Lo acusan de haberle ofrecido una salida al mar a Bolivia
12 de noviembre de 2022
Al presidente Pedro Castillo lo atacan desde diferentes flancos legales.. Imagen: EFEEl asedio al presidente de Perú no cesa: la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este viernes un informe pidiendo que Pedro Castillo sea inhabilitado por cinco años y se le acuse por la presunta comisión del delito de "traición a la patria" por haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia.
El lawfare avanza por una declaración del presidente en 2018, una mera opinión en un congreso sindical.
La decisión tuvo 11 votos a favor y 10 en contra, tras una sesión realizada por la Subcomisión que preside la legisladora opositora Lady Camones. El documento será enviado a la Comisión Permanente, que deberá analizarlo en los próximos días antes de decidir si autoriza su eventual debate y votación. El presidente de Perú respondió que la iniciativa "no nos amilana... acá estamos por el país, porque antes que todo, está el ciudadano". Y añadió que espera que el Congreso "actúe mirando al pueblo peruano" al tomar las decisiones sobre el tema.
Castillo remarcó que "traslada" al pueblo la notificación sobre las medidas que se toman en su contra y que es "en estos momentos coyunturales donde la población es personal testigo de lo que se está haciendo".
El informe fue defendido por el congresista Diego Bazán del partido opositor Avanza País, quien sostuvo que Castillo declaró en enero pasado a la cadena CNN que "es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar" y que consultará a la ciudadanía sobre esta posible medida que, según sostuvo luego Bazán, "pone en grave riesgo la integridad de la nación". Y agregó el opositor que los dichos de Castillo "son susceptibles de reproche", recordando que según el artículo 118 de la Constitución peruana, el presidente tiene por función dirigir la política exterior, por lo que consideró que afectó la soberanía nacional.
Castillo reconoció en enero pasado a CNN que reclamó el "mar para Bolivia" durante una conferencia de profesores de Latinoamérica a la que asistió en La Paz en 2018, cuando ni se planteaba ser candidato presidencial. "No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera", anotó.
Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), por lo cual demandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida marítima, pero el tribunal desestimó su petición. El presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) ya cedió en 1992 a Bolivia una franja de 5 kilómetros llamada Bolivia Mar, en el puerto sureño de Ilo, una decisión que fue profundizada en 2010 por Alan García (2006-2011) quien renovó por un periodo de 99 años una zona franca marítima sin soberanía para el país vecino.
Ahora, tanto los abogados de Castillo como sus ministros portavoces y los congresistas oficialistas, afirman que el gobernante no tomó ninguna acción para implementar su opinión, por lo que consideran que la acusación debe ser desestimada por el Congreso.
El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, adelantó que el Ejecutivo llevará este tema a la reunión que sostendrá con una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llegará al país después de que Castillo pidiese que se aplique la Carta Democrática Interamericana, por considerar que en Perú "se ha iniciado una nueva modalidad de golpe de Estado".
La decisión tuvo 11 votos a favor y 10 en contra, tras una sesión realizada por la Subcomisión que preside la legisladora opositora Lady Camones. El documento será enviado a la Comisión Permanente, que deberá analizarlo en los próximos días antes de decidir si autoriza su eventual debate y votación. El presidente de Perú respondió que la iniciativa "no nos amilana... acá estamos por el país, porque antes que todo, está el ciudadano". Y añadió que espera que el Congreso "actúe mirando al pueblo peruano" al tomar las decisiones sobre el tema.
Castillo remarcó que "traslada" al pueblo la notificación sobre las medidas que se toman en su contra y que es "en estos momentos coyunturales donde la población es personal testigo de lo que se está haciendo".
El informe fue defendido por el congresista Diego Bazán del partido opositor Avanza País, quien sostuvo que Castillo declaró en enero pasado a la cadena CNN que "es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar" y que consultará a la ciudadanía sobre esta posible medida que, según sostuvo luego Bazán, "pone en grave riesgo la integridad de la nación". Y agregó el opositor que los dichos de Castillo "son susceptibles de reproche", recordando que según el artículo 118 de la Constitución peruana, el presidente tiene por función dirigir la política exterior, por lo que consideró que afectó la soberanía nacional.
Castillo reconoció en enero pasado a CNN que reclamó el "mar para Bolivia" durante una conferencia de profesores de Latinoamérica a la que asistió en La Paz en 2018, cuando ni se planteaba ser candidato presidencial. "No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera", anotó.
Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), por lo cual demandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida marítima, pero el tribunal desestimó su petición. El presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) ya cedió en 1992 a Bolivia una franja de 5 kilómetros llamada Bolivia Mar, en el puerto sureño de Ilo, una decisión que fue profundizada en 2010 por Alan García (2006-2011) quien renovó por un periodo de 99 años una zona franca marítima sin soberanía para el país vecino.
Ahora, tanto los abogados de Castillo como sus ministros portavoces y los congresistas oficialistas, afirman que el gobernante no tomó ninguna acción para implementar su opinión, por lo que consideran que la acusación debe ser desestimada por el Congreso.
El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, adelantó que el Ejecutivo llevará este tema a la reunión que sostendrá con una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llegará al país después de que Castillo pidiese que se aplique la Carta Democrática Interamericana, por considerar que en Perú "se ha iniciado una nueva modalidad de golpe de Estado".
