Hombre de la CIA fue designado para comandar la represión contra el este insurrecto de Ucrania.
Un reconocido agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, el jefe del Servicio de Seguridad, Valentín Naliváichenko, fue designado hoy para comandar la represión contra las milicias populares en el este de Ucrania.
02 de mayo de 2014
Naliváichenko fue contratado cuando era cónsul general de la Embajada de Ucrania.
El presidente interino, Alexánder Turchínov, destituyó de esa responsabilidad al ministro de Interior, Arsén Avákov, y encomendó a Naliváichenko asaltar en las próximas horas las sedes públicas ocupadas y los puestos de control de los milicianos, informó el Estado Mayor (EM) ucraniano.
Alexánder Yakimenko, exjefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, denunció que Naliváichenko, designado su sustituto tras el derrocamiento del presidente Víktor Yanukóvich, fue reclutado por la CIA hace varios años.
Fue contratado cuando era cónsul general de la Embajada de Ucrania en Washington, y mantuvo contactos con la CIA después de dejar el trabajo diplomático, aclaró Yakimenko.
Esa relación se fortaleció entre 2006 y 2010, etapa en que por primera vez Naliváichenko dirigió el Servicio de Seguridad de Ucrania, detalló el denunciante.
Para romper la inercia del fracaso de la primera etapa de la operación militar de gran envergadura en el sureste ucraniano, reconocido públicamente por Turchínov y el Parlamento, el nuevo jefe de la represión ya dio los primeros pasos.
Tras celebrar consultas con Dmitri Yarosh, jefe de los escuadrones neonazis de Sector Derecho, organizó el adiestramiento de batallones especiales de esa tropa de asalto con instructores presentados como miembros del SBU, confirmó la fuente del EM.
Se les asigna la misión de tomar por asalto las sedes ocupadas por los separatistas ante todo en la provincia de Lugansk, declaró Naliváichenko al agregar que los escuadrones tienen el plazo de un día para retomar el control de esta región.
“Junta golpista de Kiev”
Declarada República Popular como Donetsk, esa ciudad cabecera regional da nombre a un extenso territorio que permanece bajo dominio de grupos de autodefensa partidarios de un referendo sobre la federalización, el estatus del idioma ruso y una mayor autonomía.
Miles de ciudadanos colmaron hoy plazas públicas en Donetsk, Lugansk y Slaviansk en demanda de la retirada de las fuerzas leales a quienes denominaron “junta golpista de Kiev” y en apoyo a los milicianos dispuestos a resistir contra la anunciada ofensiva militar.
En Moscú, el presidente Vladimir Putin instó a poner fin a la violencia, retirar las tropas del sureste ucraniano y entablar con urgencia un diálogo nacional para salir de la crisis.
Putin conversó telefónicamente con la canciller alemana, Ángela Merkel, a quien reiteró la importancia de las negociaciones como parte de una reforma constitucional con la implicación en este proceso de todas las regiones y fuerzas políticas ucranianas.
La plática fue originada por la parte alemana, según el servicio de prensa del Kremlin.
En tanto, la cancillería rusa advirtió que los planes de realizar una operación de fuerza en las regiones surorientales de Ucrania traerán consecuencias nefastas.
Kiev, Estados Unidos y la Unión Europea como firmantes de los acuerdos de Ginebra no deben cometer actos delictivos y tienen que abstenerse del empleo de la fuerza contra el pueblo ucraniano, concluye el texto publicado en la web ministerial. PL
3 may 2014
Resistencia en Slaviansk derriba tres helicópteros
Publicado el 5/02/14 •
Tres helicópteros derribados, un muerto y varios heridos, entre ellos un piloto en estado de gravedad hecho prisionero, fue el saldo hoy del reinicio de la ofensiva ordenada por los gobernantes ucranianos contra Slaviansk. Los milicianos populares reportaron un muerto y varios heridos durante los ataques del Ejército, fuerzas del Ministerio de Interior y la Guardia Nacional formada por elementos neonazis del bloque Sector Derecho y Autodefensa de Maidán.
Arsén Avákov, ministro de Interior destituido la víspera de la comandancia de la operación denominada “antiterrorista” por los gobernantes de Kiev, informó por su parte que fueron ocupados nueve puestos de control de los milicianos partidarios de la federalización del país.
Tropas gubernamentales estrecharon el cerco sobre la ciudad, escribió Avákov en su cuenta de Facebook, al tiempo que admitió la resistencia que ofrecen los milicianos populares respaldados por la población reacia a los gobernantes de Kiev.
“Los terroristas dispararon contra unidades especiales con armas pesadas, incluidas lanzagranadas y lanzamisiles portátiles. Un piloto ha muerto y también hay heridos”, detalló el ministro del Gobierno impuesto tras el derrocamiento del presidente Víktor Yanukóvich.
Advirtió el titular que en la zona de operaciones próximamente será suspendido el tráfico ferroviario y la transportación por carretera.
La víspera, los federalistas ocuparon la Fiscalía de la región de Donetsk, en la ciudad del mismo nombre, tras enfrentarse a policías y elementos del bloque Sector Derecho, con saldo de 26 heridos, de los que 24 recibieron asistencia médica en el lugar de los hechos.
Representantes de la autoproclamada República Popular de Donetsk reiteraron la disposición de canjear a tres oficiales del Servicio de Seguridad de Ucrania capturados recientemente por activistas que las fuerzas leales a Kiev detuvieron y mantienen encarcelados.
