ARGENTINA
"Protegen a los que verdaderamente roban en el país". Cristina Kirchner habló del juicio por la obra pública y mostró lo que jueces y fiscales ocultanPor Luciana Bertoia
24 de agosto de 2022
Cristina Kirchner habló de la causa Vialidad.
En la larga exposición que hizo en el Senado ante la negativa del tribunal que la juzga de darle posibilidad de defenderse la vicepresidenta hizo públicos infinidad de mensajes entre José López y Nicky Caputo, el empresario amigo del alma de Mauricio Macri. También exhibió cómo funciona el Poder Judicial
Cristina Fernández de Kirchner hizo lo que el tribunal que la juzga no quiso que hiciera: hablar y denunciar que mientras buscan condenarla por supuestamente favorecer al empresario Lázaro Báez en la concesión de obra pública en Santa Cruz, los jueces y fiscales entierran los 100 mensajes que intercambiaron el secretario de Obras Públicas José López –que saltó a la fama por revolear bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez– con Nicolás “Nicky” Caputo, el hermano de la vida del expresidente Mauricio Macri. “El lawfare tiene un escalón superior –siempre hemos ido un poquito más allá los argentinos–. Cuando vivimos la tragedia de la dictadura genocida, fue la más sangrienta de todas”, dijo CFK. “En esta farsa de hoy que es lawfare en América Latina, cuando ya no hay partidos militares pero hay Partido Judicial, dan un paso más. Acá no se trata de estigmatizar o confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas, ahora protegen a los que verdaderamente roban en el país”, apuntó CFK desde su despacho. Afuera, en el Congreso pero también en su departamento, la esperaban cientos de manifestantes. Al terminar su descargo, CFK se asomó al balcón y cantó con elles la marcha peronista mientras con su mano en alto les devolvía una "V" de la victoria.
No habrá sido en una sala de los tribunales de Comodoro Py o en el Zoom al que se conectan jueces, fiscales y defensores tres veces por semana para atender al juicio de “Vialidad”, pero CFK hizo su descargo después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran el lunes doce años de prisión para ella e inhabilitación perpetua para ejercer cargos tras acusarla de liderar una asociación ilícita para defraudar al Estado.
En la larga exposición que hizo en el Senado ante la negativa del tribunal que la juzga de darle posibilidad de defenderse la vicepresidenta hizo públicos infinidad de mensajes entre José López y Nicky Caputo, el empresario amigo del alma de Mauricio Macri. También exhibió cómo funciona el Poder Judicial
Cristina Fernández de Kirchner hizo lo que el tribunal que la juzga no quiso que hiciera: hablar y denunciar que mientras buscan condenarla por supuestamente favorecer al empresario Lázaro Báez en la concesión de obra pública en Santa Cruz, los jueces y fiscales entierran los 100 mensajes que intercambiaron el secretario de Obras Públicas José López –que saltó a la fama por revolear bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez– con Nicolás “Nicky” Caputo, el hermano de la vida del expresidente Mauricio Macri. “El lawfare tiene un escalón superior –siempre hemos ido un poquito más allá los argentinos–. Cuando vivimos la tragedia de la dictadura genocida, fue la más sangrienta de todas”, dijo CFK. “En esta farsa de hoy que es lawfare en América Latina, cuando ya no hay partidos militares pero hay Partido Judicial, dan un paso más. Acá no se trata de estigmatizar o confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas, ahora protegen a los que verdaderamente roban en el país”, apuntó CFK desde su despacho. Afuera, en el Congreso pero también en su departamento, la esperaban cientos de manifestantes. Al terminar su descargo, CFK se asomó al balcón y cantó con elles la marcha peronista mientras con su mano en alto les devolvía una "V" de la victoria.
No habrá sido en una sala de los tribunales de Comodoro Py o en el Zoom al que se conectan jueces, fiscales y defensores tres veces por semana para atender al juicio de “Vialidad”, pero CFK hizo su descargo después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran el lunes doce años de prisión para ella e inhabilitación perpetua para ejercer cargos tras acusarla de liderar una asociación ilícita para defraudar al Estado.
