La ley de los canallas
Por Serge Halimi, director de Le Monde diplomatique.
Resulta inevitable no pensar en una de las célebres escenas de la película de Michael Curtiz Casablanca (1942). Rodeado de algunos de sus hombres, el capitán Renault, jefe de la policía local, llega para cerrar el café de Rick (Humphrey Bogart) exclamando: “¡Qué escándalo! ¡He descubierto que aquí se juega!”. Al instante, un crupier le entrega al agente un fajo de billetes con un: “Sus ganancias, señor”. El capitán agradece con disimulo, se guarda el dinero y ordena: “¡Todo el mundo fuera inmediatamente!”.
En el escándalo financiero relativo al establecimiento fraudulento de una tasa interbancaria británica –la London Interbank Offered Rate (Libor)–, también se quiere identificar al policía corrupto, cosa que no resulta fácil dado el gran número de candidatos al papel. Cada día, una veintena de grandes entidades financieras (Barclays, Deutsche Bank, HSBC, Bank of America, etc.) fijan el valor del Libor. Y éste sirve de referencia a unas transacciones que alcanzan una cuantía total de 800 billones de dólares (no, no es un error de impresión), en particular en el mercado de productos derivados (1). Las cifras en cuestión son tan faraónicas que conducen a la prensa no financiera a centrar su atención en la peccata minuta, más conforme a la escala humana: padres que se gastan las prestaciones familiares sin garantizar la presencia de sus hijos en la escuela, empleados griegos que completan su humilde día a día trabajando y cobrando en negro. A ellos les está reservada la ira de los gobernantes y del Banco Central Europeo.
Si bien la manipulación del Libor pudiera parecer complicada, es tan clarificadora como la escena de Casablanca. Preocupados por adornar su estado de salud y así poder obtener fondos a mejor precio, los grandes bancos, cuya palabra era dogma de fe, subestimaron durante años la tasa a la que pedían prestado. Una vez esta tasa estaba declarada, determinaba seguidamente la del Libor, y por tanto la de sus futuros préstamos... Cayendo “físicamente enfermo” por el “descubrimiento” del fraude cometido por su banco, el jefe de Barclays dimitió el 3 de julio. El gobernador del Banco de Inglaterra pretendía también hacer creer que se había enterado de la estafa en cuestión tan sólo unas semanas atrás (2).
¿“Verdaderamente escandalizado al descubrir” el pastel? Debe ser que Barclays y el Banco de Inglaterra no leen la prensa financiera, ya que, el 16 de abril de 2008, el Wall Street Journal había publicado un artículo titulado “Banqueros ponen en duda una tasa clave”. El primer párrafo rezaba: “Uno de los barómetros más importantes de la salud financiera mundial podría estar mandando señales erróneas”...
Así pues, nuestro mundo está infestado de datos arbitrarios o adulterados (Libor, “regla de oro”, nivel de la deuda o déficits públicos que cabe no superar...) en nombre de los cuales se martiriza a pueblos enteros, como en España. Quienes infligen tales castigos con la mayor crueldad permanecen aureolados de respeto, bien presidan un banco central o una agencia de calificación. No obstante, cuatro años después del desencadenamiento de una de las mayores crisis de la historia, la cuestión de su utilidad social está zanjada.
(1) Léase Ibahim Warde, “La dérive des nouveaux produits financiers”, Le Monde diplomatique, París, julio de 1994.
(2) Cf. “Missteps on Libor Doomed Top Executives at Barclays”, The Wall Street Journal, Nueva York, 15 de julio de 2012.
22 sept 2013
21 sept 2013
Islas Malvinas:El Frente Amplio uruguayo ratificó el respaldo al reclamo de soberanía argentino
Islas Malvinas
El Frente Amplio uruguayo ratificó el respaldo al reclamo de soberanía argentino
A través de un comunicado, la senadora oficialista Constanza Moreira denunció que el diario El País, de Montevideo, pretendió "instalar una noticia mediante la extirpación de algunas frases (...) del Programa del Frente Amplio a aprobarse en noviembre de este año (...) referidas a la presencia de Uruguay en la Antártida".
"El documento aludido -agrega la senadora-, apenas citado, pero omitido, no es una creación personal (de Moreira) sino de varios miembros de la comisión de Defensa del Frente Amplio. El extenso texto contiene diferentes análisis, diagnósticos y propuestas como insumos de elaboración y debate en el seno del Frente Amplio para su Congreso y el próximo gobierno.
Bajo el título "La cuestión política-militar más allá de las fronteras clásicas, la presencia de Uruguay en la Antártida", el documento invocado por El País señala que "se fortalecerá la presencia de Uruguay en la Antártida en su calidad de miembro pleno del Tratado Antártico", del cual Uruguay es miembro desde 1959 junto con otros 27 países.
Acerca de las Islas Malvinas, el texto que será puesto a consideración del Congreso del FA agrega que "se integrará una Comisión Asesora con historiadores, geógrafos, juristas, diplomáticos, políticos y militares que discuta en profundidad el tema y adopte una posición bien fundada. Entre otras consideraciones, teniendo presente que la presencia uruguaya en la Antártida está sustentada en el mismo Tratado España-Uruguay (1841, ratificado en 1846) que concede a Uruguay la soberanía sobre las Islas Malvinas y las tierras dependientes del apostadero Naval del Río de la Plata”.
"La cuestión de la Antártida y de las islas del Atlántico Sur (en especial, de las Malvinas) -prosigue el documento original de la comisión de Defensa del FA- tiene que relacionarse a la constitución de la Zopacas (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur), conformada por 24 naciones, aprobada en la ONU y en la que participan Brasil y Sud África (dos de los BRICS) y Argentina (del G-20)."
"Debe considerarse que la cuarta parte de la producción mundial de gas y petróleo está en las plataformas continentales. Desde Brasil se ha alentado a construir un aparato disuasorio para desalentar las agresiones extra-regionales. Uruguay debe compartir la preocupación." Hasta allí el documento original, aclara Moreira, quien concluye que "quiero dejar en claro mi total acuerdo con la actitud del Uruguay de apoyar consecuente, coherente y sistemáticamente el reclamo histórico de Argentina sobre las Islas Malvinas".
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El Frente Amplio uruguayo ratificó el respaldo al reclamo de soberanía argentino
A través de un comunicado, la senadora oficialista Constanza Moreira denunció que el diario El País, de Montevideo, pretendió "instalar una noticia mediante la extirpación de algunas frases (...) del Programa del Frente Amplio a aprobarse en noviembre de este año (...) referidas a la presencia de Uruguay en la Antártida".
"El documento aludido -agrega la senadora-, apenas citado, pero omitido, no es una creación personal (de Moreira) sino de varios miembros de la comisión de Defensa del Frente Amplio. El extenso texto contiene diferentes análisis, diagnósticos y propuestas como insumos de elaboración y debate en el seno del Frente Amplio para su Congreso y el próximo gobierno.
Bajo el título "La cuestión política-militar más allá de las fronteras clásicas, la presencia de Uruguay en la Antártida", el documento invocado por El País señala que "se fortalecerá la presencia de Uruguay en la Antártida en su calidad de miembro pleno del Tratado Antártico", del cual Uruguay es miembro desde 1959 junto con otros 27 países.
Acerca de las Islas Malvinas, el texto que será puesto a consideración del Congreso del FA agrega que "se integrará una Comisión Asesora con historiadores, geógrafos, juristas, diplomáticos, políticos y militares que discuta en profundidad el tema y adopte una posición bien fundada. Entre otras consideraciones, teniendo presente que la presencia uruguaya en la Antártida está sustentada en el mismo Tratado España-Uruguay (1841, ratificado en 1846) que concede a Uruguay la soberanía sobre las Islas Malvinas y las tierras dependientes del apostadero Naval del Río de la Plata”.
"La cuestión de la Antártida y de las islas del Atlántico Sur (en especial, de las Malvinas) -prosigue el documento original de la comisión de Defensa del FA- tiene que relacionarse a la constitución de la Zopacas (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur), conformada por 24 naciones, aprobada en la ONU y en la que participan Brasil y Sud África (dos de los BRICS) y Argentina (del G-20)."
"Debe considerarse que la cuarta parte de la producción mundial de gas y petróleo está en las plataformas continentales. Desde Brasil se ha alentado a construir un aparato disuasorio para desalentar las agresiones extra-regionales. Uruguay debe compartir la preocupación." Hasta allí el documento original, aclara Moreira, quien concluye que "quiero dejar en claro mi total acuerdo con la actitud del Uruguay de apoyar consecuente, coherente y sistemáticamente el reclamo histórico de Argentina sobre las Islas Malvinas".
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20 sept 2013
DOCUMENTO:Entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay se sembraron 50 millones de hectáreas con soja transgénica en 2012
Entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay se sembraron 50 millones de hectáreas con soja transgénica en 2012
17 septiembre, 2013 Análisis / Documentos
En 2012 Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay sembraron 50 millones de hectáreas con soja transgénica, es decir 500 mil km2 de un único monocultivo.
Una superficie 200 mil Km2 más grande que Italia o 150 mil Km2mayor que la extensión de Alemania.
Un “desierto verde” del tamaño aproximado del estado español.
En la primera década del nuevo milenio, la emigración rural a los suburbios de las ciudades continentales se alimentó sobre todo con las expropiaciones, expulsiones o usurpaciones de tierras en las zonas rurales por parte de dos sectores que han crecido con consecuencias atroces en esos años. Nos referimos a la agroindustria de monocultivos favorecida por la especulación en commodities en el mercado de futuros y a las mineras a cielo abierto. Ambos sectores controlados por corporaciones imperialistas
En el extremo sur del continente cinco países acaparan la producción de soja transgénica bajo la injerencia directa de las transnacionales que producen semillas emponzoñadas y agroquímicos tóxicos, funcionales a los monocultivos.
En la cosecha 2010 la soja abarcó 66% de la tierra cultivada en Paraguay, el 59% en Argentina, el 35% en Brasil, el 30% en Uruguay y el 24% en Bolivia. Y los plantíos siguieron creciendo hasta la actual cosecha de 2013 con 50 millones de hectáreas ocupadas por un único monocultivo que destruye bosques, desplaza plantíos esenciales para la alimentación de sus poblaciones, expulsa agricultores familiares, indígenas y trabajadores rurales, a la vez que envenena el agua la tierra y el aire, con semillas biodegradadas y pesticidas.
Los gobiernos del Cono Sur se jactan del crecimiento de la producción de granos de estos países.
Pero el avance de los monocultivos con semillas transgénicas empeoró la realidad agrícola de la región. La ampliación de los costos productivos con la siembra directa provoca una alteración del tamaño mínimo factible para este tipo de plantíos de soja, maíz o algodón. Con eso, los menores establecimientos se tornan inviables lo que acelera la exclusión de los agricultores familiares. Y al reducir el número de productores reduce también el abanico de productos ofertados. Es una política de deterioro rural que excluye los humanos, exige una inmensa inversión en maquinaria agrícola (tractores, fumigadoras, cosechadoras computarizadas y drones (usados para control del crecimiento de los plantíos, medir necesidades de fertilizantes o fumigar) abastecidos por la gran industria imperialista) e insumos, amplía en forma sistemática el volumen de agro-tóxicos utilizados, amenaza la calidad de la vida de los que permanecen y de los pobladores de ciudades aledañas, consume más combustibles, etc.
Para los gobiernos “progresistas” el crecimiento del agronegocio tiene como consecuencia un relativo -en relación a las ganancias- aumento de los ingresos estatales lo que favorece el “asistencialismo” y por tanto una cierta calma social. Además de proveerlos de divisas, que permiten equilibrar las cuentas externas, infla el PBI, indicador económico perverso que engaña sobre un supuesto “progreso” de los países. Con esta estrategia se está procesando una acelerada extranjerización de la economía y en términos sociales, una verdadera contra-revolución agraria.
Una situación emblemática de esa dependencia externa se evidencia en el mercado de semillas. En la primera mitad del siglo XX las semillas estaban indiscutiblemente en manos de los agricultores y en el sector público.
En las décadas posteriores, las monopolizan los gigantes genéticos: el poder corporativo. Y así marcan la frontera final en la mercantilización de la vida. El mercado de semillas patentadas representa el 82% del mercado de semillas comerciales en todo el mundo
“Las diez principales compañías dominan, el 67% del mercado mundial de semillas patentadas”(1). Las principales empresas de semillas son Takii (Japón), DLF-Trifolium (Dinamarca), Sakata (Japón), Bayer Crop Science (Alemania), KWS AG (Alemania), Land O’ Lakes (Estados Unidos), Groupe Limagrain (Francia), Syngenta (Suiza), DuPont (Estados Unidos) y Monsanto (Estados Unidos)
“En menos de tres décadas un puñado de corporaciones multinacionales ha creado un rápido y feroz cerco corporativo en torno al primer eslabón de la cadena alimentaria”, explica el Grupo ETC(2) y detalla que las patentes biotecnológicas de Monsanto intervenían de alguna forma en el 87% del área total mundial dedicada a semillas manipuladas genéticamente en 2007
Es importante saber que hay una relación directa entre plantación de soja transgénica y eliminación de bosques. ”Mientras el área cultivada con soja incrementa rápidamente, las zonas de bosque se reducen” en todos los países.
En Bolivia los bosques disminuyeron 8%, en Brasil 9%, en Argentina 14% y en Paraguay 15%(3). Y estos son datos hasta 2009, con certeza en 2013 la situación ha empeorado. Como alertan los investigadores: ”La clave de la búsqueda de un camino de bajo contenido de carbono en Latino América y el Caribe se perfila a través de la implementación de políticas y programas para la conservación de sus grandes bosques y el mantenimiento de su matriz energética relativamente limpia”(4). Ambos aspectos se han degradado.
En 2012 Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay sembraron 50 millones de hectáreas, es decir 500 mil Km2 con soja. Una superficie 200 mil Km2 más grande que Italia o 150 mil Km2 mayor que la extensión de Alemania o 50 mil Km2 más extensa que Suecia. Del tamaño aproximado del estado español Una superficie que se extiende por los cinco países del Cono Sur y donde las semillas modificadas genéticamente gozan de un “amplio apoyo político” de los gobiernos respectivos y de un “sistema regulatorio en funcionamiento” que ha sido diseñado por las corporaciones del agro-negocio. Condiciones indispensables -según los ejecutivos de Monsanto- para la expansión de esta “agricultura” nefasta.