En tanto, la incapacidad de los actuales gobernantes ucranianos para imponer por la fuerza su política al resto del país volvió a evidenciarse cuando el autoproclamado presidente Alexander Turchínov decretó el servicio militar obligatorio.
Turchínov firmó un decreto que establece para todos los ciudadanos aptos la obligatoriedad de servir en los cuerpos armados.
En medio de la creciente crisis nacional surgida después del golpe de Estado del 22 de febrero, el mandatario provisional ordenó al Gobierno determinar el número de ucranianos que cumplen los requisitos y evaluar los costos de esa operación.
De acuerdo con el texto, para mejorar la capacidad castrense del Estado, los ciudadanos varones mayores de 18 años de edad libres de problemas de salud tendrán que alistarse en las Fuerzas Armadas y en otras formaciones militares del país.
La norma prevé llamar a filas a quienes han recibido educación superior y ya concluyeron el programa completo de preparación militar para oficiales de la reserva.
El mandatario aseguró que el Ejército está en máxima alerta.
PL
Publicado el 5/02/14 •
Tres helicópteros derribados, un muerto y varios heridos, entre ellos un piloto en estado de gravedad hecho prisionero, fue el saldo hoy del reinicio de la ofensiva ordenada por los gobernantes ucranianos contra Slaviansk. Los milicianos populares reportaron un muerto y varios heridos durante los ataques del Ejército, fuerzas del Ministerio de Interior y la Guardia Nacional formada por elementos neonazis del bloque Sector Derecho y Autodefensa de Maidán.
Arsén Avákov, ministro de Interior destituido la víspera de la comandancia de la operación denominada “antiterrorista” por los gobernantes de Kiev, informó por su parte que fueron ocupados nueve puestos de control de los milicianos partidarios de la federalización del país.
Tropas gubernamentales estrecharon el cerco sobre la ciudad, escribió Avákov en su cuenta de Facebook, al tiempo que admitió la resistencia que ofrecen los milicianos populares respaldados por la población reacia a los gobernantes de Kiev.
“Los terroristas dispararon contra unidades especiales con armas pesadas, incluidas lanzagranadas y lanzamisiles portátiles. Un piloto ha muerto y también hay heridos”, detalló el ministro del Gobierno impuesto tras el derrocamiento del presidente Víktor Yanukóvich.
Advirtió el titular que en la zona de operaciones próximamente será suspendido el tráfico ferroviario y la transportación por carretera.
La víspera, los federalistas ocuparon la Fiscalía de la región de Donetsk, en la ciudad del mismo nombre, tras enfrentarse a policías y elementos del bloque Sector Derecho, con saldo de 26 heridos, de los que 24 recibieron asistencia médica en el lugar de los hechos.
Representantes de la autoproclamada República Popular de Donetsk reiteraron la disposición de canjear a tres oficiales del Servicio de Seguridad de Ucrania capturados recientemente por activistas que las fuerzas leales a Kiev detuvieron y mantienen encarcelados.
En tanto, la incapacidad de los actuales gobernantes ucranianos para imponer por la fuerza su política al resto del país volvió a evidenciarse cuando el autoproclamado presidente Alexander Turchínov decretó el servicio militar obligatorio.
Turchínov firmó un decreto que establece para todos los ciudadanos aptos la obligatoriedad de servir en los cuerpos armados.
En medio de la creciente crisis nacional surgida después del golpe de Estado del 22 de febrero, el mandatario provisional ordenó al Gobierno determinar el número de ucranianos que cumplen los requisitos y evaluar los costos de esa operación.
De acuerdo con el texto, para mejorar la capacidad castrense del Estado, los ciudadanos varones mayores de 18 años de edad libres de problemas de salud tendrán que alistarse en las Fuerzas Armadas y en otras formaciones militares del país.
La norma prevé llamar a filas a quienes han recibido educación superior y ya concluyeron el programa completo de preparación militar para oficiales de la reserva.
El mandatario aseguró que el Ejército está en máxima alerta.
PL
PARAGUAY: SE LA COMIÓ EL LOBO
SE LA COMIÓ EL LOBO
José Antonio Vera
Una de las “caperucitas rojas”, como se le conocía a las camionetas que utilizaba la tiranía estronista para arrear y desaparecer presos políticos, ha sido rescatada y está en exhibición desde este miércoles 23 de abril, en la sede del Museo de la Memoria, en el centro de Asunción.
El vehículo, que estaba en posesión de un particular, es una Chevrolet Custom, de lujo, motor naftero de seis cilindros, fabricado en Argentina, y con su matrícula original Número 15264 fue trasladado en la mañana desde la Fiscalía de San Lorenzo, ciudad a 20 kilómetros de la capital, en un recorrido que duró cuatro horas y se convirtió en una jornada política, aplaudida por numerosas personas que transitaban por la ciudad.
El Abogado y Premio Nobel Alternativo, Martín Almada, acompañado por muchos activistas de los derechos humanos, y responsables del Museo, encabezó el rescate y el traslado de la “caperucita”, todo un símbolo que hace recordar a miles de paraguayos el terror imperante en esas tres décadas y medio (1954/89).
La pintura colorada de la camioneta representa, en sí, el color del Partido, gobernante aún, que fue una de las patas del trípode, cuyo vértice era el General Alfredo Stroessner y las otras dos el Ejército y los grandes comerciantes, dúo que acunaba a uno de los núcleos más fuertes del corrupto empresariado, arropados todos en una impunidad total.
