Por Rudecindo Vega Carreazo
En 23/01/2024
En 23/01/2024
En Perú, como Ecuador, existe un acelerado y consolidado proceso de criminalización de la política, el estado, sus gobiernos y relaciones sociales; es un fenómeno social que ha permeado la estructura y sistema organizacional de la sociedad y la vida misma de las personas. “El ogro filantrópico”, el estado, creado para garantizar la vida en sociedad, superando el “estado salvaje natural”, abuso y crimen está en crisis, los encargados de hacer cumplir ese rol, sus gobiernos, son representantes del crimen.
La política tradicional está en decadencia y la criminalización de la política en ascenso. Los políticos tradicionales están en extinción y aquellos permeables al delito “acuerdan” con los delincuentes metidos en la política, los partidos han sido convertidos en organizaciones criminales; la política ya no es el medio para llegar al gobierno y defender el interés público, es el espacio para defender intereses particulares y delincuenciales desde el estado y el gobierno.
Los políticos tradicionales fueron aislados por los políticos convertidos en delincuentes y ambos han sido arrinconados por organizaciones criminales metidas a la política y los gobiernos. El estado peruano es un “ogro criminal”, un estado delincuencial.
El crimen, metido en la política, gobierna en Perú; controla varios poderes del estado (legislativo, ejecutivo, judicial, TC, MP, DP, etc.) y está en todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local). Antes, en los procesos electorales o procedimientos de designación procuraban auspiciar o financiar candidatos cercanos a sus intereses hoy los proponen o se postulan directamente, lamentablemente, las reglas políticas, electorales y de gestión han contribuido y son permisivas; todos los filtros son vulnerados y copados, estamos a merced del crimen en el gobierno, estado y la vida en sociedad. Estado y gobierno han perdido autoridad para perseguir al delincuente o las bandas delictivas, puesto que ellos mismos son instrumentos para el crimen; en elecciones los ciudadanos elegimos entre delincuentes declarados y ocultos y, uno que otro político o ciudadano aún digno de llevar esos títulos.
El Congreso, el real gobierno en el Perú, controla y dirige al ejecutivo, TC, DP y hasta hace poco al MP, está detrás de la JNJ y los 3 organismos electorales. Ese congreso gubernamental está infestado de organizaciones criminales que han utilizado a los partidos para llegar al poder. La Fiscalía de la Nación llama organizaciones criminales a Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú, Renovación Popular (antes Solidaridad Nacional); a descubierto mafias organizadas en Acción Popular, APP, Somos Perú, Juntos por el Perú; informaciones periodísticas dan cuenta que existen más de 90 congresistas con investigaciones o procesos fiscales y judiciales y que el presidente del congreso, cual capo, tiene más de 50. Peor aún, el mismo congreso ha normalizado la práctica del delito: en sus propias oficinas un congresista violó a su trabajadora, hay mocha sueldos a discreción y el tráfico de influencias es regular. Este congreso que hoy gobierna, carece de legitimidad y representación ciudadana, está organizado y destinado a defender su poder para seguir delinquiendo.
El poder ejecutivo está igual, infestado de mafias gubernamentales, grandes y pequeñas, la corrupción es el sistema de gobierno nacional, copa los principales cargos y sectores gubernamentales, se ha concentrado en sectores, instituciones y programas con mayor presupuesto y; en las instituciones vinculadas a combatir el crimen. Los grandes casos de corrupción se encuentran en los proyectos de inversión y sectores prioritarios de la misma (transportes, vivienda, saneamiento, riego), en sectores sociales masivos en inversión y recursos como (educación y salud) y, en instituciones como las FFAA y la PNP. El Libro de Alfonso Quiroz, “Historia de la Corrupción en el Perú” es una lacerante constatación de la corrupción permanente como parte de la cultura y ADN nacional desde el Virreinato hasta la actualidad, cuyos picos de alta corrupción coinciden con gobiernos autoritarios. Hoy, en democracia, esos actos de corrupción parecen ser más frecuentes, extendidos y masivos; la democracia misma ha sido capturada por organizaciones criminales para delinquir desde el gobierno.