Las superficies plantadas con transgénicos, regidas por una tecnología perversa y una normativa que coloca al lucro por encima de la Naturaleza, constituyen un enclave independiente que utiliza la infraestructura (zonas francas, silos, carreteras, puertos, etc.) y las reservas de agua de las naciones de Sudamérica sin pagar por ellas, emponzoñado el aire y la tierra.
Esos 500 mil Km2 de soja no responden a ningún plan ni proyecto de desarrollo nacional de ninguno de los cinco países. No cumplen ninguna función acerca de la soberanía alimentaria de ellos ya que producen alimento para ganado europeo o materia prima para aceites consumido por asiáticos.
.La prueba es innegable ”los principales países productores de soja en el Cono Sur han reducido su suministro local de alimentos desde 1996”, afirma el Centro para la Bioseguridad de Noruega, ya citado. Tampoco tienen como objetivo la conservación de la biodiversidad de nuestros territorios, menos aún la preocupación por proteger o mejorar el medio ambiente.
Brasil: territorio de ensayos
En Brasil el grupo “ruralista”, que representa al agro-negocio en el Congreso es la mayor bancada en el legislativo. El impulso a los monocultivos agrícolas de commodities brindado por los gobiernos del PT ha favorecido su crecimiento. Hasta 2003 el lobby contaba con 89 parlamentarios; en el segundo ejercicio del presidente Lula ya había alcanzado los 120 legisladores y en el ejercicio actual de Dilma Rousseff tiene 160 representantes. Es decir, durante los tres gobiernos petistas casi duplicó su fuerza.
Para tener una idea de la inclinación ideológica de este bloque parlamentario veamos dos grageas:
-su líder en el senado Katia Abreu, ha defendido con desvergüenza en el Congreso, a los hacendados acusados de explotar el trabajo esclavo en sus propiedades y la bancada ha presentado al cuerpo legislativo un proyecto de ley (PEC 57A/1999) para desvirtuar el concepto actual de esclavitud contemporánea e impedir el confisco de las propiedades de los esclavistas;
-dirigentes de los ruralistas viajaron a Asunción a dar apoyo al “golpe parlamentario” contra el presidente Fernando Lugo de Paraguay en 2012.
Hoy la bancada ruralista, después de su exitosa campaña en alianza con Aldo Rebelo -presidente del Partido Comunista do Brasil (PC do B)- para aprobar el nuevo Código Forestal -un retroceso del punto de vista ambientalista- pasó a presionar contra las demarcaciones de territorios indígenas que de alguna forma dificultan las invasiones ilegales “ruralistas” en las tierras de los pueblos originarios
Con la propuesta de enmienda constitucional, PEC 215 se entregaría la aprobación final del proceso de demarcación al Legislativo donde los “ruralistas” tienen la bancada más numerosa(5).
Brasil es el segundo mayor productor de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs), casi empatado y a punto de pasar a EEUU. Tomando el conjunto de las plantaciones de semillas transgénicas, éstas ocupan en Brasil 37,1 millones de hectáreas o 371 mil Km2, un territorio 20 mil Km2mayor que el de Alemania.
En Brasil la extensión de los plantíos transgénicos representa más del 50% del territorio destinado a actividades agrícolas en el país(6). Y la mayor variedad de semillas transgénicas pertenece a la soja
Para la zafra 2012-13 casi 90% de los cultivos de soja son de OGMs. Para los plantíos de maíz este porcentaje es del 75% con semillas transgénicas. Como demostración contraria al mito de que los OGMs reducirían la utilización de los pesticidas, Brasil se ha tornado desde 2009 en el mayor consumidor mundial de agro-tóxicos(7). Una grave amenaza para la salud de su población.
A principios de mayo de 2013 un avión agrícola fumigó con insecticida una escuela localizada en un asentamiento rural del municipio de Rio Verde, en Goiás. 38 personas que realizaban la merienda al aire libre fueron intoxicadas, 36 eran niños. En total había en ese momento en la escuela 122 niños, decenas de ellos comenzaron a presentar picazón, nauseas y dolor de cabeza y fueron llevados al hospital. Hasta ahora siguen en control sanitario.
Esta no es la primera vez que accidentes de este tipo acontecen en regiones de intensa producción agrícola con sistema de monocultivo. Son recurrentes los relatos de pulverizaciones “no intencionales” de huertas, plantíos, frutales, residencias y mismo villas y ciudades. La pulverización aérea de agrotóxicos -que puede ser trasladada por los vientos a zonas lejanas a los plantíos- no está prohibida en Brasil.
Cuando los ejecutivos de Monsanto se refieren a Sudamérica como una región con “sistema regulatorio” de OGMs, en realidad se refieren a un sistema permisivo que admite la peores aberraciones en la siembra de monocultivos y que no ampara la salud de sus pobladores.
“Sistema regulatorio” de los OGMs.
Respecto a la existencia en Brasil de un “sistema regulatorio” de los OGMs, tema que tanto preocupa a Monsanto y sus compinches corporativos, recordemos que en Brasil en marzo de 2005 fue creada la Ley de Bioseguridad que permite el uso de organismos transgénicos sin que sean realizados estudios de impacto al medio ambiente o a la salud. La ley también creó la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança) más conocida como CTNBio, responsable por toda la regulación del sector de biotecnología brasileño.
La CTNBio es la que analiza y autoriza la liberación comercial de organismos genéticamente modificados. Las aprobaciones de nuevas semillas transgénicas lleva implícito y presiona por la aprobación de los pesticidas conexos a dichas semillas, que corresponde al ámbito de la gerencia de toxicología de la Agencia de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).
La CTNBio está en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología y está compuesta por 27 integrantes, todos con doctorado universitario. De esos 27 miembros 12 representan al campo académico y son indicados por la Academia Brasileña de Ciencias: todos técnicos del área de la biotecnología, 9 representan los ministerios y los 6 restantes son representantes de la sociedad civil. Apenas 14 votos -mayoría simple- son necesarios para la liberación comercial de cualquier producto transgénico, sin ninguna clase de experimentación sobre las consecuencias de esta biotecnología. Los 12 bio-tecnólogosvotan las liberaciones con el brazo enyesado, a los que se suman los representantes del ministerio de Agricultura, y de Ciencia y Tecnología completando la mayoría fija.
El organismo es una farsa “democrática” y las resoluciones se toman por sistemático “abuso de mayoría”. Esta composición que fue diseñada ex profeso aísla no solo a los representantes de la sociedad civil, como también a los ministerios de Medio Ambiente, Salud, y Desarrollo Agrario(8). Al tiempo que se creaba el CTNBio la ley creó un Consejo Nacional de Bioseguridad que debía actuar como instancia superior gubernamental. Nunca funcionó, facilitando las aprobaciones al agronegocio transgénico.
De cómo se despliega la escalada de guerra química
Los OGMs tuvieron en su inicio una modificación genética bautizada como Roundup Ready (RR), -lanzada por Monsanto en 1996- que tornaba a las semillas capaces de sobrevivir al pesticida glifosato. El plantío directo se realizaba sin desmatar y se fumigaba con glifosato la totalidad del plantío para matar todo lo que no fuera la planta transgénica. En Brasil, el transgénico RR está presente en 90% de la soja y en por lo menos el 75% del maíz. Hasta ahora esta tecnología era dominante, pero el problema es que el glifosato, que facilitó el control de las mal llamadas “hierbas dañinas”(9) en el campo, se viene tornando cada vez menos eficaz después de años de uso indiscriminado.
La tales “hierbas dañinas” van adquiriendo resistencia a los herbicidas y lo mismo pasa con los insectos que se hacen inmunes a insecticidas cada vez más peligrosos.
Debido a estas prácticas inadecuadas en los monocultivos, creció, por ejemplo, la incidencia de la lagarta Helicoverpa armígera, que tiene una estructura compleja y una alta capacidad de adaptación. En la agricultura familiar se pueden desenvolver los predadores naturales que combaten esa lagarta. No así en los extensos monocultivos que cada vez exigen fumigaciones con venenos más letales y semillas que los resistan.
Frente a este escenario compañías como Dow, Bayer CropScience, Syngenta y la propia Monsanto invierten montañas de dólares en busca de semillas y pesticidas capaces de suceder al Round Ready
La CTNBio tiene en la actualidad, tres pedidos de autorización de la multinacional Dow: dos son de soja y uno es de maíz. La primera soja será resistente al herbicida 2,4-D y al herbicida glufosinato de amonio.
La segunda, a los herbicidas 2,4-D, glifosato e glufosinato de amonio. Por fin, el maíz será tolerante al herbicida 2,4-D y a determinados inhibidores del acetilo coenzima.
El 2,4-D era ingrediente del tristemente célebre Agente Naranja. En la gran prensa económica, ya se dan por aprobadas dichas autorizaciones, que se liberarían en octubre o noviembre de este año.
Es decir antes que en EEUU, que es considerado el más permisivo de los países en términos de aceptar los absurdos de la biotecnología transgénica.
El New York Times anunció en mayo pasado que el Departamento de Agricultura (USDA) decidió someter a estudios más rigurosos a las semillas resistentes al2,4-D y explicó que: la decisión provino del entendimiento que esa tecnología “puede afectar significativamente la calidad del ambiente humano”(10). En 2012 organizaciones como el Centro para la Seguridad Alimentaria de USA recogieron más de 400 mil peticiones contrarias a la aprobación de la soja y el maíz resistente al 2,4-D. Mientras en Australia, la autoridad gubernamental que controla los pesticidas -Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority – APVMA- prohibió la utilización de los herbicidas 2,4-D del tipo HVE (altamente volátiles) por los riesgos que representan para el medio ambiente. Y está en estudio la exclusión de todo tipo de 2, 4-D en la agricultura
Monsanto se había adelantado a la competencia con la Tecnología Intacta RR2 PRO lanzada en 2011. Intacta RR2 PROfue aprobada primero en Brasil en 2011, luego en Argentina en agosto 2012, en setiembre de 2012 fue aceptada oficialmente por el gobierno uruguayo y Paraguay fue el último de la región en darle el visto bueno a principios de 2013. El herbicida principal sigue siendo el glifosato con algunas modificaciones más intensivas de aplicación y lo que cambia es el supuesto poder del insecticida dirigido a las tres lagartas principales que atacan la soja. El costo por hectárea de la nueva tecnología se multiplica por más de 5: pasa de R$ 22 (10 US$ aprox.) para la actual RR, a R$ 115 (más de 50 US$ aprox.) para el Intacta RR2 PRO.
Al 2,4-D de Dow, Monsanto ya replicó con una transgénica futura bautizada de “Roundup Ready 2 Xtend” que estaría a disposición para 2015, que torna las plantaciones resistentes a los herbicidas glifosato y dicamba (un derivado del ácido benzoico descripto como insecticida, fungicida y herbicida). Es a esto lo que llamamos una verdadera escalada de guerra química contra el medio ambiente.
Y es en Brasil en la actualidad, que las multinacionales que protagonizan y conducen la escaladaexperimentan las nuevas tecnologías con absoluta anuencia del gobierno. Así como la población brasileña fue ya un campo de experimentación de las corporaciones farmacéuticas -no olvidar el desastre ocasionado en el país por la talidomida-, ahora una extensión de su territorio, mayor que la superficie de Alemania, es el escenario de pruebas imperialista de las armas químicas contra la Naturaleza.
Agrotóxicos y la desaparición de los enjambres de abejas
Brasil cayó de la 5ta. para la 10ª colocación mundial en exportación de miel en los últimos dos años. El motivo fue el abandono de las colmenas en la región productora más importante del país, el nordeste. En 2012 algunos estados registraron una reducción del 90% de la producción y el abandono de colmenas llegó al 60%. Cerca de 46 mil pequeños apicultores en nueve estados nordestinos vivían de la actividad y juntos respondían por el 40% de la producción de miel del país.
Márcio Freitas, coordinador general de la valoración de sustancias tóxicas del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recurso Naturales Renovables (Ibama) indica que los “defensivos” agrícolas están entre las tres principales causas de la desaparición de abejas en Brasil. Esta afirmación no hace más que confirmar los varios estudios hechos en Europa y EEUU frente al mismo hecho. Los agroquímicos matan los insectos inmediatamente después de su aplicación o afectan si sistema sensor, haciendo que no consigan retornar a la colmena, debilitándola y terminando por hacerla desaparecer.
Por eso en 2012 Ibama editó una disposición que restringe el uso de estas sustancias durante el período de floración. La desaparición de las abejas no afecta únicamente la producción de miel, ellas desempeñan un papel imprescindible en la agropecuaria.
Cerca de 80% de todo lo que es consumido en el mundo es polinizado por las abejas. Su ausencia se refleja en impacto directo sobre la agricultura y en la pecuaria, porque las pasturas requieren también de polinización(11).
China y los transgénicos
Responsable por dos tercios de las importaciones de soja en grano realizadas en el planeta, China responderá por el crecimiento total de los volúmenes importados en el mundo a lo largo de 2013-14. Esta situación favorable a los granos bio-modificados tiende a cambiar. Según declaraciones atribuidas por la agencia de noticias Dow Jones Newswirew al vice-secretario general de la Asociación de Soja de Helongjiang, Wang Xiaoyu, el consumo regular de aceite de soja producido a partir de granos genéticamente modificados tornaría a las personas más vulnerables y predispuestas al desarrollo de tumores y a la esterilidad. Xiaoyu basó sus conclusiones en la observación de elevados niveles de incidencia de cáncer en las provincias de Fujian y Guangdong, donde el consumo de aceite de soja transgénica es más alto. La situación es vidriosa ya que el gobierno chino todavía difiere la decisión de autorizar en su país los plantíos de soja transgénica en gran escala
Es por eso que hay una gestión diplomática intensa hacia China de parte de los países sudamericanos que cobijan el enclave sojero de las corporaciones. Es parte del comportamiento de subordinación al agronegocio de estos gobiernos. A mediados de junio pasado el ministro de Agricultura de Brasil, Antonio Andrade viajó por segunda vez desde mayo a China, pidiendo al país asiático que se abra a la nueva variedad de sojaIntacta RR2 PRO, de Monsanto. El canciller Antonio Patriota -sustituido esta semana por el prepotente incidente de Itamaraty con Bolivia-, haciendo honor a su apellido, también participó personalmente de las negociaciones como lobbysta de la multinacional(12).
