Por Luvis Hochimín Pareja
En 07/11/2022
En 07/11/2022
La presencia de actividades terroristas en Uruguay o en zonas que afecten los intereses del país, la operativa de grupos de crimen organizado en el país y la necesidad de recolectar información sobre los ciberdelitos o bioseguridad son algunas de las amenazas que plantea el Plan Nacional de Inteligencia 2022, presentado por el director de Inteligencia Estratégica del Estado Álvaro Garcé en sesión secreta en el Parlamento.
Ha tenido gran repercusión que un documento de esta temática presentado el 24 de octubre a una comisión parlamentaria con compromiso de reserva, haya llegado a TV Ciudad, que difu ndióparte del texto en su informativo y en la cuenta en Twitter del director de ese servicio, Eduardo Preve.
Fiscalía investiga tras una denuncia del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, el Poder Legislativo también lo hace, y hubo duras declaraciones de condena, incluso del presidente Luis Lacalle Pou. No sólo se habla de la responsabilidad de quien o quienes hayan filtrado el documento, sino que además hay cuestionamientos, más escasos, a Preve, como presunto autor o cómplice de un delito grave. Sobre esto último resulta necesario plantear algunas precisiones básicas.
Obtener y divulgar informaciones que no estaban disponibles para la ciudadanía es una parte del trabajo periodístico, amparada por normas nacionales e internacionales (por ejemplo, las que establecen el derecho a no revelar cómo y por medio de quién se accedió a un dato o a un documento).
Esto se debe, simplemente, al reconocimiento de que así se defiende el derecho de las personas a estar informadas. No es una especie de patente de corso para difundir cualquier cosa, porque todos los derechos son relativos en función de otros derechos. Cuando se demanda a periodistas o medios por una publicación, la tarea judicial exige sopesar con cuidado los daños y beneficios que pudo causar, con el interés público como valor superior.
También debemos hacer estas consideraciones quienes queremos ejercer nuestra profesión como un servicio ético a la construcción de ciudadanía y la calidad de la democracia. De la reflexión puede resultar que se decida no publicar algo, pero en este caso es claro, pese al griterío sobre traiciones a la patria y defensa de la seguridad nacional, que Preve y TV Ciudad no tenían por qué abstenerse de hacer lo que hicieron.
Que un documento sea declarado secreto por un organismo del Estado no significa que su conocimiento generalizado cause catástrofes. No puede causarlas, por cierto, lo que se difundió del texto que Garcé repartió entre legisladores (después de hacerlo fotocopiar en el Palacio Legislativo, porque no tenía consigo suficientes ejemplares).
En los pasajes sobre los que informaron Preve y TV Ciudad no hay nada semejante a nombres de agentes secretos, claves de acceso, detalles sobre investigaciones en curso u otros datos sensibles. Lo referido a tareas legítimas de inteligencia es una serie de obviedades, y no se comprende qué perjuicios puede causar que terroristas y traficantes de drogas, armas o personas sepan que, como seguramente ya sospechaban, el Estado uruguayo trata de detectar, evitar y reprimir sus actividades.
En cambio, algunas de las directivas divulgadas crean dudas razonables sobre la voluntad de respetar en forma escrupulosa los derechos humanos. Esto puede ser bastante más grave que los tuits de Preve y justifica sobradamente la información al público.
Lo qué significa “actividades precursoras de acciones terroristas” no resulta obvio, y la investigación de “grupos o personas que inciten a la violencia”, “hechos que puedan generar la violencia”, “usurpación de espacios públicos o privados” y “bloqueos y cortes ilícitos de la circulación de personas, bienes o servicios” es una tarea demasiado amplia y vaga, señala Ladiaria.
Según el informe, se encarga a la Policía, a la cancillería, a Aduanas y Defensa Nacional la “recolección de información sobre actividades precursoras de acciones terroristas”, así como a los organismos encargados de investigar el lavado de activos, el estudio de las posibles vías de financiamiento del terrorismo.