El vehículo había sido encontrado por Almada y un grupo de víctimas de la dictadura, en un estacionamiento asunceno hace tres años y, tras su incautación, producto del empeño de la dirección del Museo y de la Dirección General Verdad, Justicia y Reparación, “comenzó la difícil gestión ante la Fiscalía para destinarlo al Museo y ponerlo en exhibición, con el fin de contribuir a que la ciudadanía tome cada día mayor conciencia del horror que significó el estronismo, cuya ideología sigue vigente en el país”, declaró Almada.
Esas camionetas, “igual que los Ford Falcon en Argentina, fungieron durante años de centros itinerantes de torturas, en el llamado ablande, en el lenguaje de los asesinos, que hoy viven confortablemente en todos los barrios de Asunción, cobrando una buena jubilación, asisten a las misas todos los domingos y hasta, en ocasiones, son vistos como buenos vecinos”, añadió el profesional.
“La sola presencia de las caperucitas en los barrios, resultaba traumática para cualquier ciudadano”, dice el Diario ABC del 29 de julio de 1997, cuyo propietario es Aldo Zucolillo, quizás el hombre más rico del país y uno de los que más se benefició financieramente en los 35 años del régimen, a pesar de sufrir la clausura al final de la dictadura.
Zucolillo “era quien le vendía las caperucitas a Stroessner”, afirma el periodista Nemesio Barreto en su libro “Historia sincera de Paraguay”, en el que recuerda que el dictador apadrinó la apertura de la publicación, el 08 de agosto de 1967, como “un diario joven que confía en la patria”, y cuya presencia en el acto fue resaltada en primera página.
Es tal el poder económico y político que acumula Zucolillo desde sus numerosas empresas de prensa, comercios, inmobiliarias y agrícolas-ganaderas, que en muchos ambientes se le considera la persona que marca la agenda de los tres poderes del Estado.
Sus editoriales, identificados con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), manifiestan admiración por el imperialismo norteamericano y odio a los procesos políticos de Cuba, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Brasil. Uruguay es menos vilipendiado.
J.A.Vera - postaporteñ@ 1156
José Antonio Vera
Una de las “caperucitas rojas”, como se le conocía a las camionetas que utilizaba la tiranía estronista para arrear y desaparecer presos políticos, ha sido rescatada y está en exhibición desde este miércoles 23 de abril, en la sede del Museo de la Memoria, en el centro de Asunción.
El vehículo, que estaba en posesión de un particular, es una Chevrolet Custom, de lujo, motor naftero de seis cilindros, fabricado en Argentina, y con su matrícula original Número 15264 fue trasladado en la mañana desde la Fiscalía de San Lorenzo, ciudad a 20 kilómetros de la capital, en un recorrido que duró cuatro horas y se convirtió en una jornada política, aplaudida por numerosas personas que transitaban por la ciudad.
El Abogado y Premio Nobel Alternativo, Martín Almada, acompañado por muchos activistas de los derechos humanos, y responsables del Museo, encabezó el rescate y el traslado de la “caperucita”, todo un símbolo que hace recordar a miles de paraguayos el terror imperante en esas tres décadas y medio (1954/89).
La pintura colorada de la camioneta representa, en sí, el color del Partido, gobernante aún, que fue una de las patas del trípode, cuyo vértice era el General Alfredo Stroessner y las otras dos el Ejército y los grandes comerciantes, dúo que acunaba a uno de los núcleos más fuertes del corrupto empresariado, arropados todos en una impunidad total.
El vehículo había sido encontrado por Almada y un grupo de víctimas de la dictadura, en un estacionamiento asunceno hace tres años y, tras su incautación, producto del empeño de la dirección del Museo y de la Dirección General Verdad, Justicia y Reparación, “comenzó la difícil gestión ante la Fiscalía para destinarlo al Museo y ponerlo en exhibición, con el fin de contribuir a que la ciudadanía tome cada día mayor conciencia del horror que significó el estronismo, cuya ideología sigue vigente en el país”, declaró Almada.
Esas camionetas, “igual que los Ford Falcon en Argentina, fungieron durante años de centros itinerantes de torturas, en el llamado ablande, en el lenguaje de los asesinos, que hoy viven confortablemente en todos los barrios de Asunción, cobrando una buena jubilación, asisten a las misas todos los domingos y hasta, en ocasiones, son vistos como buenos vecinos”, añadió el profesional.
“La sola presencia de las caperucitas en los barrios, resultaba traumática para cualquier ciudadano”, dice el Diario ABC del 29 de julio de 1997, cuyo propietario es Aldo Zucolillo, quizás el hombre más rico del país y uno de los que más se benefició financieramente en los 35 años del régimen, a pesar de sufrir la clausura al final de la dictadura.
Zucolillo “era quien le vendía las caperucitas a Stroessner”, afirma el periodista Nemesio Barreto en su libro “Historia sincera de Paraguay”, en el que recuerda que el dictador apadrinó la apertura de la publicación, el 08 de agosto de 1967, como “un diario joven que confía en la patria”, y cuya presencia en el acto fue resaltada en primera página.
Es tal el poder económico y político que acumula Zucolillo desde sus numerosas empresas de prensa, comercios, inmobiliarias y agrícolas-ganaderas, que en muchos ambientes se le considera la persona que marca la agenda de los tres poderes del Estado.
Sus editoriales, identificados con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), manifiestan admiración por el imperialismo norteamericano y odio a los procesos políticos de Cuba, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Brasil. Uruguay es menos vilipendiado.