“Tanto el proyecto productivo como la matriz energética que impulsa el gobierno, han desatado enfrentamientos con pueblos indígenas, pobladores costeros y pescadores, pequeños productores rurales y organizaciones sociales que luchan por la tierra.
Es durante el gobierno de Dilma Rousseff que las grandes obras hidroeléctricas y los diques que retienen agua para la agroindustria o la minería, así como la agresión a la naturaleza y a los pobladores -tanto rurales como urbanos- que proviene de los monocultivos y las mineras han generado variados e intensos conflictos. Esta situación no es localizada sino que se extiende a todo el país. En el Mapa de Conflictos envolviendo Injusticia Ambiental y Salud en Brasilson relatados 343 conflictos ambientales que tienen impacto en la salud colectiva del país. Las principales víctimas de estos conflictos son los indígenas en 33,67 % de los casos, en 31,99% son los agricultores familiares y en el 21,55% los quilombolas”(13).
Temprana introducción de los transgénicos en Argentina
La historia de la introducción de las semillas transgénicas en Argentina se inicia precozmente entre febrero y noviembre de 1994, meses en que Monsanto hizo los primeros contactos en el país y comenzó a infiltrar el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA) que por décadas llevaba adelante la investigación para el desarrollo de variedades vegetales “mejoradas”. Monsanto “compró” los equipos de investigación del INTA y tuvo acceso a sus archivos secretos, apoderándose del capital genético estratégico del país.
Esto le permitió a Monsanto crear la soja Roundup Ready sobre la base de variedades de soja desarrolladas en Argentina para los suelos nacionales. La corporación creó la empresa Nidera para negociación de semillas transgénicas, a la que otorgó una licencia para la venta de dichas semillas
Al mismo tiempo comenzó la publicidad de sus OGMs a través del suplemento de Clarín Rural. Hay que recordar que estos acontecimientos se desarrollaron bajo las presidencias de Carlos Menem (1989-1999), un nefasto neoliberal del “modelo” Consenso de Washington que llevó el país a la quiebra.
Su ministro de agricultura Felipe Solá, hombre de Monsanto, el 3 de abril de 1996 firmó la autorización para la comercialización de las semillas transgénicas “tolerantes al herbicida glifosato” sin ningún debate parlamentario, investigaciones previas o ley que regulara los cultivos transgénicos.
En Argentina la soja abarcó 197 mil Km2 en la última cosecha (2012-2013). Una extensión similar a la de Irlanda y Grecia sumadas.
A pesar de la afirmación de la presidenta Cristina Fernández en El Calafate: ”¡No vamos a tirar ni un solo árbol, los árboles son sagrados! ¡Los árboles no se tocan! Por lo menos acá en El Calafate. ¡Sobre mi cadáver, únicamente!”(14) la desforestación en Argentina está en relación directa con la expansión del agro-negocio y en especial con la propagación progresiva de la soja transgénica.
Más de 1 millón de hectáreas forestadas se destruyeron desde que se sancionó la Ley de Bosques en 2007. Hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas -o 11.450 km2-, lo cual promedia 229 mil hectáreas por año, 627 h. por día y 26 h. por hora. Los principales índices de destrucción forestal fueron en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta y Córdoba(15). Solo en 2012, 153 mil hectáreas de bosque chaqueño fueron arrasadas en el noroeste de la provincia de Córdoba.
Actualmente Argentina cuenta con cerca de 30 millones de hectáreas de bosque nativo, lo que equivale sólo al 30% de la superficie forestal original. El país se encuentra en una verdadera emergencia forestal. Acentuada en los últimos 15 años por esta expansión descontrolada de los plantíos transgénicos.
La lógica del modelo agropecuario impuesto desde el gobierno por medio del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) tiene un profundo y negativo impacto en el sistema productivo de Argentina al consolidar un modelo de país agroexportador basado en la agroindustria, pools de siembra(16), monocultivos de grandes extensiones, despoblamiento y éxodo rural hacia enormes ciudades no sustentables.
El PEA es contradictorio con la Ley de Bosques porque propone una expansión de la frontera agropecuaria de casi 10 millones de hectáreas, aumentando la superficie agropecuaria de 32 millones de hectáreas a 41 millones. Un crecimiento de 60% más de extensión para la agricultura y un 45% más para la ganadería
Esta expansión ha demostrado graves consecuencias sobre las comunidades campesinas y habitantes originarios de los bosques nativos, con la complicidad de la burocracia provincial y los integrantes del poder judicial. Como en Brasil, los grupos de matones armados del agronegocio han sometido a la violencia, desalojo, despojo, destrucción de viviendas y ganado, a quienes resisten el desmonte y el avance de la frontera de monocultivos.
La Ley de Bosques no sólo defiende los árboles, también en varios de sus artículos ampara a los habitantes históricos de las florestas. A nivel legislativo, en contraposición a Brasil, se ha avanzado mucho en ese aspecto, pero sin embargo en los últimos 5-6 años hay contabilizadas siete muertes relacionadas directamente con la deforestación en las provincias de Santiago del Estero, Formosa y Tucumán. En Formosa, quizá es donde los conflictos por la tierra han tomado mayor relevancia por la decidida resistencia del Pueblo Qom y Wichi a los empresarios sojeros y al gobierno provincial de Gildo Insfrán (gobernador desde diciembre de 1995, durante 5 ejercicios seguidos).
Madres de Ituzaingó
En Argentina la expansión de la frontera agrícola con transgénicos ha puesto en evidencia los problemas de salud que acarrean las fumigaciones con pesticidas. Este es el origen del difundido movimiento de las Madres de Ituzaingó (un barrio de la ciudad de Córdoba). ”En enero de 2002, en el Barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba, cuatro mujeres se encontraron en la verdulería y, casi sin saberlo, dieron comienzo a una lucha que ya lleva más de diez años. El 21 de agosto de 2012 esa lucha resultó en la primera condena en la Argentina a un productor agropecuario y a un aplicador aéreo por contaminar con agroquímicos y multiplicar los casos de cáncer en el barrio”…”Aquella mañana de enero una de ellas contó que a su hijo le habían diagnosticado leucemia, y entonces lo que parecía casualidad pasó a ser sospecha, porque en la zona había muchos casos similares”(17).
Preguntando, llegaron a Raúl Montenegro, biólogo y presidente de la Fundación para la defensa del Ambiente (FUNAM), que tras caminar por la zona detectó las fuentes contaminantes: el tanque de agua público del barrio y las pulverizaciones de agroquímicos. Como el ministerio de salud de la provincia de Córdoba no se interesó por sus denuncias fueron a los “medios” y presionaron hasta que dicho ministerio tuvo que resolver analizar el agua del tanque. Como era evidente, se comprobó la presencia de agroquímicos y metales pesados en el agua. De ahí exigieron un relevamiento de las enfermedades en el barrio y se comprobó que en casi todas las casas había una persona afectada por el envenenamiento del agua. Mientras, las fumigaciones aéreas continuaban y cuando se empezó a plantar soja las nefastas pulverizaciones llegaron hasta la calle que bordeaba el barrio.
En ese momento se presentaron a la justicia e iniciaron un juicio. De los tres acusados se condenó a un productor -inhabilitado para aplicaciones de agroquímicos por 8 años y prisión no efectiva por 3 años y al aviador fumigador, impedido por 10 años. Si bien el juicio era un gran triunfo porque reconocía la relación directa de la aplicación de agroquímicos con las dolencias, se imputaba la responsabilidad a los últimos eslabones de la cadena
Para el biólogo Raúl Montenegro(18): ”Este es un éxito espectacular de lucha grupal, pero no es un ejemplo de lucha comunitaria”…”en este barrio siguen existiendo fuentes de contaminación, riesgos ambientales que no están siendo tratados” y agrega:
“Yo creo que la condena es importante, pero siempre hay que tener mucha cautela. En este juicio se condenó a ‘perejiles´. Eran dos productores y un agroaplicador. Uno quedó absuelto y dos quedaron condenados. Sin desmerecer su responsabilidad, no estuvieron sentados los verdaderos responsables… actores reales que son el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que autoriza los plaguicidas, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) que autoriza los transgénicos, la Comisión Nacional de Semillas (Conase), corporaciones de sojeros como la Sociedad Rural, los funcionarios de Gobierno, los grupos corporativos de aplicadores”. Y por supuesto las corporaciones imperialistas de transgénicos y agroquímicos
Resistencia en Malvinas Argentinas (Córdoba)
La resistencia a los transgénicos no sólo parte de los pueblos originarios y de pobladores afectados por las fumigaciones de agroquímicos.En la actualidad existe un duro conflicto contra Monsanto por el anuncio de la radicación de una planta de la corporación en Malvinas Argentinas (Córdoba) para procesamiento de semillas de maíz. En momentos que la resistencia de la población de EEUU a Monsanto se radicaliza, la empresa intenta descentralizar sus instalaciones. Según directores de la transnacional la etapa de construcción civil de la planta se finalizaría a fines del 2013 y la faz operativa comenzaría en marzo de 2014. La construcción de la planta se inició sin la aprobación de la licencia ambiental mostrando la complicidad de las autoridades provinciales. En el lanzamiento de la obra hubo un “escrache” protagonizado por los movimientos sociales de vecinos contrarios a la instalación de la empresa en Malvinas Argentinas. Monsanto en su discurso actual propone “luchar contra la sojización” y sembrar maíz (por supuesto transgénico) que permite la rotación del suelo. Después de liderar las campañas por la siembra directa y el monocultivo de soja, “reconoce” ahora la erosión de los suelos por la soja y que es necesaria la rotación de cultivos. En la defensiva por las múltiples denuncias en su contra, ahora anuncia un plan para reducir el uso de agroquímicos y medidas para controlar las fumigaciones. Ya sabemos cuál es la “prudencia” y las “buenas intenciones” de los inventores del Agente Naranja.
A parte de estas resistencias puntuales -la más importante es la de los indígenas del Pueblo Qom y Wichi- no conozco que se haya desarrollado un gran movimiento nacional contra los transgénicos. Por el contrario los enfrentamientos a la minería a cielo abierto son innumerables, con luchas exitosas como la de Famatina (Rioja) derrotando dos multinacionales que intentaron destruir la economía de la región. En la actualidad la confrontación más importante se desarrolla en Rio Negro, Chubut y en la provincia de Santa Cruz, para impedir el fracking que pretende implantar una sociedad de YPF con Chevron. Sí, leyó bien, la misma Chevron de otros múltiples desastres.
Paraguay
El último censo agropecuario en Paraguay, de 2008, da cuenta de que 85,5% de las tierras están en manos del 2,06% de la población. La Comisión de la Verdad y Justicia (CVJ), que funcionó entre 2003 y 2008 para investigar los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89) también se explayó sobre las irregularidades en relación a la concesión de tierras bajo la dictadura. La CVJ fijó en 6,75 millones las hectáreas adjudicadas ilegalmente durante el régimen (o 67.500 km2, una superficie mayor que Suiza e Israel sumados) y un millón adicional en los siguientes 15 años. Eso supone que 64% de las tierras adjudicadas entre 1954 y 2008 lo fueron irregularmente. En total, las llamadas tierras “mal habidas” suman 33% de la superficie agrícola paraguaya y 19% del territorio nacional, dictaminó la CVJ(19).
“En los últimos 50 años Paraguay perdió el 90% de sus bosques, que equivale a la extinción de casi la totalidad de los recursos forestales a causa de la deforestación”…”De las ocho millones de hectáreas que corresponden al Bosque Atlántico de Alto Paraná, en la Región Oriental, solo quedan cerca de 1.100.000 h., las cuales se aprecian como pequeñas manchas captadas por satélite”.(20) La deforestación se realizó por parte de empresas para comercializar la madera, y para extender la frontera de la producción agropecuaria. Pero en la última década se aceleró por la expansión de los plantíos de transgénicos. En especial la soja que ha pasado a ser el mayor rubro de exportación del país en los últimos años.
Según información de la Cámara Paraguaya de exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) la cosecha de soja de la zafra 2012-2013 alcanzó una cifra record de 9,3 millones de toneladas. Esta cantidad duplica la campaña de la zafra 2011-2012 que alcanzó solo 4,3 millones de toneladas. El área de cultivo aumentó a 3,15 millones de hectáreas o 31 mil 500 km2. Una superficie mayor que la extensión de Bélgica. La baja producción de la zafra anterior se debió a una prolongada sequía que afectó los plantíos y que redujo el rendimiento promedio por hectárea a la mitad.
Los brasiguayos(21) dueños de Vetro S.A., del grupo Favero(22) en el Departamento San Pedro, Paraguay, invadieron la tierra de la comunidad guaraní Yrybucuá para plantar soja, le arrasaron los bosques arrancando las palmeras, los frutales y las arboledas que les daban sombra, dejándolos sin frutas y sin leña. Les envenenaron el río Sadio con glifosato privándolos de los peces que los alimentaban y del agua potable para ellos y sus animales. Historias como ésta son innumerables en los departamentos fronterizos con Brasil. Estos empresarios “brasiguayos” apoyados por la bancada ruralista del Congreso brasileño apuntalaron el golpe del senado paraguayo contra Fernando Lugo. En Paraguay la cuarta parte de las tierras está en manos foráneas. Si bien los “brasiguayos”son la punta de lanza de la ofensiva, los uruguayos no se quedan atrás. Han invadido el chaco paraguayo para la cría de ganado: 2 millones de hectáreas pertenecen a inversores uruguayos. Eso implica el desmonte del 50% de dicha extensión, que es lo que permiten la “leyes ambientales” del país. Es decir desmatar 1 millón de hectáreas, 10.000 km2 de un territorio de donde la etnia guaraní retira su sustento.
