BUENOS AIRES
LA AUDITORIA DE LOS SEMAFOROS DE LA CIUDAD:UN NEGOCIO PARA LOS AMIGOSEl secretario de Transporte, Guillermo Dietrich, contrató en forma directa a McKinsey Argentina SRL. Esa empresa tiene como socio a uno de los miembros del Consejo de Administración del G25, un grupo político PRO que conducen el propio funcionario y Esteban Bullrich.
Guillermo Dietrich, Mauricio Macri y la costumbre PRO de contratar sin llamar a licitación.
La simple caracterización de “consultora líder” y la pertenencia a una organización vinculada al PRO que persigue “el involucramiento de ‘talentos’ del mundo empresario” en asuntos públicos son para el gobierno de Mauricio Macri condiciones suficientes para burlar la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires y obsequiar un negocio millonario sin licitación a una empresa privada. El nuevo ejemplo que confirma la regla es la contratación directa de McKinsey Argentina SRL por parte de la Subsecretaría de Transporte, con la misión de evaluar y proponer modernizar los “sistemas de señalización luminosa”, léase los semáforos. El socio de la firma que explicaría la confianza para entregar 1,7 millones de pesos por mes durante un semestre es Francisco Ortega, licenciado en administración de empresas egresado de la UCA que integra junto con el ministro de Educación Esteban Bullrich y el propio subsecretario de Transporte, Guillermo Dietrich, el Consejo de Administración de G25, la ONG que busca “detectar talentos del ámbito privado” y “fomentar en ellos la vocación por lo público”.
“Guillo” Dietrich, también egresado de la UCA pero como licenciado en Economía, no terminó de decidir qué inciso del artículo 18 de la Ley de Compras (referido a contrataciones directas) debe aplicar para justificar la adjudicación a McKinsey. El 10 de agosto, en la resolución por la que llamó a la contratación, invocó el “Inc. 4”, que refiere a “obras, bienes o servicios (...) cuya ejecución sólo puede ser confiada a empresas, personas o artistas especializados, o de reconocida capacidad y experiencia, independientemente de la personería que revistan”. El funcionario adujo que la Dirección General de Tránsito y Transporte pidió que se contrate a la empresa de Ortega “por tratarse de una consultora líder en temas de infraestructura y movilidad urbana que regularmente trabaja con gobiernos, reguladores y operadores de tránsito”, pero no explicó por qué se descartó a otras consultoras y/o universidades con la misma capacidad para llevar adelante esa tarea.
El 26 de agosto, al adjudicar el negocio, Dietrich dejó de lado esa explicación y se inclinó por el “inciso 5” del mismo artículo, que permite evitar la licitación pública “cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes”. La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la ciudad el 28 de agosto, señala que en el expediente “se recibió una única propuesta correspondiente a la empresa McKinsey Argentina SRL”, que recibirá 9,9 millones de pesos por un “servicio de consultoría para la evaluación del estado actual, propuesta de modernización y elaboración de anteproyecto técnico para el llamado a Licitación de las Obras y Actualización Tecnológica de los Sistemas de Señalización Luminosa”.
No menos llamativo que la duda de Dietrich es un comentario en el primer pliego de la contratación, que la subsecretaría olvidó borrar cuando lo cargó en la web y que derivó en un segundo llamado. “Esto me parece que no va en esto (sic) pero desconozco las características de la consultora”, apuntó alguien que revisaba el texto, consciente del armado a medida.
Los 9,9 millones de pesos que McKinsey Argentina SRL recibirá para un trabajo de 22 semanas prorrogables por otras once implican 1,7 millones de pesos por mes. Si la empresa utiliza los seis consultores que el pliego fija como piso mínimo, cada uno embolsará 283 pesos cada treinta días. Nada mal para fomentar la “vocación por lo público”.Cuatro operaciones por $ 1,3 millones, bajo la lupa
Otro caso emblematico
Leandro Renou
Licuación de fondos privados de "amigos" fueron parte de la triangulación entre CEPPA y Pensar. Las donaciones provenían de empresas del grupo Techint, Ledesma, Miavasa, Petersen y la YPF manejada por Repsol.
El Requerimiento de Instrucción de la fiscal Paloma Ochoa al juez de la causa detalla cuatro proyectos presuntamente irregulares que aún suscitan duda y que se llevaron a cabo entre los años 2010 y 2013: son cuatro proyectos para mecenazgo cultural por valor superior, en conjunto, al millón de pesos. Según el documento al que accedió Tiempo, estos fondos que captó Goretti para el supuesto financiamiento de mecenazgo, "luego no se destinaron hacia la finalidad que motivara su asignación (la promoción de actividades culturales, conforme a los proyectos previamente aprobados por el Consejo de Promoción Cultural de la CABA), sino que se desviaron hacia la Fundación Pensar Argentina, mediante el perfeccionamiento de donaciones que tenían en miras financiar actividades político-partidarias del partido PRO".
