EMPRESARIO BARBONI RECLAMABA MÁS DE US$ 1.000 MILLONES
El Estado ganó el juicio por la estación de AFE
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló el pasado lunes a favor del Estado en un juicio por más de 1.000 millones de dólares. La demanda la había realizado el empresario Fernando Barboni, de la empresa Glemby S.A., quien obtuvo la concesión de la estación central General Artigas de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).
07 oct 2015
El plan incluye la construcción de cinco torres de viviendas y oficinas. Foto: D. Borrelli
Glemby S.A. demandó a Saduf S.A, sociedad anónima propiedad del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), con quien había llegado a un acuerdo en el año 2001 para obtener la concesión de la estación central y la playa de contenedores por unos 50 años. La idea era desarrollar allí un proyecto inmobiliario que incluiría cinco torres de apartamentos, oficinas y hasta un centro comercial.
Para iniciar el proyecto, la firma de Barboni había hecho una entrega de US$ 250.000, sobre un costo total de US$ 7 millones.
La segunda cuota la debía pagar al año de entrega de los bienes, pero Saduf S.A. no cumplió con el contrato y no entregó el predio, ya que el BHU se lo había dado en comodato a AFE de manera provisoria, hasta que esta construyera una nueva terminal y se hiciera de un edificio para trasladar sus oficinas.
En 2003, Saduf S.A. entró en mora por no haber entregado los bienes. Las partes empezaron a entreverarse en una serie de pleitos judiciales por el reclamo de las propiedades, daños y perjuicios, pedidos de rescisión y embargos.
Juicio Millonario.
En 2011, la SCJ instó al Estado a entregarle el predio a Glemby S.A. Sin embargo, Barboni alegó luego que debido a las demoras ya no aceptaría las propiedades, y entonces pediría una indemnización. Todo terminó con el reclamo de Glemby S.A. —amparándose en el artículo 392.2 del Código General del Proceso, que establece que "de resultar imposible la ejecución en especie, se procederá a la ejecución por el precio de la cosa y los daños y perjuicios causados"— de que "se liquidara el precio de la Estación General Artigas" por un precio de $ 420:800.209, y que encima de esto se le pagasen US$ 853.746.850 por "daños y perjuicios". Barboni pretendía que este último pago fuera asumido por Saduf S.A., el BHU y la Agencia Nacional de Vivienda.
La empresa de Barboni también había advertido que durante el tiempo en que se demoró la entrega, la Estación General Artigas "sufrió deterioros, robos y daños por terceros, cuando, de acuerdo con lo estipulado, debía ser entregada en buen estado". Esto según el fallo de la SCJ, al que accedió El País.
Con el fallo del pasado lunes de la SCJ, "la situación jurídica está en que Glemby tiene que recibirse de los bienes definitivamente y cumplir el contrato, si no lo hace esto se va a considerar un incumplimiento", señaló a El País Juan Andrés Ramírez, que junto a Gabriel Valentín fueron los abogados que defendieron a Saduf S.A., el BHU y la Agencia Nacional de Vivienda en el juicio.
El expresidente José Mujica había señalado, en una de sus audiciones semanales en la radio M24, que su gobierno no estaba dispuesto a pagar el monto de esa deuda.
"Va a quedar absolutamente claro que mientras permanezca este gobierno este asunto no tiene salida, porque nos negamos abiertamente a pagar, aunque sea una parte de la enorme fortuna que reclaman, porque sería cargar al Estado uruguayo con algo imposible", dijo en noviembre de 2013 el hoy senador del MPP.
Un plan urbanístico que no se concretó.
La imponente cifra reclamada por Glemby S.A., más de 1.000 millones de dólares entre el monto en pesos y moneda estadounidense que pedía, implicaba el mayor juicio que se ha hecho en la historia contra el Estado uruguayo.
La iniciativa del empresario Fernando Barboni tuvo lugar en el marco del Plan Fénix. Este fue lanzado en julio de 1996 por el entonces presidente colorado Julio María Sanguinetti, e implicó un programa urbanístico pensado para impulsar la actividad en la zona de la Estación Central General Artigas, cuyo histórico edificio fue inaugurado en junio de 1897. El Plan Fénix solo se materializó en lo que fue la construcción de la Torre de Antel.