Según las organizaciones sociales y ambientalistas, el cultivo extendido de OGMs en Paraguay ha tenido como resultado: la desintegración de muchas organizaciones campesinas; la migración y el desarraigo de las poblaciones campesinas e indígenas y su paso a engrosar los cinturones de pobreza de los centros urbanos; el cierre de las escuelas en los periodos de fumigación de cultivos extensivos cercanos; varios casos de intoxicación y muerte por plaguicidas denunciados por Vía Campesina Paraguay; la canalización de ingresos por la exportación hacia un reducido círculo relacionado con la agroindustria y la élite política-gubernamental; la destrucción masiva de bosques y la pérdida de biodiversidad; la fragmentación de hábitats importantes para especies animales y de plantas y la contaminación con agroquímicos de suelos y agua. Una dominante de acontecimientos que se repiten en todo el enclave sojero Sudamericano.
El golpe que colocó a Federico Franco en la presidencia (22.06.2012) dio inicio a un gobierno de los terratenientes, leal a EEUU. De inmediato a la destitución de Fernando Lugo, Franco se reunió con representantes de agro-exportadores y ganaderos brasileños en el Palacio de Gobierno. Al término de la reunión, Marilene Sguarizi, una abogada representante del grupo empresarial, afirmó a los medios de comunicación que ”el nuevo presidente nos prometió que apoyará al sector agroindustrial, protegerá la propiedad privada e impedirá las invasiones de tierras en el país” (algo que fue el detonante de la crisis)(23). En realidad, más allá de las intenciones del presidente Lugo, en su ejercicio se desató un fuerte movimiento de ocupaciones de tierras por campesinos y de enfrentamientos de resistencia a los aparatos estatales de represión y sus operaciones de desalojo de pobladores rurales y comunidades agrarias.
El golpe estaba dirigido a detener una rebelión agraria en ciernes y defender los intereses de los grandes usurpadores capitalistas de tierras.
Respecto a la defensa de las inversiones imperialistas, Franco emitió mensajes muy claros: se dirigió de inmediato a los representantes de las dos corporaciones principales instaladas en el país. En reunión con la petrolera Crescent Global Oil-Pirity Hidrocarburos, trasnacional estadounidense de prospección, exploración y explotación de petróleo, le aseguró todo su apoyo en la tarea asumida de búsqueda de hidrocarburos.
Respecto a Monsanto la señal fue muy concreta: el ministro de Agricultura Enzo Cardozo anunció que el presidente lo instruyó para acelerar la autorización del uso de la semilla de algodón transgénica marca Bollgard BT, producida por la corporación. Cardozo dijo que trasmitiría al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas (Senave) la decisión de inscribir dicha semilla en el Registro Nacional de Semillas, sin ninguna clase de tramitación. El anterior presidente del Senave, Miguel Lovera, se negaba a otorgar la autorización por falta del dictamen técnico del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Medio Ambiente, algo estipulado por ley.
Desde su inicio el gobierno producto del golpe senatorial, resultó explícitamente pro-imperialista, lo que acrecienta la convicción de una intervención directa de EEUU en el suceso. Y resultó una transición para el actual gobierno “colorado” de Horacio Cartes un conocido contrabandista investigado por la DEA por lavado de dinero del narcotráfico. Ya sabemos que eso está lejos de ser un inconveniente para una alianza estrecha del gobierno paraguayo con EEUU.
Frente a un recomienzo de movilizaciones en el campo, Cartes ha lanzado un despliegue militar en el norte del país. En San Pedro se oficializó el resurgimiento de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas (COC).Marchas, cierre de rutas y ocupaciones es la respuesta de las organizaciones obreras y campesinas. Uno de los objetivos centrales es frenar el avance de lo que denominan “agricultura genocida empresarial”. Un dirigente campesino adelantó que uno de los propósitos es “ingresar en los establecimientos sojeros”(24).
Bolivia en la trampa de los transgénicos
Una vez finalizada la cosecha de verano 2013 del cultivo de soja, los datos indican que la producción de Bolivia volvió a superar la alcanzada el año pasado y de esta manera la convierten en una producción histórica, porque las 890.000 hectáreas cultivadas en el departamento de Santa Cruz o 8.900 km2. Significa un importante crecimiento de la frontera agrícola en soja. Según datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), se obtuvieron 1,900.000 toneladas de soja, superando a la campaña de verano 2011-2012, donde se cosecharon 1,800.000 toneladas
Anapo estima que la siembra de invierno puede llegar a las 300.000 hectáreas de soja, o 3.000 km2 donde la mayor cantidad se cultiva en la zona norte de Santa Cruz. Sumadas las dos campañas, verano e invierno la producción estimada es de 2,5 millones de toneladas de soja, de las cuales solamente el 20% es para el consumo interno el restante 80% para exportación. Entre las dos campañas se siembran 11.900 km2, una superficie 1000 km2 mayor que Jamaica.
Contradicciones
La situación más contradictoria respecto a los transgénicos en el Cono Sur la protagoniza este país del altiplano, ya que el crecimiento de las cosechas de soja transgénica se opone a toda la legislación nacional que prohíbe la producción, importación, distribución y comercialización de semillas bio-modificadas.
El Artículo 255 de la Constitución Política del Estado prohíbe toda forma de producción, importación, y comercialización de OGMs. Desde el 2005 está en vigencia la Resolución Administrativa (vrnma Nº 135/05) que preserva al maíz de cualquier posibilidad de contaminación transgénica. Desde 2009 el Decreto Supremo 181 (artículo 80) prohíbe la adquisición de alimentos genéticamente modificados en las compras estatales y la alimentación complementaria escolar. Y desde la aprobación de la Ley de Derechos de la Madre Tierra queda establecido ”el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial…”.
Esta serie de disposiciones jurídicas-constitucionales que deberían proteger a Bolivia de la producción de OGMs es el resultado de la resistencia y la lucha de los movimientos sociales en el país. Sin embargo, además de las extensas plantaciones de soja -100% transgénica- en Santa Cruz -reducto de la oposición política al gobierno de Evo Morales- el 100% del algodón plantado es transgénico. Allí, como en Chuquisaca y Tarija, la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas ha recogido también muestras de maíz transgénico en las plantaciones. Estas evidencias no llevaron a un seguimiento y a acciones del gobierno para erradicar lo que las leyes prohíben.
Al no protegerse la diversidad genética del país, se pone en riesgo la soberanía alimentaria de Bolivia. La expansión de estos cultivos está consolidando el poderío de una nueva élite agro-empresarial, dependiente de las corporaciones imperialistas de semillas y agroquímicos, que ocupa las mejores tierras cultivables del país y se beneficia con el subsidio a los combustibles. Incluso hay disposiciones gubernamentales permisivas con los transgénicos: pese a saber que el 100% de la soja producida en el país es transgénica, se la incluye en el paquete alimentario del subsidio prenatal y de lactancia. De la misma forma no existen reglamentaciones estrictas sobre el rotulado de los alimentos basados en transgénicos.
El 75% del aceite consumido por los bolivianos tiene origen en la soja transgénica. Lo que significa una clara amenaza para la salud pública nacional(25).
Es indudable que el gobierno de Evo Morales tiene una posición permisiva para los transgénicos en el país, por encima de las disposiciones legales. Es una característica que se repite en todos los gobiernos “progresistas” de Sudamérica: Para ellos tienen primacía los resultados inmediatos en el comercio exterior y la entrada de divisas, por encima de una estrategia agrícola productiva que garantice alimentos sanos, trabajo rural abundante y soberanía alimentaria.
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=77624
17 septiembre, 2013 Análisis / Documentos
En 2012 Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay sembraron 50 millones de hectáreas con soja transgénica, es decir 500 mil km2 de un único monocultivo.
Una superficie 200 mil Km2 más grande que Italia o 150 mil Km2mayor que la extensión de Alemania.
Un “desierto verde” del tamaño aproximado del estado español.
En la primera década del nuevo milenio, la emigración rural a los suburbios de las ciudades continentales se alimentó sobre todo con las expropiaciones, expulsiones o usurpaciones de tierras en las zonas rurales por parte de dos sectores que han crecido con consecuencias atroces en esos años. Nos referimos a la agroindustria de monocultivos favorecida por la especulación en commodities en el mercado de futuros y a las mineras a cielo abierto. Ambos sectores controlados por corporaciones imperialistas
En el extremo sur del continente cinco países acaparan la producción de soja transgénica bajo la injerencia directa de las transnacionales que producen semillas emponzoñadas y agroquímicos tóxicos, funcionales a los monocultivos.
En la cosecha 2010 la soja abarcó 66% de la tierra cultivada en Paraguay, el 59% en Argentina, el 35% en Brasil, el 30% en Uruguay y el 24% en Bolivia. Y los plantíos siguieron creciendo hasta la actual cosecha de 2013 con 50 millones de hectáreas ocupadas por un único monocultivo que destruye bosques, desplaza plantíos esenciales para la alimentación de sus poblaciones, expulsa agricultores familiares, indígenas y trabajadores rurales, a la vez que envenena el agua la tierra y el aire, con semillas biodegradadas y pesticidas.
Los gobiernos del Cono Sur se jactan del crecimiento de la producción de granos de estos países.
Pero el avance de los monocultivos con semillas transgénicas empeoró la realidad agrícola de la región. La ampliación de los costos productivos con la siembra directa provoca una alteración del tamaño mínimo factible para este tipo de plantíos de soja, maíz o algodón. Con eso, los menores establecimientos se tornan inviables lo que acelera la exclusión de los agricultores familiares. Y al reducir el número de productores reduce también el abanico de productos ofertados. Es una política de deterioro rural que excluye los humanos, exige una inmensa inversión en maquinaria agrícola (tractores, fumigadoras, cosechadoras computarizadas y drones (usados para control del crecimiento de los plantíos, medir necesidades de fertilizantes o fumigar) abastecidos por la gran industria imperialista) e insumos, amplía en forma sistemática el volumen de agro-tóxicos utilizados, amenaza la calidad de la vida de los que permanecen y de los pobladores de ciudades aledañas, consume más combustibles, etc.
Para los gobiernos “progresistas” el crecimiento del agronegocio tiene como consecuencia un relativo -en relación a las ganancias- aumento de los ingresos estatales lo que favorece el “asistencialismo” y por tanto una cierta calma social. Además de proveerlos de divisas, que permiten equilibrar las cuentas externas, infla el PBI, indicador económico perverso que engaña sobre un supuesto “progreso” de los países. Con esta estrategia se está procesando una acelerada extranjerización de la economía y en términos sociales, una verdadera contra-revolución agraria.
Una situación emblemática de esa dependencia externa se evidencia en el mercado de semillas. En la primera mitad del siglo XX las semillas estaban indiscutiblemente en manos de los agricultores y en el sector público.
En las décadas posteriores, las monopolizan los gigantes genéticos: el poder corporativo. Y así marcan la frontera final en la mercantilización de la vida. El mercado de semillas patentadas representa el 82% del mercado de semillas comerciales en todo el mundo
“Las diez principales compañías dominan, el 67% del mercado mundial de semillas patentadas”(1). Las principales empresas de semillas son Takii (Japón), DLF-Trifolium (Dinamarca), Sakata (Japón), Bayer Crop Science (Alemania), KWS AG (Alemania), Land O’ Lakes (Estados Unidos), Groupe Limagrain (Francia), Syngenta (Suiza), DuPont (Estados Unidos) y Monsanto (Estados Unidos)
“En menos de tres décadas un puñado de corporaciones multinacionales ha creado un rápido y feroz cerco corporativo en torno al primer eslabón de la cadena alimentaria”, explica el Grupo ETC(2) y detalla que las patentes biotecnológicas de Monsanto intervenían de alguna forma en el 87% del área total mundial dedicada a semillas manipuladas genéticamente en 2007
Es importante saber que hay una relación directa entre plantación de soja transgénica y eliminación de bosques. ”Mientras el área cultivada con soja incrementa rápidamente, las zonas de bosque se reducen” en todos los países.
En Bolivia los bosques disminuyeron 8%, en Brasil 9%, en Argentina 14% y en Paraguay 15%(3). Y estos son datos hasta 2009, con certeza en 2013 la situación ha empeorado. Como alertan los investigadores: ”La clave de la búsqueda de un camino de bajo contenido de carbono en Latino América y el Caribe se perfila a través de la implementación de políticas y programas para la conservación de sus grandes bosques y el mantenimiento de su matriz energética relativamente limpia”(4). Ambos aspectos se han degradado.
En 2012 Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay sembraron 50 millones de hectáreas, es decir 500 mil Km2 con soja. Una superficie 200 mil Km2 más grande que Italia o 150 mil Km2 mayor que la extensión de Alemania o 50 mil Km2 más extensa que Suecia. Del tamaño aproximado del estado español Una superficie que se extiende por los cinco países del Cono Sur y donde las semillas modificadas genéticamente gozan de un “amplio apoyo político” de los gobiernos respectivos y de un “sistema regulatorio en funcionamiento” que ha sido diseñado por las corporaciones del agro-negocio. Condiciones indispensables -según los ejecutivos de Monsanto- para la expansión de esta “agricultura” nefasta.
Las superficies plantadas con transgénicos, regidas por una tecnología perversa y una normativa que coloca al lucro por encima de la Naturaleza, constituyen un enclave independiente que utiliza la infraestructura (zonas francas, silos, carreteras, puertos, etc.) y las reservas de agua de las naciones de Sudamérica sin pagar por ellas, emponzoñado el aire y la tierra.
Esos 500 mil Km2 de soja no responden a ningún plan ni proyecto de desarrollo nacional de ninguno de los cinco países. No cumplen ninguna función acerca de la soberanía alimentaria de ellos ya que producen alimento para ganado europeo o materia prima para aceites consumido por asiáticos.
.La prueba es innegable ”los principales países productores de soja en el Cono Sur han reducido su suministro local de alimentos desde 1996”, afirma el Centro para la Bioseguridad de Noruega, ya citado. Tampoco tienen como objetivo la conservación de la biodiversidad de nuestros territorios, menos aún la preocupación por proteger o mejorar el medio ambiente.
