado por supuestos hechos de corrupcion, se vio beneficiado por un habeas corpus aunque la decisión judicial fue rechazada por el gobierno de Guillermo Lasso y el exfuncionario continúa sin poder dejar la cárcel. Glas ya había recibido un beneficio similar en abril, aunque luego fue revocado. El gobierno ecuatoriano argumenta que su negativa se basa en que la decisión judicial, que se justifica en el delicado estado de salud del exvice, presentaría irregularidades. "Desde el año 2017 estamos acostumbrados al lawfare en Ecuador. Ha habido presiones de distintos poderes del Estado hacia la justicia. Sin embargo, nos causa asombro la forma en la cual ya de forma directa y pública un presidente de la República se refiere a un proceso judicial. Es algo que no tiene precedentes en la historia reciente democrática del país", asegura en diálogo con Página/12 Carlos Alvear, uno de los abogados defensores de Glas.
El comunicado del gobierno
La negativa de Lasso a proceder con la liberación del exvicepresidente se basa en que la decisión fue emitida a favor de un ciudadano llamado Christian Araujo, acusado de robo, pero "la hizo extensiva a favor de Jorge Glas y Daniel Salcedo sin que ellos hayan presentado la acción". Además el gobierno sostiene, en un comunicado, que ni la Procuraduría ni el servicio penitenciario fueron convocados "y por tanto no pudieron participar en la audiencia, lo cual añade otra irregularidad".
En el tramo más intenso del escrito, el gobierno de Lasso denunció que algunos jueces tratan de llevar a Ecuador a la "anarquía judicial" y consideró que "el país necesita recuperar la seguridad jurídica como pilar de la convivencia democrática". Para el abogado Fausto Jarrín, quien renunció a su banca en la Asamblea para defender a "sus compañeros perseguidos", la actitud del presidente ecuatoriano es un claro ejemplo de desacato e incumplimiento de orden de autoridad competente. "Lasso está arrogándose funciones que no le corresponden y eso podría ser materia de juicio político. El problema es que en esa causal se requiere dictamen previo de la Corte Constitucional y eso nosotros sabemos que en este momento es prácticamente imposible, porque es una Corte que ha demostrado más de una vez que trabaja en la misma línea del gobierno", explica Jarrín.
En la misma línea Alvear sostiene que "alguien de la función ejecutiva quiera analizar o interpretar una decisión judicial es absolutamente inconstitucional e ilegal y hasta un delito" porque es justamente "no acatar una decisión de autoridad competente que sería en este caso el juez constitucional que determinó la libertad de Jorge Glas a través de un habeas corpus".
Otro de los abogados de Glas, Arturo Escala, llegó a presentar el habeas corpus de Glass este martes en la Cárcel 4 de Quito, luego de no poder hacerlo el lunes. "La boleta de excarcelación ya está presentada por oficio del juez de Portoviejo, Banny Molina. Solo estamos esperando que le den trámite y que saquen a Jorge de la prisión", indicó Escala.
Según el defensor del exvicepresidente, el director de esa cárcel todavía no autoriza la salida de su cliente. Este martes se conoció que sorpresivamente Óscar Gabela fue desvinculado y asumió Marlon Karolys como director encargado de ese centro carcelario. "Cesaron al director de la cárcel, suspendieron al juez, le encontraron alguna coma que le falta la boleta de excarcelación... No tienen ninguna intención de ejecutar la orden judicial", expresa un indignado Jarrín.
Advertencias de la CIDH
El juez Rubén Molina, quien ahora es investigado por el presunto delito de usurpación de funciones, le otorgó el habeas corpus a Glas porque no se le habría brindado la atención médica adecuada a sus problemas de salud "de forma oportuna, especializada e integral". La defensa del exvicepresidente argumenta que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que este caso se trate de manera excepcional por la gravedad y urgencia que corre la salud del imputado, que padece una espondilitis anquilosante, una forma crónica de artritis.
