LA JUSTICIA EUROPEA ANULO UN PACTO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE USUARIOS DE INTERNET EN ESTADOS UNIDOS

“EE.UU. no protege los datos de los europeos”

El Tribunal de Justicia de la UE determinó que los estados del bloque podrán impedir que Facebook o Google transfieran o almacenen datos de sus ciudadanos. La sentencia obliga a negociar con Washington un nuevo marco.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el acuerdo vigente con Washington para transferir y guardar datos de ciudadanos del bloque. En un fallo que podría ocasionar un fuerte impacto para el funcionamiento de las redes sociales en el Viejo Continente, la corte determinó que los datos de usuarios europeos no están suficientemente protegidos en Estados Unidos del acceso de autoridades y servicios secretos, filtraciones que violan las leyes de la UE. Así, los estados miembro podrán impedir que Facebook o Google almacenen información de dichos usuarios.

La sentencia de la máxima instancia judicial comunitaria obliga al bloque a negociar con Washington un nuevo marco que garantice un mejor nivel de protección y tiene gran importancia en Estados Unidos porque afecta a gigantes tecnológicos de ese país con presencia en Europa como Facebook, Apple y Microsoft. Luego de conocerse el fallo, la Casa Blanca salió a defender la transparencia del pacto con el que se permitía el intercambio de datos personales de ciudadanos europeos y estadounidenses. La Comisión Europea (CE), en tanto, aseguró que existen mecanismos para mantener una transferencia segura de uno a otro lado del Atlántico hasta tanto se acuerde un nuevo marco (ver recuadro). El informante estadounidense Edward Snowden saludó el dictamen del Tribunal de Justicia.

Max Schrems, un estudiante de derecho austríaco creador de la organización Europa contra Facebook –plataforma a la que denunció por considerar que sus datos personales no habían sido resguardados–, fue quien inició la demanda que dio origen a la sentencia de ayer del Supremo europeo. La agencia de protección de datos de Irlanda, país donde tiene su sede europea Facebook, rechazó la demanda de Schrems contra el almacenamiento de sus datos en Estados Unidos (la red social los guarda allí por norma) y pidió la intervención del Tribunal de Justicia para que decidiera sobre el fondo de la situación.

Schrems argumentó que las leyes estadounidenses no ofrecen una verdadera protección, sobre todo, tras la difusión de las revelaciones del ex agente Edward Snowden sobre la vigilancia masiva de Internet que realizan los servicios secretos norteamericanos. La corte le dio finalmente la razón al estudiante austríaco y, por ello, deja sin efecto un acuerdo del año 2000 conocido como safe harbour (puerto seguro) que regula la transferencia de datos de ciudadanos europeos. Aquel convenio partía de la base de que Estados Unidos podía garantizar un nivel adecuado de protección de datos personales de los europeos.

Sin embargo, el tribunal consideró que las exigencias de seguridad nacional, interés público y cumplimiento de la ley de Estados Unidos prevalecen sobre el régimen de puerto seguro, de modo que las entidades estadounidenses están obligadas a dejar de aplicar, sin limitación alguna, las reglas de protección previstas por ese régimen cuando entren en conflicto con las citadas exigencias. A causa de ello, “el régimen estadounidense posibilita injerencias por parte de autoridades públicas estadounidenses en los derechos fundamentales de las personas”, rezó la sentencia.

Además, el tribunal subrayó que la existencia de la normativa de “puerto seguro” no puede dejar sin efecto ni limitar las facultades de las que disponen las autoridades nacionales para controlar que se cumplan las leyes europeas de protección de datos. Por ello, en opinión de la corte, los afectados pueden acudir a los tribunales nacionales y hacer que las oficinas de protección de datos nacionales comprueben si la información relativa a una persona está protegida. Las autoridades irlandesas habían denegado esa petición a Schrems alegando la certificación de Estados Unidos como “puerto seguro”. Ahora los jueces de Irlanda tienen que decidir si suspenden o no la transferencia de datos de usuarios de la red social a aquel país, señaló la corte europea.

