Por Silvina M. Romano
En 26/08/2022
Foto: CELAG
“Están disciplinando a la clase política para que no se atreva a hacer dos veces lo mismo”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la sentencia de 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida pedida por el fiscal en la causa Vialidad, una de las tantas abiertas en su contra en una búsqueda sistemática de desacreditarla, desmoralizarla, criminalizarla y quitarle su base de apoyo.
Lo que está sucediendo es un proceso abierto y declarado de lawfare: una guerra por la vía judicial-mediática contra líderes y sectores políticos de América Latina y el Caribe que disputan la idea y práctica de Estado y democracia, reivindicando la soberanía y la justicia social. Es una guerra con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública. Incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia (local y extranjeros). Se caracteriza por el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas y veredictos antes del debido proceso judicial, mediante acoso y desmoralización a través de medios de comunicación. Incluye allanamientos de locales políticos y hogares de militantes, persecución y amenaza a familiares, situaciones de exilio y refugio político, manipulación y propagación de miedo en los involucrados en determinados procesos políticos (lawfear). En los últimos años, estas tácticas han sido utilizadas contra varias decenas de líderes o exfuncionarios y funcionarias de gobiernos y de militantes en Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, El Salvador, Venezuela, vinculados a gobiernos, programas o proyectos que cuestionan con mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal.
Esta guerra opera «desde arriba», por medio de un aparato judicial que se «eleva» por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, permitiendo una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley. El encumbramiento del aparato judicial y la selectividad en los casos se articula con un rol protagónico de los medios de comunicación, que operan para la pronta criminalización de determinados sectores o líderes políticos. Esta dinámica se alimenta con voces de especialistas (muchas provenientes de think tanks estadounidenses) que tienen fuerza de verdad y eco en los principales medios y redes sociales. Es llamativo el rol de agencias de gobierno e intereses del sector privado estadounidense involucradas tanto en los procesos judiciales como en los resultados y eventos posteriores a los mismos, que muestran la instrumentalización del aparato judicial-mediático a favor de objetivos económicos, políticos y geopolíticos foráneos, que comparten intereses y negocios con minorías privilegiadas locales. Esta elite es el eslabón fundamental para que el lawfare pueda operar con éxito, pues esos intereses entendidos como «foráneos», en realidad, son compartidos por sectores políticos que son sumisos hacia fuera, pero que a nivel nacional y local operan como clase dominante
Antecedentes del lawfare: la guerra psicológica y la guerra política
Los gobiernos progresistas, con diversos matices y diferencias, se caracterizaron por un reclamo de la soberanía económica, política, territorial y cultural, poniendo en evidencia y cuestionando las asimetrías y desventajas impuestas por el sistema internacional neoliberal a los países periféricos en términos políticos, económicos y de seguridad. En contraposición a estos gobiernos, se desplegaron diversas herramientas de poder duro y blando plasmadas en procesos de desestabilización e intentos deliberados de golpes de Estado (algunos exitosos, otros fallidos): golpe cívico militar, golpe parlamentario, golpe mediático, guerra psicológica, guerra híbrida, con el objetivo de deslegitimar, desmoralizar y en última instancia expulsar de la política a estas experiencias y su legado.
Tales estrategias encuentran un hilo conductor con estrategias, ideas y prácticas difundidas en la región especialmente durante la Guerra Fría, asociadas de modo directo o indirecto al combate del comunismo, la insurgencia y la subversión. Un ejemplo son la “guerra política” y la “guerra psicológica”, tal como fueron estructuradas por el Estado estadounidense a partir de 1947 para contener al comunismo.
En 26/08/2022
Foto: CELAG
“Están disciplinando a la clase política para que no se atreva a hacer dos veces lo mismo”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la sentencia de 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida pedida por el fiscal en la causa Vialidad, una de las tantas abiertas en su contra en una búsqueda sistemática de desacreditarla, desmoralizarla, criminalizarla y quitarle su base de apoyo.
