Contrato del Gobierno porteño por más de $ 21 millones.

ARGENTINA :Extraña inscripción ante la AFIP

La Usina también puede dar servicios de lustrabotas y astrología

Según consta en la AFIP, La Usina Producciones puede brindar servicios de "astrología y espiritismo, las realizadas con fines sociales como agencias matrimoniales, de investigaciones genealógicas, de contratación de acompañantes, la actividad de lustra botas, acomodadores de autos, etc".

La empresa La Usina Producciones S.RL., creada por el periodista y candidato a diputado nacional del PRO, Fernando Niembro, no sólo estaba autorizada por la AFIP para brindar servicios de publicidad, como los que contrató el Gobierno porteño por más de $ 21 millones.También está habilitado para realizar actividades de astrología y lustra botas.

La compañía fue creada por Atilio Alberto Meza y Niembro en mayo de 2012. Según denunciaron legisladores kirchneristas solo tuvo de clientes a la administración deMauricio Macri y al Banco Ciudad. 

En un principio trascendió que el objeto de la sociedad integrada con un capital de $ 10.000 era "realizar la explotación por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: negocio de producción de actividades periodísticas y/o publicitarias por medio de la prensa escrita, oral, radio, televisión, carteleras, impresos, películas cinematográficas, Internet o a través de cualquier otro medio creado o a crearse".

Pero una simple consulta al sistema de información comercial y crediticia de empresas y personas Nosis reveló algo más. Ya que esa categoría también incluye la posibilidad de dar otros servicios personales. Según consta en el código 960990, Niembro puede facturar contratos por brindar trabajos de "astrología y espiritismo, las realizadas con fines sociales como agencias matrimoniales, de investigaciones genealógicas, de contratación de acompañantes, la actividad de lustra botas, acomodadores de autos, etc".

Expertos en creaciones de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada coinciden que la curiosidad en la inscripción deja en evidencia el desinterés por el objeto real de la actividad y la urgencia necesaria con la cual Niembro y Meza se anotaron en la AFIP para comenzar rápidamente a facturar.

ONU: LOS LINEAMIENTOS PARA ORDENAR FUTURAS REESTRUCTURACIONES DE DEUDAS

Nueve principios, un gran paso

La preservación del derecho soberano de los países a darse su propia política y poder encarar reestructuraciones de deuda sin sacrificar su futuro es la base de la propuesta. Cuáles son sus alcances y cómo se sigue.

 Por Tomás Lukin

Desde Nueva York

Restringir el margen de maniobra para los fondos buitre, legitimar el derecho de los países para encarar reestructuraciones de deuda que les permitan volver a crecer y seguir pagando sus obligaciones y garantizar que los inversores de buena fe no se vean afectados por el accionar carroñero del sistema financiero internacional. Con esos tres ejes, los nueve principios básicos aprobados ayer en las Naciones Unidas fortalecen la línea de defensa de los países y sus acreedores genuinos contra el agujero negro existente en materia de resolución sustentable de las crisis de deuda. El próximo paso no está definido, pero el objetivo final es crear, a partir de los lineamientos aprobados ayer, un marco jurídico global que ofrezca reglas claras para resolver los problemas asociados al endeudamiento excesivo. Como paso intermedio, algunos países podrían incorporar/respaldar los lineamientos en sus legislaciones nacionales.

Los principios impulsados por el equipo diplomático argentino en la ONU y sus pares del G-77 más China no son vinculantes y tampoco retroactivos. Aunque no tendrán consecuencias legales directas sobre el caso argentino, la codificación de los nueve lineamientos básicos existentes en el derecho internacional ofrece un instrumento poderoso que los tribunales no pueden ignorar. Quienes podrán utilizarlo como argumento en una hipotética reestructuración son estados como Grecia, Puerto Rico, España, Ucrania, Portugal o Belice. La resolución se suma a los esfuerzos impulsados desde el sector privado, el FMI y los países dominantes para atacar la problemática a través de modificaciones en las cláusulas de los bonos. Aunque representa un paso hacia adelante, esa respuesta ignora los 900 mil millones de dólares en títulos emitidos con las cláusulas viejas que permitieron los abusos buitres.