En su descargo, las autoridades estadounidenses cuestionaron la decisión del Supremo. “Estamos muy decepcionados por la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, señaló la secretaria de Comercio, Penny Pritzker. En su comunicado, la funcionaria norteamericana consideró que el fallo crea una incertidumbre significativa tanto para las empresas como para los consumidores de Estados Unidos y de la UE y pone en riesgo la próspera economía digital transatlántica. A juicio de la Casa Blanca, para emitir su fallo, el Tribunal de Justicia de la UE no tuvo en cuenta los beneficios para la privacidad y el crecimiento económico de Europa y de Estados Unidos que ha tenido este acuerdo de intercambio de datos en sus 15 años de vigencia. Asimismo, Pritzker sostuvo que el Gobierno de Barack Obama puso todos sus esfuerzos en asegurar una protección sólida y transparente de datos. En su rueda de prensa diaria, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que su país está preocupado por las consecuencias económicas que se desprenden de la decisión del tribunal europeo y sostuvo que el fallo se basa en suposiciones incorrectas sobre la protección a la privacidad en Estados Unidos.

Tras el fallo, la comisaria de Justicia de la UE, Vera Jourova, dijo que el bloque quiere cerrar rápidamente las negociaciones con Estados Unidos sobre un nuevo acuerdo. “Debemos finalizar las negociaciones lo antes posible”, señaló ayer Jourova, quien, sin embargo, no pudo precisar una fecha concreta.

Por su parte, Snowden se mostró satisfecho con el dictamen. “Como resultado, todos estamos más seguros”, escribió en su flamante cuenta de Twitter. “Gracias, Europa”, agregó. El ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) tuvo un gesto con el activista austríaco Schrems, a quien felicitó. “Cambiaste el mundo para mejor”, le dijo por intermedio de esa red social.

Schrems, por su parte, auguró que la sentencia europea allanará el camino para otras medidas legales. “Esta decisión es un gran golpe para la vigilancia global estadounidense, que se basa fundamentalmente en sus socios privados”, declaró. “El fallo deja claro que las empresas estadounidenses no pueden sencillamente ayudar en el espionaje estadounidense violando los derechos fundamentales europeos”, sentenció.

La industria online pidió el establecimiento de reglas previsibles para evitar problemas con la transmisión de datos, algo que, alertaron, podría dañar la economía europea. Monique Boyens, de la organización de protección al consumidor BEUC, calificó el anuncio como una victoria de la protección de los derechos europeos a la privacidad, y descartó que vaya a generar problemas económicos. “Empresas como Google, sencillamente, tendrán que garantizar un nivel adecuado de protección”, exigió. Se estima que más de 4.000 firmas europeas e internacionales trabajan con el sistema de “puerto seguro”.

RESOLUCION DEL GOBIERNO ARGENTINO CONTRA LAS ACTIVIDADES DE UNA PETROLERA BRITANICA QUE OPERA EN MALVINAS

Operaciones “ilegales y clandestinas”

La Secretaría de Energía se pronunció contra la actividad de la empresa Noble Falklands Limited en Malvinas. Comunicó la medida a distintas áreas para que adopten las acciones correspondientes.

El Gobierno declaró ayer “ilegales” y “clandestinas” las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la plataforma continental argentina “sin estar habilitada por las autoridades competentes” por parte de la empresa Noble Falklands Limited, que opera en una zona próxima a las Islas Malvinas. La Secretaría de Energía comunicó la medida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a la Procuración del Tesoro y al Ministerio Público Fiscal “a fin de que realicen las acciones legales que entiendan oportunas en el ámbito de su competencia”.

En junio, la jueza federal de Río Grande, Lilian Herráez, ordenó embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y otros bienes de empresas petroleras que operan ilegalmente en aguas cercanas a Malvinas. La resolución 859/15 de la Secretaría de Energía, publicada ayer en el Boletín Oficial, recuerda que en agosto de 2012 Cancillería brindó información relacionada con empresas que estarían operando ilegítimamente en la plataforma continental. Esa información se enmarcó en las gestiones impulsadas por el Poder Ejecutivo “en relación al ejercicio de la soberanía nacional sobre los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos” situados en dicha plataforma.

