5 jul 2014

Algunas vidas valen más que otras

Algunas vidas valen más que otras

Tras los asesinatos de los tres adolescentes israelíes
Entre el 12 de junio –cuando desaparecieron los tres jóvenes colonos en Cisjordania ocupada– hasta el 30, en que se hallaron sus cuerpos, Israel llevó a cabo la operación Guardián de mi Hermano con el fin explícito de destruir a Hamas, al que Biniamin Netaniahu acusó del hecho –sin ninguna evidencia (véase Brecha, 20-VI-14).
En dos semanas 600 palestinos fueron detenidos, 12 fueron asesinados (incluyendo cuatro niños de 10, 13, 16 y 15 años, el último secuestrado, quemado y torturado hasta la muerte por colonos judíos en Jerusalén este) y dos personas murieron de ataques cardíacos cuando las tropas invadieron sus hogares; hubo más de un centenar de heridos, algunos graves (incluyendo una niña de 4 años deliberadamente arrollada por un auto de colonos en Hebrón); más de 2.200 viviendas fueron vandalizadas con extrema violencia, y decenas fueron directamente demolidas. Además Israel llevó a cabo 35 ataques aéreos sobre Gaza (contra 18 cohetes caseros de la resistencia palestina que, como es habitual, no causaron víctimas).
La ciudad palestina de Hebrón fue puesta bajo toque de queda, el ejército ocupó edificios y azoteas y rastreó todas las localidades vecinas en la zona donde desaparecieron los colonos. No deja de ser sospechoso que con todo ese despliegue (y la eficiencia del servicio de inteligencia israelí) tardaran más de dos semanas en encontrar los cuerpos a pocos metros de donde habían desaparecido. Fuentes calificadas filtraron el dato de que el hallazgo fue muy anterior, pero se ocultó para poder continuar con la operación de persecución de Hamas y la detención de varios centenares de sus miembros.
Poco importó que ninguna organización palestina reivindicara el secuestro de los colonos y que los líderes de Hamas negaran toda responsabilidad. Tampoco se necesita imaginación para darse cuenta de que, si no era para canjearlos por presos palestinos, el crimen no podía reportarle beneficio alguno a Hamas, a sólo dos semanas de haber alcanzado un acuerdo con Fatah y establecido un gobierno transitorio de unidad nacional. Los memoriosos saben bien que esta dinámica no es nueva: cada vez que los palestinos obtienen algún avance en el plano político, Israel lanza una operación para hacer trizas ese logro.
El mismo Ban ki-Moon pidió a Israel que presentara evidencias de la responsabilidad de Hamas en el crimen, y Amnistía Internacional afirmó que la operación de castigo colectivo sobre la población palestina (un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario) no haría justicia. Israel, haciendo como de costumbre oídos sordos a las exhortaciones de la comunidad internacional, cercó el barrio de Hebrón donde viven los dos principales sospechosos y procedió a destruir con explosivos sus viviendas; una medida punitiva brutal, sin mediar juicio ni garantía de ningún tipo, que afectó a los numerosos integrantes de ambas familias (incluyendo niñas y niños).
Todos los medios occidentales se han hecho eco de la muerte de los tres jóvenes colonos. Los gobiernos –incluido el uruguayo– no tardaron en condenar el hecho y expresar su pésame a su par israelí. Pero ni unos se molestaron en informar sobre la violencia desproporcionada desplegada por Israel, ni los otros en condenar los 15 asesinatos de palestinos (incluyendo niños y adolescentes) o en expresar condolencias a su pueblo.
Irónicamente, Netaniahu afirmó que los colonos “fueron secuestrados y asesinados a sangre fría por animales”. Uno se pregunta cómo se debe calificar a un ejército que mató a 15 jóvenes en pocos días, o que asesinó a un niño palestino cada tres días en los últimos 13 años, y a 1.500 niños y niñas desde 2000; o que cada madrugada irrumpe con violencia en los hogares palestinos, arranca a los niños de sus camas, los lleva esposados y de ojos vendados con rumbo desconocido, los interroga bajo torturas y los juzga en tribunales militares por el delito de tirar piedras a las fuerzas que ocupan su país.
Ante la parcialidad con que los medios occidentales (des)informan sobre este conflicto, una vez más se debe repetir que la violencia de los ocupados no es la causa de la ocupación: es un síntoma, una consecuencia de la violencia original e impune que desde hace casi 70 años ejerce uno de los ejércitos más poderosos del mundo sobre un pueblo limpiado étnicamente, ocupado militarmente, colonizado territorialmente.
Esta desproporción de los medios y gobiernos parece indicar que para el mundo la vida palestina es barata y desechable, mientras que la judía es sacrosanta. Toda vida humana es preciosa, y la muerte violenta de un joven es un crimen que debe ser repudiado y castigado. Occidente debe admitir de una buena vez que la vida de miles de niños y jóvenes palestinos es tan valiosa como la de tres colonos judíos, y el dolor de sus madres y sus familias es igual de profundo.