J.A.Vera - postaporteñ@ 1156
GRUPOS DE TAREAS EN LA ESPAÑA DE FRANCO
Dictador Videla mató en Madrid y España ocultó las pruebas
Publicado el 4/29/14 •
DANILO ALBIN
PROCESO – Paciencia, coraje y, sobre todo, una fuerza brutal contra el olvido. Así podría resumirse la vida de los Molfino, una familia argentina que lleva más de tres décadas esperando algo tan elemental como humano: saber quiénes fueron los asesinos de Noemí Gianotti de Molfino, una madre de desaparecidos que quería encontrar a los suyos en el Buenos Aires de Videla y acabó hallando la muerte en la España de Adolfo Suárez. Una muerte extraña e impune, registrada en el mismísimo corazón de un Madrid que seguía apestando a franquismo.
“Queremos saber quiénes la mataron, pero también quiénes encubrieron el crimen”, afirma a Público Gustavo Molfino. Al igual que otros tantos miles de argentinos, este hombre proviene de una familia desgarrada por la última dictadura cívico-militar de ese país (1976-1983). En octubre de 1979, uno de los siniestros grupos de tareas del régimen secuestró a su hermana Marcela y su esposo Guillermo Amarilla, un militante peronista que estaba en la diana del terrorismo de Estado. Nadie lo sabía, pero Marcela se encontraba embarazada de apenas un mes.
Otro de los Molfino, Miguel Ángel, había sido encarcelado algún tiempo antes, tras soportar todo tipo de torturas. Alejandra, otra de sus hermanas, había tenido que abandonar el país por su militancia en el sindicato de maestros. Con estos dolorosos antecedentes, Noemí se entregó en cuerpo y alma para tratar de salvar a sus hijos. Con ese objetivo, la “madre coraje” se trasladó a Europa, recorrió despachos y llegó a la propia Comisión Europea, donde advirtió sobre el genocidio que sufrían sus compatriotas. De allí marchó a Perú, un país que estaba por retornar a la democracia, para seguir con sus denuncias. Su voz era la de miles de asesinados. Sin embargo, ella tampoco escaparía del horror.
Morir en España
12 de junio de 1980, Lima, Perú. Un comando de la dictadura de Videla desplegado en la capital peruana secuestra a Noemí y a otros dos ciudadanos argentinos, que pasan a engrosar las largas listas de desaparecidos. Cinco semanas más tarde, Noemí era trasladada por sus captores a Madrid. De esa manera, la dictadura pretendía montar una operación propagandística que desacreditase las denuncias sobre la terrible realidad que vivía Argentina, alegando que los desaparecidos, en realidad, habían huido a Europa.
El plan fue trazado casi a la perfección. Noemí llegó al aeropuerto de Barajas el 18 de julio de 1980, custodiada por dos integrantes del Batallón 601 de Inteligencia, uno de los cuerpos más temibles del videlismo. Otros dos agentes que ya se encontraban en Madrid la trasladaron hasta el apartotel Muralto, situado en la calle Tutor. Allí la envenenaron mediante pastillas, cubrieron su cadáver con mantas para acelerar su putrefacción -lo que permitía eliminar cualquier rastro de la sustancia empleada para su envenenamiento- y huyeron por la puerta principal. Antes de partir, los asesinos de la habitación 604 colgaron el cartel de “No molestar”.
Tres días después, una de las empleadas de la limpieza decidió entrar al dormitorio, alarmada por el mal olor. Entonces descubrió una escena dantesca: el cadáver de Noemí, visiblemente hinchado, yacía sobre la cama. Junto a ella había algunos pasaportes falsos y un ejemplar del periódico Cambio16. Según consta en la documentación judicial de la época, la Policía española comprobó que los asesinos habían tratado de limpiar hasta la más mínima huella de ese escenario. Sin embargo, los peritos encontraron restos dactiloscópicos en un vaso y en unas colillas de tabaco. Todo indicaba que el crimen se aclararía en cuestión de días… Pero ocurrió exactamente lo contrario.
Pruebas olvidadas
Casi 34 años más tarde, aún se desconoce de quiénes eran aquellas huellas. Tal como ha podido comprobar Público, el juez que estuvo a cargo de este caso en 1980, Luis Lerga, decretó el cierre de la causa algunos meses después, sin preocuparse por estas pruebas. El caso volvió a ser reabierto en 1997 por el juez Baltasar Garzón, que por entonces investigaba los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura argentina. El magistrado realizó algunas gestiones ante el CESID -el entonces servicio secreto del ministerio de Defensa-, pero no sirvió de nada: al igual que había ocurrido en 1980, las huellas dejadas por los asesinos siguieron sin ser cotejadas.
Fuentes conocedoras de este caso han señalado a Público que las huellas continuarían guardadas en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Madrid. “En principio, alcanzaría con acceder a ellas para realizar las comprobaciones correspondientes en Argentina y España”, comentaron. Sin embargo, todos los intentos realizados hasta ahora por encontrarlas han resultado infructuosos. Gracias a ello, los asesinos continúan -tres décadas después- en las tinieblas.
A pesar de tantos años de impunidad, la familia Molfino confía en que la verdad pueda estar algo más cerca. Actualmente, el asesinato de Noemí forma parte de una causa judicial conocida como Contraofensiva, en la que se investigan las desapariciones y asesinatos de más de 100 ciudadanos argentinos entre agosto de 1979 y septiembre de 1980. La jueza argentina a cargo del expediente, Alicia Vence, se negó a hablar con este periódico sobre el caso de la madre de desaparecidos asesinada en España.