El sistema de justicia padece este mal hace décadas, tenemos más reformas judiciales que constituciones en nuestra historia. Ninguna ha servido, hoy padecemos otra crisis judicial: intentar controlar o resolverlas mediante la creación o captura de los sistemas de designación de los magistrados no ha dado resultado desde inicios de la república, las comisiones, consejos, tribunales y hoy la JNJ, sólo han servido para controlar desde el gobierno el cese de jueces independientes y la designación de otros obedientes al poder. Hoy, esa voracidad por copar el sistema de justicia viene del Congreso, mediante leyes y su obsesiva voluntad de vacar y reemplazar a la JNJ. Controlar el sistema de justicia permite a los gobernantes liberarse y liberar a sus aliados de los procesos fiscales o judiciales en los que se encuentran inmersos y, enjuiciar y perseguir a sus opositores. Es la politización de la justicia como un brazo de la criminalización estatal o gubernamental normalizada; pero también, es la judicialización de la política como el otro brazo de dicha criminalización.
La criminalización nacional y gubernamental tan permanente y consistente es demasiado peligrosa, no tiene ideología ni doctrina, está en todas; no tiene temor, solo interés delincuencial que busca realizar a toda costa. En Perú existen además economías y sociedades ilegales y paralelas que viven en y del narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tala ilegal, contrabando, corrupción gubernamental, crimen organizado, delincuencia, sicariato y extorsión; son parte importante del PBI nacional y de ingresos estatales, lavados por el mismo BCR. No hay fuentes de información del verdadero valor de las economías informales, ilegales y delictivas en la vida del país, pero sin ellas, cualquiera sea su dimensión, nuestro país no hubiera tenido las cifras de crecimiento de los últimos años ni tendría la capacidad de sobrevivencia tan resiliente; quizás sin estas economías fuéramos un país en bancarrota. La criminalización nacional, la politización de la justicia, la judicialización de la política, la ilegalización de la economía y la “delincuentización” de la vida cotidiana es lo que nos corresponde enfrentar.
Ecuador es nuestro espejo, muestra lo que tenemos y somos; allá las organizaciones criminales se enfrentan al gobierno y este ha decidido enfrentarlas como terroristas en un conflicto armado interno; acá en Perú ya las organizaciones criminales nos gobiernan; no hay ideología ni doctrina de por medio, solo intereses delincuenciales que enfrentar, no luchamos contra organizaciones políticas ni políticos, luchamos contra mafias gubernamentales y delincuentes; es más peligroso y tenebroso el camino, por ello, más plural, amplio y necesario debe ser nuestro compromiso para recuperar el futuro de nuestros hijos y nuestra patria, el Perú.
*Abogado y político peruano. Fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el gobierno de Alejandro Toledo, así como Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en el gobierno de Ollanta Humala.
Otra Mirada
La política tradicional está en decadencia y la criminalización de la política en ascenso. Los políticos tradicionales están en extinción y aquellos permeables al delito “acuerdan” con los delincuentes metidos en la política, los partidos han sido convertidos en organizaciones criminales; la política ya no es el medio para llegar al gobierno y defender el interés público, es el espacio para defender intereses particulares y delincuenciales desde el estado y el gobierno.
Los políticos tradicionales fueron aislados por los políticos convertidos en delincuentes y ambos han sido arrinconados por organizaciones criminales metidas a la política y los gobiernos. El estado peruano es un “ogro criminal”, un estado delincuencial.
El crimen, metido en la política, gobierna en Perú; controla varios poderes del estado (legislativo, ejecutivo, judicial, TC, MP, DP, etc.) y está en todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local). Antes, en los procesos electorales o procedimientos de designación procuraban auspiciar o financiar candidatos cercanos a sus intereses hoy los proponen o se postulan directamente, lamentablemente, las reglas políticas, electorales y de gestión han contribuido y son permisivas; todos los filtros son vulnerados y copados, estamos a merced del crimen en el gobierno, estado y la vida en sociedad. Estado y gobierno han perdido autoridad para perseguir al delincuente o las bandas delictivas, puesto que ellos mismos son instrumentos para el crimen; en elecciones los ciudadanos elegimos entre delincuentes declarados y ocultos y, uno que otro político o ciudadano aún digno de llevar esos títulos.
