POR EDUARDO PAZ RADA
22/11/2022
Tensiones endógenas y exógenas
En este contexto general, los avatares que enfrenta el país se han acentuado aceleradamente por dos motivos. En primer lugar, por las acciones de la oposición y de las corporaciones privadas de comunicación en relación a la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda. Pero también por los conflictos desatados dentro del bloque de poder constituido por el Pacto de Unidad (PU), la COB, los parlamentarios de la Asamblea Legislativa, los ministros del gobierno central y la dirigencia del MAS. La confluencia de estos dos fenómenos abre así una serie de interrogantes sobre las perspectivas de las transformaciones históricas y revolucionarias desarrolladas en los últimos veinte años.
El paro de actividades es impulsado regionalmente por el Comité Cívico, la Gobernación y el denominado Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Mediante la violencia y las acciones de los grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), aquellos impugnan la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda -fijada por el gobierno para 2024- y piden su realización en 2023. El paro se extendió ya por más de tres semanas, provocando pérdidas estimadas por el gobierno en mil millones de dólares, así como la muerte de cuatro personas y diversos enfrentamientos violentos con la policía. El movimiento es conducido por Fernando Camacho y Rómulo Calvo, quienes junto a Jeanine Añez -ahora presa y sentenciada a diez años de cárcel- ejecutaron el Golpe de Estado de 2019.
Camacho y Calvo representan a los sectores de poder regional, a los terratenientes del oriente, a las logias Toborochi y Caballeros del Oriente, y cuentan con el respaldo de grupos federalistas y separatistas. En las movilizaciones, los dirigentes demandaron a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas asumir posiciones adversas al gobierno, como lo hicieron en 2019 cuando se ejecutó un motín policial y se produjo la insubordinación de los altos mandos militares, lo que derivó en el derrocamiento de Evo Morales. Debido a su relación con los grandes agroexportadores soyeros y con los gobernadores de los estados brasileños limítrofes, estas logias esperaban mejorar su posición con una victoria de Jair Bolsonaro que nunca se produjo.
Ante esta situación, las organizaciones populares de la ciudad de Santa Cruz, las juntas vecinales de los barrios periféricos, los transportistas, comerciantes, vivanderas y gremialistas, es decir, todos los que eran perjudicados económicamente, se enfrentaron a la estrategia de paro. A ellos se sumaron los movimientos sociales de campesinos, mujeres, indígenas e interculturales del Pacto de Unidad y del MAS, quienes rodearon y cercaron la ciudad de Santa Cruz impidiendo el ingreso de alimentos y otros productos de consumo, generando una situación alta tensión y enfrentamientos violentos.
Rechazo al diálogo y al consenso
Mientras tanto, los medios de comunicación empresariales, especialmente los periódicos El Deber, Los Tiempos y Página Siete y los Canales UNITEL y UNO, desarrollaron campañas abiertamente conspirativas contra el proceso democrático, buscando generar apoyo al movimiento cruceño en otras regiones de Bolivia, especialmente en la capital. Sin cosechar respaldos demasiado importantes, se produjeron algunas marchas y concentraciones en Cochabamba, Tarija y La Paz que no tuvieron mayores repercusiones.
El presidente del Estado Plurinacional y las autoridades abrieron diversos canales de diálogo y debate en los nueve departamentos del país en torno a la definición técnica de la fecha del censo. Contaron para ello con el asesoramiento de funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). El gobierno, después de realizar consultas con todas las gobernaciones, municipios, instituciones y universidades de Bolivia, y luego de realizar una Cumbre Nacional en la ciudad de Cochabamba, determinó establecer para el 23 de marzo de 2024 la fecha definitiva, dejando aislados a los sectores de derecha más radicales y violentos.
Los resultados del Censo serán importantes porque permitirán definir la distribución de recursos económicos en función del número de habitantes en cada departamento, municipio y universidad pública, así como la redistribución de escaños parlamentarios para las elecciones de 2025. Al respecto, el Tribunal Electoral Plurinacional firmó un acuerdo con la Cámara de Diputados y con el Ministro de Planificación para asegurar que los resultados censales sean entregados en septiembre de 2024.
