Por Carlos Noriega
13 de diciembre de 2022
Imagen: EFE
La mandataria envió al Congreso el proyecto de adelantar los comicios recién para abril de 2024. Y decretó el estado de emergencia en zonas de protestas. Hay seis muertos.
Un estreno con represión, muertes y el recorte del mandato presidencial por presión popular. Eso ha marcado los primeros días de la presidencia de Dina Boluarte, que el pasado miércoles reemplazó al destituido Pedro Castillo. En medio de un estallido social, jaqueada por las protestas en diferentes regiones del país que ya han dejado seis muertos y decenas de heridos en choques con la policía -entre ellos una niña que recibió un disparo de perdigón en un ojo-, la presidenta Boluarte anunció el adelanto de las elecciones para la presidencia y el Congreso. Al mismo tiempo, por Twitter, Castillo denunció que fue “humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado”. Y agregó: “No renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones”.
Piden la libertad de Castillo
Adelanto de elecciones, cierre del Congreso y Asamblea Constituyente son las demandas centrales de las protestas que han tomado calles y carreteras luego de la destitución de Castillo por el Congreso controlado por la derecha por haber intentado sin éxito cerrar inconstitucionalmente el Parlamento que buscaba sacarlo de la presidencia. También se pide la libertad de Castillo. Boluarte señaló que tomaba la decisión de adelantar las elecciones “interpretando el interés mayoritario”. Este adelanto de elecciones debe ser aprobado por el Congreso. En su mensaje Boluarte también anunció el estado de emergencia en las zonas donde las protestas son más fuertes.
La presidenta comunicó el adelanto de las elecciones en un mensaje televisado dado poco después de la medianoche del domingo. Con esta decisión, las elecciones se deben realizar en abril de 2024, con lo que Boluarte, que debía culminar el período de Castillo en 2026, acorta su mandato en dos años. Pero el anuncio de adelantar las elecciones no calmó los ánimos y las protestas continuaron, incluso escalaron en varias regiones. En las protestas confluyen un extendido sentimiento de “que se vayan todos” y la exigencia de un adelanto de elecciones para antes de 2024, la bronca contra un Congreso identificado con la corrupción y con una derecha antidemocrática que se concentró en derribar a Castillo, profundas desigualdades y demandas sociales postergadas, y también un respaldo a Castillo, ahora en prisión.
"Que se vayan todos"
“Cierren Congreso corrupto y golpista”, “Dina traidora renuncia”, “Nuevas elecciones”, “Que se vayan todo”, son las principales demandas que se escuchan y leen en las movilizaciones que abarcan a buena parte del país, incluyendo Lima. Se exige una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución heredada de la dictadura fujimorista. La derecha ha bloqueado en el Congreso esa posibilidad. “Castillo libertad” es otra proclama que se escucha entre sectores de los manifestantes.
En las zonas andinas se vienen dando las protestas más importantes y la represión más dura. El expresidente Castillo es de origen andino y es en este sector que tenía su mayor respaldo. Durante el lunes se dieron choques entre manifestantes y policías en distintas regiones. Las protestas más fuertes se han dado en la provincia de Andahuaylas, en la región andina de Apurímac de la cual es oriunda la presidenta Boluarte. En esta zona hay cinco muertes. Una sexta muerte ocurrió en la sureña región de Arequipa, donde el lunes fue tomado el aeropuerto y una planta de leche de la empresa Gloria, el mayor grupo lácteo del país. Se han atacado comisarías en diversas zonas y se mantienen los piquetes que bloquean las rutas en distintas carreteras.
Frente a las demandas para adelantar las elecciones para antes de la fecha fijada para abril de 2024, el gobierno dice que el plazo establecido se debe a que se necesita una reforma constitucional que debe pasar por el Congreso y ser aprobada en dos legislaturas o en una legislatura y un referéndum. Y señala que junto con el adelanto de elecciones propondrá al Congreso un paquete de reformas del sistema político para no ir a unas elecciones solamente entre los mismos partidos ahora desacreditados y para darle más estabilidad a los próximos gobiernos. La figura de la destitución sumaria del presidente por la ambigua figura de “incapacidad moral” que se le quiso aplicar tres veces a Castillo es parte central de esa inestabilidad. Con un gobierno sin bancada propia, la presión ciudadana será fundamental para avanzar con esas reformas en el Congreso. Con un gobierno débil y un Congreso desacreditado, el plazo hasta abril de 2024 para nuevas elecciones puede ser muy largo.
Se exige, en las calles y en sectores del Congreso cercanos a Castillo, la renuncia inmediata de Boluarte, acusada de “traidora” por los seguidores de Castillo. Con la renuncia de Boluarte se acelerarían las nuevas elecciones, que se convocarían en cuatro meses. El problema con esa alternativa que algunos proponen es que hasta que tome posesión el nuevo gobierno la presidencia del país la asumiría el titular del Congreso, el general en retiro de extrema derecha José Williams, acusado de violaciones a los derechos humanos, que tendría de su lado a la mayoría parlamentaria, con el alto riesgo que eso significaría para la democracia.