El plan incluye la construcción de cinco torres de viviendas y oficinas. Foto: D. Borrelli
Glemby S.A. demandó a Saduf S.A, sociedad anónima propiedad del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), con quien había llegado a un acuerdo en el año 2001 para obtener la concesión de la estación central y la playa de contenedores por unos 50 años. La idea era desarrollar allí un proyecto inmobiliario que incluiría cinco torres de apartamentos, oficinas y hasta un centro comercial.
Para iniciar el proyecto, la firma de Barboni había hecho una entrega de US$ 250.000, sobre un costo total de US$ 7 millones.
La segunda cuota la debía pagar al año de entrega de los bienes, pero Saduf S.A. no cumplió con el contrato y no entregó el predio, ya que el BHU se lo había dado en comodato a AFE de manera provisoria, hasta que esta construyera una nueva terminal y se hiciera de un edificio para trasladar sus oficinas.
En 2003, Saduf S.A. entró en mora por no haber entregado los bienes. Las partes empezaron a entreverarse en una serie de pleitos judiciales por el reclamo de las propiedades, daños y perjuicios, pedidos de rescisión y embargos.
Juicio Millonario.
En 2011, la SCJ instó al Estado a entregarle el predio a Glemby S.A. Sin embargo, Barboni alegó luego que debido a las demoras ya no aceptaría las propiedades, y entonces pediría una indemnización. Todo terminó con el reclamo de Glemby S.A. —amparándose en el artículo 392.2 del Código General del Proceso, que establece que "de resultar imposible la ejecución en especie, se procederá a la ejecución por el precio de la cosa y los daños y perjuicios causados"— de que "se liquidara el precio de la Estación General Artigas" por un precio de $ 420:800.209, y que encima de esto se le pagasen US$ 853.746.850 por "daños y perjuicios". Barboni pretendía que este último pago fuera asumido por Saduf S.A., el BHU y la Agencia Nacional de Vivienda.
La empresa de Barboni también había advertido que durante el tiempo en que se demoró la entrega, la Estación General Artigas "sufrió deterioros, robos y daños por terceros, cuando, de acuerdo con lo estipulado, debía ser entregada en buen estado". Esto según el fallo de la SCJ, al que accedió El País.
Con el fallo del pasado lunes de la SCJ, "la situación jurídica está en que Glemby tiene que recibirse de los bienes definitivamente y cumplir el contrato, si no lo hace esto se va a considerar un incumplimiento", señaló a El País Juan Andrés Ramírez, que junto a Gabriel Valentín fueron los abogados que defendieron a Saduf S.A., el BHU y la Agencia Nacional de Vivienda en el juicio.
El expresidente José Mujica había señalado, en una de sus audiciones semanales en la radio M24, que su gobierno no estaba dispuesto a pagar el monto de esa deuda.
"Va a quedar absolutamente claro que mientras permanezca este gobierno este asunto no tiene salida, porque nos negamos abiertamente a pagar, aunque sea una parte de la enorme fortuna que reclaman, porque sería cargar al Estado uruguayo con algo imposible", dijo en noviembre de 2013 el hoy senador del MPP.
Un plan urbanístico que no se concretó.
La imponente cifra reclamada por Glemby S.A., más de 1.000 millones de dólares entre el monto en pesos y moneda estadounidense que pedía, implicaba el mayor juicio que se ha hecho en la historia contra el Estado uruguayo.
La iniciativa del empresario Fernando Barboni tuvo lugar en el marco del Plan Fénix. Este fue lanzado en julio de 1996 por el entonces presidente colorado Julio María Sanguinetti, e implicó un programa urbanístico pensado para impulsar la actividad en la zona de la Estación Central General Artigas, cuyo histórico edificio fue inaugurado en junio de 1897. El Plan Fénix solo se materializó en lo que fue la construcción de la Torre de Antel.