A pesar de este consenso, los grupos radicales de la Gobernación y el Comité Cívico de Santa Cruz y sus grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista continuaron realizando operativos de violencia de carácter racista y discriminador contra comerciantes, vendedores de mercado y habitantes de los suburbios cruceños, la mayoría de estos migrantes collas, es decir originarios del occidente de Bolivia.
“Los resultados del Censo serán importantes porque permitirán definir la distribución de recursos económicos […] así como la redistribución de escaños parlamentarios para las elecciones de 2025”
Controversias en el gobierno y en el MAS
Paralelamente a estos hechos, los enfrentamientos verbales entre dirigentes sociales y políticos, parlamentarios y ministros dentro del oficialismo se fueron acentuando, al extremo de producirse divisiones en la bancada parlamentaria del MAS e inclusive pugilato entre diputados. El Ministro de Justicia, Iván Lima, asumió posiciones públicas solidarias con parlamentarios, dirigentes y periodistas de la oposición conservadora, y el diputado Rolando Cuellar abrió una campaña difamatoria contra el jefe y líder del MAS, Evo Morales, recibiendo el respaldo de algunos funcionarios públicos.
Por su parte, el segundo dirigente del MAS, Gerardo García, acusó a varios Ministros y al Vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, de realizar, desde sus despachos, campañas contra el MAS. Por otra parte, el parlamentario oficialista Héctor Arce lanzó denuncias de corrupción a autoridades de alto nivel del gobierno. Por otro lado, el ex Ministro de Gobierno Carlos Romero, quien no pudo frenar el motín policial de 2019, atacó duramente al gobierno por retrasar la fecha del censo, coincidiendo con la oposición oligárquica.
Las especulaciones giran alrededor del futuro político del MAS, del proceso de transformaciones conducido por este instrumento, y de las candidaturas presidenciales para las elecciones de 2025. Dirigentes de segundo y tercer nivel se han manifestado por opciones diferentes, siendo las de Evo Morales y Luis Arce las principales. Como sea, según las normas electorales vigentes deberían realizarse elecciones primarias para dirimir las candidaturas.
Antecedentes de la conspiración
El paro tiene en el país antecedentes inmediatos, que se produjeron en septiembre y octubre de 2008, en medio del debate para la aprobación de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Durante el primer mandato del Presidente Evo Morales, cuando se nacionalizaron los hidrocarburos y recuperaron para el Estado las empresas privatizadas, se produjo un conato de guerra civil con epicentro en Santa Cruz y el oriente del país. El movimiento, impulsado también por los Comités Cívicos y las autoridades regionales, buscaba entonces el separatismo territorial y político de las regiones. Aunque provocó una serie de enfrentamientos violentos y numerosas víctimas, los separatistas, auspiciados por terratenientes y agroexportadores, fue en ese entonces derrotado.
En esa oportunidad el gobierno de Evo Morales determinó expulsar al embajador de Estados Unidos, Philip Golberg, por injerencia política y apoyo a los subversivos. Entretanto, la Cumbre de presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), reunida en Santiago de Chile a iniciativa de Lula Da Silva, Michelle Bachelet y Hugo Chávez, daba su respaldo al gobierno elegido democráticamente.
El siguiente movimiento conspirativo de la derecha radical y neoliberal se produjo en octubre-noviembre de 2019 con la ejecución del Golpe de Estado cívico-policial-militar que obligó a Evo Morales a salir del país en una situación de emergencia. El ex mandatario pudo salvar su vida apoyado por los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y Alberto Fernández de Argentina.
En ese momento el artificio fue un supuesto fraude electoral que habría cometido el MAS en su cuarto triunfo electoral consecutivo. Se produjo entonces una movilización masiva de sectores medios y acomodados dirigidos por Fernando Camacho del Comité Cívico de Santa Cruz, seguida de un motín policial y del pedido de renuncia expresado por parte de las Fuerzas Armadas. Inmediatamente, los gobiernos de Estados Unidos (Donald Trump) y Brasil (Jair Bolsonaro) reconocieron al gobierno de facto, así como el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien se convirtió en el principal respaldo del gobierno de Áñez.
Golpe y resurrección
La ejecución del Golpe fue coordinada por funcionarios de las embajadas de Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil; los obispos de la Iglesia Católica y por los dirigentes políticos Carlos Mesa, Fernando Camacho, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga. Estos se reunieron en las oficinas de la Universidad Católica y definieron que la senadora Jeanine Áñez asuma la presidencia del país.