Brasil: territorio de ensayos
En Brasil el grupo “ruralista”, que representa al agro-negocio en el Congreso es la mayor bancada en el legislativo. El impulso a los monocultivos agrícolas de commodities brindado por los gobiernos del PT ha favorecido su crecimiento. Hasta 2003 el lobby contaba con 89 parlamentarios; en el segundo ejercicio del presidente Lula ya había alcanzado los 120 legisladores y en el ejercicio actual de Dilma Rousseff tiene 160 representantes. Es decir, durante los tres gobiernos petistas casi duplicó su fuerza.
Para tener una idea de la inclinación ideológica de este bloque parlamentario veamos dos grageas:
-su líder en el senado Katia Abreu, ha defendido con desvergüenza en el Congreso, a los hacendados acusados de explotar el trabajo esclavo en sus propiedades y la bancada ha presentado al cuerpo legislativo un proyecto de ley (PEC 57A/1999) para desvirtuar el concepto actual de esclavitud contemporánea e impedir el confisco de las propiedades de los esclavistas;
-dirigentes de los ruralistas viajaron a Asunción a dar apoyo al “golpe parlamentario” contra el presidente Fernando Lugo de Paraguay en 2012.
Hoy la bancada ruralista, después de su exitosa campaña en alianza con Aldo Rebelo -presidente del Partido Comunista do Brasil (PC do B)- para aprobar el nuevo Código Forestal -un retroceso del punto de vista ambientalista- pasó a presionar contra las demarcaciones de territorios indígenas que de alguna forma dificultan las invasiones ilegales “ruralistas” en las tierras de los pueblos originarios
Con la propuesta de enmienda constitucional, PEC 215 se entregaría la aprobación final del proceso de demarcación al Legislativo donde los “ruralistas” tienen la bancada más numerosa(5).
Brasil es el segundo mayor productor de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs), casi empatado y a punto de pasar a EEUU. Tomando el conjunto de las plantaciones de semillas transgénicas, éstas ocupan en Brasil 37,1 millones de hectáreas o 371 mil Km2, un territorio 20 mil Km2mayor que el de Alemania.
En Brasil la extensión de los plantíos transgénicos representa más del 50% del territorio destinado a actividades agrícolas en el país(6). Y la mayor variedad de semillas transgénicas pertenece a la soja
Para la zafra 2012-13 casi 90% de los cultivos de soja son de OGMs. Para los plantíos de maíz este porcentaje es del 75% con semillas transgénicas. Como demostración contraria al mito de que los OGMs reducirían la utilización de los pesticidas, Brasil se ha tornado desde 2009 en el mayor consumidor mundial de agro-tóxicos(7). Una grave amenaza para la salud de su población.
A principios de mayo de 2013 un avión agrícola fumigó con insecticida una escuela localizada en un asentamiento rural del municipio de Rio Verde, en Goiás. 38 personas que realizaban la merienda al aire libre fueron intoxicadas, 36 eran niños. En total había en ese momento en la escuela 122 niños, decenas de ellos comenzaron a presentar picazón, nauseas y dolor de cabeza y fueron llevados al hospital. Hasta ahora siguen en control sanitario.
Esta no es la primera vez que accidentes de este tipo acontecen en regiones de intensa producción agrícola con sistema de monocultivo. Son recurrentes los relatos de pulverizaciones “no intencionales” de huertas, plantíos, frutales, residencias y mismo villas y ciudades. La pulverización aérea de agrotóxicos -que puede ser trasladada por los vientos a zonas lejanas a los plantíos- no está prohibida en Brasil.
Cuando los ejecutivos de Monsanto se refieren a Sudamérica como una región con “sistema regulatorio” de OGMs, en realidad se refieren a un sistema permisivo que admite la peores aberraciones en la siembra de monocultivos y que no ampara la salud de sus pobladores.
“Sistema regulatorio” de los OGMs.
Respecto a la existencia en Brasil de un “sistema regulatorio” de los OGMs, tema que tanto preocupa a Monsanto y sus compinches corporativos, recordemos que en Brasil en marzo de 2005 fue creada la Ley de Bioseguridad que permite el uso de organismos transgénicos sin que sean realizados estudios de impacto al medio ambiente o a la salud. La ley también creó la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança) más conocida como CTNBio, responsable por toda la regulación del sector de biotecnología brasileño.
La CTNBio es la que analiza y autoriza la liberación comercial de organismos genéticamente modificados. Las aprobaciones de nuevas semillas transgénicas lleva implícito y presiona por la aprobación de los pesticidas conexos a dichas semillas, que corresponde al ámbito de la gerencia de toxicología de la Agencia de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).
La CTNBio está en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología y está compuesta por 27 integrantes, todos con doctorado universitario. De esos 27 miembros 12 representan al campo académico y son indicados por la Academia Brasileña de Ciencias: todos técnicos del área de la biotecnología, 9 representan los ministerios y los 6 restantes son representantes de la sociedad civil. Apenas 14 votos -mayoría simple- son necesarios para la liberación comercial de cualquier producto transgénico, sin ninguna clase de experimentación sobre las consecuencias de esta biotecnología. Los 12 bio-tecnólogosvotan las liberaciones con el brazo enyesado, a los que se suman los representantes del ministerio de Agricultura, y de Ciencia y Tecnología completando la mayoría fija.
El organismo es una farsa “democrática” y las resoluciones se toman por sistemático “abuso de mayoría”. Esta composición que fue diseñada ex profeso aísla no solo a los representantes de la sociedad civil, como también a los ministerios de Medio Ambiente, Salud, y Desarrollo Agrario(8). Al tiempo que se creaba el CTNBio la ley creó un Consejo Nacional de Bioseguridad que debía actuar como instancia superior gubernamental. Nunca funcionó, facilitando las aprobaciones al agronegocio transgénico.
De cómo se despliega la escalada de guerra química
Los OGMs tuvieron en su inicio una modificación genética bautizada como Roundup Ready (RR), -lanzada por Monsanto en 1996- que tornaba a las semillas capaces de sobrevivir al pesticida glifosato. El plantío directo se realizaba sin desmatar y se fumigaba con glifosato la totalidad del plantío para matar todo lo que no fuera la planta transgénica. En Brasil, el transgénico RR está presente en 90% de la soja y en por lo menos el 75% del maíz. Hasta ahora esta tecnología era dominante, pero el problema es que el glifosato, que facilitó el control de las mal llamadas “hierbas dañinas”(9) en el campo, se viene tornando cada vez menos eficaz después de años de uso indiscriminado.
La tales “hierbas dañinas” van adquiriendo resistencia a los herbicidas y lo mismo pasa con los insectos que se hacen inmunes a insecticidas cada vez más peligrosos.
Debido a estas prácticas inadecuadas en los monocultivos, creció, por ejemplo, la incidencia de la lagarta Helicoverpa armígera, que tiene una estructura compleja y una alta capacidad de adaptación. En la agricultura familiar se pueden desenvolver los predadores naturales que combaten esa lagarta. No así en los extensos monocultivos que cada vez exigen fumigaciones con venenos más letales y semillas que los resistan.
Frente a este escenario compañías como Dow, Bayer CropScience, Syngenta y la propia Monsanto invierten montañas de dólares en busca de semillas y pesticidas capaces de suceder al Round Ready
La CTNBio tiene en la actualidad, tres pedidos de autorización de la multinacional Dow: dos son de soja y uno es de maíz. La primera soja será resistente al herbicida 2,4-D y al herbicida glufosinato de amonio.
La segunda, a los herbicidas 2,4-D, glifosato e glufosinato de amonio. Por fin, el maíz será tolerante al herbicida 2,4-D y a determinados inhibidores del acetilo coenzima.
El 2,4-D era ingrediente del tristemente célebre Agente Naranja. En la gran prensa económica, ya se dan por aprobadas dichas autorizaciones, que se liberarían en octubre o noviembre de este año.
Es decir antes que en EEUU, que es considerado el más permisivo de los países en términos de aceptar los absurdos de la biotecnología transgénica.
El New York Times anunció en mayo pasado que el Departamento de Agricultura (USDA) decidió someter a estudios más rigurosos a las semillas resistentes al2,4-D y explicó que: la decisión provino del entendimiento que esa tecnología “puede afectar significativamente la calidad del ambiente humano”(10). En 2012 organizaciones como el Centro para la Seguridad Alimentaria de USA recogieron más de 400 mil peticiones contrarias a la aprobación de la soja y el maíz resistente al 2,4-D. Mientras en Australia, la autoridad gubernamental que controla los pesticidas -Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority – APVMA- prohibió la utilización de los herbicidas 2,4-D del tipo HVE (altamente volátiles) por los riesgos que representan para el medio ambiente. Y está en estudio la exclusión de todo tipo de 2, 4-D en la agricultura
Monsanto se había adelantado a la competencia con la Tecnología Intacta RR2 PRO lanzada en 2011. Intacta RR2 PROfue aprobada primero en Brasil en 2011, luego en Argentina en agosto 2012, en setiembre de 2012 fue aceptada oficialmente por el gobierno uruguayo y Paraguay fue el último de la región en darle el visto bueno a principios de 2013. El herbicida principal sigue siendo el glifosato con algunas modificaciones más intensivas de aplicación y lo que cambia es el supuesto poder del insecticida dirigido a las tres lagartas principales que atacan la soja. El costo por hectárea de la nueva tecnología se multiplica por más de 5: pasa de R$ 22 (10 US$ aprox.) para la actual RR, a R$ 115 (más de 50 US$ aprox.) para el Intacta RR2 PRO.
Al 2,4-D de Dow, Monsanto ya replicó con una transgénica futura bautizada de “Roundup Ready 2 Xtend” que estaría a disposición para 2015, que torna las plantaciones resistentes a los herbicidas glifosato y dicamba (un derivado del ácido benzoico descripto como insecticida, fungicida y herbicida). Es a esto lo que llamamos una verdadera escalada de guerra química contra el medio ambiente.
Y es en Brasil en la actualidad, que las multinacionales que protagonizan y conducen la escaladaexperimentan las nuevas tecnologías con absoluta anuencia del gobierno. Así como la población brasileña fue ya un campo de experimentación de las corporaciones farmacéuticas -no olvidar el desastre ocasionado en el país por la talidomida-, ahora una extensión de su territorio, mayor que la superficie de Alemania, es el escenario de pruebas imperialista de las armas químicas contra la Naturaleza.
Agrotóxicos y la desaparición de los enjambres de abejas
Brasil cayó de la 5ta. para la 10ª colocación mundial en exportación de miel en los últimos dos años. El motivo fue el abandono de las colmenas en la región productora más importante del país, el nordeste. En 2012 algunos estados registraron una reducción del 90% de la producción y el abandono de colmenas llegó al 60%. Cerca de 46 mil pequeños apicultores en nueve estados nordestinos vivían de la actividad y juntos respondían por el 40% de la producción de miel del país.
Márcio Freitas, coordinador general de la valoración de sustancias tóxicas del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recurso Naturales Renovables (Ibama) indica que los “defensivos” agrícolas están entre las tres principales causas de la desaparición de abejas en Brasil. Esta afirmación no hace más que confirmar los varios estudios hechos en Europa y EEUU frente al mismo hecho. Los agroquímicos matan los insectos inmediatamente después de su aplicación o afectan si sistema sensor, haciendo que no consigan retornar a la colmena, debilitándola y terminando por hacerla desaparecer.
Por eso en 2012 Ibama editó una disposición que restringe el uso de estas sustancias durante el período de floración. La desaparición de las abejas no afecta únicamente la producción de miel, ellas desempeñan un papel imprescindible en la agropecuaria.
Cerca de 80% de todo lo que es consumido en el mundo es polinizado por las abejas. Su ausencia se refleja en impacto directo sobre la agricultura y en la pecuaria, porque las pasturas requieren también de polinización(11).
China y los transgénicos
Responsable por dos tercios de las importaciones de soja en grano realizadas en el planeta, China responderá por el crecimiento total de los volúmenes importados en el mundo a lo largo de 2013-14. Esta situación favorable a los granos bio-modificados tiende a cambiar. Según declaraciones atribuidas por la agencia de noticias Dow Jones Newswirew al vice-secretario general de la Asociación de Soja de Helongjiang, Wang Xiaoyu, el consumo regular de aceite de soja producido a partir de granos genéticamente modificados tornaría a las personas más vulnerables y predispuestas al desarrollo de tumores y a la esterilidad. Xiaoyu basó sus conclusiones en la observación de elevados niveles de incidencia de cáncer en las provincias de Fujian y Guangdong, donde el consumo de aceite de soja transgénica es más alto. La situación es vidriosa ya que el gobierno chino todavía difiere la decisión de autorizar en su país los plantíos de soja transgénica en gran escala
Es por eso que hay una gestión diplomática intensa hacia China de parte de los países sudamericanos que cobijan el enclave sojero de las corporaciones. Es parte del comportamiento de subordinación al agronegocio de estos gobiernos. A mediados de junio pasado el ministro de Agricultura de Brasil, Antonio Andrade viajó por segunda vez desde mayo a China, pidiendo al país asiático que se abra a la nueva variedad de sojaIntacta RR2 PRO, de Monsanto. El canciller Antonio Patriota -sustituido esta semana por el prepotente incidente de Itamaraty con Bolivia-, haciendo honor a su apellido, también participó personalmente de las negociaciones como lobbysta de la multinacional(12).
“Tanto el proyecto productivo como la matriz energética que impulsa el gobierno, han desatado enfrentamientos con pueblos indígenas, pobladores costeros y pescadores, pequeños productores rurales y organizaciones sociales que luchan por la tierra.
Es durante el gobierno de Dilma Rousseff que las grandes obras hidroeléctricas y los diques que retienen agua para la agroindustria o la minería, así como la agresión a la naturaleza y a los pobladores -tanto rurales como urbanos- que proviene de los monocultivos y las mineras han generado variados e intensos conflictos. Esta situación no es localizada sino que se extiende a todo el país. En el Mapa de Conflictos envolviendo Injusticia Ambiental y Salud en Brasilson relatados 343 conflictos ambientales que tienen impacto en la salud colectiva del país. Las principales víctimas de estos conflictos son los indígenas en 33,67 % de los casos, en 31,99% son los agricultores familiares y en el 21,55% los quilombolas”(13).
