Por Eduardo Giordano
En 08/08/2022
Este 7 de agosto tomó posesión el primer gobierno progresista de la historia de Colombia, presidido por los dirigentes del Pacto Histórico Gustavo Petro y Francia Márquez. Los colombianos votaron con el fin de superar una larga y enconada historia de violencia política y crueldad institucional, para convertir al país en una “potencia mundial para la vida”.
Los partidos y movimientos sociales de izquierda, la juventud movilizada durante el paro nacional y un entramado territorial de poblaciones tradicionalmente excluidas —indígenas, afrocolombianos…—, constituyeron el sustrato de este cambio político que vino a confrontar a las élites tradicionales y a desbaratar sus mecanismos de poder.
El triunfo electoral de la coalición progresista del Pacto Histórico (PH) es una verdadera hazaña en un país cuyos gobernantes siempre se creyeron blindados contra un eventual triunfo de la izquierda. La campaña estuvo minada de dificultades y riesgos para los candidatos de esta fuerza, amenazados constantemente por grupos paramilitares. El historial de asesinatos de candidatos presidenciales progresistas con el que cuenta el país no permitía tomar esas amenazas a la ligera.
No obstante, el resultado fue favorable al PH en la primera vuelta con más del 40 % de los votos, 12 puntos por encima del siguiente candidato, el populista de derecha Rodolfo Hernández. En la segunda vuelta el PH obtuvo mayoría absoluta, sobrepasando el 50 % de los votos, frente al 47 % de su adversario y con una diferencia de 700.000 sufragios.
Si el triunfo electoral de la izquierda puede considerarse una auténtica proeza en un contexto tan hostil, mucho mayor es la hazaña de gobernar el país y cumplir con los objetivos propuestos a los electores.
Consciente de la dificultad de la tarea que se avecina, la fórmula presidencial triunfadora se entregó al día siguiente de la victoria electoral a contactar con otras fuerzas políticas y articular las alianzas necesarias para poder aprobar reformas en un Congreso fragmentado, donde el PH se ha convertido en la fuerza mayoritaria tras las últimas elecciones, pero numéricamente insuficiente para aprobar leyes y diseñar políticas sin contar con amplios apoyos parlamentarios.
En la mirada estratégica de Gustavo Petro, la construcción de un Estado no dominado por las mafias del narcotráfico y la parapolítica, sensible a las necesidades de la población, requiere en este momento histórico del país sumar sectores que hasta ayer hicieron campaña en su contra.
El apoyo del 50 % de la población que lo eligió sería insuficiente para acometer los cambios que se avecinan, y ha abierto las puertas de la coalición a formaciones de centro y derecha como el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, acordando el carácter rotatorio de la presidencia del Senado y de la Cámara de Representantes con los nuevos aliados. Los acuerdos han supuesto también concesiones a los nuevos socios en algunos cargos del ejecutivo.
Esta estrategia ya dio un primer resultado tras la conformación del nuevo Congreso, que se constituyó el pasado 20 de julio. Apenas seis días más tarde el Senado ratificó por amplia mayoría el Acuerdo de Escazú, un instrumento básico para alcanzar un desarrollo sostenible y combatir el cambio climático, dos aspectos fundamentales del plan de gobierno del PH. Sólo votaron en contra los senadores del Centro Democrático y de Cambio Radical, partidos que boicotearon la aprobación de este acuerdo durante el período presidencial de Iván Duque.
Otro gesto político revelador fue la asistencia de varios congresistas del PH a la Cumbre de los Pueblos Originarios convocada en Silvia, Cauca, por las siete organizaciones indígenas más representativas.
Entre los resultados de esta cumbre, las delegaciones de los pueblos indígenas de toda Colombia concluyeron: “Participaremos en esta era de transición y Cambio por la Vida, bajo un relacionamiento de gobierno a gobierno, con propuestas estructurales que permitan la materialización de nuestros derechos y la transformación del país”. A fin de articular esfuerzos para hacer efectivos estos cambios, “la Cumbre ha dispuesto una comisión de interlocución directa” con el presidente Gustavo Petro.