Después de algunos meses de estupor popular y cuando el gobierno de facto implementaba medidas a favor de terratenientes, bancos privados, transnacionales, grupos empresariales privados y medios de comunicación que apoyaron el golpe -descuidando la atención a la población frente al COVID 19 y postergando sistemáticamente la realización de nuevas elecciones- los movimientos populares comenzaron a dar respuesta. Con el MAS, la COB y el Pacto de Unidad a la cabeza, estos impulsaron la resistencia en todo el territorio nacional, resistencia que en agosto de 2020 en convirtió en una auténtica movilización nacional-popular, obligando a convocar a elecciones en octubre de 2020.
En esas elecciones el MAS llevó como candidatos a Luis Arce y David Choquehuanca, ex ministros de Economía y Relaciones Exteriores de Evo Morales, quien se encontraba exiliado en Argentina tras su paso por México. El binomio se impuso con el 55% de los votos -el MAS había obtenido un 54% en 2005, un 64% en 2009, un 61% en 2014 y un 47% en 2019. Las candidaturas inicialmente planteadas por las organizaciones del Pacto de Unidad fueron las de David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez, modificadas luego en consulta con el propio Evo Morales..
Desenlace abierto
En los dos últimos años el gobierno del MAS ha identificado varios desafíos relacionados a los temas políticos, económicos e internacionales: mantener la estabilidad y el crecimiento económico; asegurar la unidad interna y enfrentar los conflictos de manera cohesionada; y participar activamente en los procesos de integración regional como los del ALBA, la CELAC, y la CAN, así como en la reconstrucción de UNASUR. Al mismo tiempo, haciendo frente a varios conflictos, el movimiento nacional y popular ha realizado al menos tres grandes marchas con más de un millón de adherentes que se pronunciaron por la defensa del proceso de cambio, las que contaron con la presencia de Morales, Arce y Choquehuanca, los principales referentes actuales del proceso.
Este panorama permite advertir que si los principales dirigentes y autoridades no encuentran un acuerdo de unidad y coherencia, exigido por las organizaciones populares y sindicales de todo el país, las perspectivas políticas del proceso revolucionario nacional-popular se volverán muy difíciles, poniendo en riesgo las transformaciones económicas, políticas y sociales realizadas en Bolivia hasta la fecha.
La rebelión de octubre de 2003, que expulsó de Bolivia al neoliberalismo representado por Gonzalo Sánchez de Lozada, fue producto de veinte años de acumulados del proceso de liberación nacional. Ahora, la resistencia, la lucha y la derrota del Golpe de Estado y del gobierno de facto abre un nuevo periodo que deberá servir para profundizar la lucha antiimperialista y para aportar a la construcción de un socialismo latinoamericano y caribeño.
22/11/2022
¿Cuáles son los antecedentes inmediatos del paro opositor que enfrenta el gobierno del MAS? ¿Cuáles sus motivaciones? ¿Y cómo se relaciona con las internas desatadas a lo interior del Proceso de Cambio?
Son varias las huellas características del momento actual que atraviesa el país. Entre ellas podríamos mencionar, en primer lugar, la incertidumbre y la falta de decisiones estratégicas de los principales conductores de la “Revolución Democrática y Cultural” en Bolivia. También podríamos citar las variadas reuniones sostenidas, sin resultados efectivos, entre diversos actores: el presidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales Ayma; el presidente del Estado Plurinacional Luis Arce Catacora; el vicepresidente David Choquehuanca; diferentes ministros; dirigentes de los Movimientos Campesinos, Indígenas, Interculturales y Mujeres y de la Central Obrera Boliviana (COB).
En tercer lugar, se constata la realización de gigantescas concentraciones y marchas de centenares de miles de hombres y mujeres de los sectores populares “en defensa de la democracia y el gobierno del MAS”.
Enfrente está la oposición neoliberal, conservadora y oligárquica, constituida en primer lugar por el Comité Cívico de Santa Cruz; los medios de comunicación empresariales; los partidos minoritarios de la Asamblea Legislativa, Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa y CREEMOS de Fernando Camacho, actual Gobernador de Santa Cruz; algunas plataformas ciudadanas; y sectores sociales y agentes de la derecha latinoamericana instalada en Miami y Washington. Todo estos actores intentan repetir el libreto del Golpe de Estado de octubre-noviembre de 2019, aprovechando cualquier tema o asunto coyuntural y, ahora también, las disputas en el oficialismo.