Temprana introducción de los transgénicos en Argentina
La historia de la introducción de las semillas transgénicas en Argentina se inicia precozmente entre febrero y noviembre de 1994, meses en que Monsanto hizo los primeros contactos en el país y comenzó a infiltrar el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA) que por décadas llevaba adelante la investigación para el desarrollo de variedades vegetales “mejoradas”. Monsanto “compró” los equipos de investigación del INTA y tuvo acceso a sus archivos secretos, apoderándose del capital genético estratégico del país.
Esto le permitió a Monsanto crear la soja Roundup Ready sobre la base de variedades de soja desarrolladas en Argentina para los suelos nacionales. La corporación creó la empresa Nidera para negociación de semillas transgénicas, a la que otorgó una licencia para la venta de dichas semillas
Al mismo tiempo comenzó la publicidad de sus OGMs a través del suplemento de Clarín Rural. Hay que recordar que estos acontecimientos se desarrollaron bajo las presidencias de Carlos Menem (1989-1999), un nefasto neoliberal del “modelo” Consenso de Washington que llevó el país a la quiebra.
Su ministro de agricultura Felipe Solá, hombre de Monsanto, el 3 de abril de 1996 firmó la autorización para la comercialización de las semillas transgénicas “tolerantes al herbicida glifosato” sin ningún debate parlamentario, investigaciones previas o ley que regulara los cultivos transgénicos.
En Argentina la soja abarcó 197 mil Km2 en la última cosecha (2012-2013). Una extensión similar a la de Irlanda y Grecia sumadas.
A pesar de la afirmación de la presidenta Cristina Fernández en El Calafate: ”¡No vamos a tirar ni un solo árbol, los árboles son sagrados! ¡Los árboles no se tocan! Por lo menos acá en El Calafate. ¡Sobre mi cadáver, únicamente!”(14) la desforestación en Argentina está en relación directa con la expansión del agro-negocio y en especial con la propagación progresiva de la soja transgénica.
Más de 1 millón de hectáreas forestadas se destruyeron desde que se sancionó la Ley de Bosques en 2007. Hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas -o 11.450 km2-, lo cual promedia 229 mil hectáreas por año, 627 h. por día y 26 h. por hora. Los principales índices de destrucción forestal fueron en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta y Córdoba(15). Solo en 2012, 153 mil hectáreas de bosque chaqueño fueron arrasadas en el noroeste de la provincia de Córdoba.
Actualmente Argentina cuenta con cerca de 30 millones de hectáreas de bosque nativo, lo que equivale sólo al 30% de la superficie forestal original. El país se encuentra en una verdadera emergencia forestal. Acentuada en los últimos 15 años por esta expansión descontrolada de los plantíos transgénicos.
La lógica del modelo agropecuario impuesto desde el gobierno por medio del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) tiene un profundo y negativo impacto en el sistema productivo de Argentina al consolidar un modelo de país agroexportador basado en la agroindustria, pools de siembra(16), monocultivos de grandes extensiones, despoblamiento y éxodo rural hacia enormes ciudades no sustentables.
El PEA es contradictorio con la Ley de Bosques porque propone una expansión de la frontera agropecuaria de casi 10 millones de hectáreas, aumentando la superficie agropecuaria de 32 millones de hectáreas a 41 millones. Un crecimiento de 60% más de extensión para la agricultura y un 45% más para la ganadería
Esta expansión ha demostrado graves consecuencias sobre las comunidades campesinas y habitantes originarios de los bosques nativos, con la complicidad de la burocracia provincial y los integrantes del poder judicial. Como en Brasil, los grupos de matones armados del agronegocio han sometido a la violencia, desalojo, despojo, destrucción de viviendas y ganado, a quienes resisten el desmonte y el avance de la frontera de monocultivos.
La Ley de Bosques no sólo defiende los árboles, también en varios de sus artículos ampara a los habitantes históricos de las florestas. A nivel legislativo, en contraposición a Brasil, se ha avanzado mucho en ese aspecto, pero sin embargo en los últimos 5-6 años hay contabilizadas siete muertes relacionadas directamente con la deforestación en las provincias de Santiago del Estero, Formosa y Tucumán. En Formosa, quizá es donde los conflictos por la tierra han tomado mayor relevancia por la decidida resistencia del Pueblo Qom y Wichi a los empresarios sojeros y al gobierno provincial de Gildo Insfrán (gobernador desde diciembre de 1995, durante 5 ejercicios seguidos).
Madres de Ituzaingó
En Argentina la expansión de la frontera agrícola con transgénicos ha puesto en evidencia los problemas de salud que acarrean las fumigaciones con pesticidas. Este es el origen del difundido movimiento de las Madres de Ituzaingó (un barrio de la ciudad de Córdoba). ”En enero de 2002, en el Barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba, cuatro mujeres se encontraron en la verdulería y, casi sin saberlo, dieron comienzo a una lucha que ya lleva más de diez años. El 21 de agosto de 2012 esa lucha resultó en la primera condena en la Argentina a un productor agropecuario y a un aplicador aéreo por contaminar con agroquímicos y multiplicar los casos de cáncer en el barrio”…”Aquella mañana de enero una de ellas contó que a su hijo le habían diagnosticado leucemia, y entonces lo que parecía casualidad pasó a ser sospecha, porque en la zona había muchos casos similares”(17).
Preguntando, llegaron a Raúl Montenegro, biólogo y presidente de la Fundación para la defensa del Ambiente (FUNAM), que tras caminar por la zona detectó las fuentes contaminantes: el tanque de agua público del barrio y las pulverizaciones de agroquímicos. Como el ministerio de salud de la provincia de Córdoba no se interesó por sus denuncias fueron a los “medios” y presionaron hasta que dicho ministerio tuvo que resolver analizar el agua del tanque. Como era evidente, se comprobó la presencia de agroquímicos y metales pesados en el agua. De ahí exigieron un relevamiento de las enfermedades en el barrio y se comprobó que en casi todas las casas había una persona afectada por el envenenamiento del agua. Mientras, las fumigaciones aéreas continuaban y cuando se empezó a plantar soja las nefastas pulverizaciones llegaron hasta la calle que bordeaba el barrio.
En ese momento se presentaron a la justicia e iniciaron un juicio. De los tres acusados se condenó a un productor -inhabilitado para aplicaciones de agroquímicos por 8 años y prisión no efectiva por 3 años y al aviador fumigador, impedido por 10 años. Si bien el juicio era un gran triunfo porque reconocía la relación directa de la aplicación de agroquímicos con las dolencias, se imputaba la responsabilidad a los últimos eslabones de la cadena
Para el biólogo Raúl Montenegro(18): ”Este es un éxito espectacular de lucha grupal, pero no es un ejemplo de lucha comunitaria”…”en este barrio siguen existiendo fuentes de contaminación, riesgos ambientales que no están siendo tratados” y agrega:
“Yo creo que la condena es importante, pero siempre hay que tener mucha cautela. En este juicio se condenó a ‘perejiles´. Eran dos productores y un agroaplicador. Uno quedó absuelto y dos quedaron condenados. Sin desmerecer su responsabilidad, no estuvieron sentados los verdaderos responsables… actores reales que son el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que autoriza los plaguicidas, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) que autoriza los transgénicos, la Comisión Nacional de Semillas (Conase), corporaciones de sojeros como la Sociedad Rural, los funcionarios de Gobierno, los grupos corporativos de aplicadores”. Y por supuesto las corporaciones imperialistas de transgénicos y agroquímicos
Resistencia en Malvinas Argentinas (Córdoba)
La resistencia a los transgénicos no sólo parte de los pueblos originarios y de pobladores afectados por las fumigaciones de agroquímicos.En la actualidad existe un duro conflicto contra Monsanto por el anuncio de la radicación de una planta de la corporación en Malvinas Argentinas (Córdoba) para procesamiento de semillas de maíz. En momentos que la resistencia de la población de EEUU a Monsanto se radicaliza, la empresa intenta descentralizar sus instalaciones. Según directores de la transnacional la etapa de construcción civil de la planta se finalizaría a fines del 2013 y la faz operativa comenzaría en marzo de 2014. La construcción de la planta se inició sin la aprobación de la licencia ambiental mostrando la complicidad de las autoridades provinciales. En el lanzamiento de la obra hubo un “escrache” protagonizado por los movimientos sociales de vecinos contrarios a la instalación de la empresa en Malvinas Argentinas. Monsanto en su discurso actual propone “luchar contra la sojización” y sembrar maíz (por supuesto transgénico) que permite la rotación del suelo. Después de liderar las campañas por la siembra directa y el monocultivo de soja, “reconoce” ahora la erosión de los suelos por la soja y que es necesaria la rotación de cultivos. En la defensiva por las múltiples denuncias en su contra, ahora anuncia un plan para reducir el uso de agroquímicos y medidas para controlar las fumigaciones. Ya sabemos cuál es la “prudencia” y las “buenas intenciones” de los inventores del Agente Naranja.
A parte de estas resistencias puntuales -la más importante es la de los indígenas del Pueblo Qom y Wichi- no conozco que se haya desarrollado un gran movimiento nacional contra los transgénicos. Por el contrario los enfrentamientos a la minería a cielo abierto son innumerables, con luchas exitosas como la de Famatina (Rioja) derrotando dos multinacionales que intentaron destruir la economía de la región. En la actualidad la confrontación más importante se desarrolla en Rio Negro, Chubut y en la provincia de Santa Cruz, para impedir el fracking que pretende implantar una sociedad de YPF con Chevron. Sí, leyó bien, la misma Chevron de otros múltiples desastres.
Paraguay
El último censo agropecuario en Paraguay, de 2008, da cuenta de que 85,5% de las tierras están en manos del 2,06% de la población. La Comisión de la Verdad y Justicia (CVJ), que funcionó entre 2003 y 2008 para investigar los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89) también se explayó sobre las irregularidades en relación a la concesión de tierras bajo la dictadura. La CVJ fijó en 6,75 millones las hectáreas adjudicadas ilegalmente durante el régimen (o 67.500 km2, una superficie mayor que Suiza e Israel sumados) y un millón adicional en los siguientes 15 años. Eso supone que 64% de las tierras adjudicadas entre 1954 y 2008 lo fueron irregularmente. En total, las llamadas tierras “mal habidas” suman 33% de la superficie agrícola paraguaya y 19% del territorio nacional, dictaminó la CVJ(19).
“En los últimos 50 años Paraguay perdió el 90% de sus bosques, que equivale a la extinción de casi la totalidad de los recursos forestales a causa de la deforestación”…”De las ocho millones de hectáreas que corresponden al Bosque Atlántico de Alto Paraná, en la Región Oriental, solo quedan cerca de 1.100.000 h., las cuales se aprecian como pequeñas manchas captadas por satélite”.(20) La deforestación se realizó por parte de empresas para comercializar la madera, y para extender la frontera de la producción agropecuaria. Pero en la última década se aceleró por la expansión de los plantíos de transgénicos. En especial la soja que ha pasado a ser el mayor rubro de exportación del país en los últimos años.
Según información de la Cámara Paraguaya de exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) la cosecha de soja de la zafra 2012-2013 alcanzó una cifra record de 9,3 millones de toneladas. Esta cantidad duplica la campaña de la zafra 2011-2012 que alcanzó solo 4,3 millones de toneladas. El área de cultivo aumentó a 3,15 millones de hectáreas o 31 mil 500 km2. Una superficie mayor que la extensión de Bélgica. La baja producción de la zafra anterior se debió a una prolongada sequía que afectó los plantíos y que redujo el rendimiento promedio por hectárea a la mitad.
Los brasiguayos(21) dueños de Vetro S.A., del grupo Favero(22) en el Departamento San Pedro, Paraguay, invadieron la tierra de la comunidad guaraní Yrybucuá para plantar soja, le arrasaron los bosques arrancando las palmeras, los frutales y las arboledas que les daban sombra, dejándolos sin frutas y sin leña. Les envenenaron el río Sadio con glifosato privándolos de los peces que los alimentaban y del agua potable para ellos y sus animales. Historias como ésta son innumerables en los departamentos fronterizos con Brasil. Estos empresarios “brasiguayos” apoyados por la bancada ruralista del Congreso brasileño apuntalaron el golpe del senado paraguayo contra Fernando Lugo. En Paraguay la cuarta parte de las tierras está en manos foráneas. Si bien los “brasiguayos”son la punta de lanza de la ofensiva, los uruguayos no se quedan atrás. Han invadido el chaco paraguayo para la cría de ganado: 2 millones de hectáreas pertenecen a inversores uruguayos. Eso implica el desmonte del 50% de dicha extensión, que es lo que permiten la “leyes ambientales” del país. Es decir desmatar 1 millón de hectáreas, 10.000 km2 de un territorio de donde la etnia guaraní retira su sustento.
Según las organizaciones sociales y ambientalistas, el cultivo extendido de OGMs en Paraguay ha tenido como resultado: la desintegración de muchas organizaciones campesinas; la migración y el desarraigo de las poblaciones campesinas e indígenas y su paso a engrosar los cinturones de pobreza de los centros urbanos; el cierre de las escuelas en los periodos de fumigación de cultivos extensivos cercanos; varios casos de intoxicación y muerte por plaguicidas denunciados por Vía Campesina Paraguay; la canalización de ingresos por la exportación hacia un reducido círculo relacionado con la agroindustria y la élite política-gubernamental; la destrucción masiva de bosques y la pérdida de biodiversidad; la fragmentación de hábitats importantes para especies animales y de plantas y la contaminación con agroquímicos de suelos y agua. Una dominante de acontecimientos que se repiten en todo el enclave sojero Sudamericano.
El golpe que colocó a Federico Franco en la presidencia (22.06.2012) dio inicio a un gobierno de los terratenientes, leal a EEUU. De inmediato a la destitución de Fernando Lugo, Franco se reunió con representantes de agro-exportadores y ganaderos brasileños en el Palacio de Gobierno. Al término de la reunión, Marilene Sguarizi, una abogada representante del grupo empresarial, afirmó a los medios de comunicación que ”el nuevo presidente nos prometió que apoyará al sector agroindustrial, protegerá la propiedad privada e impedirá las invasiones de tierras en el país” (algo que fue el detonante de la crisis)(23). En realidad, más allá de las intenciones del presidente Lugo, en su ejercicio se desató un fuerte movimiento de ocupaciones de tierras por campesinos y de enfrentamientos de resistencia a los aparatos estatales de represión y sus operaciones de desalojo de pobladores rurales y comunidades agrarias.