El cambio ha llegado en primer lugar a desbaratar las viejas formas de la conducción política de los asuntos que afectan a las comunidades. El paternalismo verticalista de los sucesivos gobiernos derechistas quedaría así sustituido por un diálogo horizontal, del gobierno nacional con las autoridades locales, para atender sus reclamos y determinar sus necesidades.
Los retos
Los retos que deberá afrontar el nuevo gobierno no tienen precedentes en ningún lugar del mundo. Ante todo deberá priorizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC, “hecho trizas” durante el período presidencial de Iván Duque. La nueva política de seguridad deberá proveer la protección adecuada a los ex combatientes de la guerrilla reincorporados a la vida civil y acabar con los grupos paramilitares causantes de las continuas masacres y los asesinatos de líderes sociales.
La violencia política no ha mermado desde el triunfo electoral del PH. Por el contrario, hasta el 12 de julio la cifra se ha incrementado respecto al año 2021, según datos de Indepaz, hasta un total de 108 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos (incluidos 25 líderes indígenas), 53 masacres con 185 muertos y 28 asesinatos de firmantes del Acuerdo de paz. Al mismo tiempo, el Cartel del Golfo ha asesinado a 30 agentes de la fuerza pública durante el primer semestre de este año, dejando una vez más al descubierto el fracaso de la política de seguridad de Iván Duque.
El programa económico del PH supone profundas transformaciones de la estructura económica tradicional del país. El gobierno presidido por Gustavo Petro deberá cumplir con su ambicioso plan de “desfosilización” de las exportaciones colombianas (reducir el peso del petróleo y el carbón), concentrándose en cambio en el desarrollo de tres pilares básicos de la economía abandonados por los anteriores gobiernos: la agricultura, la industria y el conocimiento, además de potenciar el turismo con un entorno pacífico.
En cuanto a la desfosilización de la economía, no se trata de interrumpir los ingresos que el país percibe por exportaciones de productos energéticos, que representan entre un tercio y la mitad del total, sino de suspender la exploración y adjudicación de nuevos yacimientos, mientras se van incorporando gradualmente energías renovables para atender el consumo interno.
El nuevo gobierno colombiano ya ha declarado que impedirá la explotación de hidrocarburos con tecnología de fracking, un viejo reclamo de las comunidades para proteger sus acuíferos. Uno de los aspectos más destacados del programa del PH es la reforma agraria que dará acceso a la tierra a los campesinos desplazados y desposeídos. En Colombia el 46% de la tierra rural está en manos del 0,4 % de la población.
En el plano social, el programa del Pacto Histórico supone un gran vuelco con respecto al modelo neoliberal imperante. Actualmente la informalidad laboral afecta al 62 % de la población económicamente activa y hay tres millones de desempleados, según datos de la Central Unitaria de Trabajadores. Sólo una tercera parte de los trabajadores activos, unos ocho millones, cotiza a la Seguridad Social. El nuevo gobierno se propone instaurar una renta básica, o Ingreso Mínimo Vital, y generar planes de empleo público para todo aquel que lo necesite por estar desocupado.
Unidad en la diversidad de América Latina
En política exterior se producirá un importante cambio de rumbo, aunque este cambio resulte poco perceptible al comienzo en las relaciones con Estados Unidos. En el transcurso del gobierno del Pacto Histórico se deberán redefinir las formas de colaboración entre ambos país, desde la política de seguridad hasta la estrategia antinarcóticos.
Una cuestión que en el futuro puede tensar la relación con el gobierno estadounidense es la permanencia o no de las bases militares de ese país en territorio colombiano y, en caso de acordarse su permanencia, con qué misión específica. Pero esta cuestión no es un debate que se vislumbre en el corto plazo.