La compañía Falkland Oil and Gas –cuya actuación fue declarada ilegal en mayo de 2012– había anunciado la celebración de un acuerdo “Farm Out” con Noble Energy Falklands Limited para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la misma zona. Luego, en agosto de 2013, la Secretaría inhabilitó a Falkland Oil and Gas por veinte años para desarrollar actividades en el país. La resolución agrega que Noble Energy Falklands no se encuentra inscripta en los registros de la Secretaría, que en octubre pasado remitió una nota intimatoria a través de la Cancillería. La diligencia mediante la embajada argentina en el Reino Unido se efectivizó en diciembre. La falta de respuesta motivó las sanciones, concluye la resolución que firma la secretaria Mariana Matranga.

El secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, recordó ayer que Naciones Unidas, a través de la resolución 3.149, “plantea que en el lugar donde hay un diferendo territorial, en este caso en el Atlántico Sur, ninguno de los dos países puede hacer acciones unilaterales”. “Sin embargo, el Reino Unido insiste en sus intentos de llevarse el petróleo de los 40 millones de argentinos violando esta resolución” explicó Filmus. Consultado sobre las expresiones del ministro de Relaciones Exteriores británico, Philip Hammond, quien aseguró que su gobierno “nunca venderá” a los habitantes de las islas, Filmus le sugirió que “están muy tranquilos porque Argentina no va a comprar las Malvinas porque estamos hablando de soberanía”.

“Hay una diferencia entre considerarlas como parte de un negocio o de una operación comercial y lo que es soberanía sobre las islas, que fueron usurpadas militarmente hace 182 años”, indicó Filmus y señaló que “Argentina lo que reivindica es la posibilidad de dialogar en el contexto de lo que plantean las Naciones Unidas”.

EJEMPLO

 EL MINISTRO AGUSTIN ROSSI CREARA EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA DEFENSA

Cómo conservar pruebas e historia

El SAD está destinado a unificar los criterios de conservación y archivo de los documentos de las tres Fuerzas Armadas. Apunta a consolidar y ampliar el trabajo de desclasificación sobre el terrorismo de Estado realizado en los últimos años.

 Por Alejandra Dandan

El Ministerio de Defensa alista una resolución que dará vida a lo que denomina Sistema de Archivos de la Defensa. El SAD, impulsado por el ministro Agustín Rossi, está destinado a unificar los criterios de conservación y archivo de los documentos de las tres Fuerzas Armadas y del ministerio que hasta ahora se manejaron con distintos modos de conservación, secreto o destrucción. Pero de cara a las elecciones de octubre, también es una herramienta pensada sobre todo para consolidar y preservar a largo plazo el enorme patrimonio generado por la desclasificación de los archivos del terrorismo de Estado realizado durante estos años. “El Sistema de Archivos de la Defensa –dicen los fundamentos– contribuye a los deberes del Estado Argentino en la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos incluido el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la reparación que permitieron asegurar las garantías de un estado democrático para las generaciones actuales y futuras.”

Stella Segado es directora de Derechos Humanos del ministerio. Estuvo a cargo del diseño de esta resolución que será presentada oficialmente el 14 y 15 de octubre en un seminario del que participarán otras agencias del Estado, encargadas durante estos años del inédito trabajo en desclasificación de los archivos de la dictadura. El balance de estos años abarca desde las resistencias de los militares a abrir sus archivos, en especial de la Armada, que hasta ocultó una habitación con documentos como el legajo adulterado de Alfredo Astiz. Hasta lo que sucedió con la desclasificación de los últimos documentos sobrela guerra de Malvinas. “Es increíble y revolucionario”, dice Segado cuando menciona que el personal del archivo del Ejército tomó clases en el Archivo General de la Nación estimulado por Defensa. Y allí llevaron para hacer como trabajo práctico los documentos secretos de Malvinas. Sabiendo que era un material sensible, lo inventariaron. Cuando llegó el ministerio a analizarlo luego de la desclasificación ordenada por Cristina Kirchner, el trabajo que en otra época hubiera requerido empezar de cero, estaba casi completo.