El Congreso, el real gobierno en el Perú, controla y dirige al ejecutivo, TC, DP y hasta hace poco al MP, está detrás de la JNJ y los 3 organismos electorales. Ese congreso gubernamental está infestado de organizaciones criminales que han utilizado a los partidos para llegar al poder. La Fiscalía de la Nación llama organizaciones criminales a Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú, Renovación Popular (antes Solidaridad Nacional); a descubierto mafias organizadas en Acción Popular, APP, Somos Perú, Juntos por el Perú; informaciones periodísticas dan cuenta que existen más de 90 congresistas con investigaciones o procesos fiscales y judiciales y que el presidente del congreso, cual capo, tiene más de 50. Peor aún, el mismo congreso ha normalizado la práctica del delito: en sus propias oficinas un congresista violó a su trabajadora, hay mocha sueldos a discreción y el tráfico de influencias es regular. Este congreso que hoy gobierna, carece de legitimidad y representación ciudadana, está organizado y destinado a defender su poder para seguir delinquiendo.
El poder ejecutivo está igual, infestado de mafias gubernamentales, grandes y pequeñas, la corrupción es el sistema de gobierno nacional, copa los principales cargos y sectores gubernamentales, se ha concentrado en sectores, instituciones y programas con mayor presupuesto y; en las instituciones vinculadas a combatir el crimen. Los grandes casos de corrupción se encuentran en los proyectos de inversión y sectores prioritarios de la misma (transportes, vivienda, saneamiento, riego), en sectores sociales masivos en inversión y recursos como (educación y salud) y, en instituciones como las FFAA y la PNP. El Libro de Alfonso Quiroz, “Historia de la Corrupción en el Perú” es una lacerante constatación de la corrupción permanente como parte de la cultura y ADN nacional desde el Virreinato hasta la actualidad, cuyos picos de alta corrupción coinciden con gobiernos autoritarios. Hoy, en democracia, esos actos de corrupción parecen ser más frecuentes, extendidos y masivos; la democracia misma ha sido capturada por organizaciones criminales para delinquir desde el gobierno.
El sistema de justicia padece este mal hace décadas, tenemos más reformas judiciales que constituciones en nuestra historia. Ninguna ha servido, hoy padecemos otra crisis judicial: intentar controlar o resolverlas mediante la creación o captura de los sistemas de designación de los magistrados no ha dado resultado desde inicios de la república, las comisiones, consejos, tribunales y hoy la JNJ, sólo han servido para controlar desde el gobierno el cese de jueces independientes y la designación de otros obedientes al poder. Hoy, esa voracidad por copar el sistema de justicia viene del Congreso, mediante leyes y su obsesiva voluntad de vacar y reemplazar a la JNJ. Controlar el sistema de justicia permite a los gobernantes liberarse y liberar a sus aliados de los procesos fiscales o judiciales en los que se encuentran inmersos y, enjuiciar y perseguir a sus opositores. Es la politización de la justicia como un brazo de la criminalización estatal o gubernamental normalizada; pero también, es la judicialización de la política como el otro brazo de dicha criminalización.
La criminalización nacional y gubernamental tan permanente y consistente es demasiado peligrosa, no tiene ideología ni doctrina, está en todas; no tiene temor, solo interés delincuencial que busca realizar a toda costa. En Perú existen además economías y sociedades ilegales y paralelas que viven en y del narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tala ilegal, contrabando, corrupción gubernamental, crimen organizado, delincuencia, sicariato y extorsión; son parte importante del PBI nacional y de ingresos estatales, lavados por el mismo BCR. No hay fuentes de información del verdadero valor de las economías informales, ilegales y delictivas en la vida del país, pero sin ellas, cualquiera sea su dimensión, nuestro país no hubiera tenido las cifras de crecimiento de los últimos años ni tendría la capacidad de sobrevivencia tan resiliente; quizás sin estas economías fuéramos un país en bancarrota. La criminalización nacional, la politización de la justicia, la judicialización de la política, la ilegalización de la economía y la “delincuentización” de la vida cotidiana es lo que nos corresponde enfrentar.
Ecuador es nuestro espejo, muestra lo que tenemos y somos; allá las organizaciones criminales se enfrentan al gobierno y este ha decidido enfrentarlas como terroristas en un conflicto armado interno; acá en Perú ya las organizaciones criminales nos gobiernan; no hay ideología ni doctrina de por medio, solo intereses delincuenciales que enfrentar, no luchamos contra organizaciones políticas ni políticos, luchamos contra mafias gubernamentales y delincuentes; es más peligroso y tenebroso el camino, por ello, más plural, amplio y necesario debe ser nuestro compromiso para recuperar el futuro de nuestros hijos y nuestra patria, el Perú.
*Abogado y político peruano. Fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el gobierno de Alejandro Toledo, así como Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en el gobierno de Ollanta Humala.
Otra Mirada
