Mariana Álvarez Orellana
On Dic 14, 2022
La inmensa mayoría de peruanos intuye o toma conciencia de que no se trata solo de presidentes o gobiernos corruptos y vendepatrias sino en la mafiosa constitución fujimorista de 1993, y que el suicidio político de Castillo lo aprovechó la pandilla ultraderechista parlamentaria para sacarlo y darle cariz legal a la sucesión presidencial no hace más que prolongar y ampliar el robo y malversación de los fondos públicos.
La percepción popular creció desde la defección del gobierno de Pedro Castillo y el manejo delincuencial y corrupto de un Congreso que sólo existe para el enriquecimiento personal de la casta privilegiada de los delincuentes de cuello, corbata y leyes truchas en las manos. No hay nada más errado y perverso que pensar que las movilizaciones son para pedir la reposición de Castillo, señala el analista Vicente Otta.![]()
Lo peor es que Dina Boluarte no ha entendido que las calles exigen adelanto de elecciones, referéndum y Asamblea constituyente.
La convulsión social no da tregua. Las movilizaciones de protesta en buena parte del país no ceden. En un desbordamiento de bronca contenida contra una clase política, exigiendo “que se vayan todos”- y en espera de demandas sociales largamente desatendidas. La indignación ciudadana escala, la violencia se desborda en diversos lugares y la represión sigue dejando muertos.
Lo que deja el momento político es un pueblo furioso, que ha explotado en distintos lugares del Perú, harto de los engaños del mismo elenco de impresentables que quiere repetirse hasta el infinito y cuyas opiniones son casi las únicas que permite escuchar el oligopolio mediático existente en el Perú.
Estos engaños pueden ser resumidos en uno solo: que las protestas son obra de “agitadores” e “infiltrados”, un nuevo desprecio a los miles de peruanos movilizados para expresar su descontento. Pero esta furia carece hasta hoy de una canalización política adecuada que nos ponga en camino de superar esta crisis y alcanzar un bien esquivo en el último lustro: la estabilidad política, señala el analista Nicolás Lynch.
La inmensa mayoría de peruanos intuye o toma conciencia de que no se trata solo de presidentes o gobiernos corruptos y vendepatrias sino en la mafiosa constitución fujimorista de 1993, y que el suicidio político de Castillo lo aprovechó la pandilla ultraderechista parlamentaria para sacarlo y darle cariz legal a la sucesión presidencial no hace más que prolongar y ampliar el robo y malversación de los fondos públicos.
La percepción popular creció desde la defección del gobierno de Pedro Castillo y el manejo delincuencial y corrupto de un Congreso que sólo existe para el enriquecimiento personal de la casta privilegiada de los delincuentes de cuello, corbata y leyes truchas en las manos. No hay nada más errado y perverso que pensar que las movilizaciones son para pedir la reposición de Castillo, señala el analista Vicente Otta.
Lo peor es que Dina Boluarte no ha entendido que las calles exigen adelanto de elecciones, referéndum y Asamblea constituyente.
La convulsión social no da tregua. Las movilizaciones de protesta en buena parte del país no ceden. En un desbordamiento de bronca contenida contra una clase política, exigiendo “que se vayan todos”- y en espera de demandas sociales largamente desatendidas. La indignación ciudadana escala, la violencia se desborda en diversos lugares y la represión sigue dejando muertos.
Lo que deja el momento político es un pueblo furioso, que ha explotado en distintos lugares del Perú, harto de los engaños del mismo elenco de impresentables que quiere repetirse hasta el infinito y cuyas opiniones son casi las únicas que permite escuchar el oligopolio mediático existente en el Perú.
Estos engaños pueden ser resumidos en uno solo: que las protestas son obra de “agitadores” e “infiltrados”, un nuevo desprecio a los miles de peruanos movilizados para expresar su descontento. Pero esta furia carece hasta hoy de una canalización política adecuada que nos ponga en camino de superar esta crisis y alcanzar un bien esquivo en el último lustro: la estabilidad política, señala el analista Nicolás Lynch.
Mientras. la presidenta Dina Boluarte hacía un llamado a la calma frente a las protestas y anunciaba un posible nuevo adelanto de elecciones, el encarcelado exmandatario Pedro Castillo se presentó ante un tribunal y denunció que su detención “es injusta y arbitraria”. Asimismo, pidió que se detenga la represión policial y militar contra las protestas.
Las demandas de los manifestantes a nivel nacional son cierre del Congreso, renuncia de Boluarte, adelanto de elecciones generales, apertura de una asamblea constituyente para una nueva constitución.