De las jornadas que se realizarán el 14 y 15 de octubre participarán, entre otros organismos e instituciones que trabajan con archivos vinculados a la dictadura, la Comisión Nacional de Valores y el Archivo provincial de la Memoria a cargo de los documentos ex Dipba. “La idea es mostrar cómo se trabajó el derecho a la Verdad que fue transversal en toda la administración pública. Qué hizo cada uno. Y todos nos fuimos cruzando y trabajando en conjunto”, dice Segado.

–¿Cuál es el balance después de todos estos años?

–El trabajo en archivos no sólo arrancó con nosotros. Cuando llegamos había un equipo con una dinámica diferente que buscaba documentación para los juicios. Empezaban a entender que era necesario explicar de qué trataban esos documentos. Empezaron a elaborar informes. Cuando llegué, profundizamos el trabajo sobre documentación porque estaba sin ningún criterio. Por una cuestión de guarda había que aplicar criterios archivísticos. Comprometimos a la misma gente de las Fuerzas Armadas. La gente del Ejército que trabajaba en los archivos fue a capacitarse al Archivo General de la Nación. Todos hicieron cursos de archivo. De a poco empezaron a contratar conservadores. A tener otro criterio. Al principio con resistencias y luego descubrieron que les facilitaba la tarea. Esa tarea bastante invisible hacia afuera se convirtió en muchos documentos que se hicieron públicos. Detrás estuvo este proceso increíble, si uno piensa que pasó dentro de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, que vaya gente uniformada a tomar un curso de cómo se guarda un documento al Archivo General de la Nación. O que empiecen a ver que la historia también se cuenta cuidando los documentos. Las Fuerzas Armadas acompañaron todo el proceso histórico de nuestro país. Los 200 años de historia, pero no había una concepción de cuidado de los documentos que eran los que contenían los hechos históricos. Tenías un legajo de un soldado de 15 años de 1817 al lado de un personal retirado en 2000. Había que entender qué es lo histórico y qué no.

–¿Cree que hubo un cambio en serio?

–Se fueron modificando las resistencias. Y en serio. Por ejemplo, la Armada no tenía un departamento histórico. Y no quería tenerlo. Discutimos. Ellos tenían sus propios investigadores y con eso era suficiente. Armar un archivo dentro del departamento histórico fue meternos en Casa Amarilla. Hacer que se trasforme en un archivo. Y vos vas ahora y no lo podés creer: porque pasaron de ‘no queremos un archivo’, a tener uno con conservadores, mesas de lectura increíbles que ellos mismos compraron. Hubo muchísimos cambios. Pero hay resistencias en otras cosas. Creo que va llevar mucho tiempo. Tenemos que entender que todavía muchos tuvieron contacto con gente que hoy está siendo enjuiciada. Fueron sus superiores. Todavía se juega una cuestión de lealtad mal entendida. Pero dentro de la disciplina militar uno tiene que comprender que se sienten como obligados a ese superior. Es complejo. Nos falta atravesar una generación, para estar en contacto con militares que no hayan tenido contacto con ellos. Pero así y todo está, hay cosas como Malvinas.

El lunes, Página/12 dio cuenta de archivos desclasificados sobre la guerra de Malvinas que aportan nuevas pruebas sobre los tormentos sufridos por los soldados argentinos manos de sus superiores. La información fue enviada a la fiscalía federal de Río Grande y servirá para imputar a ocho militares.

“Cuando llegamos a la última documentación que se desclasificó –cuenta Segado– ya estaba toda inventariada. Dentro de su curso de capacitación en el Archivo Gnereal de la Nación, el Ejército llevó como tarea práctica hacer el inventario de Malvinas. Hizo ese trabajo antes de que pudiéramos desclasificarlo. Hicieron un inventario como correspondía, desde la lógica archivística. Es decir que cuando llegamos a desclasificar, ya estaba hecho más de la mitad. Que era lo más importante. Nosotros hicimos el análisis documental, pero lo otro ya estaba. Cuando lo contás, no sé si logra transmitir la dimensión de lo que tiene, pero los que tuvimos que atravesarlo decimos: ¡uh, mira todo lo que hemos hecho! Sabían que era un material sensible.”

