Por Carlos Noriega
7 de diciembre de 2022
Imagen: EFE
El destino de la presidencia de Castillo se definirá en un proceso sumario que se resolverá en un día. La ultraderecha lo acusa de incapacidad moral permanente, una figura constitucional que no está especificada.
El presidente Pedro Castillo no encuentra tranquilidad. Puesto contra las cuerdas por una oposición comandada por una ultraderecha que lo ataca sin pausa y lo quiere derrocar desde el primer día de su gobierno, pero también por sus errores, falta de rumbo y denuncias de corrupción que lo tocan, Castillo se enfrenta a la posibilidad de perder la presidencia.
Es acusado de “incapacidad moral permanente”, una figura constitucional que no está especificada, dejando un amplio margen para la subjetividad y la arbitrariedad si se tienen los votos necesarios para aprobarla, dos tercios del Congreso unicameral de 130 bancas, que son 87 votos. Una puerta abierta para “legalizar” un golpe parlamentario. El destino de la presidencia de Castillo se definirá en un proceso sumario que se resolverá en un día, este miércoles.
“Es parte del juego político, creo que un sector de las fuerzas políticas (de la oposición) va a entender que hay un gobierno puesto por la mayoría. Nosotros como gobierno estamos dispuestos a dialogar”, dijo Castillo en la víspera del proceso parlamentario que busca sacarlo de la presidencia.
El cuarto intento
En dieciséis meses de gobierno este es el cuarto intento de la derecha de destituir al maestro rural y sindicalista que llegó al poder en julio de 2021 con el apoyo de la izquierda y los sectores históricamente marginados. Hubo otros dos procesos de destitución por la misma causa de incapacidad moral que no alcanzaron los votos necesarios para ser aprobados y un juicio político por una insólita acusación sin fundamento de traición a la patria, que fue anulado por falta de sustento por el Tribunal Constitucional.
Esta nueva acusación por “incapacidad moral permanente” se basa, principalmente, en las denuncias por corrupción contra Castillo y su entorno político y familiar -acusados de beneficiarse con licitaciones públicas-, que están en proceso de investigación en la fiscalía. Acusaciones basadas en testimonios de empresarios y excolaboradores de Castillo acusados de corrupción que aseguran que el presidente recibió sobornos. Testimonios dados a cambio de beneficios legales y que están en proceso de investigación para ser corroborados o descartados.
“Hay dichos, declaraciones, contra el presidente, pero no se han presentado pruebas que los corroboren”, señaló el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, uno de los principales voceros del gobierno.
Se llega al día clave del proceso de destitución con la incertidumbre de si en el Congreso se obtendrán los 87 votos necesarios para sacar de la presidencia a Castillo. No hay nada seguro. Hay preocupación por el resultado en la oposición parlamentaria y en el gobierno. Una estimación hecha por el diario La República indica que habría 77 votos seguros a favor de la destitución de Castillo, 40 que lo harán en contra y 11 en duda. Hay dos legisladores suspendidos que no votan. Pero en un Congreso atomizado en trece bancadas, más de media docena de parlamentarios independientes, bloques poco sólidos en la oposición y en el oficialismo y grupos que se dividen a la hora de votar, cualquier cálculo deja margen a la incertidumbre.
Los promotores de la destitución de Castillo apuestan al susto para que congresistas que no los respaldan, incluidos los del oficialismo, se pasen a su bando, diciéndoles que si Castillo no es destituido entonces el gobierno cerrará el Congreso y los dejará sin sus curules. El Ejecutivo puede cerrar el Parlamento y llamar a elecciones legislativas adelantadas si se le niega dos veces la confianza a un gabinete ministerial. Hace unos días el gobierno presentó una cuestión de confianza que el Congreso se negó a debatir y el Ejecutivo tomó eso como una primera negativa de confianza. Eso gatilló los temores y las críticas al gobierno de parlamentarios, incluidos los del oficialismo, preocupados por la posibilidad de perder sus bancas si se fuerza una segunda negativa de confianza.
Estrategia del miedo
Descontento con el gobierno y miedos que la derecha busca explotar para ganar votos de última hora a favor de la destitución de Castillo. Parlamentarios de derecha dicen confiar en que algunos legisladores del oficialismo -formado por varias bancadas, entre las que hay divisiones y enfrentamientos- respalden la destitución del presidente. Serían los votos decisivos que necesitan para inclinar la balanza a su favor. Para calmar esos miedos, el gobierno ha negado que busque cerrar el Congreso.