El lunes, el jefe del gabinete ministerial, Pedro Angulo, y los ministros del Interior y de Defensa, acudieron al Congreso para explicar la convulsionada situación que vive el país y las muertes durante las protestas. Angulo ha acusado a los pobladores que protestan en las calles de “ser parte de un golpe de Estado”, lo que ha exacerbado más los ánimos. En sintonía con la derecha, los ministros acusaron en el Congreso a políticos y dirigentes de izquierda de “azuzar” las movilizaciones “para crear el caos”. Señalaron que lamentaban las muertes, pero no asumieron ninguna responsabilidad.
Desde la derecha criminalizaron las protestas, le exigieron al gobierno más represión, gritaron “mano dura” y demandaron que las Fuerzas Armadas tomen las calles. Amenazantes, acusaron a legisladores de izquierda de ser “terroristas” por defender el derecho a la protesta y condenar la represión. Desde la izquierda denunciaron “un uso excesivo de la fuerza”, pidieron cesar la represión y recogieron las demandas populares de adelanto de elecciones y una Asamblea Constituyente.
Castillo, sin fueros
Casi en simultánea al anuncio presidencial de adelantar las elecciones, el Congreso levantó el fuero a Castillo en una agitada sesión de varias horas, que comenzó la tarde del domingo y culminó en la madrugada de este lunes, en la que hubo intercambio de insultos e incluso de golpes. Esta decisión, aprobada por 67 votos a favor y 45 en contra, le quita a Castillo el derecho de antejuicio, con lo que el Congreso despeja el camino para que Castillo, detenido desde el miércoles, continúe en prisión y sea procesado por rebelión y conspiración, acusación planteada contra el expresidente por la fiscalía por el intento de cerrar inconstitucionalmente el Congreso. Castillo se encuentra en prisión con una orden de detención preliminar que vence este miércoles, por eso la desesperación de la mayoría parlamentaria de derecha de levantarle el fuero con rapidez y así habilitar la posibilidad de que se le abra proceso penal y se ordene su detención preventiva mientras es procesado. Legisladores “castillistas” y de otros grupos de izquierda denunciaron que la decisión de levantarle el fuero a Castillo se tomó violentando la Constitución y el reglamento del Congreso, saltándose procedimientos y plazos, violando el debido proceso y el derecho de defensa del exmandatario.
La mandataria envió al Congreso el proyecto de adelantar los comicios recién para abril de 2024. Y decretó el estado de emergencia en zonas de protestas. Hay seis muertos.
Un estreno con represión, muertes y el recorte del mandato presidencial por presión popular. Eso ha marcado los primeros días de la presidencia de Dina Boluarte, que el pasado miércoles reemplazó al destituido Pedro Castillo. En medio de un estallido social, jaqueada por las protestas en diferentes regiones del país que ya han dejado seis muertos y decenas de heridos en choques con la policía -entre ellos una niña que recibió un disparo de perdigón en un ojo-, la presidenta Boluarte anunció el adelanto de las elecciones para la presidencia y el Congreso. Al mismo tiempo, por Twitter, Castillo denunció que fue “humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado”. Y agregó: “No renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones”.
Piden la libertad de Castillo
Adelanto de elecciones, cierre del Congreso y Asamblea Constituyente son las demandas centrales de las protestas que han tomado calles y carreteras luego de la destitución de Castillo por el Congreso controlado por la derecha por haber intentado sin éxito cerrar inconstitucionalmente el Parlamento que buscaba sacarlo de la presidencia. También se pide la libertad de Castillo. Boluarte señaló que tomaba la decisión de adelantar las elecciones “interpretando el interés mayoritario”. Este adelanto de elecciones debe ser aprobado por el Congreso. En su mensaje Boluarte también anunció el estado de emergencia en las zonas donde las protestas son más fuertes.
La presidenta comunicó el adelanto de las elecciones en un mensaje televisado dado poco después de la medianoche del domingo. Con esta decisión, las elecciones se deben realizar en abril de 2024, con lo que Boluarte, que debía culminar el período de Castillo en 2026, acorta su mandato en dos años. Pero el anuncio de adelantar las elecciones no calmó los ánimos y las protestas continuaron, incluso escalaron en varias regiones. En las protestas confluyen un extendido sentimiento de “que se vayan todos” y la exigencia de un adelanto de elecciones para antes de 2024, la bronca contra un Congreso identificado con la corrupción y con una derecha antidemocrática que se concentró en derribar a Castillo, profundas desigualdades y demandas sociales postergadas, y también un respaldo a Castillo, ahora en prisión.