Su silencio no es casual. Aún son muchas las preguntas que rodean este crimen y que la jueza Vence, si así lo decide, podría aclarar. Para ello, alcanza con sumergirse en los papeles amarillentos que se escribieron durante aquellos aciagos días, en los que la justicia, tanto en Argentina como en España, brillaba por su ausencia. En aquellos viejos folios aparecen varias claves que ayudan a comprender este asesinato, el único cometido por la dictadura argentina en territorio europeo.
Entre otros aspectos, Público ha accedido a varios documentos que demuestran que el gobierno de Estados Unidos siguió de cerca las investigaciones realizadas en España tras el hallazgo del cadáver de Noemí. A través de distintos cables, las embajadas americanas en Madrid y Buenos Aires intercambiaron información sobre este caso, comparado por los diplomáticos estadounidenses con una “buena novela de espionaje”.
El penúltimo capítulo de esta suculenta historia se escribió a finales de 2009, cuando los Molfino recibieron una noticia impactante: antes de ser asesinada, Marcela -una de las hijas de Noemí que habían sido secuestradas por el régimen- había dado a luz un niño. Al igual que en otros cientos de casos, la criatura fue apropiada por un agente de la dictadura, que le cambió el apellido y lo crió como propio.
Gracias a la incesante lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, el joven logró recuperar su verdadera identidad. Su nombre es Guillermo Amarilla Molfino.
http://www.contrainjerencia.com/
Publicado el 4/29/14 •
DANILO ALBIN
PROCESO – Paciencia, coraje y, sobre todo, una fuerza brutal contra el olvido. Así podría resumirse la vida de los Molfino, una familia argentina que lleva más de tres décadas esperando algo tan elemental como humano: saber quiénes fueron los asesinos de Noemí Gianotti de Molfino, una madre de desaparecidos que quería encontrar a los suyos en el Buenos Aires de Videla y acabó hallando la muerte en la España de Adolfo Suárez. Una muerte extraña e impune, registrada en el mismísimo corazón de un Madrid que seguía apestando a franquismo.
“Queremos saber quiénes la mataron, pero también quiénes encubrieron el crimen”, afirma a Público Gustavo Molfino. Al igual que otros tantos miles de argentinos, este hombre proviene de una familia desgarrada por la última dictadura cívico-militar de ese país (1976-1983). En octubre de 1979, uno de los siniestros grupos de tareas del régimen secuestró a su hermana Marcela y su esposo Guillermo Amarilla, un militante peronista que estaba en la diana del terrorismo de Estado. Nadie lo sabía, pero Marcela se encontraba embarazada de apenas un mes.
Otro de los Molfino, Miguel Ángel, había sido encarcelado algún tiempo antes, tras soportar todo tipo de torturas. Alejandra, otra de sus hermanas, había tenido que abandonar el país por su militancia en el sindicato de maestros. Con estos dolorosos antecedentes, Noemí se entregó en cuerpo y alma para tratar de salvar a sus hijos. Con ese objetivo, la “madre coraje” se trasladó a Europa, recorrió despachos y llegó a la propia Comisión Europea, donde advirtió sobre el genocidio que sufrían sus compatriotas. De allí marchó a Perú, un país que estaba por retornar a la democracia, para seguir con sus denuncias. Su voz era la de miles de asesinados. Sin embargo, ella tampoco escaparía del horror.
Morir en España
12 de junio de 1980, Lima, Perú. Un comando de la dictadura de Videla desplegado en la capital peruana secuestra a Noemí y a otros dos ciudadanos argentinos, que pasan a engrosar las largas listas de desaparecidos. Cinco semanas más tarde, Noemí era trasladada por sus captores a Madrid. De esa manera, la dictadura pretendía montar una operación propagandística que desacreditase las denuncias sobre la terrible realidad que vivía Argentina, alegando que los desaparecidos, en realidad, habían huido a Europa.
El plan fue trazado casi a la perfección. Noemí llegó al aeropuerto de Barajas el 18 de julio de 1980, custodiada por dos integrantes del Batallón 601 de Inteligencia, uno de los cuerpos más temibles del videlismo. Otros dos agentes que ya se encontraban en Madrid la trasladaron hasta el apartotel Muralto, situado en la calle Tutor. Allí la envenenaron mediante pastillas, cubrieron su cadáver con mantas para acelerar su putrefacción -lo que permitía eliminar cualquier rastro de la sustancia empleada para su envenenamiento- y huyeron por la puerta principal. Antes de partir, los asesinos de la habitación 604 colgaron el cartel de “No molestar”.
Tres días después, una de las empleadas de la limpieza decidió entrar al dormitorio, alarmada por el mal olor. Entonces descubrió una escena dantesca: el cadáver de Noemí, visiblemente hinchado, yacía sobre la cama. Junto a ella había algunos pasaportes falsos y un ejemplar del periódico Cambio16. Según consta en la documentación judicial de la época, la Policía española comprobó que los asesinos habían tratado de limpiar hasta la más mínima huella de ese escenario. Sin embargo, los peritos encontraron restos dactiloscópicos en un vaso y en unas colillas de tabaco. Todo indicaba que el crimen se aclararía en cuestión de días… Pero ocurrió exactamente lo contrario.