Las reestructuraciones de deuda son un procedimiento habitual desde comienzos del siglo XIX. Desde 1950 se registraron más de 600 casos de canjes soberanos alrededor del mundo. Como resultado de la construcción de un vacío legal que acompañó el proceso de desregulación financiera, no existen reglas globales para encontrar soluciones que garanticen la salida de los países de las trampas financieras, volver a crecer y garantizar el cumplimiento de los vencimientos de deuda.

Los nueve principios básicos establecen el derecho soberano de los Estados a reestructurar sus deudas y disponen que las negociaciones en una reestructuración se realicen de buena fe, con transparencia e imparcialidad y garantizando el trato equitativo entre los acreedores. Asimismo, enfatiza el respeto a la inmunidad soberana de los Estados, un punto necesario frente a los embates extorsivos de los buitres en los tribunales permeables a sus reclamos para trabar embargos contra activos argentinos alrededor del mundo.

Para prevenir que la experiencia reciente de Grecia se repita, donde la negociación con los acreedores se tradujo en nuevas medidas de ajuste sin resolver el problema estructural de los pasivos helénicos, los lineamientos aprobados ayer disponen que las reestructuraciones de deuda soberana deben ser “sostenibles”, “de modo tal que permitan el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo del Estado deudor, así como la protección de los derechos del acreedor”, sostiene la resolución.

Con una ley de quiebras internacional como la que disponen las empresas en cualquier país, Argentina habría puesto fin al default en 2005. Al alcanzar una adhesión del 76 por ciento de los acreedores, el primer tramo del canje ya hubiera sido suficiente para extender automáticamente las condiciones financieras negociadas –quita, extensión de plazos, reducción de tasas de interés– a todos los bonistas. La resolución aprobada ayer por 135 votos a favor, 6 negativos y 42 abstenciones incorpora ese concepto. Cuando una reestructuración soberana reciba el visto bueno de una “mayoría calificada”, el acuerdo y los acreedores que ingresaron al mismo no pueden ser afectados “por una minoría no representativa que deberá respetar las decisiones tomadas por la mayoría”.

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA APROBO ABRIR EL PROCEDIMIENTO DE REMOCION DEL JUEZ NESTOR MONTEZANTI

ARGENTINA

“Fue partícipe del accionar de la Triple A”

Por amplia mayoría, los consejeros de la Magistratura votaron suspender e iniciar un jury contra el juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca, ex agente de Inteligencia del Ejército e imputado por su participación en delitos de lesa humanidad.

 Por Diego Martínez

El Consejo de la Magistratura resolvió ayer por amplia mayoría la suspensión y la apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Néstor Luis Montezanti, juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca, agente de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura y de probados vínculos con miembros de la Triple A local. A partir de su actuación durante el terrorismo de Estado pero también de sus “comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos” en democracia, de los que dan fe los empleados de la Cámara y los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, el plenario del Consejo concluyó que las conductas de Montezanti son “incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y que carece de la “idoneidad moral y la vocación democrática” indispensables para ser juez de la Nación.

Montezanti fue imputado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por su participación en 22 homicidios de la Triple A entre 1974 y 1975, por el secuestro y los tormentos de un militante de la Juventud Peronista que lo reconoció durante su interrogatorio en el Cuerpo V de Ejército en 1977 y por su rol como agente del Destacamento de Inteligencia 181. Quien avaló sus “condiciones morales, ideológicas y familiares” y dijo conocerlo “en profundidad” desde 1975 fue el coronel José Osvaldo “Balita” Riveiro, ex miembro de la Triple A, condenado en ausencia en Francia por su actuación en el Plan Cóndor y prófugo de la Justicia. El juez federal Alejo Ramos Padilla ordenó la citación de Montezanti a indagatoria y lo declaró en rebeldía luego de que el imputado faltara tres veces en una semana sin alegar motivos razonables y mintiendo abiertamente.