4 jul 2014

“El Zulu” celeste

“El Zulu” celeste

El guardaespaldas de la selección y sus vínculos con la represión en dictadura
Miguel Zuluaga es un señor de bigote que suele aparecer junto a los jugadores y el técnico de la selección uruguaya en cuanta competencia haya. En Sudáfrica 2010 se fotografió junto a unos cachorros de león durante una visita de la delegación a una reserva ecológica. En este Mundial se lo ve en las zonas mixtas de los estadios bromeando con algún notero que explora el costado humorístico del campeonato. Zuluaga es un funcionario contratado por la auf en 2000 para encargarse de la seguridad de la selección. Pasó por las eras de Daniel Passarella, Víctor Púa, Juan Ramón Carrasco, Jorge Fossati y Óscar Tabárez. “Los jugadores dicen que es ‘buena persona’ y que es ‘un gran compañero de truco’. Ellos saben que los cuida, que los protege, y que intenta que esa locura de los hinchas no los afecte”, dice una crónica del suplemento Ovación de El País.
A Zuluaga también le decían “Zulu” en plena dictadura, cuando revistaba como subcomisario en la Dirección Nacional de Información de Inteligencia (dnii) y presionaba a los detenidos antes de los interrogatorios y las torturas, contó a Brecha Luis Libschitz, un ex militante de la Unión de Juventudes Comunistas (ujc) que fue testigo de los hechos. En 1975 la dictadura desató la represión final contra el Partido Comunista y Libschitz cayó en abril de 1976. Hasta agosto de ese año estuvo detenido en el edificio de Paraguay y Maldonado donde hasta hoy funciona la dnii. Libschitz fue interceptado por el Departamento V de esa dependencia y conducido al segundo piso de esa sede policial. Todavía recuerda el lugar: no había calabozo sino que los detenidos eran dejados de “plantón” en un salón enorme en donde convergían varias habitaciones.
En el edificio, además del Departamento V funcionaba el Departamento IV, encargado de reprimir a la Regional 1 de la ujc, que abarcaba los barrios Palermo, Ciudad Vieja y Cordón. En ese departamento revistaba Zulu. Los presos de ambas reparticiones convivían mezclados en el mismo salón y fue así que Libschitz notó la presencia asidua del hoy encargado de seguridad de la selección.
El ex militante de la ujc estuvo encapuchado cinco meses en la dnii. “Con el paso de los días, sobre todo en la noche, iba viendo el movimiento y escuchando los nombres de los policías y fui identificando a alguno.” Acostado, con un sutil movimiento de cabeza, podía ver las caras de los policías a través de un resquicio debajo de la capucha.
“Había gente de plantón a los que les pegaban, los pateaban, y los llevaban a hacerles submarino en una habitación contigua”, narra. “A Zuluaga lo vi con la gente que estaba de plantón en el salón grande. Estaba entre los policías que venían a buscar gente. Yo no tuve contacto con él pero sí lo vi a los gritos, a los empujones. Hasta donde yo vi, venía a presionar a la gente que estaba parada previo al interrogatorio: ‘Che, aflojá que está todo el pescado vendido, no te hagas lastimar, que te van a matar’, bien de patotero”, recuerda Libschitz.
“Es notorio y hace muchos meses que lo comento, y me consta que otra gente que participa en Crysol lo ha visto”, cuenta Libschitz, que colgó su relato a las redes sociales. “Era parecido a como está ahora pero sin canas.” Brecha pudo confirmar que Zuluaga aparece en las denuncias presentadas por el abogado Pablo Chargoñia contra varios policías de la dnii en 2011 en el Juzgado Penal de 17º Turno a cargo del juez Carlos García Guaraglia. Las denuncias reúnen a varios ex integrantes de la ujc. El hoy custodio celeste también aparece nombrado en los trabajos del historiador Álvaro Rico, firmando documentos vinculados a operativos de represión contra las juventudes comunistas. Hasta ahora la causa no ha avanzado más allá de una inspección ocular realizada en el edifico.