Pruebas olvidadas
Casi 34 años más tarde, aún se desconoce de quiénes eran aquellas huellas. Tal como ha podido comprobar Público, el juez que estuvo a cargo de este caso en 1980, Luis Lerga, decretó el cierre de la causa algunos meses después, sin preocuparse por estas pruebas. El caso volvió a ser reabierto en 1997 por el juez Baltasar Garzón, que por entonces investigaba los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura argentina. El magistrado realizó algunas gestiones ante el CESID -el entonces servicio secreto del ministerio de Defensa-, pero no sirvió de nada: al igual que había ocurrido en 1980, las huellas dejadas por los asesinos siguieron sin ser cotejadas.
Fuentes conocedoras de este caso han señalado a Público que las huellas continuarían guardadas en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Madrid. “En principio, alcanzaría con acceder a ellas para realizar las comprobaciones correspondientes en Argentina y España”, comentaron. Sin embargo, todos los intentos realizados hasta ahora por encontrarlas han resultado infructuosos. Gracias a ello, los asesinos continúan -tres décadas después- en las tinieblas.
A pesar de tantos años de impunidad, la familia Molfino confía en que la verdad pueda estar algo más cerca. Actualmente, el asesinato de Noemí forma parte de una causa judicial conocida como Contraofensiva, en la que se investigan las desapariciones y asesinatos de más de 100 ciudadanos argentinos entre agosto de 1979 y septiembre de 1980. La jueza argentina a cargo del expediente, Alicia Vence, se negó a hablar con este periódico sobre el caso de la madre de desaparecidos asesinada en España.
Su silencio no es casual. Aún son muchas las preguntas que rodean este crimen y que la jueza Vence, si así lo decide, podría aclarar. Para ello, alcanza con sumergirse en los papeles amarillentos que se escribieron durante aquellos aciagos días, en los que la justicia, tanto en Argentina como en España, brillaba por su ausencia. En aquellos viejos folios aparecen varias claves que ayudan a comprender este asesinato, el único cometido por la dictadura argentina en territorio europeo.
Entre otros aspectos, Público ha accedido a varios documentos que demuestran que el gobierno de Estados Unidos siguió de cerca las investigaciones realizadas en España tras el hallazgo del cadáver de Noemí. A través de distintos cables, las embajadas americanas en Madrid y Buenos Aires intercambiaron información sobre este caso, comparado por los diplomáticos estadounidenses con una “buena novela de espionaje”.
El penúltimo capítulo de esta suculenta historia se escribió a finales de 2009, cuando los Molfino recibieron una noticia impactante: antes de ser asesinada, Marcela -una de las hijas de Noemí que habían sido secuestradas por el régimen- había dado a luz un niño. Al igual que en otros cientos de casos, la criatura fue apropiada por un agente de la dictadura, que le cambió el apellido y lo crió como propio.
Gracias a la incesante lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, el joven logró recuperar su verdadera identidad. Su nombre es Guillermo Amarilla Molfino.
http://www.contrainjerencia.com/
Violencia llega al salvajismo en Sudán del Sur
IPS
Violencia llega al salvajismo en Sudán del Sur
NACIONES UNIDAS (IPS/Samuel Oakford)
Tras una semana en la que se sucedieron una masacre dentro de un campamento de la ONU y una matanza étnica en una zona petrolera, la comunidad internacional se pregunta si queda alguna posibilidad de salvar vidas en Sudán del Sur.
A puertas cerradas, el Consejo de Seguridad de la ONU observó un reporte filmado en el norteño poblado de Bentiu, donde entre el martes 22 y el miércoles 23 grupos de rebeldes ejecutaron a cientos de civiles en una mezquita y en un hospital.
Luego de tomar Bentiu, los rebeldes se hicieron del control de la radioemisora local desde la que emitieron mensajes reclamando a sus seguidores que se vengaran de los dinkas y los darfuríes, violando a las mujeres de esas comunidades étnicas, según el reporte de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Los miembros del Consejo de Seguridad manifestaron en una declaración el "horror y la rabia por la violencia generalizada en Bentiu" y condenaron el ataque del viernes 18 contra un campamento del foro mundial en la central ciudad de Bor, en el que murieron al menos 48 de las 5.000 personas que se refugiaban en él, la mayoría de la etnia nuer. Una turba armada hasta los dientes ingresó al complejo y abrió fuego contra la población.
Los Estados que forman parte del Consejo de Seguridad "reiteraron su firme demanda de que cesen de inmediato todos los abusos a los derechos humanos y las violaciones al derecho humanitario internacional y expresaron que están listos para adoptar medidas contra los responsables", dice la declaración.
Esas medidas podrían ser sanciones selectivas contra los jefes de los grupos acusados de cometer atrocidades como las de Bentiu y Bor.
El miércoles 23, la organización Human Rights Watch (HRW) llamó públicamente al Consejo a "imponer sanciones a individuos tanto del gobierno como de la oposición que sean responsables de abusos graves".
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mencionó este mes la posibilidad de prohibir los viajes y de congelar los activos de dirigentes políticos y militares de Sudán del Sur, pero su gobierno todavía debe definir quiénes serían los castigados.
En ocasiones, la simple amenaza estadounidense de acción basta para disuadir, pero las medidas de la ONU deberían ir mucho más allá en Sudán del Sur, dijo Philippe Bolopion, de HRW.
"Las sanciones de Estados Unidos son bienvenidas, pero no serían suficientes porque muchos de los jefes involucrados en la violencia tienen cuentas bancarias en los países vecinos", dijo Bolopion. "Si las adopta la ONU, constituirán un firme mensaje a todos de que tendrán que pagar un precio por sus crímenes".