Lo que está sucediendo es un proceso abierto y declarado de lawfare: una guerra por la vía judicial-mediática contra líderes y sectores políticos de América Latina y el Caribe que disputan la idea y práctica de Estado y democracia, reivindicando la soberanía y la justicia social. Es una guerra con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública. Incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia (local y extranjeros). Se caracteriza por el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas y veredictos antes del debido proceso judicial, mediante acoso y desmoralización a través de medios de comunicación. Incluye allanamientos de locales políticos y hogares de militantes, persecución y amenaza a familiares, situaciones de exilio y refugio político, manipulación y propagación de miedo en los involucrados en determinados procesos políticos (lawfear). En los últimos años, estas tácticas han sido utilizadas contra varias decenas de líderes o exfuncionarios y funcionarias de gobiernos y de militantes en Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, El Salvador, Venezuela, vinculados a gobiernos, programas o proyectos que cuestionan con mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal.
Esta guerra opera «desde arriba», por medio de un aparato judicial que se «eleva» por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, permitiendo una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley. El encumbramiento del aparato judicial y la selectividad en los casos se articula con un rol protagónico de los medios de comunicación, que operan para la pronta criminalización de determinados sectores o líderes políticos. Esta dinámica se alimenta con voces de especialistas (muchas provenientes de think tanks estadounidenses) que tienen fuerza de verdad y eco en los principales medios y redes sociales. Es llamativo el rol de agencias de gobierno e intereses del sector privado estadounidense involucradas tanto en los procesos judiciales como en los resultados y eventos posteriores a los mismos, que muestran la instrumentalización del aparato judicial-mediático a favor de objetivos económicos, políticos y geopolíticos foráneos, que comparten intereses y negocios con minorías privilegiadas locales. Esta elite es el eslabón fundamental para que el lawfare pueda operar con éxito, pues esos intereses entendidos como «foráneos», en realidad, son compartidos por sectores políticos que son sumisos hacia fuera, pero que a nivel nacional y local operan como clase dominante
Antecedentes del lawfare: la guerra psicológica y la guerra política
Los gobiernos progresistas, con diversos matices y diferencias, se caracterizaron por un reclamo de la soberanía económica, política, territorial y cultural, poniendo en evidencia y cuestionando las asimetrías y desventajas impuestas por el sistema internacional neoliberal a los países periféricos en términos políticos, económicos y de seguridad. En contraposición a estos gobiernos, se desplegaron diversas herramientas de poder duro y blando plasmadas en procesos de desestabilización e intentos deliberados de golpes de Estado (algunos exitosos, otros fallidos): golpe cívico militar, golpe parlamentario, golpe mediático, guerra psicológica, guerra híbrida, con el objetivo de deslegitimar, desmoralizar y en última instancia expulsar de la política a estas experiencias y su legado.
Tales estrategias encuentran un hilo conductor con estrategias, ideas y prácticas difundidas en la región especialmente durante la Guerra Fría, asociadas de modo directo o indirecto al combate del comunismo, la insurgencia y la subversión. Un ejemplo son la “guerra política” y la “guerra psicológica”, tal como fueron estructuradas por el Estado estadounidense a partir de 1947 para contener al comunismo.
Una lucha por los «corazones y las mentes», que marcó el rumbo de la doctrina de seguridad hemisférica. Según documentos en su momento secretos, la guerra psicológica constaba de: «actividades conducidas o financiadas por este gobierno [EE.UU.] contra Estados o grupos extranjeros hostiles, o a favor de Estados aliados, que se planean y ejecutan de modo tal que el gobierno estadounidense no aparece como responsable, a los fines de poder desentenderse de tales hechos y personas [Incluía] propaganda, guerra económica (…) asistencia a movimientos insurgentes, guerrillas y grupos de refugiados, así como el apoyo a grupos anticomunistas locales en países que estén amenazados por el comunismo en el mundo libre».