El vínculo de Montezanti con la Triple A lo denunció en 2002 en una reunión del Consejo Superior de la UNS el ex estudiante Alberto Rodríguez, delegado de la Asociación Argentina de Actores y testigo en abril de 1975 del asesinato a sangre fría de su compañero David Cilleruelo, con quien militaba en la Federación Juvenil Comunista. El asesino –tal como informó Página/12 en 2007– fue el suboficial naval Jorge Oscar Argibay, ícono de la Triple A bahiense y custodio del rector interventor Remus Tetu, a quien Montezanti había asesorado cuando una asamblea de estudiantes promovió su destitución por usar textos filonazis. Detenido a fines de 1975 por un tiroteo en Puerto Quequén, cuando le informaron su derecho a designar un defensor, Argibay nombró al “doctor Néstor Luis Montezanti”.

Asumió como camarista a fines de 2002, ocultando al Senado su pasado en la inteligencia militar. En 2004 se sintió injuriado con efecto retardado y querelló a Rodríguez. Al dictar sentencia, el juez José Luis Ares consideró “convincentes y veraces” las declaraciones de cinco testigos que en 1974 vieron a Montezanti en medio de un grupo de matones de la Triple A que a punta de pistola ocupaban la Universidad Tecnológica Nacional. La patota incluía a Argibay (fallecido), a Juan Carlos Curcio y a Héctor Chisu, ambos imputados este año en la causa Triple A. Chisu además fue en 1976 custodio del general Adel Vilas y agente del mismo Destacamento 181. El otro dato clave del juicio lo aportó el concejal y ex diputado radical Juan Pedro Tunessi: contó que en 1984, de visita en el estudio de Montezanti, vio “un certificado o constancia de la Liga Anticomunista Argentina firmado por el general (Carlos) Suárez Mason”, comandante del Cuerpo V en 1975.

La primera denuncia contra Montezanti en el Consejo la presentó en 2008 la Unión de Empleados Judiciales de Julio Piumato, que remarcó su “clara actitud antisindical” sumada a “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias”, abuso de autoridad, trato despectivo y discriminatorio. En 2010, cuando la presidenta Cristina Kirchner firmó el decreto que permitió conocer la nómina del personal civil de inteligencia de la dictadura, se supo con certeza que había integrado el Destacamento 181 como “asesor universitario”. Entonces fue el profesor de la UNS Dante Patrignani quien denunció ante el Consejo la complicidad de Montezanti con la dictadura y pidió su destitución. Patrignani pidió además el juicio académico en la UNS, que los amigos del acusado en la Facultad de Derecho se encargaron de cajonear y que recién se destrabó tras la citación a indagatoria. El mes pasado el Consejo Superior de la UNS admitió la “falta de ética en el ámbito universitario” del entonces profesor Montezanti y resolvió el inicio del juicio académico.

En ese contexto, a partir de un dictamen del secretario de Justicia, Julián Alvarez, se activó el Consejo de la Magistratura. La semana pasada la Comisión de Acusación y Disciplina aprobó la apertura del proceso de remoción, que ayer avaló el plenario. El dictamen fue aprobado por once de los trece consejeros, dos más de los necesarios para alcanzar los dos tercios requeridos para el jury. “Como jueza lamento que no me acompañen mis colegas”, destacó Gabriela Vázquez en referencia a Leónidas Moldes y Luis María Cabral. “Montezanti tenía conductas propias de personal castrense con los empleados judiciales”, remarcó la jueza. Moldes fundó su negativa en que “cuestiones de procedimiento que están siendo vulneradas”. Cabral acompañó en silencio, con silbidos de fondo de militantes del Sitraju con carteles que reclaman “Una justicia al servicio del pueblo”.