Respecto a los maltrechos vínculos con los vecinos venezolanos, la política exterior de Petro revertirá la tensión conflictiva que mantuvo Duque durante todo su mandato, obsesionado con el acoso y derribo del gobierno de Nicolás Maduro. En contraste con la inacción característica del gobierno de Duque, el nuevo gobierno de Colombia ya emprendió su actividad diplomática incluso antes de haber tomado posesión.
El 28 de julio se reunió en la ciudad de Táchira (Venezuela) el nuevo ministro de Relaciones Exteriores designado por Gustavo Petro, Álvaro Leyva, con el ministro venezolano de Exteriores, Carlos Faría. Ambos suscribieron un acuerdo para “la normalización gradual de las relaciones binacionales a partir del 7 de agosto” con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios del servicio diplomático, al mismo tiempo que reafirmaron su “voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera”.
Mientras tanto, la vicepresidenta Francia Márquez realizó una gira por otros países sudamericanos, tejiendo lazos con las figuras más destacadas de los movimientos populares que aspiran a un cambio de hegemonía política en la región. Márquez se reunió en Brasil con el candidato (y ex presidente) Lula da Silva, en Chile con el presidente Gabriel Boric, en Argentina con Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, y por último conversó en Bolivia con el vicepresidente David Choquehuanca y con el líder histórico del MAS, el expresidente Evo Morales.
Francia Márquez escribió en sus redes sociales después de esta última visita: “Hoy la lucha del pueblo boliviano y colombiano se junta para reconocer en la diferencia una Latinoamérica unida y soberana”.
Emerge así un nuevo enfoque de las relaciones internacionales, en particular entre los países latinoamericanos, basado en la “unidad en la diversidad”. Colombia no sólo aspira a cambiar su destino para revertir su trágica historia nacional y empezar a vivir sabroso: también sería un actor fundamental para el cambio de equilibrios de poder en el plano continental.
*Periodista, traductor y escritor, coautor de diversas obras de investigación: Europa en el juego de la comunicación global, Políticas de televisión, ambas en colaboración con Carlos Zeller. También es coautor de la obra colectiva Las mentiras de una guerra: desinformación y censura en el conflicto del Golfo
En 08/08/2022
Este 7 de agosto tomó posesión el primer gobierno progresista de la historia de Colombia, presidido por los dirigentes del Pacto Histórico Gustavo Petro y Francia Márquez. Los colombianos votaron con el fin de superar una larga y enconada historia de violencia política y crueldad institucional, para convertir al país en una “potencia mundial para la vida”.
Los partidos y movimientos sociales de izquierda, la juventud movilizada durante el paro nacional y un entramado territorial de poblaciones tradicionalmente excluidas —indígenas, afrocolombianos…—, constituyeron el sustrato de este cambio político que vino a confrontar a las élites tradicionales y a desbaratar sus mecanismos de poder.
El triunfo electoral de la coalición progresista del Pacto Histórico (PH) es una verdadera hazaña en un país cuyos gobernantes siempre se creyeron blindados contra un eventual triunfo de la izquierda. La campaña estuvo minada de dificultades y riesgos para los candidatos de esta fuerza, amenazados constantemente por grupos paramilitares. El historial de asesinatos de candidatos presidenciales progresistas con el que cuenta el país no permitía tomar esas amenazas a la ligera.
No obstante, el resultado fue favorable al PH en la primera vuelta con más del 40 % de los votos, 12 puntos por encima del siguiente candidato, el populista de derecha Rodolfo Hernández. En la segunda vuelta el PH obtuvo mayoría absoluta, sobrepasando el 50 % de los votos, frente al 47 % de su adversario y con una diferencia de 700.000 sufragios.
Si el triunfo electoral de la izquierda puede considerarse una auténtica proeza en un contexto tan hostil, mucho mayor es la hazaña de gobernar el país y cumplir con los objetivos propuestos a los electores.
Consciente de la dificultad de la tarea que se avecina, la fórmula presidencial triunfadora se entregó al día siguiente de la victoria electoral a contactar con otras fuerzas políticas y articular las alianzas necesarias para poder aprobar reformas en un Congreso fragmentado, donde el PH se ha convertido en la fuerza mayoritaria tras las últimas elecciones, pero numéricamente insuficiente para aprobar leyes y diseñar políticas sin contar con amplios apoyos parlamentarios.