Cuando el tribunal rechazó su pedido para hablar, CFK denunció en redes sociales que estaba ante un "pelotón de fusilamiento mediático-judicial", pero este martes fue más allá y dijo que no estaba ella sola ante los fusiles. "Es un juicio contra el peronismo", denunció y, de paso, le recordó a la dirigencia política que también estará en la mira cuando los sectores judiciales y mediáticos alineados con la oposición así lo decidan.
“Son doce años, los doce años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos”, respondió CFK desde su despacho en el Senado. “¿Por qué nos piden doce años? Lo digo con números. Uno por la memoria, otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el Fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y Vaca Muerta, otro por el no endeudamiento, otro por el salario de los laburantes”, enumeró. “Cuando yo me fui, los laburantes se llevaban el 51,8 por ciento del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora, ni hablar cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo: si naciera 20 veces más, 20 veces lo haría de nuevo”, dijo la vicepresidenta.
Durante una hora y media, CFK habló de su causa pero también dio nombres propios para describir por qué, a su entender, funciona cómo funciona el Poder Judicial. Se refirió a los fiscales Luciani y Mola –que dijeron que la “matriz” de los gobiernos kirchneristas--. “Nada de lo que dijeron fue probado, se comprobó que era exactamente al revés”, dijo CFK y sacó a relucir un largo listado de comunicaciones entre López y Caputo curiosamente omitidos por la dupla acusadora.
Durante largo rato, CFK leyó los mensajes que López le mandaba a Caputo y los que Caputo le mandaba a López. No es novedad que la vicepresidenta siente tirria por el exfuncionario de su gobierno. Durante la campaña de 2017, había reconocido que lloró de rabia al enterarse cómo López buscaba esconder millones de dólares –que ella cree que venían de la mano de Caputo y compañía– en un convento.
“Son doce años, los doce años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos”, respondió CFK desde su despacho en el Senado. “¿Por qué nos piden doce años? Lo digo con números. Uno por la memoria, otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el Fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y Vaca Muerta, otro por el no endeudamiento, otro por el salario de los laburantes”, enumeró. “Cuando yo me fui, los laburantes se llevaban el 51,8 por ciento del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora, ni hablar cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo: si naciera 20 veces más, 20 veces lo haría de nuevo”, dijo la vicepresidenta.
Durante una hora y media, CFK habló de su causa pero también dio nombres propios para describir por qué, a su entender, funciona cómo funciona el Poder Judicial. Se refirió a los fiscales Luciani y Mola –que dijeron que la “matriz” de los gobiernos kirchneristas--. “Nada de lo que dijeron fue probado, se comprobó que era exactamente al revés”, dijo CFK y sacó a relucir un largo listado de comunicaciones entre López y Caputo curiosamente omitidos por la dupla acusadora.
Durante largo rato, CFK leyó los mensajes que López le mandaba a Caputo y los que Caputo le mandaba a López. No es novedad que la vicepresidenta siente tirria por el exfuncionario de su gobierno. Durante la campaña de 2017, había reconocido que lloró de rabia al enterarse cómo López buscaba esconder millones de dólares –que ella cree que venían de la mano de Caputo y compañía– en un convento.
“Si había un caso para investigar la corrupción en la Argentina era éste”, se quejó CFK mientras advertía que la investigación había estado en manos del juez Daniel Rafecas –candidato del Presidente a la Procuración– y del fiscal Federico Delgado. “¿Qué es lo que había que hacer con este teléfono (el de López)? ¿Cómo investigaron esto? Yo me enteré a partir de que el fiscal Luciani y el fiscal Mola introdujeron esto” como prueba, protestó.
Una especial mención se ganó el presidente del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, cuyo padre, el marino Héctor Giménez Uriburu, fue director de Ceremonial de los dictadores Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone y es un activo denostador de CFK en redes sociales. “¿Ustedes creen que no me van a condenar?”, preguntó CFK. “Deben estar poniéndose cuchillo y tenedor”, se contestó mientras gesticulaba dando a entender que se alistaban para engullir un banquete. Además, recordó que Giménez Uriburu está casado con la nieta del coronel responsable de la masacre de Margarita Belén. “Quieren tomarse revancha. ¿De qué? Si cuando fueron juzgados, tuvieron jueces imparciales como nunca en la Argentina”, añadió.