La diputada Anabel Fernández Sagasti recordó que en Mendoza se está juzgando a ex camaristas por acusaciones similares. “Queremos jueces imparciales, con espíritu y valores democráticos”, dijo. “No podemos tapar el sol con la mano, todos conocemos la situación de Bahía Blanca. Estamos trabajando con éxito y responsabilidad para normalizar la situación de esa jurisdicción. Es un día histórico para que la sociedad conozca el entramado de lo que sucedió en Bahía Blanca, donde hubo complicidad civil, judicial y eclesiástica”, recordó. El diputado Héctor Recalde, quien junto al abogado Miguel Piedecasas tendrá la responsabilidad de la acusación en el jury, remarcó que “fueron muchos los trabajadores que sufrieron la persecución en Bahía Blanca y merecemos conocer la verdad y que se haga justicia por ellos”. “Pedimos también que se aceleren los juicios por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca”, reclamó.

Además de faltar a las citaciones de Ramos Padilla, Montezanti prefirió no dar la cara cuando lo citó el Consejo. Su única aparición pública en los últimos meses fue un autorreportaje publicado el martes en La Nueva Provincia, el diario de su amigo Vicente Massot, imputado y con falta de mérito gracias a una maniobra del propio Montezanti, quien ideó un sumario para apartar por “pérdida insalvable de confianza” al juez federal ad hoc Alvaro Coleffi. Paradójicamente, en las dos oportunidades en que se refirió a su pasado en el Destacamento 181 el ahora juez suspendido dio dos versiones distintas. En 2013, en una radio bahiense, explicó que “trabajaba de abogado”. “Los empleados cometen infidelidades, se separan, no pagan deudas” y “todo eso requiere de un enfoque por parte de alguien especializado”. “Iba (al destacamento) a diario, no más de una hora” y “ni siquiera máquina de escribir tenía: pedía una, hacía un informe, se lo dejaba al jefe y me iba”. Esta semana Montezanti refutó a Montezanti: aseguró que “las consultas que evacué” fueron “respecto del diferendo con Chile” y por la guerra de Malvinas. El dictamen del Consejo no deja dudas: “resulta a todas luces evidente que el Dr. Montezanti comulgó con el plan de exterminio sometido con los genocidas y fue partícipe del accionar de la Triple A”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-281425-2015-09-11.html

Guatemala entre dos crisis

Por Alexis Cerezo

11 septiembre, 2015   Opinión

Guatemala, uno de los países con los peores índices de desarrollo y mayores índices de violencia en Latinoamérica, tiene un pasado turbulento, con largos períodos de dictaduras cívico-militares desde la Independencia en 1821 hasta un breve período de apertura y desarrollo democrático entre 1944 y 1954, conocido como la Revolución de Octubre, seguido por dictaduras predominantemente militares, pero con fuerte apoyo del sector privado, entre 1954 y 1986. Durante este último período, Guatemala transitó un cruento conflicto armado interno, en el cual el ejército sólo pudo derrotar la resistencia popular perpetrando la mayor matanza de civiles de la época contemporánea de Latinoamérica (aproximadamente 200 mil muertos y desaparecidos), principalmente campesinos y campesinas indígenas pobres. El expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) está sindicado de haber participado directamente de este genocidio.

Los resultados de las elecciones del 6 de septiembre han sorprendido a los analistas políticos. El candidato a la presidencia que aparecía como favorito en encuestas recientes, Manuel Baldizón, del partido LIDER, desmentidas por las urnas, ahora enfrenta la posibilidad de quedar fuera del balotaje, ya que Sandra Torres (UNE), a quien situaban en tercer lugar, lo aventaja por un estrecho margen (poco más de 5 mil votos). Ésta logró acercarse al mundo rural durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012), cuando como primera dama emprendió el servicio social a los más pobres a través de una criatura propia: el Consejo de Cohesión Social. Hoy, Sandra Torres lleva como vicepresidente a un empresario procedente de las familias más adineradas de Guatemala que fue secretario de Otto Pérez Molina, pero con el mismo discurso que antes: más educación y salud, protección a los más pobres. El primer lugar fue para un comediante transformado en político, Jimmy Morales, que es fuertemente apoyado por exmilitares de extrema de derecha, y a todas luces también por el sector privado. En el congreso, el dato más notable es la ausencia de una “aplanadora”, y con una mayor participación de los partidos de izquierda y centro izquierda: suman aproximadamente el 15% de los diputados y diputadas, no habiendo superado el 5% en elecciones pasadas.