En la mirada estratégica de Gustavo Petro, la construcción de un Estado no dominado por las mafias del narcotráfico y la parapolítica, sensible a las necesidades de la población, requiere en este momento histórico del país sumar sectores que hasta ayer hicieron campaña en su contra.
El apoyo del 50 % de la población que lo eligió sería insuficiente para acometer los cambios que se avecinan, y ha abierto las puertas de la coalición a formaciones de centro y derecha como el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, acordando el carácter rotatorio de la presidencia del Senado y de la Cámara de Representantes con los nuevos aliados. Los acuerdos han supuesto también concesiones a los nuevos socios en algunos cargos del ejecutivo.
Esta estrategia ya dio un primer resultado tras la conformación del nuevo Congreso, que se constituyó el pasado 20 de julio. Apenas seis días más tarde el Senado ratificó por amplia mayoría el Acuerdo de Escazú, un instrumento básico para alcanzar un desarrollo sostenible y combatir el cambio climático, dos aspectos fundamentales del plan de gobierno del PH. Sólo votaron en contra los senadores del Centro Democrático y de Cambio Radical, partidos que boicotearon la aprobación de este acuerdo durante el período presidencial de Iván Duque.
Otro gesto político revelador fue la asistencia de varios congresistas del PH a la Cumbre de los Pueblos Originarios convocada en Silvia, Cauca, por las siete organizaciones indígenas más representativas.
Entre los resultados de esta cumbre, las delegaciones de los pueblos indígenas de toda Colombia concluyeron: “Participaremos en esta era de transición y Cambio por la Vida, bajo un relacionamiento de gobierno a gobierno, con propuestas estructurales que permitan la materialización de nuestros derechos y la transformación del país”. A fin de articular esfuerzos para hacer efectivos estos cambios, “la Cumbre ha dispuesto una comisión de interlocución directa” con el presidente Gustavo Petro.
El cambio ha llegado en primer lugar a desbaratar las viejas formas de la conducción política de los asuntos que afectan a las comunidades. El paternalismo verticalista de los sucesivos gobiernos derechistas quedaría así sustituido por un diálogo horizontal, del gobierno nacional con las autoridades locales, para atender sus reclamos y determinar sus necesidades.
Los retos
Los retos que deberá afrontar el nuevo gobierno no tienen precedentes en ningún lugar del mundo. Ante todo deberá priorizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC, “hecho trizas” durante el período presidencial de Iván Duque. La nueva política de seguridad deberá proveer la protección adecuada a los ex combatientes de la guerrilla reincorporados a la vida civil y acabar con los grupos paramilitares causantes de las continuas masacres y los asesinatos de líderes sociales.
La violencia política no ha mermado desde el triunfo electoral del PH. Por el contrario, hasta el 12 de julio la cifra se ha incrementado respecto al año 2021, según datos de Indepaz, hasta un total de 108 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos (incluidos 25 líderes indígenas), 53 masacres con 185 muertos y 28 asesinatos de firmantes del Acuerdo de paz. Al mismo tiempo, el Cartel del Golfo ha asesinado a 30 agentes de la fuerza pública durante el primer semestre de este año, dejando una vez más al descubierto el fracaso de la política de seguridad de Iván Duque.
El programa económico del PH supone profundas transformaciones de la estructura económica tradicional del país. El gobierno presidido por Gustavo Petro deberá cumplir con su ambicioso plan de “desfosilización” de las exportaciones colombianas (reducir el peso del petróleo y el carbón), concentrándose en cambio en el desarrollo de tres pilares básicos de la economía abandonados por los anteriores gobiernos: la agricultura, la industria y el conocimiento, además de potenciar el turismo con un entorno pacífico.