El golpe estaba dirigido a detener una rebelión agraria en ciernes y defender los intereses de los grandes usurpadores capitalistas de tierras.
Respecto a la defensa de las inversiones imperialistas, Franco emitió mensajes muy claros: se dirigió de inmediato a los representantes de las dos corporaciones principales instaladas en el país. En reunión con la petrolera Crescent Global Oil-Pirity Hidrocarburos, trasnacional estadounidense de prospección, exploración y explotación de petróleo, le aseguró todo su apoyo en la tarea asumida de búsqueda de hidrocarburos.
Respecto a Monsanto la señal fue muy concreta: el ministro de Agricultura Enzo Cardozo anunció que el presidente lo instruyó para acelerar la autorización del uso de la semilla de algodón transgénica marca Bollgard BT, producida por la corporación. Cardozo dijo que trasmitiría al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas (Senave) la decisión de inscribir dicha semilla en el Registro Nacional de Semillas, sin ninguna clase de tramitación. El anterior presidente del Senave, Miguel Lovera, se negaba a otorgar la autorización por falta del dictamen técnico del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Medio Ambiente, algo estipulado por ley.
Desde su inicio el gobierno producto del golpe senatorial, resultó explícitamente pro-imperialista, lo que acrecienta la convicción de una intervención directa de EEUU en el suceso. Y resultó una transición para el actual gobierno “colorado” de Horacio Cartes un conocido contrabandista investigado por la DEA por lavado de dinero del narcotráfico. Ya sabemos que eso está lejos de ser un inconveniente para una alianza estrecha del gobierno paraguayo con EEUU.
Frente a un recomienzo de movilizaciones en el campo, Cartes ha lanzado un despliegue militar en el norte del país. En San Pedro se oficializó el resurgimiento de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas (COC).Marchas, cierre de rutas y ocupaciones es la respuesta de las organizaciones obreras y campesinas. Uno de los objetivos centrales es frenar el avance de lo que denominan “agricultura genocida empresarial”. Un dirigente campesino adelantó que uno de los propósitos es “ingresar en los establecimientos sojeros”(24).
Bolivia en la trampa de los transgénicos
Una vez finalizada la cosecha de verano 2013 del cultivo de soja, los datos indican que la producción de Bolivia volvió a superar la alcanzada el año pasado y de esta manera la convierten en una producción histórica, porque las 890.000 hectáreas cultivadas en el departamento de Santa Cruz o 8.900 km2. Significa un importante crecimiento de la frontera agrícola en soja. Según datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), se obtuvieron 1,900.000 toneladas de soja, superando a la campaña de verano 2011-2012, donde se cosecharon 1,800.000 toneladas
Anapo estima que la siembra de invierno puede llegar a las 300.000 hectáreas de soja, o 3.000 km2 donde la mayor cantidad se cultiva en la zona norte de Santa Cruz. Sumadas las dos campañas, verano e invierno la producción estimada es de 2,5 millones de toneladas de soja, de las cuales solamente el 20% es para el consumo interno el restante 80% para exportación. Entre las dos campañas se siembran 11.900 km2, una superficie 1000 km2 mayor que Jamaica.
Contradicciones
La situación más contradictoria respecto a los transgénicos en el Cono Sur la protagoniza este país del altiplano, ya que el crecimiento de las cosechas de soja transgénica se opone a toda la legislación nacional que prohíbe la producción, importación, distribución y comercialización de semillas bio-modificadas.
El Artículo 255 de la Constitución Política del Estado prohíbe toda forma de producción, importación, y comercialización de OGMs. Desde el 2005 está en vigencia la Resolución Administrativa (vrnma Nº 135/05) que preserva al maíz de cualquier posibilidad de contaminación transgénica. Desde 2009 el Decreto Supremo 181 (artículo 80) prohíbe la adquisición de alimentos genéticamente modificados en las compras estatales y la alimentación complementaria escolar. Y desde la aprobación de la Ley de Derechos de la Madre Tierra queda establecido ”el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial…”.
Esta serie de disposiciones jurídicas-constitucionales que deberían proteger a Bolivia de la producción de OGMs es el resultado de la resistencia y la lucha de los movimientos sociales en el país. Sin embargo, además de las extensas plantaciones de soja -100% transgénica- en Santa Cruz -reducto de la oposición política al gobierno de Evo Morales- el 100% del algodón plantado es transgénico. Allí, como en Chuquisaca y Tarija, la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas ha recogido también muestras de maíz transgénico en las plantaciones. Estas evidencias no llevaron a un seguimiento y a acciones del gobierno para erradicar lo que las leyes prohíben.
Al no protegerse la diversidad genética del país, se pone en riesgo la soberanía alimentaria de Bolivia. La expansión de estos cultivos está consolidando el poderío de una nueva élite agro-empresarial, dependiente de las corporaciones imperialistas de semillas y agroquímicos, que ocupa las mejores tierras cultivables del país y se beneficia con el subsidio a los combustibles. Incluso hay disposiciones gubernamentales permisivas con los transgénicos: pese a saber que el 100% de la soja producida en el país es transgénica, se la incluye en el paquete alimentario del subsidio prenatal y de lactancia. De la misma forma no existen reglamentaciones estrictas sobre el rotulado de los alimentos basados en transgénicos.
El 75% del aceite consumido por los bolivianos tiene origen en la soja transgénica. Lo que significa una clara amenaza para la salud pública nacional(25).
Es indudable que el gobierno de Evo Morales tiene una posición permisiva para los transgénicos en el país, por encima de las disposiciones legales. Es una característica que se repite en todos los gobiernos “progresistas” de Sudamérica: Para ellos tienen primacía los resultados inmediatos en el comercio exterior y la entrada de divisas, por encima de una estrategia agrícola productiva que garantice alimentos sanos, trabajo rural abundante y soberanía alimentaria.
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=77624
19 sept 2013
Hagamos memoria; lo que se hereda no se roba
INCIDENTES EN LA CORTE
Piden procesamiento de Jorge Zabalza, Irma Leites y otras cinco personas
18.09.2013
MONTEVIDEO (Uypress) - El fiscal Gustavo Zubía pidió este martes el procesamiento de Jorge Zabalza, Irma Leites y otras cinco personas que participaron de la concentración en la Suprema Corte de Justicia el 15 de febrero cuando decidieron acompañar a la jueza Mariana Mota que firmaba su traslado de la justicia penal a la civil.
Además del exmilitante tupamaro Zabalza y de la integrante de Plenaria Memoria y Justicia, Leites, se pidió el procesamiento con prision por el delito de 'atentado con agravantes', para el exfutbolista Diego Jaume y la militante Patricia Borda.
También se pidió el procesamiento sin prisión del dirigente de Adeom, Aníbal Varela, y el padre y hermano de Jaume, Álvaro y Eduardo, detalló este miércoles El Observador.
Hagamos memoria; lo que se hereda no se roba
Veronika Engler
El fiscal en lo Penal Gustavo Zubía es hijo del General Eduardo Zubia y sobrino del General Rodolfo Zubia, jefes de la regiones militares 2 y 3 en la época de la dictadura.
Según la página de zona militar, los generales Esteban Cristi, Eduardo y Rodolfo Zubía, y Julio C. Vadora, de peso decisivo en el golpe de 1973, integraban una organización militar secreta, ultranacionalista, denominada "Tenientes de Artigas", cuyo objetivo era la defensa de la "civilización occidental y cristiana" y la "aniquilación del comunismo internacional".
Tengo guardadas cartas de mi abuela suplicándole a estos personajes que cesara la tortura a la que era sometido mi padre y que mejoraran las condiciones de reclusión, ya sabemos la piedad que tuvieron…
Estos siniestros personajes no han sido juzgados por los crímenes que cometieron, pero varias décadas después nos encontramos con este fiscal intentando tomar revancha con quienes piden Verdad y Justicia.
Este gobierno de ”izquierda” que reprime y castiga tiene hombres como este y como los ministros de la SCJ impartiendo, valga la redundancia, ”justicia”.
Recordemos también que Gustavo Zubía comenzó gestiones en la Intendencia, Policía y Poder Judicial para fiscalizar y penar a quienes tiran basura fuera de los contenedores, también se mostró de acuerdo con la medida de realizar un operativo para retirar a limpiavidrios, malabaristas y repartidores de volantes de las principales esquinas de la capital por considerar que "el ejercicio de la libertad no se puede realizar si no existen controles".
"Si no reprimimos determinadas conductas no podemos gozar de otras"
No se puede negar que le gusta la línea dura, siempre y cuando no se trate de juzgar y encarcelar a los suyos. Cuando era fiscal de adolescentes, reclamó recambios “urgentes” en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) para aumentar las penas, alegando que el actual Código de Penas para los adolescentes es benévolo y piadoso.
En una entrevista realizada por el Semanario Voces publicado el 15/09/2012 dijo: ”Cuando a mi hijo le encajé alguna vez de chiquito algún soplamocos, no era por la calentura del momento… es que el chiquilín no te puede hacer determinadas cosas. Tiene que aprender y el más chiquito también tiene que mirar también. Papá es loco, pero dentro de determinados parámetros está largando mensajes”.
Se ve que Zubía no estaba enterado de que ciento noventa y dos gobiernos, incluyendo los de esta región, aceptaron la obligación de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales adecuadas
para proteger a los niños y niñas de toda forma de violencia (artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño).
El Comité de los Derechos del Niño, que vigila la implementación de esta Convención, ha recomendado a los gobiernos de toda la región y del mundo que deben, sistemáticamente: Prohibir toda forma de violencia, incluyendo todo castigo corporal por ligero que fuese, en la crianza de los niños en su hogar, la escuela, las instituciones de cuidado, el sistema penal y en todo en otros ámbitos.
También declaró: ”Por algo será, porque en este momento yo abogo por el palo, en la medida en que lo otro, se está abogando solo. Hay una política de gobierno que aboga por lo otro. Si mañana cambia el gobierno y se aboga solo por el palo, me vas a ver a mí equilibrando por el otro lado. Hay que equilibrar, si la pelota se te va para un lado… tiráte para el otro”.
Se ve que no se cruzó con Bonomi, que está dando palos a lo loco desde la supuesta ”izquierda”. Seguramente aprendió de su tío y de su padre que palo es picana y submarino, otra cosa no le sirve.
Ahora pide el procesamiento de siete de las tantas personas que estaban ese día apoyando a la Jueza Mariana Mota, como las cachetadas que le dio al hijo para escarmentarlo tienen seguramente la finalidad de que los demás miren y se asusten.
Que a nadie se le ocurra reclamar por los atroces crímenes cometidos por su progenitor y tío, crímenes por los que aún no han sido juzgados, crímenes por los que no han pagado
Habrá que hacer denuncias a nivel internacional, que se sepa cómo están vapuleando los DDHH en el país, pero nunca agachar la cabeza frente a este tipo de escarmientos.
Por Verdad y Justicia
Veronika Engler
17/09/2013
Piden procesamiento de Jorge Zabalza, Irma Leites y otras cinco personas
18.09.2013
MONTEVIDEO (Uypress) - El fiscal Gustavo Zubía pidió este martes el procesamiento de Jorge Zabalza, Irma Leites y otras cinco personas que participaron de la concentración en la Suprema Corte de Justicia el 15 de febrero cuando decidieron acompañar a la jueza Mariana Mota que firmaba su traslado de la justicia penal a la civil.
Además del exmilitante tupamaro Zabalza y de la integrante de Plenaria Memoria y Justicia, Leites, se pidió el procesamiento con prision por el delito de 'atentado con agravantes', para el exfutbolista Diego Jaume y la militante Patricia Borda.
También se pidió el procesamiento sin prisión del dirigente de Adeom, Aníbal Varela, y el padre y hermano de Jaume, Álvaro y Eduardo, detalló este miércoles El Observador.
Hagamos memoria; lo que se hereda no se roba
Veronika Engler
El fiscal en lo Penal Gustavo Zubía es hijo del General Eduardo Zubia y sobrino del General Rodolfo Zubia, jefes de la regiones militares 2 y 3 en la época de la dictadura.
Según la página de zona militar, los generales Esteban Cristi, Eduardo y Rodolfo Zubía, y Julio C. Vadora, de peso decisivo en el golpe de 1973, integraban una organización militar secreta, ultranacionalista, denominada "Tenientes de Artigas", cuyo objetivo era la defensa de la "civilización occidental y cristiana" y la "aniquilación del comunismo internacional".
Tengo guardadas cartas de mi abuela suplicándole a estos personajes que cesara la tortura a la que era sometido mi padre y que mejoraran las condiciones de reclusión, ya sabemos la piedad que tuvieron…
Estos siniestros personajes no han sido juzgados por los crímenes que cometieron, pero varias décadas después nos encontramos con este fiscal intentando tomar revancha con quienes piden Verdad y Justicia.
Este gobierno de ”izquierda” que reprime y castiga tiene hombres como este y como los ministros de la SCJ impartiendo, valga la redundancia, ”justicia”.
Recordemos también que Gustavo Zubía comenzó gestiones en la Intendencia, Policía y Poder Judicial para fiscalizar y penar a quienes tiran basura fuera de los contenedores, también se mostró de acuerdo con la medida de realizar un operativo para retirar a limpiavidrios, malabaristas y repartidores de volantes de las principales esquinas de la capital por considerar que "el ejercicio de la libertad no se puede realizar si no existen controles".
"Si no reprimimos determinadas conductas no podemos gozar de otras"
No se puede negar que le gusta la línea dura, siempre y cuando no se trate de juzgar y encarcelar a los suyos. Cuando era fiscal de adolescentes, reclamó recambios “urgentes” en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) para aumentar las penas, alegando que el actual Código de Penas para los adolescentes es benévolo y piadoso.