MEGAMINERIA EN DOMINICANA

Barrick se excusa de buscar soluciones a familias desplazadas

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La empresa minera Barrick Pueblo Viejo aseguró ayer que no le corresponde ofrecer soluciones a personas desplazadas de lugares cercanos a la mina que opera en Cotuí y reiteró que los procesos de desalojo que se produjeron han sido manejados por el gobierno dominicano bajo criterios de organismos internacionales.
Mediante un comunicado, deploró que portavoces de grupos comunitarios señalen sin pruebas que la minera genera contaminación en el entorno en el que opera, así como las recurrentes demandas de derecho de propiedad, reubicación y de pago de compensaciones.
“Estas denuncias ya se han vuelto cíclicas y, según observamos, surgen en coyunturas muy específicas con la mala intención de afectar la imagen de la empresa que se maneja en base a las mejores prácticas ambientales comúnmente aceptadas internacional y localmente”, destacó.
Asimismo, recordó que las autoridades examinan frecuentemente las operaciones de la mina desde el punto de vista ambiental y que a final del año pasado el ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, reveló que la institución había realizado 52 inspecciones a la misma.
Con respecto a las demandas de reubicación, la empresa minera citó datos auditados del gobierno dominicano según los cuales 416 familias desalojadas fueron debidamente compensadas en términos económicos, siguiendo los criterios del Banco Mundial para estos casos.
Manifestó que, bajo esos estándares, solo calificaban para recibir nuevas viviendas aquellas personas que residen en los terrenos al momento de hacer la reubicación y que se comprobara que no contaban con otra vivienda. “Solo unas 65 familias calificaron, a las que se les otorgaron su viviendas según lo acordado”, explicó.
Barrick agregó que solo ofreció soporte técnico al Programa de Remediación  del Ministerio de Industria y Comercio, que, junto a la Dirección de Minería, dirigió el proceso de reubicaciones y restauración de medios de vida de personas desplazadas de lugares cercanos a la mina.

Mortalidad infantil en Uruguay bajó de 20,2 a 8,8 por cada 1000 nacidos vivos en últimos 20 años

 La mortalidad infantil “está muy relacionado con las condiciones de vida, sociales y económicas, de la población, además de las cuestiones generales de salud”.

La mortalidad infantil, en menores de un año en el Uruguay, bajó de 20,2 por cada 1.000 niños nacidos vivos en 1993 a 8,8 en el año 2013, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP).
La proporción de fallecimientos de niños de menos de un año respecto del total de nacidos bajó “notoriamente” en los últimos 20 años en Uruguay.
Según datos del MSP, el indicador pasó de “20,2 por cada 1.000 nacidos vivos en 1993 a 13,7 en 2002 y a 8,8 en 2013”.
El director de Salud de la Niñez del Ministerio de Salud Pública, Gustavo Giachetto, explicó que “muchas de las muertes ocurren en el período neonatal”, es decir en los primeros 28 días de vida, y las principales causas son “malformaciones o parto prematuro”.
Remarcó que  la mortalidad infantil “está muy relacionado con las condiciones de vida, sociales y económicas, de la población, además de las cuestiones generales de salud”.
Agregó que el indicador tiene dos componentes: “el neonatal, vinculado a las muertes que ocurren en los primeros 28 días de vida, y el postneonatal, que ocurre entre los 28 días de vida y el año”.
En Uruguay se observa una “tendencia a la baja de la mortalidad infantil a lo largo de todo el período de los últimos 20 años, en los dos componentes”.
“El año pasado fallecieron 8,8 niños uruguayos por cada 1.000 nacidos vivos, en un total de 48.645 partos”, indicó Giachetto.
Agregó que, por otra parte, debe hacerse una lectura sobre las causas de la mortalidad infantil, vinculadas a “malformaciones congénitas, anomalías cromosómicas por un lado y con afecciones generadas con los trastornos perinatales y la prematurez por otro”, las que se ubican en “el terreno de las cuestiones duras para hacer descender”.
En ese marco, anunció que el MSP “impulsa acciones a través del programa de atención integral a los niños con defectos congénitos y enfermedades raras”.
Respecto a las afecciones perinatales y al parto prematuro, “hay un terreno de prevención con múltiples factores que tienen que ver con este componente y que no atañe solo a los servicios de salud”, dijo “Giachetto.
Terceros en América
Por otra parte, Giachetto dijo que Uruguay “está bien posicionado en la región en cuanto a este indicador, dado que está entre los países que lograron descender la mortalidad infantil por debajo de los dos dígitos y se mantiene”.
“Uruguay es el tercer país de América Latina con más baja mortalidad infantil”, aseguró el jerarca.