La confluencia de conflictos regionales, políticos y sociales dentro y fuera del gobierno y del MAS contrasta con un panorama económico estable, en el cual los indicadores de crecimiento económico, exportaciones, balanza comercial, balanza de pagos, inflación, estabilidad monetaria e industrialización marcan resultados positivos, a pesar de las presiones negativas debidas a la crisis económica internacional post pandemia y a la Guerra de Ucrania.
Enfrente está la oposición neoliberal, conservadora y oligárquica, constituida en primer lugar por el Comité Cívico de Santa Cruz; los medios de comunicación empresariales; los partidos minoritarios de la Asamblea Legislativa, Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa y CREEMOS de Fernando Camacho, actual Gobernador de Santa Cruz; algunas plataformas ciudadanas; y sectores sociales y agentes de la derecha latinoamericana instalada en Miami y Washington. Todo estos actores intentan repetir el libreto del Golpe de Estado de octubre-noviembre de 2019, aprovechando cualquier tema o asunto coyuntural y, ahora también, las disputas en el oficialismo.
La confluencia de conflictos regionales, políticos y sociales dentro y fuera del gobierno y del MAS contrasta con un panorama económico estable, en el cual los indicadores de crecimiento económico, exportaciones, balanza comercial, balanza de pagos, inflación, estabilidad monetaria e industrialización marcan resultados positivos, a pesar de las presiones negativas debidas a la crisis económica internacional post pandemia y a la Guerra de Ucrania.
Tensiones endógenas y exógenas
En este contexto general, los avatares que enfrenta el país se han acentuado aceleradamente por dos motivos. En primer lugar, por las acciones de la oposición y de las corporaciones privadas de comunicación en relación a la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda. Pero también por los conflictos desatados dentro del bloque de poder constituido por el Pacto de Unidad (PU), la COB, los parlamentarios de la Asamblea Legislativa, los ministros del gobierno central y la dirigencia del MAS. La confluencia de estos dos fenómenos abre así una serie de interrogantes sobre las perspectivas de las transformaciones históricas y revolucionarias desarrolladas en los últimos veinte años.
El paro de actividades es impulsado regionalmente por el Comité Cívico, la Gobernación y el denominado Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Mediante la violencia y las acciones de los grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), aquellos impugnan la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda -fijada por el gobierno para 2024- y piden su realización en 2023. El paro se extendió ya por más de tres semanas, provocando pérdidas estimadas por el gobierno en mil millones de dólares, así como la muerte de cuatro personas y diversos enfrentamientos violentos con la policía. El movimiento es conducido por Fernando Camacho y Rómulo Calvo, quienes junto a Jeanine Añez -ahora presa y sentenciada a diez años de cárcel- ejecutaron el Golpe de Estado de 2019.
Camacho y Calvo representan a los sectores de poder regional, a los terratenientes del oriente, a las logias Toborochi y Caballeros del Oriente, y cuentan con el respaldo de grupos federalistas y separatistas. En las movilizaciones, los dirigentes demandaron a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas asumir posiciones adversas al gobierno, como lo hicieron en 2019 cuando se ejecutó un motín policial y se produjo la insubordinación de los altos mandos militares, lo que derivó en el derrocamiento de Evo Morales. Debido a su relación con los grandes agroexportadores soyeros y con los gobernadores de los estados brasileños limítrofes, estas logias esperaban mejorar su posición con una victoria de Jair Bolsonaro que nunca se produjo.
Ante esta situación, las organizaciones populares de la ciudad de Santa Cruz, las juntas vecinales de los barrios periféricos, los transportistas, comerciantes, vivanderas y gremialistas, es decir, todos los que eran perjudicados económicamente, se enfrentaron a la estrategia de paro. A ellos se sumaron los movimientos sociales de campesinos, mujeres, indígenas e interculturales del Pacto de Unidad y del MAS, quienes rodearon y cercaron la ciudad de Santa Cruz impidiendo el ingreso de alimentos y otros productos de consumo, generando una situación alta tensión y enfrentamientos violentos.