CFK también hizo foco en el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, que llegó al tribunal de apelaciones de Comodoro Py durante el macrismo. “Se comprueba que Mauricio Macri siguió e hizo inteligencia a los familiares del ARA San Juan, la peor tragedia de la Armada Argentina, y sin embargo lo sobreseen. ¿Quién? El arquero del Liverpool”, respondió. Se refería a Llorens que juega en ese equipo junto con Luciani y Giménez Uriburu, como reveló en este diario el periodista Raúl Kollmann. Llorens fue, además, quien le reclamó al juez Sebastián Casanello avanzar contra CFK en la causa de la llamada mediáticamente "Ruta del Dinero K" y le encomendó echar mano a todos los expedientes que Comodoro Py impulsó contra la vicepresidenta.
Una especial mención se ganó el presidente del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, cuyo padre, el marino Héctor Giménez Uriburu, fue director de Ceremonial de los dictadores Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone y es un activo denostador de CFK en redes sociales. “¿Ustedes creen que no me van a condenar?”, preguntó CFK. “Deben estar poniéndose cuchillo y tenedor”, se contestó mientras gesticulaba dando a entender que se alistaban para engullir un banquete. Además, recordó que Giménez Uriburu está casado con la nieta del coronel responsable de la masacre de Margarita Belén. “Quieren tomarse revancha. ¿De qué? Si cuando fueron juzgados, tuvieron jueces imparciales como nunca en la Argentina”, añadió.
CFK también hizo foco en el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, que llegó al tribunal de apelaciones de Comodoro Py durante el macrismo. “Se comprueba que Mauricio Macri siguió e hizo inteligencia a los familiares del ARA San Juan, la peor tragedia de la Armada Argentina, y sin embargo lo sobreseen. ¿Quién? El arquero del Liverpool”, respondió. Se refería a Llorens que juega en ese equipo junto con Luciani y Giménez Uriburu, como reveló en este diario el periodista Raúl Kollmann. Llorens fue, además, quien le reclamó al juez Sebastián Casanello avanzar contra CFK en la causa de la llamada mediáticamente "Ruta del Dinero K" y le encomendó echar mano a todos los expedientes que Comodoro Py impulsó contra la vicepresidenta.
Los otros jugadores de Py
Otro párrafo merecieron los integrantes de la Cámara Federal de Casación que se reunían con Macri durante su gobierno –Gustavo Hornos y Mariano Borinsky– y particularmente Carlos Mahiques, exministro de Justicia de María Eugenia Vidal trasladado “a dedo” al máximo tribunal penal del país. Uno de sus hijos, Ignacio, fue el fiscal que junto con Gerardo Pollicita la acusaron de asociación ilícita por las obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Durante el final del alegato, Luciani celebró el trabajo de sus colegas del Ministerio Público y el del juez Julián Ercolini, quien –según CFK recordó– había dicho que no era competente para investigar una denuncia de Elisa Carrió sobre las obras públicas en Chaco y Santa Cruz en 2011, decisión que había sido consentida por Pollicita, pero que dejó en el olvido cuando Javier Iguacel, titular de la Dirección Nacional de Vialidad durante el primer tramo del gobierno de Macri, radicó una nueva denuncia contra la expresidenta acusándola de liderar una asociación ilícita. Habían cambiado los aires.
La marca de "Pepín"
A la Corte, que ya le había dedicado un largo video en julio sobre su decadencia, le reprochó el fallo con el que rechazó los recursos que ella y otros imputados habían planteado, entre otras razones porque los sentaban en el banquillo sin peritar que en las 51 obras hubiera existido sobreprecios o atrasos que generaran un daño a las cuentas públicas. Al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y a su vice, Carlos Rosenkrantz, les recordó su marca de origen: haber aceptado entrar por la ventana a la Corte –con un decreto de Macri y saltándose el aval del Senado.
Por los tejes y manejes del macrismo en la justicia, CFK responsabilizó a Fabián Rodríguez Simón –“Pepín”, prófugo en Uruguay desde que la jueza María Servini lo llamó a indagatoria por las presiones a los dueños del Grupo Indalo y mientras avanza una investigación por haber hostigado a la procuradora Alejandra Gils Carbó para forzar su renuncia–. “Fue uno de los jefes de la mesa judicial”, dijo y diferenció el comportamiento de los funcionarios peronistas ante cada llamado de la justicia. “Ustedes huyen”, lanzó.
