Noviembre,11 de 2022
Foto: Presidencia de Chile
En el día que cumple ocho meses en el cargo, el presidente Gabriel Boric inicia una visita a La Araucanía, la puerta al sur del alargado Chile, con el anunciado objetivo de dar a conocer nuevas medidas sobre seguridad, inversión y reparación a víctimas de violencia rural, con las que busca reconectar con su electorado.
El gobierno de Gabriel Boric cumple ocho meses en Chile, rodeado de un ambiente de recesión económica y decepción política, en otra de las tantas vueltas de tuerca en este país, donde las élites han retomado el protagonismo que les arrebataron las movilizaciones populares y el sueño de una nueva constitución tras el estallido social de 2019.
Tal vez para el 11 de diciembre, cuando se cumplan nueve meses del gobierno instalado el 11 de marzo, habrá por fin un parto para dar luz verde, mediante un amplio acuerdo político, al nuevo proceso constitucional, tras el que se vio frustrado el 4 de septiembre, con el plebiscito en que 66% de los votantes rechazaron el proyecto de la nueva ley fundamental.
Lo cierto es que hoy el tema constitucional no parece estar en el centro de las preocupaciones de 19,8 millones de chilenos, golpeados por una crisis económica que tiene un alto componente de factores externos, aunque también se nutre de los coletazos de medidas que paradojalmente empujaron un gran crecimiento del producto interno bruto (PIB) el año 2021 durante la pandemia.
Chile, acostumbrado durante décadas a inflaciones de un dígito, inferiores a 5 %, acumula este año hasta octubre un alza de precios al consumidor de 11,4 %, con incrementos sin precedentes en la gasolina, el pan y en general en los productos alimenticios de consumo diario.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que la economía chilena será la única de la región en depresión en 2023, con -0,9 % de caída en el PIB, y que este año su crecimiento será de 2,2 %, inferior a la media regional de 3,2 %.
Estas cifras son la vez un contraste y una consecuencia del crecimiento récord de 11,7 % de 2021, cuando para neutralizar el impacto de la pandemia del covid-19 se autorizaron a los ciudadanos retiros de fondos de las administradoras privadas de pensiones, las AFP, que totalizaron 47 000 millones de dólares.
El predecesor gobierno derechista de Sebastián Piñera distribuyó también asignaciones de ayuda a las familias por otros 3000 millones de dólares. Se produjo así una gran inyección de recursos financieros que estimularon el consumo y empujaron el crecimiento del producto.
Fue “pan para hoy y hambre para mañana”, ya que hoy se culpa a los retiros de la escasez de fondos de inversión, administrados por las AFP, las que sin embargo aún en este período crítico aumentaron sus utilidades en 9,2 % en el tercer trimestre de este año.
El retiro de dineros desde las cuentas individuales en las AFP fue muy popular e impidió que progresaran en 2021 otras propuestas para contrarrestar el impacto económico de la pandemia, como la creación de un impuesto especial a los “súperricos”, que gravaría a las personas cuyo patrimonio superara los cinco millones de dólares.
Los retiros fueron un acto de justicia, considerando que desde 1983 las AFP, vinculadas a los grupos económicos, se apoderan de los depósitos previsionales de los chilenos, los administran y finalmente ofrecen a los jubilados pensiones muy inferiores a la remuneración que tenían como trabajadores activos.
Pero los retiros crearon también la ilusión de que los ahorrantes son dueños de los depósitos que hacen en las AFP, y cuando la Asamblea Constitucional instalada el 4 de julio de 2021 comenzó a proponer un sistema previsional solidario y de reparto, la derecha levantó una campaña en contra bajo el lema “Con mi plata NO”.
El rechazo a la propuesta de nueva Constitución se nutrió de la cuestión previsional, de la impugnación al reconocimiento de los pueblos indígenas, a los derechos reproductivos de la mujer, calificados de abortivos, y de otros temas, como la creación de parlamentos regionales y la eliminación del Senado.
También el plebiscito del 4 de septiembre fue una suerte de juicio al gobierno de Boric y, por tanto, una dura derrota para las dos coaliciones que respaldan al joven mandatario de 36 años, el pacto Apruebo-Dignidad, del Frente Amplio y el Partido Comunista, y el Socialismo Democrático, que agrupa fundamentalmente a los partidos Socialista y Por la Democracia.
Estos partidos, más la Democracia Cristiana y el socialdemócrata Partido Radical, ambos ahora en franco proceso de fragmentación, constituyeron la base política que convocó a un vasto electorado independiente, sobre todo entre los jóvenes, para que Boric derrotara en la segunda vuelta de las presidenciales, el 19 de diciembre de 2021, a José Antonio Kast.
No esta demás recordar que Kast, del Partido Republicano, de extrema derecha, capitalizó para esa segunda vuelta el apoyo de Chile Vamos, una coalición autodenominada de centro derecha, cuyo eje son dos partidos surgidos en las postrimerías de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional.