En estos últimos días decisivos, la derecha fue más allá en esa estrategia del miedo en busca de votos y soltó el rumor que el gobierno preparaba el cierre inconstitucional del Congreso. Los medios replicaron esos rumores. Hubo legisladores que incluso hablaron de un inminente asalto al Congreso ordenado por el Ejecutivo para evitar que se debata la destitución de Castillo y fueron a dormir al Parlamento para “resistir”. No hubo asalto al Congreso ni nada parecido y terminaron haciendo el ridículo.
La sorpresiva renuncia el fin de semana del ministro de Defensa, Daniel Barragán, un excapitán de la Fuerza Aérea, alimentó esos rumores de un posible golpe. Rumores que van desde que Barragán buscó a los jefes militares para pedir su apoyo para cerrar el Congreso y como se negaron renunció, hasta la versión contraria de que su renuncia fue porque se negó a respaldar un golpe contra el Congreso desde el Ejecutivo. Barragán ha negado ambas especulaciones. Solamente ha dicho que renunció por “razones personales”. Este cambio inesperado, y no explicado por el gobierno, ha sumado a los problemas para el Ejecutivo en este momento decisivo. El saliente ministro ha sido reemplazado por el general en retiro Gustavo Bobbio, quien juramentó este lunes en medio de esos rumores y la crisis por el pedido de destitución contra el presidente. Hasta su designación como ministro, Bobbio fue asesor de la Dirección de Inteligencia.
En otra estrategia en busca de los votos que necesitan, la derecha parlamentaria y mediática ha venido presionando fuerte a los congresistas que no son del oficialismo pero no se han alineado con el golpismo para que cambien de postura. Los acusan de corruptos si no votan a favor de la destitución de Castillo. El discurso que pretende hacer pasar el proceso de destitución de Castillo como una lucha contra la corrupción no tiene credibilidad tratándose de legisladores de partidos con un largo historial ligado a la corrupción, como el fujimorismo. Hay denuncias de corrupción que tocan a Castillo que encienden las alarmas y deben ser investigadas -la oposición busca sentenciarlo antes que las investigaciones culminen-, pero para la derecha golpista la corrupción nunca ha sido un problema y en este caso esas denuncias son la excusa para arremeter contra un presidente que los derrotó en las elecciones y a quien, por razones políticas -aunque el discurso de cambio de Castillo que la derecha tanto teme ha quedado solo en discurso, no se ha traducido en acciones de gobierno- y por racismo y clasismo contra el maestro de origen campesino y andino, quieren sacar como sea de la presidencia desde el primer día. Este miércoles van por un nuevo intento.
El destino de la presidencia de Castillo se definirá en un proceso sumario que se resolverá en un día. La ultraderecha lo acusa de incapacidad moral permanente, una figura constitucional que no está especificada.
El presidente Pedro Castillo no encuentra tranquilidad. Puesto contra las cuerdas por una oposición comandada por una ultraderecha que lo ataca sin pausa y lo quiere derrocar desde el primer día de su gobierno, pero también por sus errores, falta de rumbo y denuncias de corrupción que lo tocan, Castillo se enfrenta a la posibilidad de perder la presidencia.
Es acusado de “incapacidad moral permanente”, una figura constitucional que no está especificada, dejando un amplio margen para la subjetividad y la arbitrariedad si se tienen los votos necesarios para aprobarla, dos tercios del Congreso unicameral de 130 bancas, que son 87 votos. Una puerta abierta para “legalizar” un golpe parlamentario. El destino de la presidencia de Castillo se definirá en un proceso sumario que se resolverá en un día, este miércoles.
“Es parte del juego político, creo que un sector de las fuerzas políticas (de la oposición) va a entender que hay un gobierno puesto por la mayoría. Nosotros como gobierno estamos dispuestos a dialogar”, dijo Castillo en la víspera del proceso parlamentario que busca sacarlo de la presidencia.
El cuarto intento
En dieciséis meses de gobierno este es el cuarto intento de la derecha de destituir al maestro rural y sindicalista que llegó al poder en julio de 2021 con el apoyo de la izquierda y los sectores históricamente marginados. Hubo otros dos procesos de destitución por la misma causa de incapacidad moral que no alcanzaron los votos necesarios para ser aprobados y un juicio político por una insólita acusación sin fundamento de traición a la patria, que fue anulado por falta de sustento por el Tribunal Constitucional.
Esta nueva acusación por “incapacidad moral permanente” se basa, principalmente, en las denuncias por corrupción contra Castillo y su entorno político y familiar -acusados de beneficiarse con licitaciones públicas-, que están en proceso de investigación en la fiscalía. Acusaciones basadas en testimonios de empresarios y excolaboradores de Castillo acusados de corrupción que aseguran que el presidente recibió sobornos. Testimonios dados a cambio de beneficios legales y que están en proceso de investigación para ser corroborados o descartados.