En cuanto a la desfosilización de la economía, no se trata de interrumpir los ingresos que el país percibe por exportaciones de productos energéticos, que representan entre un tercio y la mitad del total, sino de suspender la exploración y adjudicación de nuevos yacimientos, mientras se van incorporando gradualmente energías renovables para atender el consumo interno.
El nuevo gobierno colombiano ya ha declarado que impedirá la explotación de hidrocarburos con tecnología de fracking, un viejo reclamo de las comunidades para proteger sus acuíferos. Uno de los aspectos más destacados del programa del PH es la reforma agraria que dará acceso a la tierra a los campesinos desplazados y desposeídos. En Colombia el 46% de la tierra rural está en manos del 0,4 % de la población.
En el plano social, el programa del Pacto Histórico supone un gran vuelco con respecto al modelo neoliberal imperante. Actualmente la informalidad laboral afecta al 62 % de la población económicamente activa y hay tres millones de desempleados, según datos de la Central Unitaria de Trabajadores. Sólo una tercera parte de los trabajadores activos, unos ocho millones, cotiza a la Seguridad Social. El nuevo gobierno se propone instaurar una renta básica, o Ingreso Mínimo Vital, y generar planes de empleo público para todo aquel que lo necesite por estar desocupado.
Unidad en la diversidad de América Latina
En política exterior se producirá un importante cambio de rumbo, aunque este cambio resulte poco perceptible al comienzo en las relaciones con Estados Unidos. En el transcurso del gobierno del Pacto Histórico se deberán redefinir las formas de colaboración entre ambos país, desde la política de seguridad hasta la estrategia antinarcóticos.
Una cuestión que en el futuro puede tensar la relación con el gobierno estadounidense es la permanencia o no de las bases militares de ese país en territorio colombiano y, en caso de acordarse su permanencia, con qué misión específica. Pero esta cuestión no es un debate que se vislumbre en el corto plazo.
Respecto a los maltrechos vínculos con los vecinos venezolanos, la política exterior de Petro revertirá la tensión conflictiva que mantuvo Duque durante todo su mandato, obsesionado con el acoso y derribo del gobierno de Nicolás Maduro. En contraste con la inacción característica del gobierno de Duque, el nuevo gobierno de Colombia ya emprendió su actividad diplomática incluso antes de haber tomado posesión.
El 28 de julio se reunió en la ciudad de Táchira (Venezuela) el nuevo ministro de Relaciones Exteriores designado por Gustavo Petro, Álvaro Leyva, con el ministro venezolano de Exteriores, Carlos Faría. Ambos suscribieron un acuerdo para “la normalización gradual de las relaciones binacionales a partir del 7 de agosto” con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios del servicio diplomático, al mismo tiempo que reafirmaron su “voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera”.
Mientras tanto, la vicepresidenta Francia Márquez realizó una gira por otros países sudamericanos, tejiendo lazos con las figuras más destacadas de los movimientos populares que aspiran a un cambio de hegemonía política en la región. Márquez se reunió en Brasil con el candidato (y ex presidente) Lula da Silva, en Chile con el presidente Gabriel Boric, en Argentina con Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, y por último conversó en Bolivia con el vicepresidente David Choquehuanca y con el líder histórico del MAS, el expresidente Evo Morales.
Francia Márquez escribió en sus redes sociales después de esta última visita: “Hoy la lucha del pueblo boliviano y colombiano se junta para reconocer en la diferencia una Latinoamérica unida y soberana”.
Emerge así un nuevo enfoque de las relaciones internacionales, en particular entre los países latinoamericanos, basado en la “unidad en la diversidad”. Colombia no sólo aspira a cambiar su destino para revertir su trágica historia nacional y empezar a vivir sabroso: también sería un actor fundamental para el cambio de equilibrios de poder en el plano continental.
*Periodista, traductor y escritor, coautor de diversas obras de investigación: Europa en el juego de la comunicación global, Políticas de televisión, ambas en colaboración con Carlos Zeller. También es coautor de la obra colectiva Las mentiras de una guerra: desinformación y censura en el conflicto del Golfo