Rechazo al diálogo y al consenso
Mientras tanto, los medios de comunicación empresariales, especialmente los periódicos El Deber, Los Tiempos y Página Siete y los Canales UNITEL y UNO, desarrollaron campañas abiertamente conspirativas contra el proceso democrático, buscando generar apoyo al movimiento cruceño en otras regiones de Bolivia, especialmente en la capital. Sin cosechar respaldos demasiado importantes, se produjeron algunas marchas y concentraciones en Cochabamba, Tarija y La Paz que no tuvieron mayores repercusiones.
El presidente del Estado Plurinacional y las autoridades abrieron diversos canales de diálogo y debate en los nueve departamentos del país en torno a la definición técnica de la fecha del censo. Contaron para ello con el asesoramiento de funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). El gobierno, después de realizar consultas con todas las gobernaciones, municipios, instituciones y universidades de Bolivia, y luego de realizar una Cumbre Nacional en la ciudad de Cochabamba, determinó establecer para el 23 de marzo de 2024 la fecha definitiva, dejando aislados a los sectores de derecha más radicales y violentos.
Los resultados del Censo serán importantes porque permitirán definir la distribución de recursos económicos en función del número de habitantes en cada departamento, municipio y universidad pública, así como la redistribución de escaños parlamentarios para las elecciones de 2025. Al respecto, el Tribunal Electoral Plurinacional firmó un acuerdo con la Cámara de Diputados y con el Ministro de Planificación para asegurar que los resultados censales sean entregados en septiembre de 2024.
A pesar de este consenso, los grupos radicales de la Gobernación y el Comité Cívico de Santa Cruz y sus grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista continuaron realizando operativos de violencia de carácter racista y discriminador contra comerciantes, vendedores de mercado y habitantes de los suburbios cruceños, la mayoría de estos migrantes collas, es decir originarios del occidente de Bolivia.
“Los resultados del Censo serán importantes porque permitirán definir la distribución de recursos económicos […] así como la redistribución de escaños parlamentarios para las elecciones de 2025”
Controversias en el gobierno y en el MAS
Paralelamente a estos hechos, los enfrentamientos verbales entre dirigentes sociales y políticos, parlamentarios y ministros dentro del oficialismo se fueron acentuando, al extremo de producirse divisiones en la bancada parlamentaria del MAS e inclusive pugilato entre diputados. El Ministro de Justicia, Iván Lima, asumió posiciones públicas solidarias con parlamentarios, dirigentes y periodistas de la oposición conservadora, y el diputado Rolando Cuellar abrió una campaña difamatoria contra el jefe y líder del MAS, Evo Morales, recibiendo el respaldo de algunos funcionarios públicos.
Por su parte, el segundo dirigente del MAS, Gerardo García, acusó a varios Ministros y al Vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, de realizar, desde sus despachos, campañas contra el MAS. Por otra parte, el parlamentario oficialista Héctor Arce lanzó denuncias de corrupción a autoridades de alto nivel del gobierno. Por otro lado, el ex Ministro de Gobierno Carlos Romero, quien no pudo frenar el motín policial de 2019, atacó duramente al gobierno por retrasar la fecha del censo, coincidiendo con la oposición oligárquica.
Las especulaciones giran alrededor del futuro político del MAS, del proceso de transformaciones conducido por este instrumento, y de las candidaturas presidenciales para las elecciones de 2025. Dirigentes de segundo y tercer nivel se han manifestado por opciones diferentes, siendo las de Evo Morales y Luis Arce las principales. Como sea, según las normas electorales vigentes deberían realizarse elecciones primarias para dirimir las candidaturas.
Antecedentes de la conspiración
El paro tiene en el país antecedentes inmediatos, que se produjeron en septiembre y octubre de 2008, en medio del debate para la aprobación de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Durante el primer mandato del Presidente Evo Morales, cuando se nacionalizaron los hidrocarburos y recuperaron para el Estado las empresas privatizadas, se produjo un conato de guerra civil con epicentro en Santa Cruz y el oriente del país. El movimiento, impulsado también por los Comités Cívicos y las autoridades regionales, buscaba entonces el separatismo territorial y político de las regiones. Aunque provocó una serie de enfrentamientos violentos y numerosas víctimas, los separatistas, auspiciados por terratenientes y agroexportadores, fue en ese entonces derrotado.