Ya desde que se instaló el gobierno en marzo, estaba claro que el programa de profundos cambios de Apruebo-Dignidad, la coalición de Boric, no contaba con el respaldo suficiente en el legislativo y bicameral Congreso Nacional, donde las elecciones legislativas del 21 de noviembre de 2021 dieron la primera señal de recuperación de los partidos tradicionales.
En esa elección lograron contar con diputados ocho pactos electorales que en total sumaban 21 partidos, además de dos independientes, algunos con confusas definiciones ideológicas, como el llamado Partido de la Gente, de un perfil populista inclinado a la derecha, que conquistó seis diputaciones de las 155 en juego.
En síntesis, en ambas cámaras se dieron virtuales empates entre las fuerzas de un variopinto progresismo y de una derecha en que conviven conservadores, liberales clásicos y sectores de extrema derecha nostálgicos de la dictadura de Pinochet.
En la elección parlamentaria se mantuvieron las normas tradicionales que favorecen a los partidos, al contrario de los comicios de mayo de 2021 en que se eligieron los 154 miembros de la Asamblea Constitucional, con un reglamento que facilitó la presentación de candidaturas de independientes y la creación de listas emanadas de las organizaciones sociales.
En estas diferencias radica el renacido protagonismo, al amparo del parlamento, de las elites políticas que pasaron a un segundo plano desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, que abrió paso al referéndum para derogar la Constitución dictatorial de 1980 y generar una nueva carta fundamental mediante una asamblea paritaria y representativa de los pueblos originarios.
Frustrado ese proceso, Chile asiste hoy al espectáculo de esta misma élite política, que a más de dos meses del plebiscito constitucional no logra encauzar un acuerdo en el Parlamento para reabrir el proceso, lo cual era previsible, vista la diversidad de liderazgos y concepciones que se coaligaron para el rechazo de septiembre.
El gobierno de Boric afronta así un cúmulo de desafíos, que van desde enfrentar la crisis económica hasta contribuir a una revitalización del proceso constituyente que resguarde su origen democrático.
Junto a eso, tendrá que seguir lidiando con problemas heredados del anterior gobierno de Piñera, como la crisis migratoria en el norte del país y la violencia en la región de la Araucanía, que Boric visitó precisamente al cumplir su octavo mes de mandato en un plan de diálogo con las autoridades locales y líderes de comunidades mapuche.
Al mismo tiempo el gobierno tendrá que desarrollar toda su capacidad negociadora en el Congreso para conseguir la aprobación de dos iniciativas fundamentales, una reforma tributaria que permita recaudar recursos para el gasto social y una reforma previsional que significaría el fin parcial de las AFP.
El gobierno de Gabriel Boric cumple ocho meses en Chile, rodeado de un ambiente de recesión económica y decepción política, en otra de las tantas vueltas de tuerca en este país, donde las élites han retomado el protagonismo que les arrebataron las movilizaciones populares y el sueño de una nueva constitución tras el estallido social de 2019.
Tal vez para el 11 de diciembre, cuando se cumplan nueve meses del gobierno instalado el 11 de marzo, habrá por fin un parto para dar luz verde, mediante un amplio acuerdo político, al nuevo proceso constitucional, tras el que se vio frustrado el 4 de septiembre, con el plebiscito en que 66% de los votantes rechazaron el proyecto de la nueva ley fundamental.
Lo cierto es que hoy el tema constitucional no parece estar en el centro de las preocupaciones de 19,8 millones de chilenos, golpeados por una crisis económica que tiene un alto componente de factores externos, aunque también se nutre de los coletazos de medidas que paradojalmente empujaron un gran crecimiento del producto interno bruto (PIB) el año 2021 durante la pandemia.
Chile, acostumbrado durante décadas a inflaciones de un dígito, inferiores a 5 %, acumula este año hasta octubre un alza de precios al consumidor de 11,4 %, con incrementos sin precedentes en la gasolina, el pan y en general en los productos alimenticios de consumo diario.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que la economía chilena será la única de la región en depresión en 2023, con -0,9 % de caída en el PIB, y que este año su crecimiento será de 2,2 %, inferior a la media regional de 3,2 %.
Estas cifras son la vez un contraste y una consecuencia del crecimiento récord de 11,7 % de 2021, cuando para neutralizar el impacto de la pandemia del covid-19 se autorizaron a los ciudadanos retiros de fondos de las administradoras privadas de pensiones, las AFP, que totalizaron 47 000 millones de dólares.
El predecesor gobierno derechista de Sebastián Piñera distribuyó también asignaciones de ayuda a las familias por otros 3000 millones de dólares. Se produjo así una gran inyección de recursos financieros que estimularon el consumo y empujaron el crecimiento del producto.
Fue “pan para hoy y hambre para mañana”, ya que hoy se culpa a los retiros de la escasez de fondos de inversión, administrados por las AFP, las que sin embargo aún en este período crítico aumentaron sus utilidades en 9,2 % en el tercer trimestre de este año.