El archivo histórico del Ejército está a cargo del militar Fernando Di Palmo. El año pasado se encontraron o recibieron una documentación de Riccheri, cartas de fin del siglo XIX. “Cuando fuimos –da otro ejemplo la funcionaria– primera escena: encontré un equipo de conservación trabajando con los documentos. Quedamos en trabajar en conjunto. Fue gente a inventariar y digitalizar, porque la conservación la están haciendo ellos con un equipo que contrató Ejército. Al comienzo creíamos que no íbamos a poder avanzar más allá de lo que hiciera Defensa, pero las tres Fuerzas tienen ahora conservadores, archiveros y se dan cuenta que es necesario.”

–¿Cómo se protege el largo plazo?

–En ese largo camino empezamos a pensar que era necesario un cierre. Por eso, surgió la idea de poner la mirada en lo reglamentario para que hacia adelante se pudiera trabajar con esos parámetros de archivo y conservación. Trabajamos en lo que se va a llamar el SAD, que tiene un antecedente en España. El agregado militar argentino nos mandó información y empezamos a estudiar la reglamentación. Hicimos un SAD argentino.

Hasta ahora cada Fuerza se manejaba con criterios propios y distintos en cuanto a qué se conserva. La nueva reglamentación dejará sin efecto los reglamentos que ordenaban el tema: plazos de guarda; qué tipo de documentación se guarda y cuál; cuál es histórica; qué es secreto, qué se puede mostrar, en qué condiciones, quién tiene interés legítimo y quién no. Habrá una Junta de Clasificación que decidirá qué cosas se tiran y qué no. Estará formada por integrantes de las Fuerzas Armadas y el ministerio de Defensa. la composición se definirá en las próxima gestión y saldrá por resolución ministerial.

–¿Qué opinaron los militares del SAD? Otra vez, ¿hubo resistencias?

–Venimos trabajando con ellos a la par. Ellos nos van diciendo qué se les complica. Mucha documentación de lesa humanidad que se pide ya no existe. No existe porque hubo distintos mecanismos para que se fuera destruyendo. Más allá de que hubo intención, también estaba escrito que había que hacerlo. Por ejemplo, de nuevo el tema Malvinas. Había una directiva de (Cristino) Nicolaides que decía: esta documentación es secreta. Todos los casos de violación a los derechos humanos –no lo decía de esta forma– van a ser tratados como cuestiones disciplinarias. Así, a una persona que había torturado le daban cinco días de arresto. Después, esa documentación fue clasificada como secreta. Y no hubo manera de hacerla pública, ni usarla en los juicios porque era secreta. Hubo que desclasificarla. Todo eso va a estar regulado. Nos pareció importante que los archivos de las Fuerzas Armadas sean como cualquier otro archivo, que estén dentro de la ley del Archivos General de la Nación. Y dentro del SAD va a estar el archivo central del ministerio de Defensa, que hasta hoy no existe.

–¿Será digital?

–No. Por supuesto va a estar la digitalización, pero como una herramienta más. Para nosotros es importante la guarda del documento físico. Por supuesto la herramienta digital sirve también como resguardo del papel. Va a estar en los parámetros de cualquier otro archivo. Obviamente, hay que pensar en presupuestos. Si es necesario, en otros edificios. En muchos casos, los archivos funcionan en lugares no aptos para archivos. El papel pesa, no puede estar en pisos muy superiores y tampoco en un subsuelo. Se necesita una planta baja y hasta un primer piso. Nos pasó cuando se derrumbó una parte del edificio Cóndor por la guarda del papel. Se humedece y pesa más. Pero sí, es realmente revolucionario pensar los archivos de la Fuerzas Armadas que tienen documentación histórica como archivos y no como depósitos de papel y eso ya te cambia la mirada.

–¿Recuerda alguna imagen de los archivos cuando los encontraron?