En este novísimo país, cuya vida independiente comenzó en 2011 con la separación de Sudán, la crisis estalló el 15 de diciembre, con un enfrentamiento en la capital, Yuba, entre facciones del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, que desde la independencia conforma el núcleo de las Fuerzas Armadas.
El presidente Salva Kiir ordenó el arresto inmediato de 11 importantes líderes opositores y acusó al ex vicepresidente Riek Machar de orquestar un golpe de Estado. Este negó la imputación y se trasladó a Yuba para asumir el mando de las fuerzas rebeldes.
Kiir es dinka y Machar es nuer. Pero el conflicto, que obedece en esencia a problemas no resueltos de poder y de acceso a los recursos petroleros, ha dividido al país según fronteras étnicas.
En diciembre, el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de 5.500 cascos azules para reforzar la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS, por sus siglas en inglés), que cuenta con 7.000 efectivos militares.
Pero para este mes no habían arribado más de 700 por cuestiones burocráticas, disputas entre estados miembros y la sobrecarga que vive el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz.
Aunque se desplegaran rápidamente los 12.500 cascos azules que debe tener la UNMISS, no está claro qué podrían hacer fuera de las bases y campamentos en los que han prestado refugio a decenas de miles de personas desplazadas desde diciembre.
Pero incluso esta protección quedó en cuestión luego del ataque a Bor. "Ni la misión ni los campamentos se crearon para eso", dijo a periodistas el portavoz del secretario general de la ONU, Stephane Dujarric.
El Consejo de Seguridad apoya la Comisión de Investigación sobre Sudán del Sur, creada por la Unión Africana, pese a su lentitud para ponerse en marcha.
Este mes, la Comisión anunció que se reuniría con autoridades regionales para discutir sobre el conflicto, incluyendo a los presidentes Omar al Bashir, de Sudán, y Uhuru Kenyatta, de Kenia, los dos bajo investigación de la Corte Penal Internacional.
La Comisión también celebrará encuentros con el mandatario de Uganda, Yoweri Museveni, cuyas tropas han estado peleando junto a las fuerzas gubernamentales de Sudán del Sur, mientras delegados de Uganda intentan facilitar un acuerdo de paz en unas cada vez más fútiles negociaciones en Addis Abeba.
En el marco de esas conversaciones, el 23 de enero se firmó un cese del fuego, violado a las pocas horas.
"Ninguna de las partes parece lista para detener las hostilidades", dijo a la prensa el jefe de operaciones de paz de la ONU, Herve Ladsous.
"El acuerdo, que se firmó hace tres meses, nunca se ha aplicado. Y no dan señales de que quieran realmente participar en conversaciones de paz", agregó.
En la ONU se pudo percibir que las ejecuciones en Bentiu habían alterado a delegados acostumbrados al fuego lento, si bien mortal, de una guerra civil que se puede discutir mañana o la semana que viene.
El Consejo solicitó rápidamente a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que envíe expertos a Bentiu para iniciar una investigación.
"Los civiles son sacados de una mezquita y asesinados, se llama a la gente por la radio a violar a mujeres de cierta etnia... hemos llegado a un punto en el que puede pasar cualquier cosa", dijo Bolopion a IPS.
Pero, pese a las señales de que hay vida en el Consejo de Seguridad, la solución para Sudán del Sur probablemente dependa de los gobiernos de la región que, hasta ahora, no han expresado ni neutralidad ni voluntad de ejercer verdadera presión sobre Kiir y Machar.
La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD por sus siglas en inglés), que reúne a los países de África oriental, ha dicho que tiene intenciones de reemplazar a las tropas ugandesas por una fuerza regional, pero ese plan tampoco se ha materializado y no necesariamente resuelva la falta de imparcialidad hacia las partes en conflicto.
"Estas sanciones pueden ayudar, pero no van a resolver el problema", dijo a IPS un alto funcionario de derechos humanos que pidió no revelar su nombre. "Los principales jugadores en la ONU saben que la clave es que las potencias regionales se muestren más activas y hagan lo correcto", añadió.
"La IGAD y los vecinos son cruciales. Si no encuentran una solución política, el conflicto se pondrá mucho peor", dijo la fuente.
Violencia llega al salvajismo en Sudán del Sur
NACIONES UNIDAS (IPS/Samuel Oakford)
Tras una semana en la que se sucedieron una masacre dentro de un campamento de la ONU y una matanza étnica en una zona petrolera, la comunidad internacional se pregunta si queda alguna posibilidad de salvar vidas en Sudán del Sur.
A puertas cerradas, el Consejo de Seguridad de la ONU observó un reporte filmado en el norteño poblado de Bentiu, donde entre el martes 22 y el miércoles 23 grupos de rebeldes ejecutaron a cientos de civiles en una mezquita y en un hospital.
Luego de tomar Bentiu, los rebeldes se hicieron del control de la radioemisora local desde la que emitieron mensajes reclamando a sus seguidores que se vengaran de los dinkas y los darfuríes, violando a las mujeres de esas comunidades étnicas, según el reporte de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Los miembros del Consejo de Seguridad manifestaron en una declaración el "horror y la rabia por la violencia generalizada en Bentiu" y condenaron el ataque del viernes 18 contra un campamento del foro mundial en la central ciudad de Bor, en el que murieron al menos 48 de las 5.000 personas que se refugiaban en él, la mayoría de la etnia nuer. Una turba armada hasta los dientes ingresó al complejo y abrió fuego contra la población.