En esa oportunidad el gobierno de Evo Morales determinó expulsar al embajador de Estados Unidos, Philip Golberg, por injerencia política y apoyo a los subversivos. Entretanto, la Cumbre de presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), reunida en Santiago de Chile a iniciativa de Lula Da Silva, Michelle Bachelet y Hugo Chávez, daba su respaldo al gobierno elegido democráticamente.
El siguiente movimiento conspirativo de la derecha radical y neoliberal se produjo en octubre-noviembre de 2019 con la ejecución del Golpe de Estado cívico-policial-militar que obligó a Evo Morales a salir del país en una situación de emergencia. El ex mandatario pudo salvar su vida apoyado por los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y Alberto Fernández de Argentina.
En ese momento el artificio fue un supuesto fraude electoral que habría cometido el MAS en su cuarto triunfo electoral consecutivo. Se produjo entonces una movilización masiva de sectores medios y acomodados dirigidos por Fernando Camacho del Comité Cívico de Santa Cruz, seguida de un motín policial y del pedido de renuncia expresado por parte de las Fuerzas Armadas. Inmediatamente, los gobiernos de Estados Unidos (Donald Trump) y Brasil (Jair Bolsonaro) reconocieron al gobierno de facto, así como el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien se convirtió en el principal respaldo del gobierno de Áñez.
Golpe y resurrección
La ejecución del Golpe fue coordinada por funcionarios de las embajadas de Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil; los obispos de la Iglesia Católica y por los dirigentes políticos Carlos Mesa, Fernando Camacho, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga. Estos se reunieron en las oficinas de la Universidad Católica y definieron que la senadora Jeanine Áñez asuma la presidencia del país.
Después de algunos meses de estupor popular y cuando el gobierno de facto implementaba medidas a favor de terratenientes, bancos privados, transnacionales, grupos empresariales privados y medios de comunicación que apoyaron el golpe -descuidando la atención a la población frente al COVID 19 y postergando sistemáticamente la realización de nuevas elecciones- los movimientos populares comenzaron a dar respuesta. Con el MAS, la COB y el Pacto de Unidad a la cabeza, estos impulsaron la resistencia en todo el territorio nacional, resistencia que en agosto de 2020 en convirtió en una auténtica movilización nacional-popular, obligando a convocar a elecciones en octubre de 2020.
En esas elecciones el MAS llevó como candidatos a Luis Arce y David Choquehuanca, ex ministros de Economía y Relaciones Exteriores de Evo Morales, quien se encontraba exiliado en Argentina tras su paso por México. El binomio se impuso con el 55% de los votos -el MAS había obtenido un 54% en 2005, un 64% en 2009, un 61% en 2014 y un 47% en 2019. Las candidaturas inicialmente planteadas por las organizaciones del Pacto de Unidad fueron las de David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez, modificadas luego en consulta con el propio Evo Morales..
Desenlace abierto
En los dos últimos años el gobierno del MAS ha identificado varios desafíos relacionados a los temas políticos, económicos e internacionales: mantener la estabilidad y el crecimiento económico; asegurar la unidad interna y enfrentar los conflictos de manera cohesionada; y participar activamente en los procesos de integración regional como los del ALBA, la CELAC, y la CAN, así como en la reconstrucción de UNASUR. Al mismo tiempo, haciendo frente a varios conflictos, el movimiento nacional y popular ha realizado al menos tres grandes marchas con más de un millón de adherentes que se pronunciaron por la defensa del proceso de cambio, las que contaron con la presencia de Morales, Arce y Choquehuanca, los principales referentes actuales del proceso.
Este panorama permite advertir que si los principales dirigentes y autoridades no encuentran un acuerdo de unidad y coherencia, exigido por las organizaciones populares y sindicales de todo el país, las perspectivas políticas del proceso revolucionario nacional-popular se volverán muy difíciles, poniendo en riesgo las transformaciones económicas, políticas y sociales realizadas en Bolivia hasta la fecha.
La rebelión de octubre de 2003, que expulsó de Bolivia al neoliberalismo representado por Gonzalo Sánchez de Lozada, fue producto de veinte años de acumulados del proceso de liberación nacional. Ahora, la resistencia, la lucha y la derrota del Golpe de Estado y del gobierno de facto abre un nuevo periodo que deberá servir para profundizar la lucha antiimperialista y para aportar a la construcción de un socialismo latinoamericano y caribeño.