–Todos los documentos estaban apilados de distintas maneras. Por ahí, había un criterio topológico. Vos preguntabas, ¿en este lugar está tal cosa? Y decían: en el segundo estante lo vas a encontrar. O encontrabas pila de documentos atados con hilo sisal. No estaban en cajas. La Armada guardaba en cajas de madera, viejísimas. Como eran de madera parecía que conservaban bien el papel, pero era una cantidad de documentación tal en cada caja que no entraban tantos documentos. Había muy pocas cajas. Y cuando se terminaron, guardaron con papel madera. Bultos y bultos y bultos que no se sabía ni lo que había adentro porque les había llegado así y así lo guardaron. El criterio era que el dueño del material era quien lo depositaba. Si lo depositaba Bahía Blanca, el de allá perdía el control con la distancia y el de acá no podía meter mano porque no era dueño. Eso hubo que modificarlo.

–¿Qué queda pendiente?

–Si tuviera que decir qué faltó, me hubiese encantado hacer un trabajo en el Mercorsur con los archivos. Argentina es el único lugar de la región dónde un ministerio entró en los archivos de las Fuerzas Armadas. Estoy convencida de que un legajo uruguayo se debe leer igual que uno brasileño porque nuestros Ejércitos se formaron con las mismas escuelas. Creo que hay que meterse con las historias de las Fuerzas Armadas. No llegamos nosotros, pero creo que éstas son las cosas que hay que marcar para no ir para atrás, sino para adelante.

El lobby mediático en contra de América Latina

Por Emir Sader



– Por Emir Sader

América Latina – o por lo menos algunos de sus gobiernos – se ha puesto en contra de la corriente dominante desde hace décadas en el plano internacional. Despues de sufrir duramente los efectos de esa corriente, algunos gobiernos se han rebelado en contra de ella y empezado a poner en práctica políticas que contradicen frontalmente la onda neoliberal.

Los resultados no han podido ser mejores: mientras aumenta la desigualdad, la pobreza, la miseria, la exclusion social en el mundo, un pais como Brasil, que era el pais más desigual del continente más desigual, ha tenido avances espectaculares en este campo a tal punto de proyectar a Lula como líder mundial de la lucha en contra del hambre. La Bolivia de Evo Morales, ubicado antes como uno de los países más pobres del continente, junto a Haiti y Honduras, ha pasado a ser un modelo de crecimiento económico y de promocion de la justicia social. Los gobiernos de los Kirchner han logrado rescatar Argentina de la peor crisis de su historia, producida por el neoliberalismo, y hacer con que el pais vuelva a crecer y a distribuir renta. Ecuador se ha vuelto uno de los países latinoamericanos que más crece, con algunos de los mejores índices sociales.

Bastaría esos ejemplos – aunque podríamos citar otros – para que nos demos cuenta que son gobiernos que incomodan a los que siguen creyendo en la prioridad de los ajustes fiscales, en las políticas de austeridad, en la centralidad del mercado. América Latina – y esos gobiernos en particular – tienen que ser descalificados, para que se afirme el pensamiento único, el Consenso de Washington, según los cuales no habría alternativas al neoliberalismo.

En la vanguardia del lobby en contra de los gobiernos que avanzan en la superación del neoliberalismo y de sus dogmas, se encuentran algunas publicaciones de proyección internacional: Financial Times, Wall Street Journal, The Economist, El País, entre otras.

Promueven sistemáticamente campañas para intentar descalificar los avances de esos gobiernos, que chocan con sus posiciones y las de los gobiernos neoliberales.

En ellas hasta hay columnistas latinoamericanos que se prestan a esas campañas, mientras otros, se acogen al silencio frente a esos ataques sistemáticos a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela, Uruguay, Ecuador. Si esos gobiernos se consolidan, son verdaderos desmentidos a los postulados de las políticas de austeridad que hasta ahora se imponen en Europa, a los preceptos del FMI y del Banco Mundial.