Como dijo el 2 de diciembre de 2019, cuando brindó su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Comodoro Py, CFK está convencida de que su condena ya está firmada. De hecho, les dijo a los tres integrantes del TOF que iban a ser ellos quienes deberían en algún momento dar respuestas. Con el tiempo, relató CFK, otras cuestiones fueron saliendo a la luz sobre el accionar del macrismo: mencionó la existencia de un sistema judicial compenetrado con los servicios de inteligencia y la puesta en marcha de una "Gestapo" para armarle causas a dirigentes sindicales. “Cuando dije que la sentencia estaba escrita me quedé corta”, concedió.
Las pruebas y los testimonios recabados en la causa Vialidad
La defensa de CFK y los datos que refutan la acusación de la fiscalía
La vicepresidenta usó las mismas pruebas que los fiscales introdujeron a último momento en el juicio para mostrar que la relación más estrecha del exsecretario de Obras Públicas José López era con Nicolás Caputo y otros empresarios ligados al macrismo. La información recolectada a lo largo del expediente no sostiene las imputaciones de Luciani y Mola.
Por Irina Hauser
Cristina Fernández de Kirchner, llegando a su casa, donde la esperaba una multitud de militantes.. Imagen: TélamDurante su alegato contra Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal Diego Luciani insistió en invocar el “sentido común”, un concepto generoso que habilita una afirmación que él mismo utilizó: como presidenta no podía ignorar lo que sucedía. Para que esa suposición sea delito, hacen falta pruebas. El pedido de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos se basa en la supuesta centralidad del papel de la expresidenta en la obra pública, un presunto vínculo estrecho y de favoritismo con Lázaro Báez, sobreprecios y redeterminaciones excesivas, demoras irregulares en la construcción de rutas, la búsqueda de ganancias personales y el blanqueo de dinero a través de hoteles y alquileres. Ayer, en su hora y media de exposición, CFK usó las mismas pruebas que la fiscalía metió por la ventana, para señalar que si alguien tenía vínculos con empresarios de la obra pública no era ella sino el exsecretario del área José López, y que sus preferidos eran personajes del mundo macrista, como Nicolás “Nicky” Caputo, con quien tenía un trato familiar. Es más, quedó claro que nadie quiso investigar el origen del dinero de los bolsos de López pese a las pistas. Dejó expuestos los negocios que la propia Justicia apaña, con los chats del exfuncionario, y citó momentos de estos tres años de juicio ignorados por la mayoría de los medios, que van a contramano de las graves acusaciones que se esgrimieron en su contra.
Aquí algunos de los argumentos que surgen de la defensa que CFK hizo a través de sus redes sociales, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) le rechazara ampliar su indagatoria (pese a que tiene ese derecho), y que se contraponen con las teorías de los fiscales Luciani y Sergio Mola.
Los chats de José López
Uno de los ejes de la fiscalía le atribuye un papel medular a Cristina Fernández de Kirchner en el trato con Báez y las decisiones sobre los pagos de las obras de su empresa Austral Construcciones. Para sostener esto trajeron chats de José López del juicio por enriquecimiento ilícito (donde fue condenado) que el tribunal les autorizó justo antes del alegato, prueba que no fue tratada en las audiencias.
Son comunicaciones entre fines de 2013 y hasta que López fue detenido, en 2016, cuando arrojaba los bolsos en el convento de General Rodríguez con 9 millones de dólares. “Mi sorpresa cuando ingreso a las 9000 páginas es que Lázaro Báez tiene, el que sería socio o asociado ilícito mío, de José López, del arquitecto De Vido, del ingeniero Periotti, tiene un solo mensaje del 8 de octubre de 2014, tiene otro entrante de julio de 2015 y otro del 1 de diciembre del 2015” con el exsecretario de Obras Públicas, dijo la vicepresidenta.
Los fiscales mostraron contactos entre Julio Mendoza, gerente de Austral, con López, o con un secretario suyo y con un secretario de CFK. El empresario quería que le paguen. Pusieron el foco en un mensaje que sugería que Báez se reuniría con “la jefa”, como si eso diera cuenta de un delito. Con la vicepresidenta no hay comunicaciones e incluso dijo que no usa Whatsapp, sino Telegram.