Algunas formas de realizar estas investigaciones pueden violar la ley, que obliga a los órganos de inteligencia a respetar “estrictamente” los derechos y garantías establecidos en la Constitución, las leyes y los convenios internacionales adoptados por el Estado uruguayo, además de prohibirles intervenir “en la actividad política, social o económica del país, […] o en la vida interna de los partidos”,
Las actividades de la “comunidad de inteligencia” no se llevan muy bien con la Constitución y las leyes en ningún país, y si no fueran reservadas carecerían de sentido, pero en este caso, pese a las abundantes manifestaciones de indignación, en lo filtrado no hay ni una palabra que pueda ser novedosa o beneficiosa para las personas eventualmente investigadas, señala el analista Marcelo Pereira.
Asimismo, las Comisiones Administradoras de los ríos De la Plata y Uruguay tienen encargado brindar información sobre “ciudadanos o residentes en el país en relación con el narcotráfico, tráfico de armas o personas, crimen organizado y actividades terroristas”, actividad que será coordinada por cancillería, así como Defensa deberá informar sobre actividades de fuerzas militares de países vecinos y sus actividades en la frontera.
Llamó la atención de los parlamentarios que el plan habilita a la Policía a recolectar información sobre “grupos o personas que inciten a la violencia” y la “usurpación de espacios públicos o privados” así como los “bloqueos y cortes ilícitos de la circulación de personas, bienes o servicios”. Es notorio, por ejemplo, que sindicatos y gremios estudiantiles bloquean a menudo la circulación.
Que se hayan filtrado declaraciones textuales de la comisión es difícil de corroborar, puesto que no hay una versión taquigráfica de esa instancia. Desde la oposición creen que no solo el Parlamento debe ser sospechoso, porque el documento estuvo en manos de una gran cantidad de dependencias y ministerios,
La coordinadora de la bancada de senadores del Frente Amplio, Liliam Kechichian, discrepó “con que los ojos estén puestos sólo en el Parlamento”, porque el mismo documento recorrió varias reparticiones como los ministerios de Defensa Nacional, Interior, Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores “y muchas de las agencias que coordinan con el director y el Servicio de Inteligencia”.
Algunos senadores señalaron que lo que se divulgó no era el plan sino un punteo de temas, que dio cuenta del trabajo con varios organismos del Estado para llevar a cabo distintas actividades de inteligencia. En definitiva, otro escándalo, mientras la credibilidad de Lacalle sigue en caída., por lo que necesita de escándalos para que la ciudadanía no lo olvide.
*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Ha tenido gran repercusión que un documento de esta temática presentado el 24 de octubre a una comisión parlamentaria con compromiso de reserva, haya llegado a TV Ciudad, que difu ndióparte del texto en su informativo y en la cuenta en Twitter del director de ese servicio, Eduardo Preve.
Fiscalía investiga tras una denuncia del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, el Poder Legislativo también lo hace, y hubo duras declaraciones de condena, incluso del presidente Luis Lacalle Pou. No sólo se habla de la responsabilidad de quien o quienes hayan filtrado el documento, sino que además hay cuestionamientos, más escasos, a Preve, como presunto autor o cómplice de un delito grave. Sobre esto último resulta necesario plantear algunas precisiones básicas.
Obtener y divulgar informaciones que no estaban disponibles para la ciudadanía es una parte del trabajo periodístico, amparada por normas nacionales e internacionales (por ejemplo, las que establecen el derecho a no revelar cómo y por medio de quién se accedió a un dato o a un documento).
Esto se debe, simplemente, al reconocimiento de que así se defiende el derecho de las personas a estar informadas. No es una especie de patente de corso para difundir cualquier cosa, porque todos los derechos son relativos en función de otros derechos. Cuando se demanda a periodistas o medios por una publicación, la tarea judicial exige sopesar con cuidado los daños y beneficios que pudo causar, con el interés público como valor superior.
También debemos hacer estas consideraciones quienes queremos ejercer nuestra profesión como un servicio ético a la construcción de ciudadanía y la calidad de la democracia. De la reflexión puede resultar que se decida no publicar algo, pero en este caso es claro, pese al griterío sobre traiciones a la patria y defensa de la seguridad nacional, que Preve y TV Ciudad no tenían por qué abstenerse de hacer lo que hicieron.