El primer proyecto observado es el 219/RPC: el 21 de mayo del 2009, Goretti, en su rol de presidente de la Fundación CEPPA, le solicitó al Consejo de Promoción Cultural porteño la inclusión del proyecto de promoción cultural al proyecto "Difusión del arte precolombino argentino". El 17 de noviembre del mismo año, el Consejo -integrado por De Almeida, imputado junto a Goretti y Lombardi por lavado- lo declaró de interés, y el 26 de ese mes Lombardi autorizó el desembolso de $ 372 mil. De acuerdo a la Ley de Mecenazgo, el gobierno porteño en este caso recibe de benefactores dinero para esos proyectos, fondos que pasan a ser públicos cuando los capta la comuna. De hecho, en el detalle de este proyecto se especifica que los que aportaron al financiamiento fueron las firmas Santa María SAIF, con $ 15.650; Finma SAIF, $ 55.741; Siderar $ 180.609; y Ledesma SAAI, con $ 120 mil. Lo llamativo es que las tres primeras compañías son del grupo Techint, que también aparece financiando en los otros tres proyectos en investigación. Otro dato importante es que este dinero se depositó en la cuenta Nº 052000255417, "de la Fundación CEPPA, de la cual Matteo Goretti era el único firmante".
El segundo proyecto, el 702/RPC ("Puesta en valor del Archivo Guemes), inició su camino el 29 de abril de 2010 con el pedido de Goretti. El 2 de noviembre de ese año fue declarado de interés cultural por el Consejo. Y horas después Cultura le habilitó fondos por $ 300.748. Aquí la YPF de la española Repsol y los Eskenazi aportó $ 240.600 y Ledesma $ 60 mil. En este caso, el depósito se hizo a la cuenta 052000271370, también de CEPPA y Goretti.
El tercero de los proyectos fue el 1179/RPC. El 29 de abril del 2011 Goretti pidió mecenazgo por la "Conservación y Digitalización de cuatro archivos históricos". El 6 de septiembre, el Consejo lo declaró de interés y luego, el 28 de febrero del 2013, Lombardi aprobó el desembolso de $ 237 mil. Esos dineros públicos habían sido aportados por Ledesma ($ 120 mil); Petersen Thiele y Cruz $ 38 mil; y Miavasa SA, $ 49.526. Esta última compañía es una constructora con sendos negocios en el ámbito porteño: a pesar de que en 2007 quedó al borde de la quiebra, se alzó en los últimos años con las licitaciones para la terminal de combis de Constitución, las mejoras en el paseo del Parque Lezama, y el Metrobus Sur. Todo el dinero de esta operación se depositó en otra cuenta de CEPPA y Goretti, la Nº 052000306221.
El cuatro proyecto 1753/RPC correspondiente a "Producción del libro Buenos Aires Memoria Antigua…", lo presentó Goretti ante el Consejo el 7 de marzo de 2013, y fue declarado de interés el 30 de octubre. El 30 de diciembre Lombardi autorizó un desembolso de $ 422.027. Todos estos dineros –aportes en el marco de la Ley de Mecenazgo- se depositaron en las cuentas de Goretti, y desde allí fueron girados a la Fundación Pensar. Ledesma también aportó aquí al mecenazgo, con la friolera de $ 422.027, y el monto se depositó en la cuenta Nº 052000322689. «
Leandro Renou
Licuación de fondos privados de "amigos" fueron parte de la triangulación entre CEPPA y Pensar. Las donaciones provenían de empresas del grupo Techint, Ledesma, Miavasa, Petersen y la YPF manejada por Repsol.
El Requerimiento de Instrucción de la fiscal Paloma Ochoa al juez de la causa detalla cuatro proyectos presuntamente irregulares que aún suscitan duda y que se llevaron a cabo entre los años 2010 y 2013: son cuatro proyectos para mecenazgo cultural por valor superior, en conjunto, al millón de pesos. Según el documento al que accedió Tiempo, estos fondos que captó Goretti para el supuesto financiamiento de mecenazgo, "luego no se destinaron hacia la finalidad que motivara su asignación (la promoción de actividades culturales, conforme a los proyectos previamente aprobados por el Consejo de Promoción Cultural de la CABA), sino que se desviaron hacia la Fundación Pensar Argentina, mediante el perfeccionamiento de donaciones que tenían en miras financiar actividades político-partidarias del partido PRO".