Los negocios con Nicky Caputo y Eduardo Gutiérrez
Lo que mostró ayer y que Luciani y Mola, si es que vieron dejaron pasar, son otros datos de las comunicaciones: López hablaba con confianza con el empresario “Nicky” Caputo, a quien Mauricio Macri describió como su “hermano de la vida”. Con él tiene 109 comunicaciones. Con otro empresario, Eduardo Gutiérrez, dueño del grupo Farallón, dueño de la casa donde vivía López, tiene 177 contactos y un tono similar; y con otro constructor, Juan Chediack, tiene 86. En 2015 Gutiérrez aportó 1 millón de pesos a la campaña de Macri.
Caputo y López se hablan en forma distendida. En una conversación deliberan si hablar por celular o por la línea. Caputo está en Estados Unidos, López le dice que lo llame al celular si no quiere que “escuche todo el país”. En otra hablan entrada la noche, cerca de las 23. Aluden a diferentes obras. Una, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, obra en la que, recordó la expresidenta, la licitación la ganó Iecsa, que había sido de los Macri y figuraba a nombre del primo del expresidente, Angelo Calcaterra, en sociedad con Odebrecht.
Las empresas tenían que obtener su financiamiento, pero el gobierno de Macri resolvería después, por decreto, otorgarle 45 mil millones de pesos. En intercambios López-Caputo en 2015 aparece un curioso pedido del primero al segundo: “¿Podrías pedirle al IVC (Instituto de la Vivienda de la Ciudad) que paguen Castañares? Le enviamos los fondos y no pagaron y mañana habrá problemas en la obra". “Ya está lo harán”, llega la respuesta.
En otras charlas Caputo le dice al exfuncionario que espera que a su vuelta se “junten a comer los 6” y le pide un favor con otra obra. El último mensaje es del 13 de agosto de 2015, después de las PASO. En las charlas con Gutiérrez, éste le reclama pagos y hablan como amigos. Con todos, también con Chediack, habla de números, de cuestiones presupuestarias.
Nada de esto, mostró Cristina Fernández de Kirchner fue investigado. El teléfono de López pasó por muchas manos hasta este juicio de Vialidad inclusive pero, advirtió, parece que a nadie le llamó la atención. El caso de los bolsos era perfecto “para poder investigar la corrupción”, dijo, porque incluso había una pista: parte del dinero había pasado por el Banco Finansur, vinculado con Jorge Sánchez Córdoba, directivo de Boca, con Macri. “Cuando el fiscal Luciani dice que aprieta y sale pus, tiene razón fiscal Luciani, la pus de ustedes, los macristas”, disparó.
Los fallidos testigos de la fiscalía
* Sobre el supuesto favoritismo con Báez, CFK leyó un testimonio de la fiscalía: el de Laura Hindie, jefa de legales de Santa Cruz de la Dirección de Vialidad Nacional, que contó que con el gobierno de Cambiemos, el entonces director de Vialidad, Javier Iguacel, llegó en un patrullero a la delegación, la intimidaron y la obligaron firmar un documento que decía que a las empresas de Báez no se les debía nada, se les había pagado todo. Era como para mostrar que habían tenido un trato preferencial. “Le soy sincera –declaró Hindie– no corroboré nada y firmé”.
Una de las primeras cosas que dispuso Iguacel fue una auditoría exclusivamente sobre las obras de Santa Cruz, no de otras provincias. Uno de los empresarios testigos del juicio, Carlos Wagner, al frente de la Cámara de la Construcción, dijo que era lógico que les dieran los obras a las empresas locales, ya que tienen “ventajas competitivas". La fiscalía lo acusó de fingir que se presentaba con su empresa, Esuco, a la licitación para favorecer a Báez, curioso porque estaban en veredas opuestas. Algo similar dijo Calcaterra.
Hubo, según la fiscalía, sobreprecios y redeterminaciones excesivas de precios de las obras (un fraude, dicen, de 5321 millones de pesos). El juicio comenzó sin ningún peritaje de las obras, pese a los reclamos de CFK, porque así lo habilitó la Corte Suprema solo con su silencio. Primero pidió el expediente y lo devolvió –bajo presión mediática– en 24 horas. Con tres años de demora, a punto de empezar los alegatos, rechazó los recursos. El TOF2 ya había ordenado y recibido el análisis de cinco de las 51 obras denunciadas.