CONDORES CHILENOS

Justicia chilena abre investigación a militares por torturas durante la dictadura

La justicia abrió una investigación contra integrantes de la Fuerza Aérea de Chile acusados de torturar a otros doce ex miembros de la institución tras el golpe de estado en 1973, luego de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La investigación quedó a cargo del juez especializado en casos de Derechos Humanos durante la dictadura, Mario Carroza, según confirmaron fuentes del poder judicial.
Un grupo de 12 ex oficiales de la Fuerza Aérea, entre los que estuvo el general Alberto Bachelet, afirmaron que fueron torturados por sus propios colegas tras el golpe y que las declaraciones obtenidas fueron utilizadas para acusarlos de sedición y traición a la patria.
Bachelet murió en 1974 por esas torturas, preso y acusado de traición por mantenerse leal al gobierno del derrocado presidente Salvador Allende.
Hace 13 años, recurrieron a la Corte Suprema para anular el dictamen de la justicia militar en su contra tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet.
Sin embargo, la Corte Suprema denegó el recurso, y los ex militares recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recomendó en noviembre a Chile investigar los hechos. Ante la falta de respuesta, la CIDH resolvió enviar en abril un expediente por denegación de justicia a la Corte Interamericana (CorteIDH).
La CIDH consideró que el estado chileno no cumplió “su obligación de ofrecer un recurso efectivo” a las víctimas para dejar sin efecto un proceso penal que tomó en cuenta pruebas obtenidas bajo tortura.
Entre las recomendaciones, la CIDH había pedido a Chile “investigar, juzgar y sancionar penalmente” los responsables por las torturas, y reparar “plenamente” a las víctimas y sus familiares por las violaciones de los derechos humanos sufridas.

Nueva cadena perpetua para Manuel Contreras por Villa Grimaldi

El ministro en visita Leopoldo Llanos dictó sentencias en contra de 13 ex integrantes de la DINA por 19 secuestros y un homicidio registrados en el centro de detención Villa Grimaldi.
Manuel Contreras fue condenado a presidio perpetuo, mientras que Pedro Espinoza deberá añadir 40 años más a su sentencia. Marcelo Moren Brito y Rolf Wenderoth fueron condenados a 27 años de presidio.
Miguel Krassnoff, Fernando Lauriani, Gerardo Godoy y Ricardo Lawrence tendrán que cumplir20 años de condena; Basclay Zapata, Manuel Carevic, Raúl Iturriaga y César Manríquez deberán cumplir 10 años; y Orlando Manzo fue sentenciado a 10 años y un día.
Además, el Fisco deberá pagar una indemnización total de 1.850 millones de pesos a los familiares de las víctimas.
La sentencia determinó que todas las personas fueron detenidas por la DINA y fueron trasladados a diversos centros de detención. En 10 de los casos, sus nombres aparecieron en periódicos en noticias relacionadas a “muerte de extremistas chilenos en el extranjero”, en el montaje denominado “Operación Colombo”