Los Estados que forman parte del Consejo de Seguridad "reiteraron su firme demanda de que cesen de inmediato todos los abusos a los derechos humanos y las violaciones al derecho humanitario internacional y expresaron que están listos para adoptar medidas contra los responsables", dice la declaración.
Esas medidas podrían ser sanciones selectivas contra los jefes de los grupos acusados de cometer atrocidades como las de Bentiu y Bor.
El miércoles 23, la organización Human Rights Watch (HRW) llamó públicamente al Consejo a "imponer sanciones a individuos tanto del gobierno como de la oposición que sean responsables de abusos graves".
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mencionó este mes la posibilidad de prohibir los viajes y de congelar los activos de dirigentes políticos y militares de Sudán del Sur, pero su gobierno todavía debe definir quiénes serían los castigados.
En ocasiones, la simple amenaza estadounidense de acción basta para disuadir, pero las medidas de la ONU deberían ir mucho más allá en Sudán del Sur, dijo Philippe Bolopion, de HRW.
"Las sanciones de Estados Unidos son bienvenidas, pero no serían suficientes porque muchos de los jefes involucrados en la violencia tienen cuentas bancarias en los países vecinos", dijo Bolopion. "Si las adopta la ONU, constituirán un firme mensaje a todos de que tendrán que pagar un precio por sus crímenes".
En este novísimo país, cuya vida independiente comenzó en 2011 con la separación de Sudán, la crisis estalló el 15 de diciembre, con un enfrentamiento en la capital, Yuba, entre facciones del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, que desde la independencia conforma el núcleo de las Fuerzas Armadas.
El presidente Salva Kiir ordenó el arresto inmediato de 11 importantes líderes opositores y acusó al ex vicepresidente Riek Machar de orquestar un golpe de Estado. Este negó la imputación y se trasladó a Yuba para asumir el mando de las fuerzas rebeldes.
Kiir es dinka y Machar es nuer. Pero el conflicto, que obedece en esencia a problemas no resueltos de poder y de acceso a los recursos petroleros, ha dividido al país según fronteras étnicas.
En diciembre, el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de 5.500 cascos azules para reforzar la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS, por sus siglas en inglés), que cuenta con 7.000 efectivos militares.
Pero para este mes no habían arribado más de 700 por cuestiones burocráticas, disputas entre estados miembros y la sobrecarga que vive el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz.
Aunque se desplegaran rápidamente los 12.500 cascos azules que debe tener la UNMISS, no está claro qué podrían hacer fuera de las bases y campamentos en los que han prestado refugio a decenas de miles de personas desplazadas desde diciembre.
Pero incluso esta protección quedó en cuestión luego del ataque a Bor. "Ni la misión ni los campamentos se crearon para eso", dijo a periodistas el portavoz del secretario general de la ONU, Stephane Dujarric.
El Consejo de Seguridad apoya la Comisión de Investigación sobre Sudán del Sur, creada por la Unión Africana, pese a su lentitud para ponerse en marcha.
Este mes, la Comisión anunció que se reuniría con autoridades regionales para discutir sobre el conflicto, incluyendo a los presidentes Omar al Bashir, de Sudán, y Uhuru Kenyatta, de Kenia, los dos bajo investigación de la Corte Penal Internacional.
La Comisión también celebrará encuentros con el mandatario de Uganda, Yoweri Museveni, cuyas tropas han estado peleando junto a las fuerzas gubernamentales de Sudán del Sur, mientras delegados de Uganda intentan facilitar un acuerdo de paz en unas cada vez más fútiles negociaciones en Addis Abeba.
En el marco de esas conversaciones, el 23 de enero se firmó un cese del fuego, violado a las pocas horas.
"Ninguna de las partes parece lista para detener las hostilidades", dijo a la prensa el jefe de operaciones de paz de la ONU, Herve Ladsous.
"El acuerdo, que se firmó hace tres meses, nunca se ha aplicado. Y no dan señales de que quieran realmente participar en conversaciones de paz", agregó.
En la ONU se pudo percibir que las ejecuciones en Bentiu habían alterado a delegados acostumbrados al fuego lento, si bien mortal, de una guerra civil que se puede discutir mañana o la semana que viene.
El Consejo solicitó rápidamente a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que envíe expertos a Bentiu para iniciar una investigación.
"Los civiles son sacados de una mezquita y asesinados, se llama a la gente por la radio a violar a mujeres de cierta etnia... hemos llegado a un punto en el que puede pasar cualquier cosa", dijo Bolopion a IPS.
Pero, pese a las señales de que hay vida en el Consejo de Seguridad, la solución para Sudán del Sur probablemente dependa de los gobiernos de la región que, hasta ahora, no han expresado ni neutralidad ni voluntad de ejercer verdadera presión sobre Kiir y Machar.
La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD por sus siglas en inglés), que reúne a los países de África oriental, ha dicho que tiene intenciones de reemplazar a las tropas ugandesas por una fuerza regional, pero ese plan tampoco se ha materializado y no necesariamente resuelva la falta de imparcialidad hacia las partes en conflicto.
"Estas sanciones pueden ayudar, pero no van a resolver el problema", dijo a IPS un alto funcionario de derechos humanos que pidió no revelar su nombre. "Los principales jugadores en la ONU saben que la clave es que las potencias regionales se muestren más activas y hagan lo correcto", añadió.
"La IGAD y los vecinos son cruciales. Si no encuentran una solución política, el conflicto se pondrá mucho peor", dijo la fuente.
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