La convulsión social no da tregua y las movilizaciones de protesta en buena parte del país no ceden. En una demostración de bronca contenida contra una clase política desacreditada y demandas sociales largamente desatendidas, ninguneadas, olvidadas. Hay una gran indignación ciudadana que escala, mientras la violencia se desborda en diversos lugares y la represión sigue dejando muertos.
Mientras la presidenta Dina Boluarte hacía un llamado a la calma frente a las protestas y anunciaba un posible nuevo adelanto de elecciones -hace unos días anunció que se adelantaban de 2026 al mes de abril de 2024-, en un intento de parar el desborde popular que exige que “se vayan todos”, el encarcelado exmandatario Pedro Castillo se presentaba ante un tribunal y denunció que su detención “es injusta y arbitraria”. Aprovechó la ocasión para pedir que se detenga la represión contra las protestas.
Las demandas de los manifestantes a nivel nacional son cierre del Congreso, renuncia de Boluarte, adelanto de elecciones generales, apertura de una asamblea constituyente para una nueva constitución.
La convulsión social no da tregua y las movilizaciones de protesta en buena parte del país no ceden. En una demostración de bronca contenida contra una clase política desacreditada y demandas sociales largamente desatendidas, ninguneadas, olvidadas. Hay una gran indignación ciudadana que escala, mientras la violencia se desborda en diversos lugares y la represión sigue dejando muertos.
Mientras la presidenta Dina Boluarte hacía un llamado a la calma frente a las protestas y anunciaba un posible nuevo adelanto de elecciones -hace unos días anunció que se adelantaban de 2026 al mes de abril de 2024-, en un intento de parar el desborde popular que exige que “se vayan todos”, el encarcelado exmandatario Pedro Castillo se presentaba ante un tribunal y denunció que su detención “es injusta y arbitraria”. Aprovechó la ocasión para pedir que se detenga la represión contra las protestas.
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, hizo oídos sordos y anunció que se declarará en emergencia la red vial nacional, en medio de las protestas y enfrentamientos en diversas regiones. Señaló que son ocho mil personas las que causan los disturbios en el Perú y dijo que las Fuerzas Armadas resguardarán los activos nacionales, aeropuertos y centrales hidroeléctricas, además de declarar el estado de emergencia en Arequipa e Ica.
México: Castillo es el presidente
Para México, Pedro Castillo sigue siendo el presidente de Perú, pues su elección es resultado de la voluntad ciudadana expresada en las urnas, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recordó que en el comunicado conjunto que emitieron los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México se manifestaron por priorizar la voluntad del pueblo peruano.
“Lo que plantea es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir. Que eso de origen (la remoción del presidente o vacancia), aunque esté en la Constitución peruana, tiene un problema, una falla antidemocrática de origen”, dijo el mandatario.
Mientras, el gobierno de Perú pidió que se respeten las decisiones internas que está tomando «para resguardar la institucionalidad democrática», y dio a entender que el exmandatrio fue removido por darse un autogolpe al cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial, lo cual está prohibido en un tratado interamericano de derechos humanos. Exigió que se cumplan las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana
La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, convocó a los embajadores de México, Bolivia y Argentina y al encargado de negocios de Colombia, a quienes reiteró que la sucesión presidencial de Dina Boluarte es constitucional.De igual manera, les señaló que las decisiones que el expresidente Pedro Castillo, del 7 de diciembre pasado, materializaron un golpe de estado en el país.
¿Hay salida?
La única salida que le queda a Boluarte es convocar a elecciones generales y producir el cierre del mafioso Congreso de la República. Omitir este mandato popular le traerá gravísimas consecuencias no solo de orden político. Alguien tendrá que pagar por los crímenes contra el pueblo.
La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, convocó a los embajadores de México, Bolivia y Argentina y al encargado de negocios de Colombia, a quienes reiteró que la sucesión presidencial de Dina Boluarte es constitucional.De igual manera, les señaló que las decisiones que el expresidente Pedro Castillo, del 7 de diciembre pasado, materializaron un golpe de estado en el país.
¿Hay salida?
La única salida que le queda a Boluarte es convocar a elecciones generales y producir el cierre del mafioso Congreso de la República. Omitir este mandato popular le traerá gravísimas consecuencias no solo de orden político. Alguien tendrá que pagar por los crímenes contra el pueblo.
El pueblo, las clases populares engañadas una y otra vez, siempre postergadas en sus reivindicaciones básicas, siguen sin voz y sin protección. Donde hay dominación y explotación siempre aparece, tarde o temprano, la rebeldía, la insumisión, el conflicto social en un sentido amplio.
Para que los mismos de siempre no vuelvan disfrazados de cordero, se deben organizar nuevas elecciones, reformas electorales, referéndum y Asamblea Constituyente. Y hay que cambiar la actual constitución, organizar el Estado pluricultural, el estado de todas los pueblos.
* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