El retiro de dineros desde las cuentas individuales en las AFP fue muy popular e impidió que progresaran en 2021 otras propuestas para contrarrestar el impacto económico de la pandemia, como la creación de un impuesto especial a los “súperricos”, que gravaría a las personas cuyo patrimonio superara los cinco millones de dólares.
Los retiros fueron un acto de justicia, considerando que desde 1983 las AFP, vinculadas a los grupos económicos, se apoderan de los depósitos previsionales de los chilenos, los administran y finalmente ofrecen a los jubilados pensiones muy inferiores a la remuneración que tenían como trabajadores activos.
Pero los retiros crearon también la ilusión de que los ahorrantes son dueños de los depósitos que hacen en las AFP, y cuando la Asamblea Constitucional instalada el 4 de julio de 2021 comenzó a proponer un sistema previsional solidario y de reparto, la derecha levantó una campaña en contra bajo el lema “Con mi plata NO”.
El rechazo a la propuesta de nueva Constitución se nutrió de la cuestión previsional, de la impugnación al reconocimiento de los pueblos indígenas, a los derechos reproductivos de la mujer, calificados de abortivos, y de otros temas, como la creación de parlamentos regionales y la eliminación del Senado.
También el plebiscito del 4 de septiembre fue una suerte de juicio al gobierno de Boric y, por tanto, una dura derrota para las dos coaliciones que respaldan al joven mandatario de 36 años, el pacto Apruebo-Dignidad, del Frente Amplio y el Partido Comunista, y el Socialismo Democrático, que agrupa fundamentalmente a los partidos Socialista y Por la Democracia.
Estos partidos, más la Democracia Cristiana y el socialdemócrata Partido Radical, ambos ahora en franco proceso de fragmentación, constituyeron la base política que convocó a un vasto electorado independiente, sobre todo entre los jóvenes, para que Boric derrotara en la segunda vuelta de las presidenciales, el 19 de diciembre de 2021, a José Antonio Kast.
No esta demás recordar que Kast, del Partido Republicano, de extrema derecha, capitalizó para esa segunda vuelta el apoyo de Chile Vamos, una coalición autodenominada de centro derecha, cuyo eje son dos partidos surgidos en las postrimerías de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional.
Ya desde que se instaló el gobierno en marzo, estaba claro que el programa de profundos cambios de Apruebo-Dignidad, la coalición de Boric, no contaba con el respaldo suficiente en el legislativo y bicameral Congreso Nacional, donde las elecciones legislativas del 21 de noviembre de 2021 dieron la primera señal de recuperación de los partidos tradicionales.
En esa elección lograron contar con diputados ocho pactos electorales que en total sumaban 21 partidos, además de dos independientes, algunos con confusas definiciones ideológicas, como el llamado Partido de la Gente, de un perfil populista inclinado a la derecha, que conquistó seis diputaciones de las 155 en juego.
En síntesis, en ambas cámaras se dieron virtuales empates entre las fuerzas de un variopinto progresismo y de una derecha en que conviven conservadores, liberales clásicos y sectores de extrema derecha nostálgicos de la dictadura de Pinochet.
En la elección parlamentaria se mantuvieron las normas tradicionales que favorecen a los partidos, al contrario de los comicios de mayo de 2021 en que se eligieron los 154 miembros de la Asamblea Constitucional, con un reglamento que facilitó la presentación de candidaturas de independientes y la creación de listas emanadas de las organizaciones sociales.
En estas diferencias radica el renacido protagonismo, al amparo del parlamento, de las elites políticas que pasaron a un segundo plano desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, que abrió paso al referéndum para derogar la Constitución dictatorial de 1980 y generar una nueva carta fundamental mediante una asamblea paritaria y representativa de los pueblos originarios.
Frustrado ese proceso, Chile asiste hoy al espectáculo de esta misma élite política, que a más de dos meses del plebiscito constitucional no logra encauzar un acuerdo en el Parlamento para reabrir el proceso, lo cual era previsible, vista la diversidad de liderazgos y concepciones que se coaligaron para el rechazo de septiembre.
El gobierno de Boric afronta así un cúmulo de desafíos, que van desde enfrentar la crisis económica hasta contribuir a una revitalización del proceso constituyente que resguarde su origen democrático.
Junto a eso, tendrá que seguir lidiando con problemas heredados del anterior gobierno de Piñera, como la crisis migratoria en el norte del país y la violencia en la región de la Araucanía, que Boric visitó precisamente al cumplir su octavo mes de mandato en un plan de diálogo con las autoridades locales y líderes de comunidades mapuche.
Al mismo tiempo el gobierno tendrá que desarrollar toda su capacidad negociadora en el Congreso para conseguir la aprobación de dos iniciativas fundamentales, una reforma tributaria que permita recaudar recursos para el gasto social y una reforma previsional que significaría el fin parcial de las AFP.