“Hay dichos, declaraciones, contra el presidente, pero no se han presentado pruebas que los corroboren”, señaló el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, uno de los principales voceros del gobierno.
Se llega al día clave del proceso de destitución con la incertidumbre de si en el Congreso se obtendrán los 87 votos necesarios para sacar de la presidencia a Castillo. No hay nada seguro. Hay preocupación por el resultado en la oposición parlamentaria y en el gobierno. Una estimación hecha por el diario La República indica que habría 77 votos seguros a favor de la destitución de Castillo, 40 que lo harán en contra y 11 en duda. Hay dos legisladores suspendidos que no votan. Pero en un Congreso atomizado en trece bancadas, más de media docena de parlamentarios independientes, bloques poco sólidos en la oposición y en el oficialismo y grupos que se dividen a la hora de votar, cualquier cálculo deja margen a la incertidumbre.
Los promotores de la destitución de Castillo apuestan al susto para que congresistas que no los respaldan, incluidos los del oficialismo, se pasen a su bando, diciéndoles que si Castillo no es destituido entonces el gobierno cerrará el Congreso y los dejará sin sus curules. El Ejecutivo puede cerrar el Parlamento y llamar a elecciones legislativas adelantadas si se le niega dos veces la confianza a un gabinete ministerial. Hace unos días el gobierno presentó una cuestión de confianza que el Congreso se negó a debatir y el Ejecutivo tomó eso como una primera negativa de confianza. Eso gatilló los temores y las críticas al gobierno de parlamentarios, incluidos los del oficialismo, preocupados por la posibilidad de perder sus bancas si se fuerza una segunda negativa de confianza.
Estrategia del miedo
Descontento con el gobierno y miedos que la derecha busca explotar para ganar votos de última hora a favor de la destitución de Castillo. Parlamentarios de derecha dicen confiar en que algunos legisladores del oficialismo -formado por varias bancadas, entre las que hay divisiones y enfrentamientos- respalden la destitución del presidente. Serían los votos decisivos que necesitan para inclinar la balanza a su favor. Para calmar esos miedos, el gobierno ha negado que busque cerrar el Congreso.
En estos últimos días decisivos, la derecha fue más allá en esa estrategia del miedo en busca de votos y soltó el rumor que el gobierno preparaba el cierre inconstitucional del Congreso. Los medios replicaron esos rumores. Hubo legisladores que incluso hablaron de un inminente asalto al Congreso ordenado por el Ejecutivo para evitar que se debata la destitución de Castillo y fueron a dormir al Parlamento para “resistir”. No hubo asalto al Congreso ni nada parecido y terminaron haciendo el ridículo.
La sorpresiva renuncia el fin de semana del ministro de Defensa, Daniel Barragán, un excapitán de la Fuerza Aérea, alimentó esos rumores de un posible golpe. Rumores que van desde que Barragán buscó a los jefes militares para pedir su apoyo para cerrar el Congreso y como se negaron renunció, hasta la versión contraria de que su renuncia fue porque se negó a respaldar un golpe contra el Congreso desde el Ejecutivo. Barragán ha negado ambas especulaciones. Solamente ha dicho que renunció por “razones personales”. Este cambio inesperado, y no explicado por el gobierno, ha sumado a los problemas para el Ejecutivo en este momento decisivo. El saliente ministro ha sido reemplazado por el general en retiro Gustavo Bobbio, quien juramentó este lunes en medio de esos rumores y la crisis por el pedido de destitución contra el presidente. Hasta su designación como ministro, Bobbio fue asesor de la Dirección de Inteligencia.
En otra estrategia en busca de los votos que necesitan, la derecha parlamentaria y mediática ha venido presionando fuerte a los congresistas que no son del oficialismo pero no se han alineado con el golpismo para que cambien de postura. Los acusan de corruptos si no votan a favor de la destitución de Castillo. El discurso que pretende hacer pasar el proceso de destitución de Castillo como una lucha contra la corrupción no tiene credibilidad tratándose de legisladores de partidos con un largo historial ligado a la corrupción, como el fujimorismo. Hay denuncias de corrupción que tocan a Castillo que encienden las alarmas y deben ser investigadas -la oposición busca sentenciarlo antes que las investigaciones culminen-, pero para la derecha golpista la corrupción nunca ha sido un problema y en este caso esas denuncias son la excusa para arremeter contra un presidente que los derrotó en las elecciones y a quien, por razones políticas -aunque el discurso de cambio de Castillo que la derecha tanto teme ha quedado solo en discurso, no se ha traducido en acciones de gobierno- y por racismo y clasismo contra el maestro de origen campesino y andino, quieren sacar como sea de la presidencia desde el primer día. Este miércoles van por un nuevo intento.