El tratado de comercio con la Unión Europea
Alvear alerta sobre otro tema que, a su juicio, debe ser considerado de manera urgente. Se trata de un informe de la "Veeduría Internacional Europea" y remitido por el eurodiputado Manu Pineda sobre la salud de Glas que concluye, entre otras cosas, que al exvicepresidente debieron otorgarle beneficios penitenciarios hace más de 20 meses. El documento llama a la Unión Europea a vigilar el cumplimiento esos beneficios o revisar los puntos de un acuerdo comercial con Ecuador.
"En el año 2016 Ecuador suscribió un acuerdo comercial multilateral con la Unión Europea y el resto de los países andinos y este acuerdo tiene claúsulas bastante claras respecto a cuáles son las obligaciones de las dos partes en todo sentido e incluye un apartado respecto a la protección y el respeto de los derechos humanos", explica Alvear. “Es así que el Parlamento Europeo forma una comisión de veeduría respecto a lo que está pasando con Glas y al tener tanto acervo probatorio observa flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de Glas", explica este abogado, para quien este informe puede ser "catastrófico para el Ecuador en términos económicos".
Las condenas a Glas
La primera sentencia a Jorge Glas data de 2017 y está vinculada al caso Odebrecht, una megacausa judicial que involucró a gobiernos de 12 países (Angola, Argentina, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Perú, Panamá, Guatemala, México y Mozambique). La causa establece que la constructora brasileña le pagaba sobornos a presidentes y expresidentes de estos países para obtener beneficios en contrataciones públicas.
En cuanto a la segunda sentencia, el exvicepresidente fue acusado en 2020 por el caso "Sobornos", donde habría entregado contratos a empresas a cambio de dinero para financiar las campañas políticas del movimiento Alianza País. Jarrín explica que Glas tiene dos sentencias sobre 40 investigaciones previas y que ambas son un ejemplo perfecto de lawfare.
"En el caso Odebrecht se suponía que había un peculado de 30 a 33 millones de dólares. Pero en primer lugar, Odebrecht no está juzgado ni procesado en ese caso. En segundo lugar, a Jorge lo acusaron de asociación ilícita y no de peculado, por lo tanto no es un delito contra la administración pública. Y el caso Sobornos que creo que ya todos más o menos lo conocen, la famosa sentencia por 'influjo psíquico' donde nunca hubo contratos ni cantidades de efectivo, solo alguna que otra compañía que se prestó para estas operaciones eficaces", sostiene el abogado y exasambleísta.
Jarrín no tiene dudas de que "son los grandes medios los que promocionan la permanente violación de las garantías de Glas" desde el inicio de los procesos judiciales. "Nosotros hemos tenido que enfrentar a medios corporativos pautados por el gobierno linchando mediáticamente a los procesados, adelantando los fallos, publicando extractos de los fallos antes de que se den. El nivel de desvergüenza aquí es espeluznante", advierte.
"Nos causa asombro la forma en la cual ya de forma directa y pública un presidente se refiere a un proceso judicial. Es algo que no tiene precedentes en la historia reciente democrática del Ecuador", asegura Carlos Alvear, uno de los abogados defensores de Glas. Suspendieron al juez y cambiaron al director del penal para no cumplir con la excarcelación de Glas.
El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, encarcelado desde 2017 y condenado por supuestos hechos de corrupcion, se vio beneficiado por un habeas corpus aunque la decisión judicial fue rechazada por el gobierno de Guillermo Lasso y el exfuncionario continúa sin poder dejar la cárcel. Glas ya había recibido un beneficio similar en abril, aunque luego fue revocado. El gobierno ecuatoriano argumenta que su negativa se basa en que la decisión judicial, que se justifica en el delicado estado de salud del exvice, presentaría irregularidades. "Desde el año 2017 estamos acostumbrados al lawfare en Ecuador. Ha habido presiones de distintos poderes del Estado hacia la justicia. Sin embargo, nos causa asombro la forma en la cual ya de forma directa y pública un presidente de la República se refiere a un proceso judicial. Es algo que no tiene precedentes en la historia reciente democrática del país", asegura en diálogo con Página/12 Carlos Alvear, uno de los abogados defensores de Glas.