Que un documento sea declarado secreto por un organismo del Estado no significa que su conocimiento generalizado cause catástrofes. No puede causarlas, por cierto, lo que se difundió del texto que Garcé repartió entre legisladores (después de hacerlo fotocopiar en el Palacio Legislativo, porque no tenía consigo suficientes ejemplares).
En los pasajes sobre los que informaron Preve y TV Ciudad no hay nada semejante a nombres de agentes secretos, claves de acceso, detalles sobre investigaciones en curso u otros datos sensibles. Lo referido a tareas legítimas de inteligencia es una serie de obviedades, y no se comprende qué perjuicios puede causar que terroristas y traficantes de drogas, armas o personas sepan que, como seguramente ya sospechaban, el Estado uruguayo trata de detectar, evitar y reprimir sus actividades.
En cambio, algunas de las directivas divulgadas crean dudas razonables sobre la voluntad de respetar en forma escrupulosa los derechos humanos. Esto puede ser bastante más grave que los tuits de Preve y justifica sobradamente la información al público.
Lo qué significa “actividades precursoras de acciones terroristas” no resulta obvio, y la investigación de “grupos o personas que inciten a la violencia”, “hechos que puedan generar la violencia”, “usurpación de espacios públicos o privados” y “bloqueos y cortes ilícitos de la circulación de personas, bienes o servicios” es una tarea demasiado amplia y vaga, señala Ladiaria.
Según el informe, se encarga a la Policía, a la cancillería, a Aduanas y Defensa Nacional la “recolección de información sobre actividades precursoras de acciones terroristas”, así como a los organismos encargados de investigar el lavado de activos, el estudio de las posibles vías de financiamiento del terrorismo.
Algunas formas de realizar estas investigaciones pueden violar la ley, que obliga a los órganos de inteligencia a respetar “estrictamente” los derechos y garantías establecidos en la Constitución, las leyes y los convenios internacionales adoptados por el Estado uruguayo, además de prohibirles intervenir “en la actividad política, social o económica del país, […] o en la vida interna de los partidos”,
Las actividades de la “comunidad de inteligencia” no se llevan muy bien con la Constitución y las leyes en ningún país, y si no fueran reservadas carecerían de sentido, pero en este caso, pese a las abundantes manifestaciones de indignación, en lo filtrado no hay ni una palabra que pueda ser novedosa o beneficiosa para las personas eventualmente investigadas, señala el analista Marcelo Pereira.
Asimismo, las Comisiones Administradoras de los ríos De la Plata y Uruguay tienen encargado brindar información sobre “ciudadanos o residentes en el país en relación con el narcotráfico, tráfico de armas o personas, crimen organizado y actividades terroristas”, actividad que será coordinada por cancillería, así como Defensa deberá informar sobre actividades de fuerzas militares de países vecinos y sus actividades en la frontera.
Llamó la atención de los parlamentarios que el plan habilita a la Policía a recolectar información sobre “grupos o personas que inciten a la violencia” y la “usurpación de espacios públicos o privados” así como los “bloqueos y cortes ilícitos de la circulación de personas, bienes o servicios”. Es notorio, por ejemplo, que sindicatos y gremios estudiantiles bloquean a menudo la circulación.
Que se hayan filtrado declaraciones textuales de la comisión es difícil de corroborar, puesto que no hay una versión taquigráfica de esa instancia. Desde la oposición creen que no solo el Parlamento debe ser sospechoso, porque el documento estuvo en manos de una gran cantidad de dependencias y ministerios,
La coordinadora de la bancada de senadores del Frente Amplio, Liliam Kechichian, discrepó “con que los ojos estén puestos sólo en el Parlamento”, porque el mismo documento recorrió varias reparticiones como los ministerios de Defensa Nacional, Interior, Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores “y muchas de las agencias que coordinan con el director y el Servicio de Inteligencia”.
Algunos senadores señalaron que lo que se divulgó no era el plan sino un punteo de temas, que dio cuenta del trabajo con varios organismos del Estado para llevar a cabo distintas actividades de inteligencia. En definitiva, otro escándalo, mientras la credibilidad de Lacalle sigue en caída., por lo que necesita de escándalos para que la ciudadanía no lo olvide.
*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