En conclusión, el país ha sufrido dos crisis: una de gobierno, coyuntural, y otra más profunda, orgánica. La primera evoluciona con un gobierno de transición hasta el 14 de enero del 2016, de corte administrativo y todavía en manos conservadoras: una transición “desde arriba”. En efecto, el juez que reemplazó a Roxana Baldetti cuando ésta renunció al cargo de vicepresidente, Alejandro Maldonado, ahora presidente provisional, llegó a la Corte de Constitucionalidad con el apoyo del Partido Patriota, tiene un récord de fallos para mantener el sistema político y económico y sus orígenes se anclan en la extrema derecha.

La segunda crisis implica más tiempo, dependerá del nuevo mapa político y la correlación de fuerzas surgida de las urnas. Significa que las fuerzas democráticas-progresistas tendrán que seguir en las calles para ver coronados sus esfuerzos. Todo apunta a que el nuevo gobierno no será de reformas sino de desfogue temporal y por ende, se espera que la crisis vuelva a presentarse con igual fuerza en cualquier momento del próximo año.

Grupo de Estudios sobre Centroamérica

IEALC – FSOC – UBA

Adiós al TISA, Mercosur es la plataforma de relacionamiento

Por Daniel Caggiani, diputado uruguayo (MPP)

11 septiembre, 2015   Columnistas de NODAL

Desde nuestro punto de vista, Mercosur debe construir y sostener posiciones en común en materia de negociaciones multilaterales de comercio que afectan el desarrollo de nuestras economías. Salvo Paraguay, que también es parte del TISA, y Uruguay, que se incorporó recién este año luego de casi dos años de iniciadas las negociaciones, Mercosur no tenía una participación como bloque ni una discusión al respecto para confluir en una posición común sobre el tratado.

Esto no debe hacernos perder de vista que la estrategia de negociación en bloque del Mercosur con otros bloques, tiene que ser potenciada mucho más de lo que está en la actualidad, con el escenario económico global que estamos viviendo. Desde el Mercosur tenemos que plantearnos diferentes tipos de negociación y diálogo político, con bloques como los BRICS, con países del sur de África, con los países del Caribe y Centroamérica, etc.

Desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) propusimos que Uruguay debe salirse del TISA, porque es incompatible con nuestro planteo de tener al Mercosur como plataforma de relacionamiento con el mundo. Esto es lo que establece el propio programa del Frente Amplio en materia de política internacional, que es lo que le propusimos a la ciudadanía y por el cual nos votó en octubre de 2014.

Reiventar el Mercosur

El punto central aquí es que el Mercosur debe reinventarse. Cuando se logró relanzar el Mercosur con Ouro Preto II, en el 2004, se generó una agenda que hoy-a diez años- está básicamente completa. En el aspecto de las asimetrías, las economías relativamente más pequeñas tienen un trato especial en lo que hace a recursos para infraestructura, a través del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur. Pero ahora debemos pasar a otro nivel que atienda específicamente el aspecto productivo y comercial, donde la discusión macro del patrón de acumulación se coloque en el plano regional y de allí se identifiquen etapas concretas de complementación productiva.

En los últimos años, Uruguay ha logrado diversificar los mercados , y esto no ha debilitado al Mercosur. El problema real radica en que para las potencias del norte, somos proveedores de materias primas y por lo tanto competimos entre nosotros. Ese patrón de inserción en el mundo es el que debe ser modificado, y ningún país lo puede realizar de manera aislada, ni Brasil.

En un contexto donde sobran los diagnósticos, casi siempre desde la óptica del poder económico y financiero dominante, hay todo un campo de análisis mínimamente desarrollado. Se trata de hacer posibles las condiciones para reducir la dependencia externa, la consolidación de políticas de agregar valor a nuestra producción y la generación de cadenas de valor regionales. Este campo de análisis -y una agenda política de síntesis que debemos acordar las fuerzas progresistas y de izquierda- es el que debería guiar esta nueva etapa.