El comunicado del gobierno
La negativa de Lasso a proceder con la liberación del exvicepresidente se basa en que la decisión fue emitida a favor de un ciudadano llamado Christian Araujo, acusado de robo, pero "la hizo extensiva a favor de Jorge Glas y Daniel Salcedo sin que ellos hayan presentado la acción". Además el gobierno sostiene, en un comunicado, que ni la Procuraduría ni el servicio penitenciario fueron convocados "y por tanto no pudieron participar en la audiencia, lo cual añade otra irregularidad".
En el tramo más intenso del escrito, el gobierno de Lasso denunció que algunos jueces tratan de llevar a Ecuador a la "anarquía judicial" y consideró que "el país necesita recuperar la seguridad jurídica como pilar de la convivencia democrática". Para el abogado Fausto Jarrín, quien renunció a su banca en la Asamblea para defender a "sus compañeros perseguidos", la actitud del presidente ecuatoriano es un claro ejemplo de desacato e incumplimiento de orden de autoridad competente. "Lasso está arrogándose funciones que no le corresponden y eso podría ser materia de juicio político. El problema es que en esa causal se requiere dictamen previo de la Corte Constitucional y eso nosotros sabemos que en este momento es prácticamente imposible, porque es una Corte que ha demostrado más de una vez que trabaja en la misma línea del gobierno", explica Jarrín.
En la misma línea Alvear sostiene que "alguien de la función ejecutiva quiera analizar o interpretar una decisión judicial es absolutamente inconstitucional e ilegal y hasta un delito" porque es justamente "no acatar una decisión de autoridad competente que sería en este caso el juez constitucional que determinó la libertad de Jorge Glas a través de un habeas corpus".
Otro de los abogados de Glas, Arturo Escala, llegó a presentar el habeas corpus de Glass este martes en la Cárcel 4 de Quito, luego de no poder hacerlo el lunes. "La boleta de excarcelación ya está presentada por oficio del juez de Portoviejo, Banny Molina. Solo estamos esperando que le den trámite y que saquen a Jorge de la prisión", indicó Escala.
Según el defensor del exvicepresidente, el director de esa cárcel todavía no autoriza la salida de su cliente. Este martes se conoció que sorpresivamente Óscar Gabela fue desvinculado y asumió Marlon Karolys como director encargado de ese centro carcelario. "Cesaron al director de la cárcel, suspendieron al juez, le encontraron alguna coma que le falta la boleta de excarcelación... No tienen ninguna intención de ejecutar la orden judicial", expresa un indignado Jarrín.
Advertencias de la CIDH
El juez Rubén Molina, quien ahora es investigado por el presunto delito de usurpación de funciones, le otorgó el habeas corpus a Glas porque no se le habría brindado la atención médica adecuada a sus problemas de salud "de forma oportuna, especializada e integral". La defensa del exvicepresidente argumenta que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que este caso se trate de manera excepcional por la gravedad y urgencia que corre la salud del imputado, que padece una espondilitis anquilosante, una forma crónica de artritis.
El habeas corpus concedido al exvicepresidente Jorge Glas
Estas afirmaciones están basadas en un informe médico elaborado el 22 de julio por el doctor Luis Amaya, de la Cárcel 4 de Quito, donde se afirma que ni el servicio penitenciario (SNAI) ni el ministerio de Salud pueden garantizarle al detenido una adecuada atención de salud. "Jorge hace poco adquirió covid y su vida estuvo en peligro. Esto no ha mejorado ni va a mejorar. El mundo ha sido atónito testigo de lo que está pasando en las cárceles de Ecuador", afirma Jarrín.
Las medidas cautelares de la CIDH fueron dictadas el 31 de diciembre de 2019. "La respuesta del gobierno de Lenín Moreno fue conformar una comisión multi-institucional pero nos ofrecieron dos horas de patio. Ese fue el ofrecimiento del gobierno: subirle de una hora a dos horas semanales de patio a Jorge", asegura quien también asumió en el pasado la defensa del expresidente Rafael Correa.
Alvear sostiene que en 2021 un grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU remitió un pronunciamiento en el mismo sentido de la CIDH y que "incluso fue más allá, recomendando al Estado ecuatoriano que se apliquen medidas alternativas a la privación de la libertad de Jorge Glas", pero nunca hubo una respuesta del gobierno de Lasso.