En cuanto a la guerra política, paraguas bajo el cual operaba la guerra psicológica, era por definición «la continuación de la guerra por otros medios» y abarcaba desde acciones abiertas como alianzas políticas, medidas económicas, y propaganda, hasta acciones encubiertas y apoyo clandestino a socios o amigos en otros países, guerra psicológica, así como el apoyo e incentivo de resistencia de base en países enemigos[1].
Estas formas de guerra, abierta y encubierta, de baja intensidad y que incluye operaciones armadas, se materializaron en el Golpe contra Jacobo Arbenz (1954); la desarticulación de la Revolución Boliviana de 1952; el permanente asedio a la revolución cubana, el Golpe contra Joao Goulart en Brasil en 1964 y contra Bosch en Costa Rica (1965); el Golpe contra Salvador Allende en 1973 y la guerra en Centroamérica. Estos gobiernos o sectores políticos no estaban necesariamente vinculados al comunismo, pero sí al nacionalismo y el antiimperialismo. Fueron derrocados, destituidos o desarticulados por medio de herramientas de poder blando, como la asistencia para el desarrollo, sumadas a la asistencia para la seguridad, incluyendo provisión de armamento y entrenamiento a las FF.AA. y policías locales en contrainsurgencia.
Lawfare y asistencia para el disciplinamiento
En efecto, el lawfare, en tanto “guerra por otros medios”, que retoma algunas de las recetas de la guerra psicológica y política, predominando estrategias de poder blando, como la asistencia para el desarrollo. La asistencia es un engranaje clave de la expansión de la economía (y la ideología) estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. El ejemplo más ilustrativo es la Alianza para el Progreso y los diversos programas de la Agencia Internacional para el Desarrollo (hoy USAID) a partir de los ‘60.
Estas formas de guerra, abierta y encubierta, de baja intensidad y que incluye operaciones armadas, se materializaron en el Golpe contra Jacobo Arbenz (1954); la desarticulación de la Revolución Boliviana de 1952; el permanente asedio a la revolución cubana, el Golpe contra Joao Goulart en Brasil en 1964 y contra Bosch en Costa Rica (1965); el Golpe contra Salvador Allende en 1973 y la guerra en Centroamérica. Estos gobiernos o sectores políticos no estaban necesariamente vinculados al comunismo, pero sí al nacionalismo y el antiimperialismo. Fueron derrocados, destituidos o desarticulados por medio de herramientas de poder blando, como la asistencia para el desarrollo, sumadas a la asistencia para la seguridad, incluyendo provisión de armamento y entrenamiento a las FF.AA. y policías locales en contrainsurgencia.
Lawfare y asistencia para el disciplinamiento
En efecto, el lawfare, en tanto “guerra por otros medios”, que retoma algunas de las recetas de la guerra psicológica y política, predominando estrategias de poder blando, como la asistencia para el desarrollo. La asistencia es un engranaje clave de la expansión de la economía (y la ideología) estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. El ejemplo más ilustrativo es la Alianza para el Progreso y los diversos programas de la Agencia Internacional para el Desarrollo (hoy USAID) a partir de los ‘60.
Tenía por objetivo contribuir de forma bilateral al desarrollo de los países del continente, en clave de «modernización» de la infraestructura, acceso a salud, educación, alcanzando el sistema de cultivos (traducido en la «revolución verde» para mejorar el rendimiento y favorecer la producción en escala impulsada por las grandes corporaciones de EE.UU.). También se caracterizó por articular los programas de asistencia económicos y técnicos con la asistencia militar y policial en clave de refuerzo de la “seguridad interna” para evitar la propagación de los efectos de la Revolución Cubana.
En los ’80, adquiere un rol protagónico esta asistencia, pero a través de organismos multilaterales liderados por EE.UU., para «rescatar» a la mayoría de los Estados latinoamericanos, afectados por la crisis de las commodities y el endeudamiento generado por el flujo de petrodólares en los’70. Este proceso tuvo como protagonistas a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que organizaron la neoliberalización de las economías, retomando las premisas de los Chicago Boys impartidas al calor del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile y cumpliendo los designios de la Comisión Trilateral conformada a inicios de los ‘70.