El primer proyecto observado es el 219/RPC: el 21 de mayo del 2009, Goretti, en su rol de presidente de la Fundación CEPPA, le solicitó al Consejo de Promoción Cultural porteño la inclusión del proyecto de promoción cultural al proyecto "Difusión del arte precolombino argentino". El 17 de noviembre del mismo año, el Consejo -integrado por De Almeida, imputado junto a Goretti y Lombardi por lavado- lo declaró de interés, y el 26 de ese mes Lombardi autorizó el desembolso de $ 372 mil. De acuerdo a la Ley de Mecenazgo, el gobierno porteño en este caso recibe de benefactores dinero para esos proyectos, fondos que pasan a ser públicos cuando los capta la comuna. De hecho, en el detalle de este proyecto se especifica que los que aportaron al financiamiento fueron las firmas Santa María SAIF, con $ 15.650; Finma SAIF, $ 55.741; Siderar $ 180.609; y Ledesma SAAI, con $ 120 mil. Lo llamativo es que las tres primeras compañías son del grupo Techint, que también aparece financiando en los otros tres proyectos en investigación. Otro dato importante es que este dinero se depositó en la cuenta Nº 052000255417, "de la Fundación CEPPA, de la cual Matteo Goretti era el único firmante".
El segundo proyecto, el 702/RPC ("Puesta en valor del Archivo Guemes), inició su camino el 29 de abril de 2010 con el pedido de Goretti. El 2 de noviembre de ese año fue declarado de interés cultural por el Consejo. Y horas después Cultura le habilitó fondos por $ 300.748. Aquí la YPF de la española Repsol y los Eskenazi aportó $ 240.600 y Ledesma $ 60 mil. En este caso, el depósito se hizo a la cuenta 052000271370, también de CEPPA y Goretti.
El tercero de los proyectos fue el 1179/RPC. El 29 de abril del 2011 Goretti pidió mecenazgo por la "Conservación y Digitalización de cuatro archivos históricos". El 6 de septiembre, el Consejo lo declaró de interés y luego, el 28 de febrero del 2013, Lombardi aprobó el desembolso de $ 237 mil. Esos dineros públicos habían sido aportados por Ledesma ($ 120 mil); Petersen Thiele y Cruz $ 38 mil; y Miavasa SA, $ 49.526. Esta última compañía es una constructora con sendos negocios en el ámbito porteño: a pesar de que en 2007 quedó al borde de la quiebra, se alzó en los últimos años con las licitaciones para la terminal de combis de Constitución, las mejoras en el paseo del Parque Lezama, y el Metrobus Sur. Todo el dinero de esta operación se depositó en otra cuenta de CEPPA y Goretti, la Nº 052000306221.
El cuatro proyecto 1753/RPC correspondiente a "Producción del libro Buenos Aires Memoria Antigua…", lo presentó Goretti ante el Consejo el 7 de marzo de 2013, y fue declarado de interés el 30 de octubre. El 30 de diciembre Lombardi autorizó un desembolso de $ 422.027. Todos estos dineros –aportes en el marco de la Ley de Mecenazgo- se depositaron en las cuentas de Goretti, y desde allí fueron girados a la Fundación Pensar. Ledesma también aportó aquí al mecenazgo, con la friolera de $ 422.027, y el monto se depositó en la cuenta Nº 052000322689. «
El que debía controlar era socio de los imputados
Un informe de investigaciones preliminares en el marco de la causa muestra un dato que deja en evidencia el vínculo de Mateo Goretti, presidente del CEPPA, con Facundo De Almeida, el vicepresidente del organismo de aplicación de la Ley de Mecenazgo. En síntesis, el que debía que controlar el normal funcionamiento de los planes y el consecuente destino del dinero, era casi un socio de Goretti, imputado junto a Lombardi por lavado de activos.
De Almeida también está apuntado en el pedido de la fiscal Ochoa. La Unidad de Información Financiera (UIF), detalló que De Almeida también ostentaba el cargo de Director del Museo de Arte Precolombino e Indígena de Montevideo, Uruguay, institución fundada y dirigida por el propio Goretti. En síntesis, era a la vez autoridad de aplicación y compartía directorio con quien debía controlar. "En consecuencia, las participaciones de De Almeida en las reuniones del órgano referido se encontrarían específicamente prohibidas por el art. 1 del Código de Ética-Normas de ética prohibiciones e incompatibilidades del Régimen de Promoción Cultural", concluye el escrito.
Un informe de investigaciones preliminares en el marco de la causa muestra un dato que deja en evidencia el vínculo de Mateo Goretti, presidente del CEPPA, con Facundo De Almeida, el vicepresidente del organismo de aplicación de la Ley de Mecenazgo. En síntesis, el que debía que controlar el normal funcionamiento de los planes y el consecuente destino del dinero, era casi un socio de Goretti, imputado junto a Lombardi por lavado de activos.
De Almeida también está apuntado en el pedido de la fiscal Ochoa. La Unidad de Información Financiera (UIF), detalló que De Almeida también ostentaba el cargo de Director del Museo de Arte Precolombino e Indígena de Montevideo, Uruguay, institución fundada y dirigida por el propio Goretti. En síntesis, era a la vez autoridad de aplicación y compartía directorio con quien debía controlar. "En consecuencia, las participaciones de De Almeida en las reuniones del órgano referido se encontrarían específicamente prohibidas por el art. 1 del Código de Ética-Normas de ética prohibiciones e incompatibilidades del Régimen de Promoción Cultural", concluye el escrito.