Los tres peritos contadores (dos oficiales y uno de la defensa) dijeron que no hubo sobreprecios. Entre los ingenieros no hubo unanimidad. Eloy Bona y Roberto Panizza señalaron que se pagó de más. La perito de la defensa, Adriana Alperovich sostuvo que se pagó lo correcto. Bona fue recusado porque tuiteaba en contra de CFK sin disimulo antes del juicio, pero el TOF2 lo respaldó. Al declarar comparó erróneamente obras de recuperación y mantenimiento de rutas con la construcción de autovías; comparó con obras licitadas mucho después y con contratos rescindidos.
Panizza se basó en la revista El Constructor que tomaba como referencia una ruta bonaerense sin tener en cuenta que para construir una autovía en Santa Cruz habría que transportar 2000 kilómetros una carga enorme de asfalto a una temperatura de 120 grados. Todo esto sin contar que el informe original de Vialidad decía que en las obras se pagó lo que se hizo y a valores razonables.
CFK recordó que otro testigo de la fiscalía, David Bahamondez, explicó el mecanismo por el cual se redeterminan los precios de las obras según la inflación. En la época en cuestión se aplicaba un decreto del gobierno de Eduardo Duhalde que decía que si había una variación superior al 10 por ciento había que modificar los precios. Con Nelson Periotti como director de Vialidad, se hacían tres por año, según el testigo.
El gobierno de Mauricio Macri cambió el decreto y se permitieron redeterminaciones con el 5 por ciento “lo que llevó a que fueran casi permanentes, casi diez por año y el gasto del Estado se duplicó”. El hombre trabajó en esos cálculos hasta 2015 en Vialidad y declaró que “nunca hubo una intención de que haya algún sobreprecio. Nos basábamos siempre en los números del INDEC”, que nadie le pidió que modificara nada y que había controles de auditoría interna y la Sindicatura General.
Los atrasos y los pliegos
Según los fiscales, había demoras excesivas de obras de Austral Construcciones que se pagaban igual. Otro testimonio de la fiscalía, el de María Re, quien supervisaba obras declaró: "No conozco obras, ni una sola, que no tenga atrasos, postergaciones, prórrogas. Pero eso ocurre con todas las empresas del país y en especial en la Patagonia (…) si a una máquina se le rompe un tornillo, no hay forma de reemplazarlo, hay que buscarlo en Buenos Aires”. También relató que la gestión de Iguacel persiguió a quienes venían de la gestión anterior.
Leandro Martín García, el interventor de Vialidad designado por Iguacel en Santa Cruz, dijo que las obras de Austral Construcciones quedaron paralizadas porque el macrismo les quitó la concesión. Al margen afirmó que nunca vio que se cumplieran los plazos asentados en los pliegos. Se podría sumar que Calcaterra declaró que no conoce “una obra que comience y termine a tiempo”.
Un año de prisión por cada año de gobierno
De acuerdo a la fiscalía, el gobierno de CFK funcionó como una organización ilegal que quería robarse el dinero público. Así, lo desconoce como proyecto político. Le piden 12 años de prisión, dice ella, por sus logros: por la memoria, la verdad y la justicia, el desendeudamiento, el fin de las AFJP, la nacionalización de YPF, "y el sueldo de los laburantes".
Entonces instalan la figura de la asociación ilícita para lo cual deberían mostrar que todos los integrantes se ponían de acuerdo para cometer delitos y qué directivas daba ella. Pero no aparece eso en la prueba: ni comunicaciones, ni correos electrónicos, ni testimonios que den cuenta de algo así. La vicepresidenta no había sido nombrada en las audiencias del debate del juicio. También le atribuyeron el blanqueo de dinero con el alquiler de hoteles, tema de un caso (Hotesur--Los Sauces) donde fue sobreseída.
Así funciona una batalla donde la fiscalía apostó a mezclar datos tramposos, hasta falsos, introducidos fuera de tiempo, con el relato mediático y las pruebas reales. Ahora viene la discusión, rumbo a la Cámara de Casación, por las recusaciones por los vínculos de jueces y fiscales con el macrismo. Desde el 5 de septiembre alegarán las defensas.