Estos fondos fueron destinados a diversos ámbitos del Estado, incluido el aparato judicial. Se trataba de lograr la “modernización” de las burocracias, actualizando y formando recursos humanos, exportando doctrinas, marcos de evaluación, programas de estudios, que en algunas coyunturas redefinieron lineamientos políticos y económicos, rebasando su impacto más allá del ámbito jurídico.
En 1983, el Departamento de Estado creó un grupo de trabajo «interagencia» para atender la administración de la justicia en América Latina. Aportaron a esta “modernización” fondos del BID y la USAID, advirtiendo que solo incidirían en cuestiones «técnicas», en nada vinculadas a cuestiones políticas, con el único objetivo de “consolidar la democracia y apoyar al desarrollo sustentable en América Latina”.
Desde aquellos años se viene construyendo el relato de la «corrupción» como un mal propio (inevitable) de lo público y del Estado en la región. Se plantea que esta corrupción debe ser extirpada del Estado apelando entonces a las «buenas prácticas» del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la «lógica» de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de «los políticos» (léase: militantes, funcionarios con trayectoria en partidos políticos), apostando a la formación de técnicos (supuestamente apolíticos).
Estos antecedentes son el telón de fondo que sustenta la frase de Cristina Fernandez, que enunciamos al inicio. El lawfare es la continuidad de estrategias de guerra política y psicológica para “disciplinar” a la clase política. Para anular, expulsar de la política, sectores que reivindican la intervención del Estado en materia económico-social a favor de las mayorías, ensanchando al Estado y revalorizando lo público. El mensaje, detrás de esta persecución, criminalización y hostigamiento sistemático de líderes por la vía judicial-mediática es: “no te metas en política” (política progresista), “pues tarde o temprano iremos por ti”.
[1] Foreign Relations of the United States, 1945–1950, Emergence of the Intelligence Establishment. Doc. 247. Memorandum From the Deputy Director (Wright) to Director of Central Intelligence Hillenkoetter, 4 noviembre 1947. Ver: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945-50Intel/d247
*Investigadora Adjunta del CONICET (IEALC-Universidad de Buenos Aires). Coordinadora de la Unidad de Análisis Geopolítico y del Observatorio de Lawfare en CELAG. Miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) del Grupo de Puebla.
Desde aquellos años se viene construyendo el relato de la «corrupción» como un mal propio (inevitable) de lo público y del Estado en la región. Se plantea que esta corrupción debe ser extirpada del Estado apelando entonces a las «buenas prácticas» del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la «lógica» de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de «los políticos» (léase: militantes, funcionarios con trayectoria en partidos políticos), apostando a la formación de técnicos (supuestamente apolíticos).
Estos antecedentes son el telón de fondo que sustenta la frase de Cristina Fernandez, que enunciamos al inicio. El lawfare es la continuidad de estrategias de guerra política y psicológica para “disciplinar” a la clase política. Para anular, expulsar de la política, sectores que reivindican la intervención del Estado en materia económico-social a favor de las mayorías, ensanchando al Estado y revalorizando lo público. El mensaje, detrás de esta persecución, criminalización y hostigamiento sistemático de líderes por la vía judicial-mediática es: “no te metas en política” (política progresista), “pues tarde o temprano iremos por ti”.
[1] Foreign Relations of the United States, 1945–1950, Emergence of the Intelligence Establishment. Doc. 247. Memorandum From the Deputy Director (Wright) to Director of Central Intelligence Hillenkoetter, 4 noviembre 1947. Ver: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945-50Intel/d247
*Investigadora Adjunta del CONICET (IEALC-Universidad de Buenos Aires). Coordinadora de la Unidad de Análisis Geopolítico y del Observatorio de Lawfare en CELAG. Miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) del Grupo de Puebla.