En una entrevista realizada por el Semanario Voces publicado el 15/09/2012 dijo: ”Cuando a mi hijo le encajé alguna vez de chiquito algún soplamocos, no era por la calentura del momento… es que el chiquilín no te puede hacer determinadas cosas. Tiene que aprender y el más chiquito también tiene que mirar también. Papá es loco, pero dentro de determinados parámetros está largando mensajes”.
Se ve que Zubía no estaba enterado de que ciento noventa y dos gobiernos, incluyendo los de esta región, aceptaron la obligación de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales adecuadas
para proteger a los niños y niñas de toda forma de violencia (artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño).
El Comité de los Derechos del Niño, que vigila la implementación de esta Convención, ha recomendado a los gobiernos de toda la región y del mundo que deben, sistemáticamente: Prohibir toda forma de violencia, incluyendo todo castigo corporal por ligero que fuese, en la crianza de los niños en su hogar, la escuela, las instituciones de cuidado, el sistema penal y en todo en otros ámbitos.
También declaró: ”Por algo será, porque en este momento yo abogo por el palo, en la medida en que lo otro, se está abogando solo. Hay una política de gobierno que aboga por lo otro. Si mañana cambia el gobierno y se aboga solo por el palo, me vas a ver a mí equilibrando por el otro lado. Hay que equilibrar, si la pelota se te va para un lado… tiráte para el otro”.
Se ve que no se cruzó con Bonomi, que está dando palos a lo loco desde la supuesta ”izquierda”. Seguramente aprendió de su tío y de su padre que palo es picana y submarino, otra cosa no le sirve.
Ahora pide el procesamiento de siete de las tantas personas que estaban ese día apoyando a la Jueza Mariana Mota, como las cachetadas que le dio al hijo para escarmentarlo tienen seguramente la finalidad de que los demás miren y se asusten.
Que a nadie se le ocurra reclamar por los atroces crímenes cometidos por su progenitor y tío, crímenes por los que aún no han sido juzgados, crímenes por los que no han pagado
Habrá que hacer denuncias a nivel internacional, que se sepa cómo están vapuleando los DDHH en el país, pero nunca agachar la cabeza frente a este tipo de escarmientos.
Por Verdad y Justicia
Veronika Engler
17/09/2013
18 sept 2013
Uruguay : Ley de medios, debate ideológico
Ley de medios, debate ideológico
Oscar A. Bottinelli
El Observador -
La discusión de la ley de medios no es una discusión técnica [...]sino que en esencia es un debate ideológico, al que se añade un juego de intereses políticos y económicos. [...] la ley de medios regula aspectos hasta ahora poco regulados por ley y más bien regulados por decreto y por actos administrativos [...] Y avanza en algunos aspectos regulatorios [...] Sin duda el aspecto más polémico está en el campo económico y empresarial
La discusión de la ley de medios no es una discusión técnica, ni sobre la eficacia o ineficacia de los medios de comunicación, sino que en esencia es un debate ideológico, al que se añade un juego de intereses políticos y económicos. La ley regula una parte de los medios de comunicación, los servicios de comunicación audiovisual (con la excepción de la emisión por internet); en buen romance, regula la radio, la televisión abierta y las señales de origen nacional de la televisión codificada. A diferencia del decreto que reguló la adjudicación de servicios de televisión codificada, que fue emitido antes de las adjudicaciones, esta ley se debate cuando hay claros intereses empresarios operantes de larga data en la televisión abierta, la televisión codificada y la radio, en este último caso con una fenomenal dispersión de empresas que superan el centenar, y cuando por otro lado hay aspirantes a ingresar a ese mercado cerrado de comunicación audiovisual (especialmente cerrado en televisión abierta y codificada, cerrado pero con gran oferta en materia de radio).
Conviene señalar que la discusión sobre la comunicación social se realiza en el último medio siglo en la superposición de dos ejes o la contraposición entre dos derechos: el del emisor y el del receptor. Por un lado la visión de la comunicación como un juego de libertad de empresa o libertad de emisión, donde el eje central, el bien jurídico tutelado, es el emisor de la comunicación. Y por otro lado la visión de la comunicación como un derecho de los receptores, en que el bien jurídico tutelado es el consumidor de la información. Sin duda es un debate político e ideológico el si poner el énfasis en el derecho a la libertad de emisión (visto desde el ángulo de las ideas) o la libertad de empresa (visto desde el ángulo económico), o en cambio poner el énfasis en el derecho de cada individuo a la información; o cuanto de cada cosa debe haber en la combinación de derechos.
Donde no hay discusión es en la regulación de las frecuencias abiertas: no hay prácticamente ningún país en que sea libre el uso de las frecuencias (es decir, que a gusto y paladar una empresa o institución tome una frecuencia y la utilice, con la misma libertad empresarial con que se puede instalar un quiosco o una tienda), sino que lo que rige en forma casi absoluta es la regulación en la adjudicación.
Otra discusión, interrelacionada con las dos anteriores, tiene que ver con el modelo de adjudicación de frecuencias. En principio es posible clasificar los diferentes sistemas existentes en el mundo occidental en tres grandes modelos. Un primer modelo, privatista, es el norteamericano (y el uruguayo) en que la radio y la televisión están esencialmente en manos de empresas privadas, con la complementación (no necesariamente) de frecuencias estatales (oficiales o, en la terminología norteamericana, “públicas”) que en general son de baja audiencia y están dirigidas a élites culturales. Un segundo modelo, en el otro extremo, estatista, es el anteriormente dominante en la Europa Occidental en que las frecuencias son todas estatales (especialmente en materia de TV, no necesariamente de radio). Y un tercer modelo, mixto, el dominante actualmente en Europa Occidental, que combina una proporción importante de señales es estatal (la intención es que cubra la alrededor de la mitad del mercado) y otra importante proporción es privada. A su vez, hay diversos modelos de financiamiento de la televisión estatal, a veces combinados y otros de manera exclusiva: recursos centrales del Estado (“rentas generales” en la terminología uruguaya), impuestos específicos a los tenedores de receptores de televisión o radio (llamados generalmente “canon”), publicidad comercial; y en el caso de las señales codificadas, pago por uso.
Si se utiliza la clasificación dominante en las ciencias sociales europeas sobre el eje derecha-izquierda desde el punto de vista económico (en que derecha es libertad económica e izquierda regulación o control estatal), cabe clasificar como de derecha el modelo privatista o norteamericano, de izquierda el modelo estatista o europeo antiguo, y como de centro (por equidistancia de los dos modelos extremos) el mixto o europeo actual. En este sentido, en cuanto a los modelos de emisores, el modelo uruguayo actual cabe clasificarlo como de derecha y -he aquí la sorpresa- el modelo en discusión como de centro derecha, pues no avanza lo suficiente en potenciar una televisión estatal para clasificarlo de mixto y por ende de centro. La ley de medios abre el camino a emisores “comunitarios”, es decir, entidades sin fines de lucro (para lo cual se ha presentado de un lado el movimiento sindical y del otro las grandes cámaras empresariales).
Hay varios elementos que denotan que la intención del oficialismo (tanto en la ley como en el decreto de regulación de frecuencias) es quedarse en un modelo esencialmente privatista, del tipo norteamericano: no existencia de fuerte financiamiento estatal ni para las señales estatales ni para las comunitarias, no proposición de la implantación de ningún canon a los consumidores con destino a las señales oficiales o comunitarias, no proyección de masivas inversiones para las señales estatales, tímido aumento de las señales estatales. En esencia, el modelo tiende a que el grueso de la emisión siga el modelo privado empresarial.
Más bien la ley de medios regula aspectos hasta ahora poco regulados por ley y más bien regulados por decreto y por actos administrativos, como lo es la adjudicación de frecuencias. Y avanza en algunos aspectos regulatorios como los topes de publicidad (ya existentes) y los horarios de protección al menor (también existente). Sin duda el aspecto más polémico está en el campo económico y empresarial, en cuanto afecta los intereses de los actuales emisores. Aunque llama la atención la dureza de la polémica instalada en torno a una ley que dista mucho de ir a los estándares europeos actuales. En materia electoral (tema para otro análisis), la ley nada dice de aspectos regulados en Europa como la igualdad de oportunidades de los actores políticos (la par conditio), la difusión de encuestas político-electorales o la publicidad electoral paga; en cambio, sí avanza en el otorgamiento de publicidad electoral gratuita.
Oscar A. Bottinelli
El Observador -
La discusión de la ley de medios no es una discusión técnica [...]sino que en esencia es un debate ideológico, al que se añade un juego de intereses políticos y económicos. [...] la ley de medios regula aspectos hasta ahora poco regulados por ley y más bien regulados por decreto y por actos administrativos [...] Y avanza en algunos aspectos regulatorios [...] Sin duda el aspecto más polémico está en el campo económico y empresarial
La discusión de la ley de medios no es una discusión técnica, ni sobre la eficacia o ineficacia de los medios de comunicación, sino que en esencia es un debate ideológico, al que se añade un juego de intereses políticos y económicos. La ley regula una parte de los medios de comunicación, los servicios de comunicación audiovisual (con la excepción de la emisión por internet); en buen romance, regula la radio, la televisión abierta y las señales de origen nacional de la televisión codificada. A diferencia del decreto que reguló la adjudicación de servicios de televisión codificada, que fue emitido antes de las adjudicaciones, esta ley se debate cuando hay claros intereses empresarios operantes de larga data en la televisión abierta, la televisión codificada y la radio, en este último caso con una fenomenal dispersión de empresas que superan el centenar, y cuando por otro lado hay aspirantes a ingresar a ese mercado cerrado de comunicación audiovisual (especialmente cerrado en televisión abierta y codificada, cerrado pero con gran oferta en materia de radio).
Conviene señalar que la discusión sobre la comunicación social se realiza en el último medio siglo en la superposición de dos ejes o la contraposición entre dos derechos: el del emisor y el del receptor. Por un lado la visión de la comunicación como un juego de libertad de empresa o libertad de emisión, donde el eje central, el bien jurídico tutelado, es el emisor de la comunicación. Y por otro lado la visión de la comunicación como un derecho de los receptores, en que el bien jurídico tutelado es el consumidor de la información. Sin duda es un debate político e ideológico el si poner el énfasis en el derecho a la libertad de emisión (visto desde el ángulo de las ideas) o la libertad de empresa (visto desde el ángulo económico), o en cambio poner el énfasis en el derecho de cada individuo a la información; o cuanto de cada cosa debe haber en la combinación de derechos.
Donde no hay discusión es en la regulación de las frecuencias abiertas: no hay prácticamente ningún país en que sea libre el uso de las frecuencias (es decir, que a gusto y paladar una empresa o institución tome una frecuencia y la utilice, con la misma libertad empresarial con que se puede instalar un quiosco o una tienda), sino que lo que rige en forma casi absoluta es la regulación en la adjudicación.
Otra discusión, interrelacionada con las dos anteriores, tiene que ver con el modelo de adjudicación de frecuencias. En principio es posible clasificar los diferentes sistemas existentes en el mundo occidental en tres grandes modelos. Un primer modelo, privatista, es el norteamericano (y el uruguayo) en que la radio y la televisión están esencialmente en manos de empresas privadas, con la complementación (no necesariamente) de frecuencias estatales (oficiales o, en la terminología norteamericana, “públicas”) que en general son de baja audiencia y están dirigidas a élites culturales. Un segundo modelo, en el otro extremo, estatista, es el anteriormente dominante en la Europa Occidental en que las frecuencias son todas estatales (especialmente en materia de TV, no necesariamente de radio). Y un tercer modelo, mixto, el dominante actualmente en Europa Occidental, que combina una proporción importante de señales es estatal (la intención es que cubra la alrededor de la mitad del mercado) y otra importante proporción es privada. A su vez, hay diversos modelos de financiamiento de la televisión estatal, a veces combinados y otros de manera exclusiva: recursos centrales del Estado (“rentas generales” en la terminología uruguaya), impuestos específicos a los tenedores de receptores de televisión o radio (llamados generalmente “canon”), publicidad comercial; y en el caso de las señales codificadas, pago por uso.
Si se utiliza la clasificación dominante en las ciencias sociales europeas sobre el eje derecha-izquierda desde el punto de vista económico (en que derecha es libertad económica e izquierda regulación o control estatal), cabe clasificar como de derecha el modelo privatista o norteamericano, de izquierda el modelo estatista o europeo antiguo, y como de centro (por equidistancia de los dos modelos extremos) el mixto o europeo actual. En este sentido, en cuanto a los modelos de emisores, el modelo uruguayo actual cabe clasificarlo como de derecha y -he aquí la sorpresa- el modelo en discusión como de centro derecha, pues no avanza lo suficiente en potenciar una televisión estatal para clasificarlo de mixto y por ende de centro. La ley de medios abre el camino a emisores “comunitarios”, es decir, entidades sin fines de lucro (para lo cual se ha presentado de un lado el movimiento sindical y del otro las grandes cámaras empresariales).
Hay varios elementos que denotan que la intención del oficialismo (tanto en la ley como en el decreto de regulación de frecuencias) es quedarse en un modelo esencialmente privatista, del tipo norteamericano: no existencia de fuerte financiamiento estatal ni para las señales estatales ni para las comunitarias, no proposición de la implantación de ningún canon a los consumidores con destino a las señales oficiales o comunitarias, no proyección de masivas inversiones para las señales estatales, tímido aumento de las señales estatales. En esencia, el modelo tiende a que el grueso de la emisión siga el modelo privado empresarial.
Más bien la ley de medios regula aspectos hasta ahora poco regulados por ley y más bien regulados por decreto y por actos administrativos, como lo es la adjudicación de frecuencias. Y avanza en algunos aspectos regulatorios como los topes de publicidad (ya existentes) y los horarios de protección al menor (también existente). Sin duda el aspecto más polémico está en el campo económico y empresarial, en cuanto afecta los intereses de los actuales emisores. Aunque llama la atención la dureza de la polémica instalada en torno a una ley que dista mucho de ir a los estándares europeos actuales. En materia electoral (tema para otro análisis), la ley nada dice de aspectos regulados en Europa como la igualdad de oportunidades de los actores políticos (la par conditio), la difusión de encuestas político-electorales o la publicidad electoral paga; en cambio, sí avanza en el otorgamiento de publicidad electoral gratuita.
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