Estas afirmaciones están basadas en un informe médico elaborado el 22 de julio por el doctor Luis Amaya, de la Cárcel 4 de Quito, donde se afirma que ni el servicio penitenciario (SNAI) ni el ministerio de Salud pueden garantizarle al detenido una adecuada atención de salud. "Jorge hace poco adquirió covid y su vida estuvo en peligro. Esto no ha mejorado ni va a mejorar. El mundo ha sido atónito testigo de lo que está pasando en las cárceles de Ecuador", afirma Jarrín.
Las medidas cautelares de la CIDH fueron dictadas el 31 de diciembre de 2019. "La respuesta del gobierno de Lenín Moreno fue conformar una comisión multi-institucional pero nos ofrecieron dos horas de patio. Ese fue el ofrecimiento del gobierno: subirle de una hora a dos horas semanales de patio a Jorge", asegura quien también asumió en el pasado la defensa del expresidente Rafael Correa.
Alvear sostiene que en 2021 un grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU remitió un pronunciamiento en el mismo sentido de la CIDH y que "incluso fue más allá, recomendando al Estado ecuatoriano que se apliquen medidas alternativas a la privación de la libertad de Jorge Glas", pero nunca hubo una respuesta del gobierno de Lasso.
El tratado de comercio con la Unión Europea
Alvear alerta sobre otro tema que, a su juicio, debe ser considerado de manera urgente. Se trata de un informe de la "Veeduría Internacional Europea" y remitido por el eurodiputado Manu Pineda sobre la salud de Glas que concluye, entre otras cosas, que al exvicepresidente debieron otorgarle beneficios penitenciarios hace más de 20 meses. El documento llama a la Unión Europea a vigilar el cumplimiento esos beneficios o revisar los puntos de un acuerdo comercial con Ecuador.
"En el año 2016 Ecuador suscribió un acuerdo comercial multilateral con la Unión Europea y el resto de los países andinos y este acuerdo tiene claúsulas bastante claras respecto a cuáles son las obligaciones de las dos partes en todo sentido e incluye un apartado respecto a la protección y el respeto de los derechos humanos", explica Alvear. “Es así que el Parlamento Europeo forma una comisión de veeduría respecto a lo que está pasando con Glas y al tener tanto acervo probatorio observa flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de Glas", explica este abogado, para quien este informe puede ser "catastrófico para el Ecuador en términos económicos".
Las condenas a Glas
La primera sentencia a Jorge Glas data de 2017 y está vinculada al caso Odebrecht, una megacausa judicial que involucró a gobiernos de 12 países (Angola, Argentina, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Perú, Panamá, Guatemala, México y Mozambique). La causa establece que la constructora brasileña le pagaba sobornos a presidentes y expresidentes de estos países para obtener beneficios en contrataciones públicas.
En cuanto a la segunda sentencia, el exvicepresidente fue acusado en 2020 por el caso "Sobornos", donde habría entregado contratos a empresas a cambio de dinero para financiar las campañas políticas del movimiento Alianza País. Jarrín explica que Glas tiene dos sentencias sobre 40 investigaciones previas y que ambas son un ejemplo perfecto de lawfare.
"En el caso Odebrecht se suponía que había un peculado de 30 a 33 millones de dólares. Pero en primer lugar, Odebrecht no está juzgado ni procesado en ese caso. En segundo lugar, a Jorge lo acusaron de asociación ilícita y no de peculado, por lo tanto no es un delito contra la administración pública. Y el caso Sobornos que creo que ya todos más o menos lo conocen, la famosa sentencia por 'influjo psíquico' donde nunca hubo contratos ni cantidades de efectivo, solo alguna que otra compañía que se prestó para estas operaciones eficaces", sostiene el abogado y exasambleísta.
Jarrín no tiene dudas de que "son los grandes medios los que promocionan la permanente violación de las garantías de Glas" desde el inicio de los procesos judiciales. "Nosotros hemos tenido que enfrentar a medios corporativos pautados por el gobierno linchando mediáticamente a los procesados, adelantando los fallos, publicando extractos de los fallos antes de que se den. El nivel de desvergüenza aquí es espeluznante", advierte.