Había entonces que destruir sus imágenes, decir que los avances sociales o fueron engañosos o han desaparecido frente a las crisis actuales. Que los problemas enfrentados actualmente por algunos de esos gobiernos representarían su agotamiento. Que la corrupción, el autoritarismo, el populismo, habrían condenado esos gobiernos al fracaso.

Esas publicaciones, en particular, se empecinan, en campañas en contra de esos gobiernos, de sus líderes, porque les es insoportable que ellos hayan impuesto el período más largo de estabilidad política, con gran apoyo social, en una región donde sus gobiernos – dictaduras militares y gobiernos neoliberales – han fracasado rotundamente. Mientras que los gobiernos europeos que mantienen las políticas neoliberales, a pesar de sus efectos sociales trágicos, no son condenados por esos órganos que, al contrario, los tienen como referencias, aun con su incapacidad de superar la profunda y prolongada crisis recesiva iniciada en 2008 y sin plazo para terminar.

Los lobbies de los medios de comunicación internacionales son incapaces de comprender por qué los gobiernos que descalifican tanto, son capaces de reelegir a sus líderes o elegir a sus continuadores, mientras que los gobiernos latinoamericanos que ellos intentaron promover como alternativas – como los de la Alianza del Pacifico, especialmente México y Perú – tienen gobiernos sin apoyo popular, donde se suceden líderes desprestigiados. Pero siguen con su trabajo de pésimo periodismo, que no logra dar cuenta de porqué esos países del continente son excepciones a escala mundial, frente a los retrocesos de los gobiernos que mantienen modelos neoliberales.

Emir Sader. Sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (Uerj).

Alai

Demandan a la CIA por negar información sobre masacre ocurrida en el país en 1981

EL SALVADOR
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington UW CRH), en Estados Unidos, ha demandado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) por no brindar información sobre el caso de la masacre ocurrida en Santa Cruz, Cabañas en noviembre de 1981. LA UWCRH vincula con ese hecho al exdiputado y coronel retirado, Sigifredo Ochoa Pérez.





La demanda fue hecha ante el tribunal Federal de Distrito de Seattle, en Estados Unidos. La Universidad alega que la CIA no ha brindado información y no ha cumplido con las obligaciones dictadas por la Ley de Libertar de Información (Freedom of Information Act, FOIA).

La UWCHR ha presentado, desde 2013, más de 200 solicitudes de, amparándose en la FOIA, sobre casos relacionados al conflicto armado que se desarrolló en El Salvador de 1980 a 1992. Entre esas peticiones destaca la de la masacre de Santa Cruz, en la que involucran a Ochoa Pérez, y aseguran que la respuesta de la CIA fue que no podían “ni confirmar, ni negar la existencia de archivos”, relacionados a ese caso.

“Creemos que la CIA está ilícitamente reteniendo documentos sobre un comandante del operativo militar que ocasionó la Masacre de Santa Cruz y también expedientes sobre un ciudadano estadounidense que se vio envuelto en el operativo”, dijo en una de prensa, virtual, la directora de UWCHR, Angelina Snodgrass Godoy. +

“Sabemos que tienen archivos porque por nuestras propias investigaciones hemos obtenido alredeor de 15 documentos de la CIA, que contienen precisamente la información que buscábamos”, señala Snodgrass Godoy en un video de la UW.

Por su parte, la estudiante de derecho de la UW, señaló que “la CIA ha clasificado por lo menos 20 documentos relativos al General retirado Sigifredo Ochoa Pérez, ¿Por qué no nos dieron copia de esos documentos? No puede haber problemas de seguridad nacional para documentos que ya se han hecho públicos”, expilcó.

Entre los que brindaron la conferencia estuvo uno de los sobrevivientes, Philipe Bourgios, quien para el año 1981 realizaba una investigación como estudiante de posgrado en Santa Cruz, fue por esta razón que en 2014 dio su testimonio a la Fiscalía General salvadoreña que investigaba la demanda en contra de Ochoa Pérez.

Junto a la UWCHR está trabajando el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA). “Estamos trabajando en la búsqueda de la verdad y la justicia y en recuperar la memoria histórica de aquellas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado”, dijo el rector de la UCA, Andreu Oliva.

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