"Que se vayan todos"
“Cierren Congreso corrupto y golpista”, “Dina traidora renuncia”, “Nuevas elecciones”, “Que se vayan todo”, son las principales demandas que se escuchan y leen en las movilizaciones que abarcan a buena parte del país, incluyendo Lima. Se exige una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución heredada de la dictadura fujimorista. La derecha ha bloqueado en el Congreso esa posibilidad. “Castillo libertad” es otra proclama que se escucha entre sectores de los manifestantes.
En las zonas andinas se vienen dando las protestas más importantes y la represión más dura. El expresidente Castillo es de origen andino y es en este sector que tenía su mayor respaldo. Durante el lunes se dieron choques entre manifestantes y policías en distintas regiones. Las protestas más fuertes se han dado en la provincia de Andahuaylas, en la región andina de Apurímac de la cual es oriunda la presidenta Boluarte. En esta zona hay cinco muertes. Una sexta muerte ocurrió en la sureña región de Arequipa, donde el lunes fue tomado el aeropuerto y una planta de leche de la empresa Gloria, el mayor grupo lácteo del país. Se han atacado comisarías en diversas zonas y se mantienen los piquetes que bloquean las rutas en distintas carreteras.
Frente a las demandas para adelantar las elecciones para antes de la fecha fijada para abril de 2024, el gobierno dice que el plazo establecido se debe a que se necesita una reforma constitucional que debe pasar por el Congreso y ser aprobada en dos legislaturas o en una legislatura y un referéndum. Y señala que junto con el adelanto de elecciones propondrá al Congreso un paquete de reformas del sistema político para no ir a unas elecciones solamente entre los mismos partidos ahora desacreditados y para darle más estabilidad a los próximos gobiernos. La figura de la destitución sumaria del presidente por la ambigua figura de “incapacidad moral” que se le quiso aplicar tres veces a Castillo es parte central de esa inestabilidad. Con un gobierno sin bancada propia, la presión ciudadana será fundamental para avanzar con esas reformas en el Congreso. Con un gobierno débil y un Congreso desacreditado, el plazo hasta abril de 2024 para nuevas elecciones puede ser muy largo.
Se exige, en las calles y en sectores del Congreso cercanos a Castillo, la renuncia inmediata de Boluarte, acusada de “traidora” por los seguidores de Castillo. Con la renuncia de Boluarte se acelerarían las nuevas elecciones, que se convocarían en cuatro meses. El problema con esa alternativa que algunos proponen es que hasta que tome posesión el nuevo gobierno la presidencia del país la asumiría el titular del Congreso, el general en retiro de extrema derecha José Williams, acusado de violaciones a los derechos humanos, que tendría de su lado a la mayoría parlamentaria, con el alto riesgo que eso significaría para la democracia.
El lunes, el jefe del gabinete ministerial, Pedro Angulo, y los ministros del Interior y de Defensa, acudieron al Congreso para explicar la convulsionada situación que vive el país y las muertes durante las protestas. Angulo ha acusado a los pobladores que protestan en las calles de “ser parte de un golpe de Estado”, lo que ha exacerbado más los ánimos. En sintonía con la derecha, los ministros acusaron en el Congreso a políticos y dirigentes de izquierda de “azuzar” las movilizaciones “para crear el caos”. Señalaron que lamentaban las muertes, pero no asumieron ninguna responsabilidad.
Desde la derecha criminalizaron las protestas, le exigieron al gobierno más represión, gritaron “mano dura” y demandaron que las Fuerzas Armadas tomen las calles. Amenazantes, acusaron a legisladores de izquierda de ser “terroristas” por defender el derecho a la protesta y condenar la represión. Desde la izquierda denunciaron “un uso excesivo de la fuerza”, pidieron cesar la represión y recogieron las demandas populares de adelanto de elecciones y una Asamblea Constituyente.
Castillo, sin fueros
Casi en simultánea al anuncio presidencial de adelantar las elecciones, el Congreso levantó el fuero a Castillo en una agitada sesión de varias horas, que comenzó la tarde del domingo y culminó en la madrugada de este lunes, en la que hubo intercambio de insultos e incluso de golpes. Esta decisión, aprobada por 67 votos a favor y 45 en contra, le quita a Castillo el derecho de antejuicio, con lo que el Congreso despeja el camino para que Castillo, detenido desde el miércoles, continúe en prisión y sea procesado por rebelión y conspiración, acusación planteada contra el expresidente por la fiscalía por el intento de cerrar inconstitucionalmente el Congreso. Castillo se encuentra en prisión con una orden de detención preliminar que vence este miércoles, por eso la desesperación de la mayoría parlamentaria de derecha de levantarle el fuero con rapidez y así habilitar la posibilidad de que se le abra proceso penal y se ordene su detención preventiva mientras es procesado. Legisladores “castillistas” y de otros grupos de izquierda denunciaron que la decisión de levantarle el fuero a Castillo se tomó violentando la Constitución y el reglamento del Congreso, saltándose procedimientos y plazos, violando el debido proceso y el derecho de defensa del exmandatario.
